La protesta social en Paraguay tuvo su detonante pandémico durante marzo pasado. Sin respuestas significativas de parte del gobierno, cualquier chispa puede convertirse en un nuevo disparador. Y transformar esta crisis, de por sí dramática, en una realidad caótica.
El oficialista Partido Colorado impuso su mayoría en la Cámara de Diputados de Paraguay para rechazar los pedidos de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y su vice, Hugo Velázquez, impulsados por la oposición y las multitudinarias ´protestas populares por mal manejo de la pandemia de coronavirus.
Paraguay registró este un nuevo récords de contagios de covid-19, con 1.341 positivos y 21 decesos en 24 horas. La situación es cada vez más delicada y arrecian las críticas al gobierno por la falta de insumos en los centros de salud y la lentitud en conseguir vacunas para la población.
En la Ciudad de Buenos Aires el punto de encuentro fue la embajada de Paraguay, donde la policía reprimió la movilización y se llevó al menos a siete detenidos.
El encarcelamiento de Efraín Alegre por el incumplimiento de medidas dentro de un Proceso Penal que afronta (ABCcolor, 2021), siendo el actual Presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal partido, del amplio y diverso espectro, de oposición agitó el escenario político interno del Paraguay, donde se ha dado diversas interpretaciones desde lo jurídico y político; advirtiéndole el retroceso de la institucionalidad de una democracia liberal y el empleo del aparato judicial para perseguir al enemigo político de turno.
En Paraguay, un país con largo historial de mandatarios cuyas gestiones estuvieron machadas de asaltos al erario público, impunidad y omisiones, el actual gobierno de Mario Abdo se asoma no solo como campeón de la corrupción sino como encubridor de los casos graves de robos al Estado perpetrados por gente de su íntimo entorno, que siguen gozando de la mayor impunidad.
Lo asegura Pablo Pimentel, de la APDH, que junto con otros organismos de DD HH de ambos países, exige la investigación de la muerte de dos nenas a manos del ejército paraguayo.
Dos niñas asesinadas, una niña desaparecida, una mujer presa en cárcel militar. El Estado paraguayo se ensaña con las hijas de los militantes, convirtiéndolas en un objetivo militar.
En 1954 Stroessner tomaba el poder en medio de un gran caos político por la crisis interna en el partido colorado y las derivaciones de la guerra civil del 47. El mundo también seguía convulsionado por la segunda guerra mundial que había culminado hacía menos de una década. Las luchas fraccionarias en su partido y una férrea oposición que seguía manteniendo influencia en las fuerzas armadas, amenazaban la frágil estabilidad del régimen.
Dos niñas argentinas de once años, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, fueron asesinadas semanas atrás por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay en el campamento guerrillero del EPP en el monte paraguayo. El operativo fue presentado como un “éxito” por parte del presidente Mario Abdo Benítez porque se habían “abatido dos líderes guerrilleras”.