La sede de gobierno en la ciudad de La Paz y específicamente el Ministerio de (in)justicia, frente a cuyas puertas se ha instalado hace ya más de un año una vigilia permanente de luchadores sociales por la democracia y víctimas de violencia política ejercida por regímenes dictatoriales y autoritarios de las décadas de los años […]
La sede de gobierno en la ciudad de La Paz y específicamente el Ministerio de (in)justicia, frente a cuyas puertas se ha instalado hace ya más de un año una vigilia permanente de luchadores sociales por la democracia y víctimas de violencia política ejercida por regímenes dictatoriales y autoritarios de las décadas de los años 60, 70 y 80; son mudos y sordos testigos (por su inacción) de la silenciosa pero terca demanda de estos ciudadanos.
Son aquellos mismos que contribuyeron a restaurar de democracia y conseguir las libertades esenciales para que el pueblo pueda ejercer derechos elementales sin los cuales sería totalmente impensable el actual proceso; que son totalmente ignorados por el gobierno de transformación democrático cultural y por sus autoridades, al punto que no solo se ha hecho caso omiso de sus justas y totalmente justificadas demandas para que se dé cumplimiento de la Ley 2064; sino que vuelven a reeditar el escarnio, la violencia y la agresión con la que ya aquellos regímenes dictatoriales pretendieron doblegar la dignidad y la lucha de estos ciudadanos.
Tal es la situación que en el mes de febrero pasado algunos miembros de la vigilia fueron agredidos y la Secretaria General de la Plataforma sufrió un violento ataque, agravado por la cobardía de hacerlo contra una mujer, que le provocó serías lesiones físicas y una fractura de antebrazo, nada menos que por personas que se entiende son funcionarios que trabajan para el gobierno en dicho Ministerio y que durante el día habían estado festejando la ch’alla de sus oficinas.
Es un hecho realmente inaudito y completamente incomprensible que el gobierno del Estado Plurinacional, que tiene la obligación de encarar los más elevados principios éticos y políticos, en los que se incluye el profundo respeto por las luchas revolucionarias emprendidas en el pasado y el justo reconocimiento por las conquistas democráticas alcanzadas, no muestre la más mínima voluntad por atender y resolver esta deuda histórica nacional, sobre cuyos logros (evidentemente despreciados y hasta repudiados oficialmente) ahora se encara el actual proceso de cambio.
Actos y decisiones orientados a la recuperación de la memoria histórica sobre las luchas por la recuperación de la democracia y las libertades ciudadanas, el establecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos y la adopción de medidas que lleven a la desclasificación de archivos de las fuerzas armadas, la búsqueda y entrega de cuerpos de insignes luchadores sociales asesinados y desaparecidos, y el justo reconocimiento a todas las víctimas de violencia política que constituyen obligaciones elementales de cualquier gobierno que se reclame como democrático, parecen constituir simples majaderías frente a la indolencia e insensibilidad gubernamental que, frente a lo que ocurre en la Argentina o Chile respecto de la misma tarea de recuperación de la memoria histórica (que enjuicia, condena y busca curar las heridas que quedaron en sus sociedades como resultado de la misma violencia política ejercida por similares regímenes dictatoriales de aquellas décadas), es en Bolivia una suerte de irónica burla, por el desprecio que le merece al Gobierno del Presidente Evo Morales.
A un año de instalada la vigilia de interpelación y reclamo justo, pero a muchas décadas de haberse iniciado la lucha para contribuir a que los bolivianos podamos enrumbarnos hacia una sociedad con respeto, justicia, dignidad y reconocimiento que nos permita vivir a todos orgullosos de haber resuelto nuestros problemas y haber saldado aquellas deudas sociales históricas que suelen constituir un escollo que mantiene vivas aquellas heridas que han provocado tanto dolor; quizás sea oportuno mencionar aquella certeza por la cual sabemos que los pueblos y gobiernos que no tienen memoria, desconocen su historia, o quieren ignorarla, corren el riesgo de repetirla, sobre todo en aquello que corresponde a los errores y las omisiones que, en este caso, implican reproducir y ejercer nuevamente aquella violencia política que quiso ser desterrada por luchadores sociales que se comprometieron con su pueblo y por la democracia, pero que hoy son tratados con desprecio e indolencia.
El gobierno no puede dejar pasar más tiempo y es hora de que reivindique la lucha de sus mayores por la democracia y salde aquella deuda histórica pendiente, salvo que esté dispuesto a ser juzgado por la historia.
Arturo D. Villanueva Imaña es Sociólogo, boliviano. Cochabamba – Bolivia.
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