Es todo un síntoma observar como en estos días los «amantes de la libertad» están quitándose el atuendo para mostrar la verdadera configuración de su «Ser». Y no lo hacen merced a un repentino ataque de honestidad, hecho éste que sería -sin compartir el significado de los mismos- por demás plausible. Por el contrario, lo […]
Es todo un síntoma observar como en estos días los «amantes de la libertad» están quitándose el atuendo para mostrar la verdadera configuración de su «Ser».
Y no lo hacen merced a un repentino ataque de honestidad, hecho éste que sería -sin compartir el significado de los mismos- por demás plausible. Por el contrario, lo hacen como consecuencia del estado de «perturbación» que atraviesan a medida que se acerca la mentada fecha del 7 de diciembre y donde, en principio, se pondría en ejecución la totalidad de la ley de servicios audiovisuales sancionada por el Congreso de la Nación Argentina.
Ya hemos observado como el director de uno de los periódicos tradicionales («La Nación») de nuestro país ha puesto en duda la eficacia de la democracia equiparándola a lo que a su entender es «una dictadura de los votos». De lo que se infiere, inexorablemente, que el libre ejercicio del sufragio no es lo aconsejable para un país.
Pero ahora, un nuevo acontecimiento conmociona a la opinión pública argentina, los autocalificados «garantes de la libertad de expresión» (Grupo Clarín) entablan una denuncia contra un conjunto de periodistas que han cometido la osadía de expresar libremente lo que piensan. Para ello, apelan a dos figuras del Código Penal: «coacción agravada e incitación a la violencia pública»; delitos, para el caso, inexistentes ya que no están configurados en lo más mínimo.
«Lo conveniente «hubiere sido demandarlos -más allá de que la demanda estuviere viciada de inconsistencia– por «calumnias e injurias». Pero para desgracia de los demandantes, la «autoritaria» Presidente de la República derogó esa figura penal con el deliberado propósito de garantizar que cualquier persona pueda expresar, sin cortapisa alguna, lo que piensa.
Vemos entonces como, los periódicos pertenecientes al denominado «periodismo independiente» cuestionan, a través de sus dueños, por un lado, las bondades del sistema democrático, y por el otro, el irrestricto derecho a la libertad de expresión.
Lo lamentable es que, las rutilantes «estrellas de periodistas independientes» no hayan salido a cuestionar una demanda de estas características, no solo para procurar la defensa de sus colegas; sino para impedir que precedentes de esta naturaleza obstaculicen el normal desempeño del oficio periodístico en la Argentina.
Sin embargo, sí se afanan a diario en criticar como autoritario a un gobierno que garantiza, no solamente, el libre ejercicio de la profesión; sino el sagrado derecho de la libertad de expresión.
Un párrafo aparte merece la denominada «oposición política» que cuando la presidente defiende con énfasis su gestión de gobierno la califica de «intolerante» y «no democrática»; ahora cuando un directivo de un periódico «desvaloriza a la democracia» o un grupo mediático impulsa una demanda de este calibre se llama a silencio con absoluta naturalidad.
Actúan de la misma manera que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) que, cuando algun interés de los propietarios de medios es tan siquiera amenazado, salen a la palestra en defensa de «la libertad de expresión»; más cuando se atenta contra la integridad de periodistas o contra su derecho a expresarse no se dan por enterados.
Esto nos trae a colación ese viejo precepto árabe: «Dime de qué te jactas y te diré quién eres».
Por suerte, este gobierno no se jacta de promover las libertades, simplemente, las garantiza.
Blog del autor: Episteme
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.