Durante los últimos años, el gobierno de México se ha dedicado a perseguir a quienes ha considerado sus enemigos, por oponerse a sus intereses y porque con sus ideas, estrategias y principios han luchado por defender la democracia y dar paso a un sistema de bienestar de la población más equitativo y justo para los […]
Durante los últimos años, el gobierno de México se ha dedicado a perseguir a quienes ha considerado sus enemigos, por oponerse a sus intereses y porque con sus ideas, estrategias y principios han luchado por defender la democracia y dar paso a un sistema de bienestar de la población más equitativo y justo para los sectores más desprotegidos, entre ellos la clase trabajadora.
Para lograr este objetivo, los gobernantes han utilizado las amenazas, la represión, la corrupción e incluso los arrestos y asesinatos más crueles y siniestros que una sociedad moderna podría imaginar. Particularmente en el periodo comprendido entre los años del 2000 al 2012 los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se dedicaron a deformar el estado de derecho y pervertir la aplicación de la justicia. Todo ello acompañado de una gran ineficiencia de la administración pública y de una creciente corrupción que terminó de hundir a nuestro país en el incremento acelerado de la marginación y la pobreza, la falta de honestidad y transparencia, la inseguridad, la pérdida de empleos y oportunidades, el entreguismo de los recursos naturales del país a manos privadas, el sometimiento vergonzoso a los grupos empresariales más conservadores e hipócritas del país y una represión xenofóbica y demencial contra las organizaciones sindicales democráticas e independientes.
Con esa mentalidad decadente persiguieron políticamente a sus adversarios utilizando toda clase de arbitrariedades, recursos ilegales y abusos del poder. Uno de estos, que ha sido su favorito por la perversidad y cobardía que lleva intrínseca, ha sido la manipulación de Interpol para amenazar y encerrar a sus oponentes en un solo lugar en el cual se han visto obligados a permanecer, para no correr el riesgo de ser detenidos sin justificación o fundamento, eludiendo así el odio de los perseguidores, quienes se han dedicado a manipular y escandalizar mediáticamente con la amenaza de utilizar la «ficha roja» de Interpol para fines de detención y eventual extradición.
En mi caso particular, durante los últimos 7 años intentaron de manera absurda mantener una «ficha roja» basada solamente en la manipulación y el engaño, sin ningún fundamento, montándola sobre mentiras y calumnias y por medio de linchamientos públicos de medios o periodistas corruptos que, para su desgracia, en el mundo son totalmente ignorados. Fox, Calderón, Marta Sahagún, así como sus socios, empleados y empresarios cómplices se han autoengañado pensando que el resto del mundo comparte su mentalidad sucia y perversa.
Corrompieron a jueces y medios de comunicación, a abogados mercenarios, sinvergüenzas y abyectos, sin ninguna calidad ética, constituyéndose en la basura de la noble profesión del derecho, y desde luego a sujetos sin escrúpulos reclutados en la escoria del movimiento sindical. Para su humillación y frustración nada de eso sirvió para que lograran sus vergonzosos designios.
El gobierno de Canadá no sólo rechazó desde el principio toda esa basura carente de sustento y apoyada en falsedades, sino al contrario me otorgó mejor protección y me dio la residencia en este gran país, que cuenta con uno de los más elevados y correctos sistemas de justicia, mayor nivel de educación, de seguridad y bienestar social, de solidaridad y respeto que existan en el mundo. Al gobierno de México, su teatro calumnioso y difamador se le cayó y con ello fue arrastrado al ridículo y a la ignominia, ante la indiferencia de los gobernantes.
Al mismo tiempo, destacados, valientes y honestos jueces y magistrados que rescatan con sus decisiones la poca honestidad y confianza que queda en el sistema de justicia mexicano, resolvieron por unanimidad en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que Interpol de México y la Procuraduría General de la República, PGR, violaron la Constitución al imponer esa «ficha roja» sin fundamento, sólo movidos por la persecución política enfermiza. Esta digna decisión en mi favor deja claro una vez más que así como existen jueces, magistrados y ministros de la Corte de consigna, también los hay honestos y valientes que no se dejan presionar, corromper o intimidar y con ello salvan la imagen del Poder Judicial de México.
La excelente decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, basada en la justicia y el respeto a la democracia y a los derechos humanos, así como la atinada estrategia de la defensa legal de Los Mineros, vino a exhibir lo más grave de esta situación, que debe ser analizada a fondo por juristas y politólogos, además por el propio gobierno actual. Interpol México no tiene ninguna representación ni validez jurídica puesto que desde que fue creada como una dirección dependiente de la PGR y se afilió a Interpol Internacional, lo hizo sin la aprobación ni ratificación del Senado de la República, como legal y obligadamente debía haberse hecho.
Además, Interpol México mantuvo esa «ficha roja» de manera absolutamente ilegal, es decir, violando la Constitución durante los últimos tres años sabiendo que las ilegítimas órdenes de aprehensión ya se habían caído precisamente por inconstitucionales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene ante sí, ahora, el enorme reto de aplicar la justicia correctamente para tener una actuación digna y elevar la imagen de México en el exterior, porque de una cosa si pueden estar seguros los lectores: si eso hubiera sucedido en Canadá o en cualquier país desarrollado, los funcionarios que hubieran actuado así contra el derecho, como los panistas Fox y Calderón y su caterva de colaboradores y empresarios cómplices, no sólo hubieran caído de sus posiciones, sino que ellos, los verdaderos criminales, hubieran terminado y continuarían hoy en la cárcel.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/04/04/opinion/017a1pol