El 27 de Mayo de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto anunció la instalación del Comité Nacional de Productividad ante distintos organismos e instancias del país, supuestamente en atención a un mandato de la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) que se debe cumplir a cabalidad. Surge entonces la necesidad de comprender qué se entiende […]
El 27 de Mayo de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto anunció la instalación del Comité Nacional de Productividad ante distintos organismos e instancias del país, supuestamente en atención a un mandato de la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) que se debe cumplir a cabalidad.
Surge entonces la necesidad de comprender qué se entiende por productividad y en qué contexto socioeconómico y laboral se hace la propuesta gubernamental.
En este artículo sintetizamos la concepción oficial del gobierno, que por supuesto refleja la del empresariado, para, en un segundo apartado, exponer nuestra propia concepción de dicho concepto para finalmente mostrar los mitos y límites de la propuesta en el contexto del desarrollo y de la crisis del capitalismo dependiente mexicano, así como sus efectos fundamentalmente negativos en el mundo del trabajo.
El discurso del presidente recoge la concepción expuesta por los titulares de las Secretarías de Hacienda (en tanto coordinadora del Comité) y del Trabajo (actuando como Secretaría Técnica del mismo) en relación con el concepto de productividad, por tanto, expresando el punto de vista del ejecutivo. El presidente dijo que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo la productividad «…es el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales, que concurren en la elaboración de bienes o de prestación de servicios. Es decir, la productividad es la eficiencia con la que un país, una industria o una empresa utilizan sus recursos para producir. Ser más productivos no significa trabajar más. Significa trabajar mejor. Es trabajar con mayor inteligencia. Es hacer más con los recursos que se tiene. Un trabajador más productivo no necesariamente es el que trabaja más horas. Es el que obtiene mejores resultados y, en consecuencia, va a ganar más por su trabajo. La productividad define la capacidad de crecimiento de una economía. Si aumenta la productividad, también aumenta el dinamismo económico y los salarios reales, que ese, más bien, es el objetivo central de la política económica…»
Enseguida el presidente sostiene que con el aumento de la productividad se asegura el «crecimiento sostenido de la economía», lo que, deberá traducirse en «mayores ingresos para las familias mexicanas, para cada trabajador». Ello, sin embargo, no implica trabajar más, sino que lo más importante es «…el entorno donde se desenvuelve, sea en el ámbito privado, sea en el ámbito público, pero especialmente trabajando para una empresa o haciendo o teniendo un negocio propio, (y) las condiciones con las que despliegue su trabajo le permitan ganar más por su actividad».
Los trabajadores de negocios pequeños, medianos o grandes aseguran mejores ingresos si logran reunir las siguientes condiciones con las que realizar su trabajo: acceso al crédito, al uso de nuevas tecnologías, de nuevas capacidades para producir, mantenerse constantemente en programas de capacitación para optimizar el tiempo de dedicación al trabajo.
Extrapolando lo anterior, el presidente sin más explicación que el dogma de fe asegura que «Cuando crece la productividad, podemos afirmar de manera categórica, disminuye la pobreza, las ineficiencias e, incluso, el impacto de la actividad económica, también se ve reflejado en el respeto al entorno y medio ambiente. Cuando, además, se democratiza la productividad, se potencia el desarrollo regional y se reduce la desigualdad. Vayamos a los hechos. El débil crecimiento que ha tenido México en los últimos años se puede explicar en buena medida por la evolución de esta variable».
Enseguida realiza una conclusión sorprendente, por no decir, sacada de la manga para salir del paso, dice: «Después de una expansión considerable que México tuviera en los años 50, entre 1950 y 1980, la productividad desde entonces ha venido cayendo en las últimas tres décadas. Y, con ello, la posibilidad de elevar la calidad de vida de las familias mexicanas… Si en los últimos años los índices de productividad hubiesen sido similares a los que ha tenido Corea, nuestro Producto Interno Bruto, es decir, nuestra capacidad de generar riqueza, por la generación de productos y de servicios, sería cuatro veces mayor a la que hoy tenemos…y el número de mexicanos en pobreza sería 86% menor». Pero como esto no ha ocurrido, entonces, «El que estemos teniendo crecimiento, pero no a tasas mayores, ¿por qué no hemos logrado revertir de manera real y no sólo con paliativos, la pobreza de nuestro país? La respuesta es muy simple. Porque no hemos sido suficientemente productivos, porque esta variable, la forma de medir la productividad en los últimos 30 años, ha decrecido» (sic). La panacea, por consiguiente, para revertir y superar esa situación es justamente el aumento de la productividad con cargo en la mayor explotación de la fuerza de trabajo. Sería recomendable que el ejecutivo federal indagara la situación de desempleo, pobreza, explotación y desigualdad que priva en la nación asiática (Corea del Sur) al influjo de la crisis mundial, a pesar de sus altos niveles de productividad en gran parte condicionados por su dependencia con Estados Unidos.
Para aumentar la productividad es necesario usar nuevas tecnologías, innovar procesos productivos y rentabilizar los recursos y crear empresas más eficientes.
De lo anterior se expone esta conclusión:
a) Estados o entidades del país que han sido más productivos han logrado tener un mejor crecimiento, y una enorme asimetría contra aquéllos que no mantienen esta condición.
b) Estados o entidades menos productivas poseen rezagos y menores tasas de desarrollo económico, al mismo tiempo que simetrías con respecto a los primeros.
Supuestamente el objetivo perseguido es «democratizar la productividad; que todo el país se beneficie de las políticas particulares, focalizadas, que habremos de impulsar, precisamente para que en todo México haya mayor productividad». En suma, «Democratizar la productividad» significa «abrir espacios y oportunidades para que todos los mexicanos puedan elevar su ingreso real» y permitir «…hacer realidad una sociedad más justa, equitativa e incluyente, con una amplia y consolidada clase media». No se sabe para qué se quiere una «clase media».
Por último, se contempla realizar un viejo anhelo del capitalismo neoliberal consistente en «Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen el ingreso de los trabajadores a la productividad».
Para coronar la propuesta gubernamental se hace hincapié en la necesidad de vincular la productividad con las «reformas transformadoras que se están concretando, en el marco del Pacto por México» que permitirán impulsar la productividad y el crecimiento económico del país. Por supuesto que se refiere a las reformas hacendaria, fiscal y energética de signo privatizador.
No es la primera vez que se hacen planteamientos semejantes en relación con el tema de la productividad; se puede, asegura, que todos los gobiernos en algún momento lo han hecho. Lo novedoso en todo caso radica en que esta propuesta resulta a posteriori de la implementación de las reformas laboral y educativa de signo neoliberal que se acaban de aprobar con el concurso de la partidocracia mexicana y que le confiere un contenido netamente neoliberal al mecanismo de productividad que se acaba de esbozar.
En los últimos años en México, y en otros países del mundo, se ha desatado una fiebre por elevar y medir la productividad del trabajo. Sin embargo, hay ambigüedad conceptual explícita por parte de las empresas, de los gobiernos y los sindicatos (corporativos y pro-empresariales) respecto a lo quese entiende por productividad, los medios para cuantificarla y su contexto socioeconómico e histórico-estructural.
Generalmente, al lado de la proclama de buenas intenciones («realización del ser», «bienestar de la familia», «mejoramiento de los salarios y de las percepciones») y presuntamente humanitarias, que se exponen en los manuales empresariales de productividad (alcanzar el bienestar del trabajador, reunificar su saber-hacer, dignificarlo y elevar sus condiciones materiales y espirituales, etc.), el verdadero objetivo empresarial consiste en aumentar los beneficios del capital (su tasa de ganancia, la expansión de las empresas, alta competitividad en la cotización de la Bolsa de Valores) a partir de la mayor explotación del trabajo, ya sea mediante incrementos efectivos de la intensidad o, bien, mediante la prolongación de la jornada laboral y reducciones salariales sistemáticas que lesionan el valor de la fuerza de trabajo.
La cuestión de la productividad del trabajo pone el dedo en el corazón de la problemática contemporánea del capitalismo, inclusive, del estadounidense y, en general, del avanzado: el de la creación de (nuevo) valor y de plusvalía, como condición imprescindible para elevar la productividad del trabajo, si por ésta entendemos, con Marx, que con el mismo esfuerzo el obrero, en interacción con la tecnología, logra producir en el mismo o menor tiempo una masa mayor de riqueza o valores de uso. Claro que el capital impone la condición de que, manteniendo la jornada de trabajo sin variaciones substanciales en el largo plazo, ese aumento de la productividad vaya acompañado de una reducción considerable del tiempo de trabajo en que el obrero reproduce el valor social de su fuerza de trabajo, aún sin considerar el aumento de la intensidad. El problema aquí es que, para que ocurra lo anterior, el desarrollo tecnológico tiene que afectar a ramas productivas que incidan, directa o indirectamente, en la composición del valor de la fuerza de trabajo. Esta idea la desarrolla Marx en El Capital, apuntando que hay dos formas de la producción de la plusvalía relativa: cuando el incremento tecnológico afecta directamente a ramas productivas que producen medios de vida para los trabajadores («bienes salario») o indirectamente, cuando dicho desarrollo tecnológico se produce en ramas y sectores productivos que, a través de las cadenas de producción y de trabajo, van a afectar finalmente a ramos productores del sector II de la economía, es decir, a los medios de consumo y, particularmente, a los que determinan el valor de la fuerza de trabajo, por ejemplo: vestuario, alimentos, calzado, madera, etc. Formas que, por cierto, ignora completamente la propuesta de productividad del gobierno federal. Pero si el aumento de la capacidad productiva del trabajo no afecta a las ramas productoras de los bienes necesarios para la manutención del obrero, entonces el valor de la fuerza de trabajo no experimenta modificación alguna. En cambio «… Si se da en las ramas que no suministran medios de vida necesario y medios de producción para fabricarlos, el aumento de la capacidad productiva deja intacto el valor» (Marx,El capital, vol. I. FCE, México, 2000, p. 252-253).
Hasta ahora, más que en la productividad, vía desarrollo tecnológico, esta estrategia ha reposado en la desreglamentación laboral, la precariedad y en la flexibilidad del trabajo en los segmentos y áreas del proceso productivo donde estos métodos se han traducido en notables disminuciones de los costos de producción y en efectivos incrementos de los beneficios empresariales. Es evidente que la actual reforma laboral implementada por el gobierno priísta coadyuva enormemente al logro de este resultado y, aún, se va a reforzar mediante los aumentos de productividad del trabajo contemplados en los lineamientos del Comité Nacional de Productividad .
Solo para ilustrar la distancia abismal que separa a la concepción oficial del gobierno federal de la realidad histórico-estructural y contemporánea que imposibilita a México y, en general, a los países dependientes a asentar su desarrollo hegemónicamente en la productividad del trabajo, o sea, en la plusvalía relativa, señalamos los elementos más generales de esta condición.
1. Desde un principio estos países históricamente contribuyeron a apresurar la transición del plusvalor absoluto al relativo en los países desarrollados del capitalismo clásico (Inglaterra) en la época de la revolución industrial específicamente.
2. En la actualidad los países dependientes, no importa su «grado de desarrollo» (incluso aunque pertenezcan al selecto grupo de los BRICS, como Brasil), siguen transfiriendo valor y plusvalor a los países capitalistas hegemónicos configurando el fenómeno del intercambio desigual que transfiere valor y plusvalor a los centros.
3. La tesis central que se deriva de lo anterior radica en el hecho de que, a diferencia de los países avanzados que sustentaron su desarrollo histórico en la producción de plusvalor relativo a partir del constante incremento de su productividad (a lo que, por cierto, coadyuvó la inserción de América Latina), en los países dependientes, por el contrario, el desarrollo capitalista se sustentó preferentemente en la superexplotación de la fuerza de trabajo la cual hasta la fecha es hegemónica y constantemente bloquea el desarrollo y generalización de la plusvalía relativa. Aclaremos que entendemos por superexplotación del trabajo, de acuerdo con Marini, la articulación eficaz entre la prolongación de la jornada de trabajo (plusvalor absoluto), su intensificación (plusvalor relativo) y, particularmente, la expropiación de parte del fondo de consumo de los trabajadores que se convierte en una fuente adicional de la acumulación de capital (Dialéctica de la dependencia, ERA, México, 1973, pp. 40-41).
Por ello, la diferencia más sobresaliente entre las economías del capitalismo avanzado y las dependientes consiste en que, en éstas, la superexplotación se configura -y funciona- bajo la égida de procesos de producción y de trabajo fundados en el plusvalor absoluto, en la intensificación del trabajo y, por último, en la reducción del fondo de consumo obrero. En el capitalismo avanzado, por el contrario, la superexplotación se circunscribe a los ciclos dominantes del capital -que funcionan en términos regionales e internacionales-, y opera bajo la hegemonía del plusvalor relativo; al incesante aumento de la capacidad productiva del trabajo, la aplicación de la ciencia y la tecnología a los procesos productivos y de trabajo y, por último, a las dinámicas internas de los mercados de consumo que reclaman cierto poder de compra de las clases trabajadoras que los dinamicen, aunque en muchas fracciones de ellas se estén reduciendo sus niveles salariales configurando poblaciones trabajadoras de bajos salarios, pobres, precarias, polivalentes, con bajo poder de compra y acceso limitado para adquirir los satisfactores básicos para la vida.
Este es el contexto histórico estructural en que se inserta la propuesta de productividad del gobierno federal, que no altera esta división internacional del trabajo, sino que, por el contrario, la refuerza; por lo que todo intento de incrementar la productividad, es decir, la plusvalía relativa, no hará otra cosa que profundizar la superexplotación del trabajo.
A pesar de los cambios verificados en México desde la época de la industrialización sustitutiva de importaciones y los posteriores registrados durante todo el período neoliberal, es esta realidad la que explica los efectos de estos cambios que se han traducido en precarización del trabajo, disminución de los salarios, de las prestaciones y de los empleos productivos; pérdida de los derechos y de las conquistas históricas de los trabajadores; aumento de la movilidad laboral a través de la subcontratación; despidos definitivos; reducción o pérdida de la materia de trabajo (sobre todo cuando ésta la monopolizan las grandes empresas nacionales y transnacionales, en muchos casos contraviniendo y violando los preceptos constitucionales de las naciones); despidos y recontratación de trabajadores bajo nuevas normas y condiciones contractuales disminuidas y, por último, incrementos notables en la intensidad del trabajo y aumento ordinario y extraordinario de la jornada laboral a través de diversos procedimientos como son horas extra, sistema de turnos, remuneración del trabajo por debajo de su valor real, violación de las normas jurídicas, etc.
No es casual, por tanto, que se esté publicitando en los medios de comunicación que el trabajador que más horas trabaja dentro de los países miembros de la OCDE sea el mexicano, pero que, al mismo tiempo, ¡y no por casualidad!,sea justamente el que menos gana por su trabajo. Sería interesante saber qué propone el gobierno para revertir esta injusta situación y cómo se resolvería con el dichoso aumento de la productividad del trabajo, es decir, de la plusvalía relativa vía incremento de la explotación del trabajo articulada con el uso de tecnología.
En el capitalismo dependiente todo aumento de la productividad del trabajo se despliega fundamentalmente en los sectores y ramos de la economía perteneciente a la ramas productoras de artículos suntuarios -es decir, los que están fuera del consumo de la mayoría de los trabajadores- y a aquéllas que se desdoblan al mercado mundial, porque es en estos sectores donde opera preferentemente la formación de la ganancia extraordinaria, la que actúa como imán para atraer masivamente a las inversiones de capital privado nacional y extranjero.
Las ramas que producen para el mercado de consumo popular donde intervienen los salarios, históricamente están deprimidas, estancadas o en proceso de extinción, particularmente, por la absorción y competencia que hacen los grandes monopolios y oligopolios trasnacionales que operan en el país, por ejemplo WalMart, Soriana franquicias como Oxxo y otras.
El aumento de la productividad a través de la interacción entre tecnología, materias primas y fuerza de trabajo tiene que incidir en las ramas de producción de bienes de consumo corriente para que produzca el efecto de reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y, por esta vía, reducir el valor de la fuerza de trabajo. Este es el mecanismo clásico de la plusvalía relativa sobre cuya base se desencadenó la revolución industrial en Inglaterra; continuó con el fordismo-taylorismo y, hoy, se articula en los países del capitalismo avanzado con el sistema de producción y organización del trabajo de naturaleza toyotista.
Pero aunque hipotéticamente se produjera esta situación, es decir, la desvalorización de la fuerza de trabajo a partir de la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción no necesariamente los precios de las mercancías tendrían que reducirse como mecánicamente supone el ejecutivo federal. Esto depende, en todo caso, de la manipulación de precios que particularmente los grandes monopolios realicen en la consecución de apropiación de ganancias extraordinarias. Esto es muy frecuente en industrias altamente monopólicas como la automotriz y de las telecomunicaciones donde, a pesar de evidentes incrementos en su productividad, sin embargo, no opera en el mediano o largo plazos una reducción de los precios al consumidor.
En México, y en las economías dependientes, todo aumento de la productividad social del trabajo se desencadena en las ramas suntuarias de la economía y se desdobla al mercado interno de altos ingresos donde opera la demanda efectiva de la sociedad y hacia el mercado mundial vía capital privado exportador o a través de las empresas trasnacionales que son justamente quienes monopolizan la tecnología y sus innovaciones, la ciencia y el conocimiento, las patentes, la propiedad industrial e intelectual, etc., mientras que, de manera subordinada, también participa el capital privado de origen nacional y, en último lugar, el Estado neoliberal ya sea de manera directa o indirecta.
De cualquier manera resulta una ilusión o francamente una falsedad pensar que el incremento de la productividad va a sacar adelante a la economía del país, mejorar las condiciones de vida de la población y contribuir al aumento de los salarios de los trabajadores. Por el contrario, es preciso no perder de vista que en una economía dependiente como la mexicana, donde opera estructuralmente la superexplotación del trabajo, los bajos salarios, la pobreza y el desempleo, todo aumento de la productividad del trabajo necesariamente fortalece este régimen en escala ampliada. Lo que quiere decir que, para que dichos incrementos se reviertan en favor de la población y de los trabajadores necesariamente se tendría que superar el estatus dependiente y subdesarrollado de la economía del país. Pero como esto no va a ocurrir dado el actual régimen político y económico neoliberal reforzado por las políticas que están imponiendo el gobierno, la burguesía y los organismos monetarios y financieros internacionales como el FMI y el BM, será necesariamente una poderosa alianza de las clases proletarias y trabajadoras del país la que tendrá que tomar la batuta para echar abajo el régimen de superexplotación del trabajo, superar la dependencia y el atraso y construir una nueva senda del desarrollo económico y social alternativo acorde con sus intereses, demandas y objetivos estratégicos.
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