Dar por concluido el diálogo con los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, como lo hizo Ángel Aguirre y vía Tuiter anunciar que se «liberaron órdenes de aprehensión en contra de Minervino Morán y Gonzalo Juárez, autores intelectuales de los actos vandálicos» del miércoles 24, sin mediar averiguación ministerial […]
Dar por concluido el diálogo con los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, como lo hizo Ángel Aguirre y vía Tuiter anunciar que se «liberaron órdenes de aprehensión en contra de Minervino Morán y Gonzalo Juárez, autores intelectuales de los actos vandálicos» del miércoles 24, sin mediar averiguación ministerial y menos aún sentencia de juez, aleja a la entidad sureña de las soluciones políticas y la acerca peligrosamente a las fórmulas represivas.
Tras los hechos de vandalismo en que participaron 400 activistas frente a 5 mil manifestantes, para el gobernador no queda otra alternativa «más que la aplicación irrestricta de la ley y la preservación del estado de derecho». Obligaciones que, reconoce implícitamente, no cumplió en aras de dialogar. Pero ahora ya no tiene ningún sentido «mantener los canales de comunicación» que, todo indica, jamás deben cerrarse cuando se pretende gobernar el «México bronco», diría el tan venerado clásico que pocos siguen. Y menos un estado bronco como es Guerrero, donde además el cacicazgo de los Figueroa ostenta su vigoroso músculo y algunas corrientes del partido del sol azteca ajustan cuentas con quien les ganó la gubernatura.
Poco fructífero puede ser un diálogo entre las autoridades y la dirigencia de la CETEG, cuando las primeras subestiman a la segunda hasta el punto de estimar que 95 de cada 100 escuelas efectuaron actividad escolar el 24 de abril. Si la correlación de fuerzas es tan desfavorable a los beligerantes y hasta rijosos profesores, no se entiende la «mucha prudencia gubernamental». Y tampoco estimula a las prácticas democráticas del diálogo y la negociación el clima de linchamiento mediático que incorpora el de «agitadores profesionales» como uno de los arcaicos adjetivos con los que les niegan, incluso, la condición de trabajadores de la educación.
Mas la CETEG o la incapacidad de sus dirigentes, o ambas, con las acciones vandálicas realizadas en distintos momentos de abril, hacen su propio aporte – voluntario o involuntario no importa porque el resultado es el mismo -, para que los partidarios de las medidas represivas tengan mejores argumentos en su alegato a favor de la criminalización del movimiento social.
Es notable la incoherencia en el discurso oficial guerrerense que pasó de la explicación de que «fueron provocadores infiltrados en el movimiento» (secretario de Gobierno dixit) a «pretendían que hubiera muertos y lesionados» (gobernador dixit).
Aprobadas las modificaciones a la Ley General de Educación de Guerrero, mismas que desataron la ira de los vándalos y de los que difícilmente podrán deslindarse los dirigentes magisteriales, como lo hicieron erráticamente respecto a los destrozos en el Congreso, Juárez Ocampo reconoce «como un gran triunfo del movimiento» el hecho de fue reconocida la gratuidad de la educación y que los gastos de las escuelas no son responsabilidad de los padres de familia. Además de que el Movimiento Popular de Guerrero «es exitoso y triunfante, algo inédito».
Si estos juicios guardan correspondencia con la realidad cotidiana de la Coordinadora Estatal, resultan más incomprensibles los actos vandálicos en las sedes de cuatro partidos políticos y otras oficinas. Como tampoco pareciera tener futuro cierto la búsqueda de «instancias federales para resolver el conflicto», cuando según Morán Hernández «quien decidió esta reforma fue el gobierno federal».
La educación es un tema vital como para dejarlo en manos del gobierno, los partidos y los dirigentes magisteriales. Es preciso involucrar a más franjas de la sociedad civil.
Fuente original: Forumenlinea