El pasado 6 de enero en Boca del Río, Veracruz, Enrique Peña Nieto afirmo tajantemente, como si estuviese todavía en campaña electoral, que el gobierno federal devolverá al Estado la rectoría del desarrollo urbano, por lo que pondrá orden al crecimiento de asentamientos humanos y centros de población en todas las ciudades del país. Igualmente […]
El pasado 6 de enero en Boca del Río, Veracruz, Enrique Peña Nieto afirmo tajantemente, como si estuviese todavía en campaña electoral, que el gobierno federal devolverá al Estado la rectoría del desarrollo urbano, por lo que pondrá orden al crecimiento de asentamientos humanos y centros de población en todas las ciudades del país. Igualmente aseveró que se protegerá el valor de la tierra y pondrá alto a la especulación. Dicha intención, por supuesto, es muy loable ante el visible desorden del crecimiento territorial urbano, especialmente del proceso metropolitano; pero una cosa son las buenas intenciones de las que está empedrado el camino al infierno y otra cosa es la realidad concreta que no admite ninguna promesa demagógica grandilocuente.
A diferencia de sus antecesores panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, Peña Nieto encabezó la ceremonia de conmemoración del 98 aniversario de que el presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria que restituyó las tierras y aguas a las comunidades de todo el territorio nacional. Ante más de diez mil acarreados priistas de la Confederación Nacional Campesina, el presidente señaló que en los últimos años buena parte del desarrollo urbano se realizó sobre áreas de propiedad social, sobre tierras ejidales o sobre la pequeña propiedad. Cierto, pero así como hubo miles de acarreados de siempre, también afuera del recinto hubo protestas enérgicas de cientos de campesinos en contra de Peña Nieto. Sin embargo, no está por demás decir que no solamente en los últimos años sino que durante muchas décadas una parte considerable del proceso de urbanización ha venido aconteciendo sobre tierras comunales y ejidales, más aún a partir de la reforma neoliberal salinista al artículo 27 constitucional cuando este proceso fue vertiginoso y caótico con base a la tendencia de la privatización de la propiedad del suelo rural.
El marco de la dinámica de la urbanización nacional es el de un desarrollo capitalista neoliberal dentro del cual las fuerzas del mercado están por encima de cualquier intento de las políticas públicas por establecer un orden político con base a un Estado de Derecho. De ahí que, por ejemplo, las fuerzas del mercado inmobiliario prevalezcan absolutamente por encima de cualquier disposición normativa que pretende establecer un crecimiento territorial urbano ordenado o planificado. En pocas palabras, con el capitalismo salvaje no puede haber ninguna planificación urbana-metropolitana. Es el capital en su conjunto, en particular el capital inmobiliario el verdadero planificador del desarrollo urbano; de ahí la total anarquía del crecimiento urbano en todos los niveles o magnitudes de estos asentamientos humanos. El poder del dinero se sobrepone a cualquier intento democrático formal de imponer una normatividad gubernamental.
Debemos tener presente que una de las causas fundamentales de la profunda crisis económica mundial es la hegemonía del capital financiero (capitales ficticios) por encima de los capitales productivos; lo que explica el papel de la estrecha relación orgánica entre el capital financiero especulativo y el capital inmobiliario y, por ende, el llamado boom inmobiliario habitacional cuya burbuja especulativa estalló en el año 2007. Ello contribuye a explicar el proceso urbano nacional, particularmente el metropolitano, con base a las grandes inversiones del capital inmobiliario sin ningún control normativo en los asentamientos urbanos: un crecimiento urbano totalmente desordenado. Es un orden caótico de la expansión territorial urbana con todas las consecuencias negativas y contradictorias de tal desorden. Un caos en movimiento.
De las encuestas hechas entre expertos por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) se desprende que en la lista de los más fuertes problemas sociales actuales es la gran desigualdad de ingresos que hay en los países de América Latina. Este es el riesgo más grave que enfrentará la región en la próxima década, le siguen el problema de una débil o insuficiente política antidroga, la «arraigada» y «penetrante» corrupción, la crisis de suministro de agua, y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. A ello debemos agregar la violencia social en las grandes metrópolis, incluido el desmadre de la propia urbanización. Lo anterior viene a comentario porque en el caso de México tales cuestiones críticas son muy palpables y todas ellas acontecen en menor o mayor medida en las ciudades, especialmente en la mayoría de las grandes ciudades. De ahí que, antes de tener una pretendida rectoría sobre el desarrollo urbano el gobierno priista primero debería resolver el gravísimo problema de la inseguridad ciudadana, el terrible problema de la violencia criminal y toda la estela de hechos delincuenciales en las ciudades y el campo.
La promesa de Peña Nieto de devolver la rectoría del desarrollo urbano al Estado -rectoría que por cierto nunca ha tenido plenamente- tiene como base la creación de una flamante Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo objetivo general es impulsar un nuevo desarrollo para el campo y las zonas urbanas del país de manera sustentable: política ficción. Parece adecuada la línea política de articular armónicamente el desarrollo rural con el urbano, a condición de entender la causalidad fenomenológica fundamental entre ambas entidades, lo que implica entender la naturaleza contradictoria de la relación entre el campo y la ciudad; pero tal comprensión no se encuentra dentro de la visión tecnoburocrática neoliberal que todo lo percibe desde la perspectiva de la competitividad del mercado capitalista, sea el del desarrollo agrario o del urbano. Todo reside en las prioridades del capital en y no en la idea del bienestar de la población.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.