El 5 de febrero, aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados un rosario de iniciativas de reforma, 18 de ellas a la Constitución y dos a leyes secundarias, para pretendidamente modificar el perfil constitucional de la nación. Quizá debió presentarlo el día 2 del mes, porque en el paquete de iniciativas hay de chile, de dulce y de manteca.
El momento en que el presidente lanza sus iniciativas, es evidente, implica varias cosas: 1) Es el mandatario quien fija la agenda de debate en las campañas electorales, que formalmente iniciarán el 1 de marzo, pero, como todos lo hemos visto, llevan alrededor de dos años y medio en marcha, desde la designación de las “corcholatas” del presidente. 2) Impone a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum Pardo —a la que entregó un bastón, pero no el mando— y al partido Morena la plataforma electoral para las elecciones que habrán de efectuarse el 2 de junio; la propia candidata ya ha anunciado que incorporará el paquete reformador a su “proyecto de nación”. 3) Intenta acorralar a las oposiciones, obligándolas a votar a favor o en contra de sus iniciativas, algunas muy debatibles pero populares, otras de evidente beneficio social; si los opositores votan en contra, serán exhibidos como enemigos del “pueblo”, según son los usos y costumbres del titular del Ejecutivo; y da a sus correligionarios y seguidores un programa reformista como bandera electoral, en el cual, supuestamente, se realizaría la llamada “Cuarta Transformación” y se derrotaría a las fuerzas conservadoras y reaccionarias que se le oponen.
En todo, se trata de una estrategia electoral, y hasta el propio presidente lo reconoció así. A pregunta expresa de un periodista sobre el momento en que presenta sus iniciativas, a ocho meses de concluir su gestión, López Obrador respondió: “Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”. Es decir, no es un tema sólo ni principalmente legislativo, sino de oferta electoral (https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/02/06/politica/paquete-de-reformas-se-presento-hasta-ahora-porque-vienen-las-elecciones-reconoce-amlo-870). Pese a la prohibición legal a todos los funcionarios públicos de intervenir en los procesos electivos, el presidente sigue haciéndolo cotidianamente con desparpajo e impunidad total.
Del cúmulo de iniciativas podemos distinguir, por su contenido, al menos, los siguientes grupos:
- Las de beneficio social y popular: Derecho universal a una pensión a partir de los 65 años de edad (que, en realidad, ya existe, pero el presidente ha ofrecido duplicar en este año electoral). Pensión universal a personas con discapacidad, así como a la habilitación y rehabilitación, con preferencia a menores de 18 años. Que las pensiones de retiro por vejez a quienes cotizan en el IMSS desde 1997 y en el ISSSTE desde 2007 sean iguales al último salario recibido como trabajadores activos. Garantía de atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios. Becas progresivas a estudiantes “de escasos recursos”. Ya los economistas y actuarios están señalando que estos beneficios, en su mayor parte, no serán sostenibles en el mediano y largo plazo sin una reforma tributaria que incremente de manera permanente los ingresos estatales. No fue el secretario de Hacienda Ramírez de la O, sino la de Gobernación Luisa María Alcalde, quien acudió a la mañanera a explicar las muy inmediatistas fuentes para el pago de estos beneficios: fideicomisos expropiados al poder Judicial (que el Ejecutivo difícilmente va a tener), fondos incuantificados del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado y el 25 % de los ingresos de las nuevas obras de infraestructura del gobierno federal, siendo que, hasta ahora, no el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor Transítsmico, más que dar ganancias reclaman subsidios. La intención de conservar y agrandar la clientela electoral del gobierno y su partido es, en cambio, transparente
- Las de beneficio al trabajo y a la producción: Que el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación. Que las maestras y maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al promedio del IMSS. Reconocimiento del derecho a la vivienda en arrendamiento a través de una renta social equivalente al 30% del salario del trabajador, y que después de 10 años, el trabajador pueda comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido con las rentas pagadas. Jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables (Sembrando Vida), que se agregaría a los apoyos ya existentes. Apoyos directos a pescadores y campesinos (Producción para el Bienestar). Precios de garantía para compraventa de alimentos básicos. Dotar de fertilizantes gratuitos a pequeños productores.
- Los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afromexicanas: Reconocimiento a su derecho a la libre determinación, al desarrollo de sus sistemas normativos, a elegir a sus autoridades y representantes tradicionales, a la consulta libre, previa e informada, así como a su patrimonio cultural, medicina tradicional, lenguas y modelos educativos (lo que ya está prácticamente en su totalidad establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
- Las de preservación del ambiente y la salud: Reconocer al maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional. Prohibición del maíz genéticamente modificado para consumo humano y siembra. Preferencia de acceso al agua para consumo humano y uso doméstico. Prohibición de nuevas concesiones de agua en zonas con escasez o sequía. Prohibición de concesiones para la minería a cielo abierto. Prohibición del fracturamiento hidráulico o “fracking” para extracción de hidrocarburos.
- Las de política fiscal y austeridad: Se establecerá el principio de austeridad republicana y se expedirá una Ley General aplicable a todos los poderes y autoridades del Estado mexicano. Se prohibirá la adquisición o contratación de gastos “innecesarios”. Eliminar en los gobiernos federal y locales los “entes públicos que dupliquen funciones”. Limitación de los ingresos de los miembros y funcionarios de los tres poderes y organismos constitucionalmente autónomos, para que nadie gane más que el presidente de la República; se establecerá el tope máximo de su remuneración en UMAs.
- Las de la Guardia Nacional: Se plantea nuevamente —lo que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte— la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y su reconocimiento como parte de la Fuerza Armada permanente. Se otorgarían a la Guardia Nacional atribuciones para coadyuvar en la investigación de los delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público (¿duplicidad de funciones?).
- Las del sector eléctrico como estratégico para la economía nacional: Establecer, como antes de la reforma peñanietista, que no constituyen monopolios el sistema eléctrico nacional ni el servicio público de internet que provea el Estado, y que tendrán prevalencia sobre las empresas privadas. Establecer que el objetivo del sistema eléctrico nacional es cumplir con su responsabilidad social, sin fines de lucro, así como preservar la seguridad y autosuficiencia energética.
- Las de transporte y comunicaciones (ferrocarriles): Se establecerá que el servicio ferroviario de transporte de pasajeros es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado mexicano retomará el derecho de utilizar las vías ferroviarias para el transporte de pasajeros. Los concesionarios o permisionarios deberán dar preferencia al servicio de transporte de pasajeros.
- Las de protección a los animales: Se prohibirá el maltrato animal y se garantizará su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado. Se facultará al Congreso para expedir una Ley General para la protección de los animales. Los planes y programas de estudio incluirán la protección de los animales.
- Las de eliminación o debilitamiento de los contrapesos técnicos y políticos al Ejecutivo y centralización de funciones en el propio poder presidencial: Eliminación de la representación proporcional, para quedar sólo 300 diputados federales y 64 senadores, todos ellos electos por mayoría relativa. Establecer un tope al número de legisladores locales, un máximo de 45 diputados y mínimo de 15, en función al número de habitantes en la entidad. Reducción de regidores y concejales. Sólo podrá haber una sindicatura por municipio, y hasta 9 regidores y concejales (en función del número de habitantes). El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sustituiría al INE y absorbería las funciones de los organismos locales (OPLEs). El Tribunal Electoral del Poder Judicial absorbería la competencia de los tribunales electorales locales, que también se eliminarían. Reducción de consejeros electorales de 11 a 7; su periodo disminuiría de 9 a 6 años, y se establecería que deben ser electos El periodo de magistrados del Tribunal Electoral se reduciría de 9 a 6 años, y se establecería que deben ser electos. Reducción de financiamiento a partidos a la mitad del porcentaje actual. La consulta popular y la de revocación de mandato serán vinculantes con el 30% de participación, y se realizarán el mismo día de las elecciones ordinarias. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con independencia de la SCJN. Elección popular de ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales e integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Reducción del Pleno de la SCJN, de 11 a 9 ministros, y desaparición de las Salas. Prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales. Plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. Renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en la elección extraordinaria que se celebre en 2025. Desaparición de órganos “autónomos” y reguladores como el INAI, Cofece, IFT, CRE, CNH, Coneval, Mejoredu, así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales. Sus funciones serán transferidas a dependencias del Ejecutivo, según el ramo, respetando los derechos de sus trabajadores.
Dos puntos sirven como referencia a estas numerosas y variopintas normas que se pretende incluir en la Constitución. Lo que López Obrador llama las tres “transformaciones” históricas del país, dieron origen a sucesivos textos constitucionales: la Independencia nacional a la Constitución de 1824, que dio a luz a la República y al federalismo; el Plan de Ayutla y la Reforma, a la de 1857, liberal, que incluyó las garantías individuales; y la Revolución a la de Querétaro en 1917, que incorporó derechos sociales como los agrarios y del trabajo y reivindicó el territorio y los bienes del subsuelo para la nación. López Obrador, en cambio, pese a llamar a su movimiento “Cuarta Transformación” siempre se negó a convocar a un congreso constituyente (como lo proponía el ideólogo Porfirio Muñoz Ledo).
Además, después de las elecciones de 2021, en las que perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente había anunciado que no presentaría en el resto de su sexenio más iniciativas de reforma constitucional, más que la eléctrica y la de la Guardia Nacional. No obstante, en 2023 presentó una fallida reforma electoral, que no obtuvo la mayoría calificada necesaria. Luego sacó adelante en el Congreso federal, atropelladamente y sin respetar los procedimientos legislativos, su “Plan B”: un conjunto de reformas a las leyes secundarias en el mismo tema, que fue anulado por la Corte en vista de lo desaseado del proceso en que se aprobó.
¿Ahora, como popularmente se dice, al cuarto para las 12, sin congreso constituyente y si tener segura siquiera la mayoría legislativa necesaria para concretar las reformas constitucionales, pretende el mandatario tabasqueño hacer su propia constitución cuatrotera o rehacer desde su propio proyecto político la vigente que, de por sí, ya ha tenido más de 700 reformas a lo largo de sus 107 años de vida?
No parece ser el objetivo. Éste es más inmediato, y de carácter electoral. Cierto es que entre las reformas planteadas el 5 de febrero hay varias que apuntan en un sentido positivo y de beneficio para la población. Otras ya son aceptadas como parte del sentido común de buena parte de los ciudadanos, en virtud del discurso machacón contra los conservadores y reaccionarios y contra los “corruptos” integrantes del Poder Judicial y de los organismos autónomos. En función de ello, las iniciativas presidenciales dan a sus votantes objetivos claros por los cuales acudir a las urnas en 2 de junio. Si las reformas no salen adelante en la presente legislatura, quizá lo logren con una nueva mayoría oficialista que se instalaría el 1º de septiembre. Lo que no sabemos es si López Obrador mismo insistiría en sus iniciativas durante ese, su último mes de gobierno, o lo haría después del 1 de octubre su muy probable sucesora, Claudia Sheinbaum.
El hecho es que AMLO ha llevado a la Cámara de Diputados sus iniciativas en este, el último periodo de sesiones de la actual legislatura. Y las bancadas, desde luego, han empezado a tomar posición, como lo hacen también organismos profesionales y empresariales, y de la sociedad civil en general. La fracción parlamentaria del PRI (y quizá la del PRD también) podría votar a favor de las iniciativas de beneficio social y a los trabajadores. Sería una buena estrategia como opositores, para sacudirse el estigma de que se resisten a lo que es en favor de los sectores populares, y para sacar, además, esos temas de las campañas electorales por comenzar. Podrían hacer lo mismo con las ambientales y de las comunidades indígenas y afromexicanas, y analizar con cuidado las de protección a los animales.
Hay dos reformas que llevarían a agudizar los conflictos en el marco del TMEC: la prohibición del maíz transgénico y la del sector eléctrico, que restablecería el predominio del Estado en esa industria. Pero eso no debe implicar que la nación, en uso de su soberanía, renuncie, para satisfacer intereses extranjeros, a modificar su constitución y sus leyes.
Las iniciativas que definitivamente no pasarán en esta legislatura son las que buscan alterar sustancialmente la estructura del Poder Judicial, la del INE-INEC, las que eliminarían la representación de las minorías en el Congreso de la Unión y en los de las entidades federativas (¿votarán a favor las bancadas del PT y el PVEM?) y las que desaparecerían a los organismos constitucionalmente autónomos. Aunque los partidos registrados y poderes facticos, encabezados por la delincuencia organizada, grupos de poder económico, la mafia mediática y otros actores entrarían entusiastas a promover en elecciones abiertas a los jueces, magistrados y ministros que podrían juzgarlos más adelante, la desembocadura inmediata de estas modificaciones constitucionales será una: la reconstrucción de un Poder Ejecutivo omnipotente y sin contrapesos en los otros poderes ni en instancias con autonomía constitucional, y de un partido dominante prácticamente único, sin oposición en el Legislativo.
Como en la vieja serie televisiva de los años sesenta, López Obrador pretende conducir al país a un túnel del tiempo que lo transporte al pasado, a la era del diazordacismo o el echeverrismo, a lo que se ha llamado también la presidencia imperial. Los tiempos en que el entonces muy joven hombre de Macuspana se incorporó al servicio público, a la política y al PRI bajo la conducción de su protector y amigo, hoy protegido, Ignacio Ovalle, titular entonces del Instituto Nacional Indigenista. Su modelo no es la democracia liberal ideada por el barón de Montesquieu, sino la reconstrucción de lo que Octavio Paz llamó en una memorable obra, el “ogro filantrópico”: el leviatánico poder que, a la mexicana, puede manipular, reprimir sin piedad a sus opositores y enemigos, y ganar voluntades y conciencias de las masas populares operando como Estado benefactor.
Ése parece ser, ése es, el anunciado desde el inicio del sexenio, pero nunca definido en sus contenidos, “cambio de régimen”: el retorno al presidencialismo no sólo fuerte sino exacerbado, y al sistema político de partido dominante casi único; una promesa de regresión que puede cumplirse si los electores le obsequian al mandatario y su partido la mayoría parlamentaria que requiere y busca. Lejos de Juárez, Madero y Cárdenas el verdadero modelo del actual gobernante es el de Luis Echeverría, culmen del poder presidencial absoluto sin contrapesos ni oposiciones.
Terrible dilema de los ciudadanos libres para el próximo 2 de junio. En el mar corrupción impune, de una crisis de seguridad y violencia, de la salud, la educación y los derechos humanos, navegamos entre el Escila del posible retroceso político de la democracia representativa, angustiosa y precariamente construida mediante luchas populares en las tres o cuatro últimas décadas, y el Caribdis de la derecha, también regresiva, pero en lo económico, entreguista y sumisa a las potencias extranjeras, como lo ha exhibido Xóchitl Gálvez en su visita a los Estados Unidos. Mucho habremos de pensar nuestros votos antes de emitirlos. La gran ausente: una opción de izquierda que impulse el avance real del país y lo saque del lodazal de nuestra deplorable política real.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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