El Perú no es una democracia que tiene problemas de corrupción; es una máquina de captura de rentas mafiosa disfrazada de democracia. Es una «republiqueta» porque carece de un proyecto de soberanía popular real (sometida a imperios extranjeros, minería depredadora y dictados de organismos internacionales), y es «procrimen» porque su lógica de funcionamiento actual no es la erradicación del delito, sino la gestión política de la impunidad.
En este modelo, el fujimorismo, las fachadas gubernamentales del último lustro, con Dina Boluarte, José Jerí y José Balcazar y grandes sectores del Congreso y el Poder Judicial operan como administradores de esta republiqueta, donde la traición a los intereses del país y la legalización del saqueo son la norma, no la excepción. El análisis crítico concluye que mientras no se desmantele esta arquitectura legal e institucional pro crimen, el sufragio y la democracia formal serán solo una herramienta de legitimación del robo.
Estas relaciones se instalan en un contexto internacional donde los Estados Unidos pretenden articular mecanismos políticos, económicos y militares orientados a contener cualquier amenaza que ponga en riesgo la reproducción de su orden hegemónico, la seguridad nacional adquirió un papel central como mecanismo de articulación entre política exterior, expansión económica y fortalecimiento militar. Esta doctrina, desde 1950, incorporó la necesidad de garantizar el acceso y control de aquellos recursos considerados estratégicos para la producción industrial y militar. Dentro de esos territorios están el Perú y gran parte de América Latina.
LA TRAICIÓN PROGRESISTA
En este marco intervencionista fraudulento en Perú, el excandidato presidencial Roberto Sánchez reconoció la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú, aunque ha mantenido sus críticas sobre supuestas irregularidades durante el proceso. El pueblo sigue convencido del fraude electoral en un ambiente que huele a traición. El pacifismo no debe ser la respuesta a una agresión multidimensional cotidiana. De esto queremos tratar en este artículo.
El pensamiento crítico latinoamericano aborda de manera extensa el fenómeno del retroceso del progresismo y el avance y mutación de las derechas en América Latina y su expresión electoral. A grandes rasgos, esta coyuntura electorera se enmarca en las perspectivas autocríticas sobre este ciclo derrotista de la izquierda y el auge de la derecha y la ultraderecha en la región. Las podemos sintetizar en los siguientes pilares temáticos evadidos por las cúpulas de los grupúsculos de izquierda:
1. El ciclo progresista en ningún caso logró consolidar un proyecto de transformación profunda y duradera; sigue creando esperanzas, mientras sus representantes reciben privilegios “irrenunciables”
Los gobiernos progresistas se beneficiaron del auge de los precios de las materias primas, pero no lo aprovecharon para diversificar sus economías. Al mantener el modelo primario-exportador, no rompieron con la estructura heredada del neoliberalismo y, al caer los precios, su modelo de crecimiento se agotó. El caso más patético es Bolivia, que estabilizó la economía tres lustros hasta la vuelta del ciclo crítico. Se critica que varios gobiernos progresistas incurrieron en prácticas corruptas y clientelares. Se señala que la alianza con grandes corporaciones (como el caso de Odebrecht en Brasil) para financiar campañas y aprobar leyes, junto con el personalismo de algunos líderes, erosionó su legitimidad y alejó a la ciudadanía.
La izquierda se concentró en la gestión de gobierno y en las «cúpulas» políticas, pero descuidó su relación con los movimientos sociales que le dieron origen. Y cuando estrechó relaciones, fue de modo clientelar lindando con la corrupción. Esto generó conflictos entre caudillos electorales, por beneficios privados, o al interior de los movimientos indígenas, ecologistas o feministas, que se sintieron traicionados al ver que sus demandas no se materializaban en políticas de fondo, pero beneficiaban a algunos dirigentes. En algunos países, como Perú, el gobierno controlado por el fujimorismo prohibió o quitó recursos a las ONG, provocando el abandono de apoyos defensivos a los pueblos originarios y a la defensa ambiental.
El agotamiento del ciclo progresista y el «extractivismo neoliberal. Los bolivianos Raúl Prada Alcoreza (intelectual, exmiembro de la Asamblea Constituyente), Luis Tapia, Silvia Rivera Cusicanqui (y muchos otros en Latinoamérica) ofrecen una visión sumamente crítica tanto con la derecha como con los gobiernos progresistas. Prada argumenta que los gobiernos de izquierda cayeron en la trampa del «neoextractivismo» (dependencia de materias primas) y terminaron reproduciendo las mismas estructuras capitalistas, coloniales y de corrupción que juraron combatir. Al traicionar sus bases sociales e indígenas, dejaron un vacío político y una profunda frustración colectiva que fue capitalizada por las nuevas derechas. Las ambiciones caudillistas y los conflictos clientelares llevaron a la fragmentación y deslegitimación de los movimientos sociales.
Pierre Gaussens,1 sociólogo cuyo análisis está centrado en el caso de Ecuador, sostiene que los gobiernos de la «marea rosa» respondieron a una reconfiguración del poder, profundizando la penetración capitalista en lugar de avanzar en una agenda antisistémica. Argumenta que el nuevo izquierdismo, al adoptar políticas neokeynesianas, sirvió a una nueva fracción de la clase dominante. Maristella Svampa, argentina, mencionada por su crítica al «neoextractivismo desarrollista», señala que las políticas progresistas en América Latina generaron una «resubalternización» de los movimientos sociales, al no poder superar el modelo de explotación capitalista y de exportación de materias primas.2 Del mismo modo, James Petras y Jorge Lora han señalado el «giro a la derecha» de la izquierda, argumentando que los partidos que antes eran de izquierda (como el MAS o el PT) adoptaron políticas de derecha para responder a las necesidades de una élite, no de sus bases originales.3
Los argumentos centrales de la crítica se articulan en torno a los siguientes puntos clave: Se critica que los gobiernos progresistas mantuvieron e incluso profundizaron el modelo primario-exportador. En lugar de romper con el rol histórico de América Latina como proveedora de materias primas, lo perpetuaron y fortalecieron, lo que se conoce como neoextractivismo. Esto impidió una diversificación productiva real. Inclusive, desde la teoría de la dependencia, se argumenta que la estructura de dependencia genera una superexplotación de la fuerza de trabajo para compensar el intercambio desigual con los países centrales. Las políticas neodesarrollistas no abordaron esta estructura, sino que la reprodujeron.
Se critica la estrategia de los gobiernos progresistas de formar alianzas con la burguesía local y el capital transnacional. Para estos críticos, esta alianza imposibilita cualquier transformación estructural, ya que el proyecto se subordina a los intereses de estas clases dominantes.
Subalternización de los movimientos sociales: Una crítica muy consistente es que, al llegar al poder y concentrarse en la gestión estatal, los gobiernos progresistas se distanciaron y sometieron a los movimientos sociales que los impulsaron. Las demandas populares quedan subordinadas a la lógica del desarrollo capitalista. Desde esta perspectiva, el progresismo fracasó en construir una alternativa real al neoliberalismo porque su práctica política y económica, al mantener la dependencia estructural, impidió avanzar hacia un proyecto postcapitalista.
La izquierda peruana fracasó al romper con su propia historia y tradición; perdió su desarrollo intelectual, se confundió entre la diversidad de discursos y, de este modo, no logró construir una nueva narrativa socialista anclada en la realidad nacional, repitiendo en su lugar narrativas externas a su realidad y conflictos. La izquierda popular no se siente heredera de la memoria subversiva; víctima de la propaganda estatal y con intelectuales asesinados o perseguidos, se desliga de las tradiciones previas (como la de Mariátegui) y, al no tener claro su origen, no puede fundar un proyecto de futuro sólido. Su debate teórico es pobre, su ideología es confusa y vuelve a repetir errores del pasado, como el dogmatismo libresco.
2. El «secuestro emocional» y el neoliberalismo religioso
“Como muchos (demasiados) alienados de la clase trabajadora se auto perciben millonarios estafados, exitosos injustamente robados (por los pobres, por los inmigrantes, por el Estado, por los comunistas, por los hechiceros), pese a ser pequeños empresarios, asalariados o desocupados, reemplazan su falta de conciencia de clase con sus fantasías ideológicas o de sangre, algo que sólo funciona en la nobleza.” (Jorge Majfud, Pobre sin conciencia de clase, blanco con odio de raza , Rebelión, 21/07/2026)
Estados Unidos redefine la soberanía y “hegemonía regional renovada”, que busca el “control absoluto de los recursos naturales estratégicos de la región”, impidiendo la participación de “potencias extrahemisféricas” (China).
Jorge Majfud, analista que ha abordado el momento político actual de la región, en particular los desafíos que enfrenta América Latina en un escenario de tensiones políticas y sociales, aporta una de las tesis más contemporáneas y mediáticas al acuñar conceptos como el «combo neoliberal» y el «hackeo emocional». Sostiene que el avance de la derecha moderna no responde a una iluminación ideológica de las masas, sino a una alianza estratégica entre las élites económicas transnacionales, corporaciones tecnológicas y discursos religiosos fundamentalistas. A través de la manipulación algorítmica de los miedos y frustraciones de la población, se logra que las clases populares terminen votando en favor de un modelo económico que históricamente las precariza. Majfud profundiza en que la ultraderecha no le habla a la ciudadanía, sino que se alía con las grandes corporaciones tecnológicas para manipular las emociones y los miedos más viscerales de la población, mediante el combate cultural. Describe esto como un «hackeo emocional y político» que condiciona las decisiones de voto a través del miedo al «otro» o al «caos». Este es un punto central para explicar cómo discursos autoritarios pueden ganar elecciones incluso cuando la mayoría de la población no los apoya ideológicamente. Son guerras civilizatorias encuadradas en el concepto de superioridad étnico-racial. En todos los casos, se odia a los pueblos originarios, al diferente, al otro, al pobre. Desdibujados, se presentan como el enemigo civilizatorio al cual exterminar.
Majfud acuña el término «combo neoliberal» para describir la alianza estratégica entre los intereses económicos más concentrados y una narrativa religiosa conservadora. Esta fusión, que considera incompatible con los principios del cristianismo, permite presentar un paquete ideológico que une la defensa del libre mercado con valores tradicionales, generando un poderoso atractivo emocional y cultural. En su libro La frontera salvaje, Majfud conecta el presente con una larga historia de imperialismo y dominación. Argumenta que la cultura política de América Latina está profundamente marcada por la «historia del colonizado», una larga tradición de sumisión y fanatismo que la derecha sabe explotar. La influencia de Washington y su narrativa de «lucha por la democracia» contra el “comunismo terrorista” han sido, según él, una máscara para la explotación económica y el control.4 Majfud se centra en el poder de las élites económicas y mediáticas, la manipulación tecnológica y la fragilidad de la izquierda. Sostiene que las fuerzas conservadoras no son una reacción popular genuina, sino que utilizan el poder económico y mediático para imponer su agenda. Señala que, históricamente, las élites han secuestrado la democracia y han recurrido al poder judicial para perseguir a líderes progresistas, como ocurrió con Lula, Rousseff o Cristina Fernández de Kirchner, mientras que los políticos de derecha corruptos rara vez enfrentan consecuencias similares. Para él, la «ingenuidad» de la izquierda al subestimar a estas fuerzas ha sido un error crucial. La derecha ha optado por invertir las acusaciones: ahora la izquierda es la golpista, corrupta, antidemocrática, fraudulenta, terrorista y culpable de todos los males. Hasta sus gobiernos erráticos, reaccionarios, corruptos y saqueadores, como el de Dina Boluarte, son acusados de ser de izquierda.
La responsabilidad de la izquierda es fundamental; Majfud no exime a la izquierda de responsabilidad. Critica duramente a los gobiernos progresistas que, una vez en el poder, abandonan sus principios, se vuelven «cobardes» y se alían con el neoliberalismo, perdiendo así el apoyo de sus bases y dejando el campo libre para sus adversarios. A modo de ejemplo, señala el giro de la política exterior de Venezuela tras el secuestro de Maduro, que pasó de condenar el genocidio en Palestina a buscar restablecer relaciones con Israel, como un síntoma de esta «timidez» y pérdida de épica. (Otro caso es el del caudillo Evo Morales en Bolivia, que para ser reelecto no le importó propiciar el “golpe” de Añez o llamar al voto en blanco para 2026, quedándose sin representación congresal.) En resumen, el análisis de Jorge Majfud diagnostica el avance de la derecha como un fenómeno orquestado por élites que dominan el poder económico y mediático, que han perfeccionado el uso de la tecnología para manipular a la ciudadanía y que se apoyan en una alianza entre el neoliberalismo y el conservadurismo religioso. A esto se suma la debilidad y la falta de coherencia de una izquierda sin rumbo y sin conexión con las luchas populares.
Marcelo Colussi refuerza esta idea al analizar cómo las mayorías terminan a veces «votando por sus verdugos». Argumenta que la derecha actual ha logrado disfrazar su conservadurismo económico y moral bajo un barniz de «rebeldía» o incorrección política, canalizando el descontento de la globalización hacia el odio a las minorías, a las castas o el pánico anticomunista, proclamando un falso anarquismo.
3. La doctrina de seguridad, el Estado contrainsurgente y el odio a la rebeldía
Renán Vega Cantor (historiador colombiano) analiza el avance de la derecha desde una perspectiva histórica de larga duración, conectándolo con la permanente injerencia imperial de Estados Unidos y el terrorismo de Estado. Explica que la derecha en América Latina históricamente se ha alimentado del «miedo a la democracia y a la revolución» transmitido por los medios hegemónicos, los partidos, los académicos y las FFAA, principalmente. El odio contrainsurgente —gestado desde hace décadas y reciclado hoy en las redes sociales— actúa como un mecanismo para justificar la represión y la violencia contra los movimientos populares que buscan un cambio estructural. Los militares son educados en el anticomunismo y no solo son represivos y asesinos, sino que cuando tienen derecho al voto obedecen a sus jefes.
Gilberto López y Rivas (antropólogo mexicano) y Raul Zibechi, coinciden en esta crítica al denunciar los procesos de «militarización» y la persistencia de contrainsurgencias encubiertas en la región. Para ellos, las derechas recurren a la criminalización de la protesta y a la violencia para salvaguardar los megaproyectos económicos de despojo territorial. El fraude electoral ahora es digitado por EEUU e Israel, que tienen expertos en fraude cibernético, en software electoral y en el voto extranjero.
Fernando de la Cuadra y Antonio Antón observan que los discursos reaccionarios de figuras de la ultraderecha regional no son anomalías pasajeras, sino la reactivación de estructuras de poder, racismo y deshumanización heredadas del periodo colonial. Coinciden en que la derecha en América Latina combina de manera orgánica un neoliberalismo salvaje en lo económico con un autoritarismo represivo (o justificación de pasadas dictaduras militares) en lo social y político, apelando a la añoranza del «orden» frente al supuesto caos de las clases trabajadoras y el ocio del campesino originario incivilizado.
4. Las raíces coloniales, el «fascismo de mercado» y la cultura política
A estos factores debemos agregar uno social fundamental: la estructura social, la confrontación étnico-clasista y el racismo, que no son accidentes, sino herencias directas del conservadurismo y la derecha que atraviesa la historia desde el sistema de castas colonial. El Perú en sus entrañas y en parte es de derecha, donde la cultura de obediencia y jerarquía es identificada como un sustrato profundo que condiciona las relaciones de poder y limita la agencia de los sectores populares, impidiendo una verdadera ruptura con el pasado.
En este sentido, una figura como Keiko, a quien una parte de cada peruano repudia, al mismo tiempo tiene un enlace con la eficacia contra el terrorismo, la respuesta al miedo y la búsqueda de mesías; y paralelamente coincide con la cultura de la corrupción y la criminalidad como formas de éxito en la supervivencia. Son las particularidades andinas étnico-clasistas, con estructuras culturales coloniales y una mentalidad sumisa, proclive a la traición, con múltiples elementos contradictorios rebeldes y serviles. ¿Cómo influye esto en el voto popular en países andinos, indígenas y afrodescendientes? Esta pregunta es clave para entender la dinámica política “representativa” de países como Perú, Bolivia, Guatemala o Ecuador. La influencia de la lucha étnico-clasista en el voto popular es un fenómeno complejo, donde las estructuras culturales heredadas, junto con una «mentalidad sumisa» que coexiste con la rebeldía, crean un mapa electoral marcado por la paradoja y la tensión.
A. La «guerra étnico-clasista» como eje del conflicto político: En países andinos como Perú, el proceso electoral se ha descrito como una «guerra étnico-clasista». Esta no es una metáfora, sino la descripción de una realidad social donde el voto se convierte en un escenario donde se dirimen tensiones históricas no resueltas: la principal se da entre el despojo y el saqueo frente a la defensa territorial y medioambiental. Entre el proyecto de la vida y la muerte.
El voto como herramienta ilusoria de resistencia: Para muchos votantes indígenas y quechuas, el sufragio es un acto de afirmación patriótica contra un «orden racial y clasista» que históricamente los ha marginado. Votar por un candidato de origen indígena o con un discurso antiestablishment se percibe como una justicia reclamada frente a décadas de exclusión y racismo estatal. Lo cierto es que las nacionalidades originarias son las únicas que cuidan y protegen la naturaleza, los territorios y la vida; son quienes aman a una patria inconclusa por la acción de los hispanistas blanqueados.
Reacción de las élites y clases medias: Frente a esta «irrupción» de la política indígena, sectores de las clases medias urbanas y rurales (que representan un 40% del electorado decisivo) pueden reaccionar con miedo, alimentando discursos de orden y mano dura, o incluso expresando abiertamente posturas racistas y de desprecio hacia las culturas andinas. Esta polarización muestra que la identidad étnica y de clase no son factores secundarios, sino estructurantes del voto. Las clases medias en proceso de blanqueamiento son decisivas al aceptar que lo extranjero y blanco es superior y la tener la convicción de que convertirse en parte de ella es una aspiración legítima. No es casual que los candidatos preelectos por el imperio y la derecha sean seleccionados entre mestizos nacidos en norteamerica, en el Líbano, Alemania o Japón. O que hayan estudiado en sus escuelas de gobierno o en las escuelas para adiestramiento de militares
B. La subjetividad compleja: Sumisión y rebeldía en la urna: La «mentalidad sumisa» y la «rebeldía» no son polos opuestos, sino partes de una misma subjetividad forjada por siglos de dominación colonial y republicana. Esta dualidad se manifiesta en el voto de varias maneras: voto «súbdito» vs. voto «participante: La cultura política de una sociedad puede oscilar entre una orientación de «súbdito» (donde se obedece la ley sin cuestionar) y una de «participante» (donde se exigen cuentas y se busca influir activamente). En el votante andino, esta tensión es aguda: por un lado, existe una herencia de obediencia y respeto a la autoridad, y por otro, una memoria de resistencia y una capacidad de movilización social que ha sido clave para la democratización del país. Esto se agrava con el dato de que un 61% de la población adulta y la mayoría de jóvenes son analfabetos funcionales; es decir, aquellos que pueden descifrar las letras de un texto, pero no entienden lo que leen, ni son capaces de usar esa información para resolver problemas prácticos. Se guían políticamente por la TV, el internet y los rumores callejeros principalmente. Según Mónica Muñoz Nájar, al fallar el sistema en dar herramientas de pensamiento crítico, se genera una profunda desigualdad en la capacidad de la población para ejercer una ciudadanía responsable, procesar información y tomar decisiones informadas. La educación formal ni siquiera modificaría la formación religiosa de los hogares ni la militar autoritaria del servicio militar en los cuarteles; al llegar a las universidades solo buscan un diploma, aunque permanezcan embrutecidos y sumisos por este sistema.
Existe una insuficiente crítica a la expresión concreta de la «democracia burguesa», del sufragio y el diseño electoral en el Perú: en artículos anteriores nos hemos referido a cómo Keiko y sus asesores diseñaron un conjunto de medidas que les permiten la impunidad y participación de decenas de sentenciados como candidatos, el control de instituciones, leyes pro crimen, eliminación de opositores, y organización que permita el fraude, etc., en un contexto de fin del liberalismo político a nivel global que solo marca la gran contradicción entre capitalismo y representación democrática.
El miedo como motor: El voto de sectores populares y clases medias está fuertemente influenciado por el miedo: miedo a que «nada cambie», miedo a la inseguridad, o miedo al «fraude» y a la manipulación del sistema electoral. Este miedo puede ser explotado por candidatos de derecha que prometen orden, o puede llevar a votar por opciones «antisistema» como un acto de desesperación. Esta mezcla de sumisión y rebeldía genera un comportamiento electoral que a menudo parece contradictorio: se puede votar por un outsider radical mientras se mantienen actitudes políticas pasivas en otros aspectos de la vida cívica. Ni los analistas políticos, ni los críticos de la oposición, han estudiado los 170,000 votos de las FFAA y PP. Para las elecciones de 2026, gracias a la Ley N.° 32166, la ONPE les otorga facilidades especiales: podrán votar en los locales de votación más cercanos al lugar donde estén asignados a trabajar, aunque solo para cargos de carácter nacional (fórmula presidencial, senadores y Parlamento Andino). El voto “extranjero” de los peruanos migrantes expresan la paradoja de haber salido por necesidad de sobrevivir y votar por la derecha culpable de su miseria.
C. Barreras y paradojas de la representación: A pesar de la fuerza simbólica del voto, la representación efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrenta barreras estructurales: sin tomar en cuenta la brecha entre cuota y representación real: Aunque existen leyes de cuota indígena (como en Perú, que exige un 15% de candidatos en elecciones regionales), la participación efectiva sigue siendo marginal. Entre 2002 y 2018, solo el 6.5% de los candidatos elegidos eran indígenas, lo que evidencia que la ley no se traduce automáticamente en poder político.
El nivel de representación de Fuerza Popular es una aberración pues “Keiko Fujimori obtuvo en la primera vuelta electoral -el 12 de abril- el 10% de los votos.
Ese porcentaje se elevó artificialmente a 17% cuando recibió -añadidos- los votos nulos y viciados que se consideran “válidamente emitidos”. Elevó su porcentaje, pero el número de votos fue el mismo: el 10% de los sufragios. Con ese porcentaje a Keiko debió corresponderle el 10% de la representación parlamentaria: en un Senado de 60 miembros, debió obtener 6 Senadores. Y en una Cámara de Diputados de 130, 13 parlamentarios.
Ocurrió sin embargo que, en lugar de 6 Senadores, le asignaron 22. Y en vez de 13 diputados, le reconocieron 41, ¿Cómo sucedió eso? Bueno, fue una simple “interpretación de la ley”. Le sumaron también allí los votos nulos y viciados y eso la favoreció en tal extremo.”5
Cooptación y falta de autonomía: Los liderazgos indígenas, las rondas y los licenciados de las FFAA, a menudo son cooptados por partidos tradicionales que no representan sus intereses, o carecen de estructuras políticas autónomas y fuertes que les permitan competir en igualdad de condiciones. Esto crea una paradoja: el voto puede ser un grito de rebeldía, pero la estructura del sistema político (diseñado por élites) limita su capacidad de generar un cambio profundo.
Perú -como ya dijimos- es una sociedad sumamente compleja, fragmentada y multicultural. En ella conviven el conservadurismo anticomunista y la aspiración a la rebeldía y al cambio; el racismo estructural e histórico, asociado al “terruqueo” y al blanqueamiento, y la lucha por la igualdad, la solidaridad y el comunitarismo de raíces andinas. Es autoritario, jerárquico y sumiso al mismo tiempo que subversivo. Mayoritariamente conservador en el aspecto social, militar, religioso y moral. Las FFAA son un agente socializador que reproduce el orden colonial de jerarquías y castas de soldados y oficiales, con un permanente respaldo de instructores norteamericanos e israelíes. En cuanto a la ética religiosa, diversas encuestas (como el Barómetro de las Américas o el Instituto de Estudios Peruanos – IEP) muestran de forma constante que una gran parte de la población peruana mantiene posturas muy conservadoras respecto a temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la identidad de género. La transición religiosa solo aumenta el conservadurismo tradicional católico, que se ha visto reforzado en las últimas décadas por el rápido crecimiento de iglesias evangélicas y movimientos neoconservadores (como «Con mis hijos no te metas»), los cuales tienen una enorme capacidad de movilización política y social, influyendo en las leyes del país.
Existe un racismo estructural profundamente arraigado como herencia colonial. Es un patrón cultural colonialista institucional y político, que organiza los territorios, el poder y la desigualdad. El racismo en el Perú no suele ser un racismo de segregación explícita (como el *Apartheid*), sino un racismo estructural y cotidiano heredado del virreinato. Existe una marcada jerarquización social basada en el color de la piel, los rasgos fenotípicos, el apellido y el origen geográfico (la histórica discriminación de la Costa hacia la Sierra y la Selva). El propio Ministerio de Cultura del Perú reconoce en sus estudios que el racismo es uno de los mayores problemas del país. El fenómeno del «terruqueo» (asociar falsamente a manifestantes, líderes indígenas o personas de origen andino con el terrorismo) es una muestra contemporánea de cómo el racismo y el prejuicio se utilizan como armas políticas para deslegitimar reclamos sociales.
En cuanto al autoritarismo (militar, religioso y escolar), existe una fuerte tendencia hacia la «mano dura», conviviendo con un profundo desencanto democrático. Tras décadas de crisis institucionales, altísimos niveles de inseguridad ciudadana y corrupción generalizada, una parte considerable de la población suele mostrar simpatía por salidas autoritarias. Esto explica el arraigo histórico del fujimorismo o el apoyo actual a políticas de control radical (estilo «plan Bukele»). Paradójicamente, existe la percepción creada por el fujimorismo de que las instituciones democráticas (el Congreso, el Poder Judicial) no funcionan —aunque ellos fueron los desinstitucionalizadores—, por lo que se prefiere un líder fuerte como Keiko, y sus militares, que «ordene» el país, aunque eso implique recortar libertades. Por otro lado, calificarlo puramente de autoritario ignora la enorme tradición de lucha, movilización comunitaria y resistencia civil del pueblo peruano. Las comunidades campesinas, indígenas y los movimientos universitarios han salido históricamente a las calles a frenar abusos de poder y defender derechos democráticos. La desconfianza crónica en la política hace que valores como el orden, la tradición y la desconfianza hacia «el otro» (racismo/clasismo) funcionen muchas veces como mecanismos de refugio o supervivencia social. El Perú actual es una pugna constante entre esos rasgos conservadores y autoritarios, y una ciudadanía que también exige dignidad, justicia y reconocimiento de su diversidad.
Conclusión parcial: El voto como síntoma y herramienta. En definitiva, la lucha étnico-clasista y las subjetividades contradictorias de sumisión y rebeldía polarizan profundamente el voto, convirtiendo las elecciones en un plebiscito sobre la identidad nacional y la distribución del poder. El voto popular andino y afrodescendiente no es un bloque monolítico: es un espacio de tensión donde la memoria histórica de exclusión choca con el miedo al futuro, donde la aspiración a la rebeldía se enfrenta a las estructuras de una democracia incompleta que, a menudo, reduce al ciudadano a un mero votante sin garantías de una vida digna. Esta complejidad hace que predecir el voto en la región requiera ir más allá de las encuestas y entender el profundo sustrato histórico y cultural que cada sufragio lleva consigo.
Notas:
1 P Gaussens – 2018, La izquierda latinoamericana contra los pueblos: el caso ecuatoriano (2007-2013), CIALC-UNAM. 2018. https://rilzea.cialc.unam.mx/jspui/bitstream/CIALC-UNAM/L44/1/l_IZQ_LP_GAUSSENS.pdf.
2 Maristella Svampa, Las fronteras del neoextractivismo en América Latina, Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias, Ed. Calas 2019.
3 James Petras, Jorge Lora, Extractivismo y simulacro progresista en Bolivia, ICSyH-BUAP, Puebla, 2013.
4 Jorge Majfud, La frontera salvaje: 200 años de fanatismo anglosajón en América latina, Rebelde editores, 2021.
5 Gustavo Espinoza M. “Verdades Universales”, Rebelión, 06/07/2026 .
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.