AL PUEBLO DE MÉXICO: La actual «reforma educativa» que promueven los poderes formales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y fácticos (OCDE, organismos empresariales, «Pacto por México» ) del país y del extranjero, no es nueva, es la consumación de un proceso de imposición, acuerdos, pactos y alianzas cupulares en este sector, registrados en los últimos 20 años, […]
AL PUEBLO DE MÉXICO:
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La actual «reforma educativa» que promueven los poderes formales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y fácticos (OCDE, organismos empresariales, «Pacto por México» ) del país y del extranjero, no es nueva, es la consumación de un proceso de imposición, acuerdos, pactos y alianzas cupulares en este sector, registrados en los últimos 20 años, cuyo objetivo real es PRIVATIZAR la educación que imparte el Estado, para que ésta ya no responda a los intereses y fines públicos y nacionales, sino privados y extranjeros: calidad (empresarial) educativa para recalificar masivamente la mano de obra (educación por competencias), tanto en el nivel interno (maquiladoras), como externo (migración).
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Esta reforma, al igual que las otras que integran el paquete de «reformas estructurales», se está imponiendo con el uso desmedido de la VIOLENCIA institucional y extrainstitucional del Estado Mexicano, como lo demuestran: la millonaria campaña en contra de los maestros, que se propaga a través de los medios (des)informativos; el desprecio de los gobiernos y la «clase política» hacia el magisterio, a los padres de familia y los estudiantes, al no consultar este tipo de reformas que son de gran impacto para la vida nacional; la violenta agresión a los derechos laborales, sindicales, salariales, profesionales y humanos de los trabajadores de la educación, los cuales son expropiados y conculcados con las modificaciones recientes a los artículos 3º y 73 de la Constitución. Violento es también el discurso autoritario de quien ocupa el cargo de Secretario de Educación, reconocido por su complicidad en los hechos de Acteal e incumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larrainzar.
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Ante la falta de argumentos convincentes, los promotores y defensores de la «reforma educativa» recurren a la mentira permanente. Está claro que los responsables de la grave crisis estructural en la que se debate nuestro país, son ellos: la clase política y empresarial, uncidas a las corporaciones trasnacionales y sus organismos internacionales (OCDE, FMI y BM). Ellos y sus acuerdos, pactos, alianzas y reformas, son los responsables del desastre educativo, porque así conviene a sus intereses inconfesables. Lo que realmente buscan con su reforma es destruir el derecho social a la educación y los derechos del magisterio. La «reforma educativa» no suscita el consenso del magisterio ni de la sociedad en su conjunto, pues acentúa el carácter elitista y excluyente del actual modelo educativo.
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La gran mayoría de l@s maestros mexicanos hemos manifestado, a través de distintas formas, nuestro rechazo a la multicitada reforma, pues estamos concientes de las graves consecuencias que ella implica. Los trabajadores de la educación de la mano del pueblo organizado, desde cada comunidad, municipio y entidad federativa, vamos a persistir en nuestra lucha por defender y fortalecer todos los derechos sociales y conquistas de la Revolución Mexicana.
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Ante la imposición violenta de la reforma a los Artículos 3º y 73 Constitucionales, hemos recurrido a la vía del amparo para demandar la derogación de dicha reforma. De manera organizada hemos interpuesto más de 200 mil amparos en las instancias del Poder Judicial de la Federación. No estamos de acuerdo en que los amparos pretendan resolverse ignorando la grave contradicción que contiene el nuevo artículo 3º, que por un lado, nos expropia toda la carta de derechos adquiridos y por el otro el otro afirma que respetarán nuestros derechos constitucionales. Lo que es cierto es que la llamada Ley General del Servicio Profesional Docente deroga de facto toda la legislación del Apartado B (estabilidad laboral, plaza base, inamovilidad, salario remunerativo, etc.), y nos priva arbitrariamente del ejercicio del derecho humano a la libre negociación bilateral. ¡No permitiremos el despido de ningún compañero, ni que se violenten sus derechos laborales!
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A lo largo de más de 30 años y a contracorriente de la política educativa oficial, l@s maestros de la CNTE, hemos logrado importantes desarrollos regionales y estatales en el diseño y puesta en marcha de iniciativas de transformación educativa, de las cuales se han configurado planes estatales como el Programa de Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO), el Proyecto Democrático de Educación y Cultura (PDEC) para Michoacán, la Red de Escuelas Altamiranistas en Guerrero, la Escuela de Jornada Integral en el Distrito Federal, entre otros; así como el logro de recursos financieros y materiales para asegurar el carácter gratuito de la educación: libros de texto, útiles, uniformes y desayunos escolares para los alumnos; construcción, equipamiento y mantenimiento escolar, etc. Nuestro Proyecto Educativo Alternativo, surge como parte de los principios fundacionales de la CNTE: luchar por la democratización de la educación en nuestro país, entendida ésta como el acceso de todos los niños y jóvenes a una educación pública laica, gratuita, obligatoria, integral y científica, tal y como lo establece el Artículo 3º Constitucional en su versión original. Una educación pública concebida como un derecho social de todos los mexicanos y pilar fundamental para el desarrollo de la Nación y el fortalecimiento de nuestra identidad en el contexto internacional. Por todo lo anterior, la CNTE sostiene la exigencia de la asignación del 12% del PIB a la educación.
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Consecuentes con nuestro origen y pertenencia de clase, el Proyecto Educativo Alternativo de la CNTE recupera lo mejor de las experiencias de la escuela rural mexicana, de las comunidades y pueblos indígenas, pero también se nutre de los desarrollos recientes de la teoría como la filosofía de la praxis y la filosofía de la liberación, la epistemología y la dialéctica crítica, la psicología construccionista, la pedagogía crítica y de la transformación. Todo ello, bajo los principios de una educación humanista, popular y emancipadora. Los maestros de la CNTE estamos comprometidos con una formación integral y verdaderamente profesional, cercana a los intereses y problemática de nuestras comunidades. Ratificamos nuestra lucha por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano, así como la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente.
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Ante el carácter antidemocrático, autoritario y centralista de la «reforma educativa» del régimen, la CNTE reivindica los principios fundamentales de la DEMOCRACIA participativa y protagónica, empezando por la democratización del SNTE y su recuperación como instrumento de lucha por la defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores, eliminando la práctica anacrónica del «charrismo sindical»; la AUTONOMIA y la libre autodeterminación de los pueblos y entidades federativas, así como la PLURALIDAD de nuestra cultura nacional. Ante la «evaluación» (medición) educativa vertical, punitiva y discriminatoria que plantea la clase política y empresarial, nosotros reivindicamos una evaluación horizontal, democrática, integral, comunitaria, multicultural, formativa, permanente, de todo el sistema educativo. Rechazamos el llamado Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y sus consejeros recién impuestos, por su carácter burocrático y su falsa autonomía.
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Demandamos al Gobierno Federal, a la SEP, al Poder Legislativo y Judicial, derogar la «reforma educativa» e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular sobre la situación de la educación pública y las medidas para realmente mejorarla y fortalecerla. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ratifica su compromiso de participar en el debate y en la construcción de propuestas viables y pertinentes para alcanzar la justicia social en nuestro país.
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Exigimos el cese a la represión administrativa, física, psicológica y penal en contra de cualquier militante de la CNTE, particularmente en contra de los compañeros del Estado de Guerrero.
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CONVOCAMOS a todos los trabajadores de la educación básica y media superior del país, a los padres y madres de familia, a los estudiantes, a las organizaciones sociales y populares, al pueblo mexicano en su conjunto, a participar en la lucha que la CNTE promueve por la defensa y fortalecimiento del derecho social a la educación y contra la reforma regresiva a los artículos 3º y 73 de la Constitución. A preparar todos el PARO INDEFINIDO DE LABORES (como ya se desarrolla en los estados de Guerrero y Michoacán) y el PARO CIVICO NACIONAL contra «las reformas estructurales» del régimen y por el rescate de la Nación.
V CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION ALTERNATIVA DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION
México, DF., 27 de abril de 2013