El lunes pasado, el presidente Evo Morales contestó de manera firme pero tranquila a las airadas declaraciones del canciller español, José Manuel Garcia-Margallo, quien, exhibiendo la misma nostalgia colonial que en el caso de la nacionalización de Repsol por parte del Gobierno argentino, lanzó amenazas poco veladas y advirtió que las mismas podrían involucrar a […]
El lunes pasado, el presidente Evo Morales contestó de manera firme pero tranquila a las airadas declaraciones del canciller español, José Manuel Garcia-Margallo, quien, exhibiendo la misma nostalgia colonial que en el caso de la nacionalización de Repsol por parte del Gobierno argentino, lanzó amenazas poco veladas y advirtió que las mismas podrían involucrar a los socios de la Unión Europea. Sin embargo, en su respuesta Morales apuntó que si bien entendía la reacción del Gobierno español, él tenía conocimiento que lo que demanda buena parte de la ciudadanía en España es precisamente que se implementen medidas similares a estas, de recuperación de la soberanía económica: «que los servicios básicos no sean un negocio privado». Y señaló también que, al menos en su caso, «le daría miedo defender a una empresa que roba».
El embajador español en Bolivia no ha querido ir a la zaga de la actitud de su canciller y ha tenido declaraciones poco apropiadas y que corresponden más bien a otros tiempos, en los cuales los embajadores de ciertos países, actuaban como procónsules enviados por la metrópoli. Lamentablemente el embajador no ha ofrecido una explicación convincente de por qué los planes de inversión consistentes de SABSA (Abertis) en los aeropuertos que gestionaban en Bolivia eran, en el mejor de los casos, inexistentes o cómo se entendía la paradoja de que el gerente de SABSA en el país ganase, por ejemplo, en marzo de 2012 12700 euros (casi diez veces más que el mismo presidente Evo) y la empresa adeudase, al mismo tiempo, grandes sumas de dinero a los trabajadores bolivianos. El sostenido crecimiento económico de los últimos años ha provocado un incremento de los flujos de comercio del país con el exterior; esto, más un aumento de la capacidad de consumo interno, ha provocado un aumento de la demanda de los desplazamientos por vía aérea. En gran medida por la falta de inversión de SABSA, los principales aeropuertos del país no han sabido responder de manera adecuada a este fenómeno. Según los trabajadores de la empresa, no se han producido las ampliaciones necesarias ni renovado los equipos para poder desarrollar un trabajo en mejores condiciones. Como en el caso de las empresas que gestionaban el suministro de electricidad, y antes con cementeras, telecomunicaciones o hidrocarburos, el Gobierno boliviano se limita a cumplir lo establecido en la Constitución aprobada por referéndum popular el 25 de enero de 2009. Para los viejos intereses coloniales, que los Estados de la periferia no se deban a nadie más que al mandato de la soberanía popular, que hagan cumplir la ley de forma igual para todos es ya una insubordinación que viven como auténtica agresión.
No obstante, lo paradójico de la situación es que las amenazas del Gobierno español ya no asustan a nadie. El Ejecutivo de Rajoy tiene la espina dorsal encorvada de las continuas reverencias ante el dictado Alemán y de la llamada «Troika» (el triunvirato Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea que gobierna la gestión neoliberal de la crisis como ofensiva en favor del capital financiero y en contra de los pueblos, en particular de los del sur de Europa). Por eso resulta poco menos que ridículo cuando ahora pretende mostrarse fuerte y enérgico contra la osadía de Bolivia de ejercer su soberanía y recuperar para sus ciudadanos parte del despojo.
Lo verdaderamente peligroso de esta última nacionalización del Gobierno de Evo Morales, lo que el Gobierno Español tiene que combatir hasta sus últimas fuerzas, es el ejemplo democrático, la ruptura radical en el relato post-ideológico que pretende reducir la política a la gestión de lo existente, de lo único posible. Si el Gobierno español justifica su brutal programa de ajuste, que empobrece drásticamente a las mayorías sociales del país haciéndoles pagar el coste de la crisis, con el argumento de que «no son medidas de su agrado pero son necesarias: las únicas pensables», el ejemplo boliviano -y latinoamericano- demuestra que en política la pregunta fundamental, como recordase Carl Schmitt, es quién ejerce el poder y en beneficio de quién. El Gobierno español está voluntariamente subordinado a un entramado de intereses oligárquicos domésticos y europeos que son los que, por encima de la ficción de la soberanía popular, dictan sus políticas que multiplican el sufrimiento de la gente corriente. El Gobierno boliviano, por el contrario, se debe a un mandato popular no negociable, sobre el que no rige otra autoridad, de ampliación democrática, redistribución de la riqueza, descolonización y construcción de un país para todos. Uno es un Estado en manos de los menos, convertido en maquinaria de desposesión, el otro es un Estado en transición, con contradicciones y tensiones, pero gobernado por la dirección intelectual y moral de los grupos subalternos, una mayoría social indígena y empobrecida que hoy es mayoría política y, más importante, generadora de un verdadero horizonte de época.
Como en ocasiones anteriores, el bloque dominante español, hoy maltrecho, ha desplegado todos los tópicos racistas y coloniales y todas las banderas a su alcance. Pero es difícil creer a un Gobierno que esgrime el «interés nacional» para defender a empresas privadas y sus concesiones en Bolivia justo en los mismos días en que los trabajadores de Iberia, la línea aérea antaño pública, están en huelga contra los despidos y el despedazamiento de la compañía para entregarla al capital inglés. Es difícil creer a un Gobierno para el cual «España» son los millonarios accionistas de empresas privadas y no los trabajadores despedidos, las familias que pierden sus casas para que éstas vayan a manos de los bancos, los jóvenes que tienen que emigrar.
Y ese es el verdadero problema no sólo del Gobierno, sino del régimen español, de todo el entramado cultural, institucional y económico salido de la transición posfranquista y consagrado en la Constitución de 1978. Su problema no se llama Bolivia, ni siquiera Evo. Su problema se llama Pueblo: cómo responder a la generalización de las protestas que ya no encuentran acomodo en los cauces institucionales, que desbordan el orden existente, que comienzan a romper las costuras del consenso de élites, y que ven a sus gobernantes vender el país a trozos mientras en otras latitudes ocurre lo contrario: la recuperación del país para sus gentes. Ante las amenazas de ruptura de relaciones, Evo Morales ha respondido audaz, señalando que, en una suerte de «diplomacia de rebeldía», las restablecería con los movimientos sociales y el pueblo español en la calle. Intuye seguramente el presidente boliviano que en el campo político español comienza a trazarse una escisión abrupta, y que los que ocupan las instituciones no encarnan ya la voluntad general. Bolivia no acepta lecciones ni tampoco pretende impartirlas, pero es posible que cada vez más ciudadanos de la antigua metrópolis, en busca de respuestas ante un tiempo bloqueado, comiencen a poner sus brújulas mirando a los ejemplos del Sur.
Manuel Canelas e Íñigo Errejón son doctorando y doctor en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid