Familias indígenas viven en permanente amenaza por presencia de grupos armados vinculados al partido de gobierno. Los patios frente a las casas del Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en el sureño estado de Chiapas, están regados de granos de café. Desde octubre pasado los habitantes de esta comunidad indígena maya tzotzil, enclavada en […]
Familias indígenas viven en permanente amenaza por presencia de grupos armados vinculados al partido de gobierno.
Los patios frente a las casas del Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en el sureño estado de Chiapas, están regados de granos de café. Desde octubre pasado los habitantes de esta comunidad indígena maya tzotzil, enclavada en un rincón de los Altos de Chiapas, han empezado a cosechar los frutos que ahora están secando bajo el sol.
El 17 de enero, tras cinco meses de destierro, 14 de las 17 familias católicas desplazadas de la comunidad decidieron regresar al Ejido Puebla acompañadas por observadores internacionales.
«En abril del 2013 los presbiterianos derrumbaron la ermita que estábamos construyendo y en julio del 2013, sin tener pruebas, el comisariado ejidal del PRI [el gobernante Partido Revolucionario Institucional] Agustín Cruz Gómez acusó a los dos zapatistas del pueblo de haber envenenado el agua del tanque comunal. Desde entonces los priístas empezaron a acosarnos», explica a Noticias Aliadas Nicolás Cruz Pérez, vocero de los desplazados. «Hoy regresamos a nuestra comunidad, y encontramos a nuestras parcelas y casas saqueadas».
Las familias desplazadas del Ejido Pueblo -bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), e integrantes del Pueblo Creyente y de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, organizaciones católicas filozapatistas- se refugiaron en la comunidad de Acteal donde en diciembre de 1997 unos 300 indígenas tzotziles de Las Abejas, como popularmente se le conoce, fueron atacados por unos 100 milicianos del grupo Máscara Roja, afiliado al PRI. Asesinaron a 45 personas: 9 hombres, 15 niños y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas.
La región era entonces sacudida por la violencia paramilitar que se desató tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994 en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y los hacendados organizaron grupos de choque para enfrentarlo.
Convivir con asesinos Según la petición presentada en el 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), admitida recién en noviembre del 2010, efectivos de la Policía de Seguridad Pública se encontraban a 200 m de la ermita y no hicieron nada por impedir la masacre. Además, denunciaron la existencia de una política de Estado -que siempre ha negado su responsabilidad en la masacre, justificando los hechos como el resultado de conflictos religiosos entre grupos indígenas- «encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ejecutados por grupos paramilitares financiados, adiestrados y protegidos por las mismas autoridades nacionales, para debilitar las bases del EZLN y las comunidades que le habrían manifestado su simpatía».
De los 75 paramilitares de Máscara Roja encarcelados por la masacre de Acteal, 69 fueron liberados a partir de agosto del 2009 por irregularidades en el debido proceso, como haber detenido a los presuntos culpables sin orden de aprehensión. Muchos de ellos han regresado a la zona y, según denuncian Las Abejas, podrían nuevamente atacar.
«Algunos paramilitares que participaron en la masacre de Acteal son originarios del Ejido Puebla. Uno de ellos es Jacinto Arias, que en esa época fue presidente del Municipio de Chenalhó; estuvo en la cárcel 14 años, hoy está libre y regresó a la comunidad», denuncia a Noticias Aliadas Víctor Hugo López Rodriguez, director del Frayba, quien considera que existe un vínculo entre el regreso de Arias y el desplazamiento de las familias de esa localidad.
También los pobladores de la zona Selva Norte de Chiapas, a unos 200 km al norte de Acteal, deben convivir con los asesinos de sus propios familiares: los paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia que operan en la zona desde la década de 1990. Según el testimonio que Armando Díaz, ex paramilitar de esa agrupación, brindó al Frayba en el 2004, esta milicia irregular se presenta públicamente como una organización de trabajadores agrícolas y por eso recibe subsidios oficiales, que en realidad utiliza para la compra de armas.
Guerra de baja intensidad Entre el 6 y 7 diciembre del 2013 en la comunidad chiapaneca de Susuclumil se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) -tribunal no gubernamental internacional, cuyo fin es denunciar a los autores de violaciones a los derechos humanos aunque sus decisiones no son vinculantes- en su capítulo dedicado a la guerra de baja intensidad en Chiapas.
En su intervención frente al TPP, el abogado del Frayba Pedro Faro aseguró que entre 1995 y 1999 -periodo en que estas milicias fueron más activas-, Desarrollo, Paz y Justicia y otras agrupaciones paramilitares fueron responsables de 81 ejecuciones extrajudiciales, además de causar la desaparición de 36 personas y el desplazamientos de más de 3,500 pobladores de las comunidades de los alrededores de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, en la parte norte de Chiapas.
Según Faro, el plan contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional llamado «Campaña Chiapas 94» se incubó primero en esta zona y se desarrolló luego en Los Altos de Chiapas, privilegiando «la acción paramilitar con el fin de evitar la influencia expansiva del EZLN, cometiendo ataques sistemáticos contra la población civil.
Los grupos paramilitares, constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al PRI cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, robos, quemas de casas y desplazamientos forzados».
A partir del 2000, continúa Faro, con la llegada al poder del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la estrategia contrainsurgente cambió y se concentró sobre todo en la implementación de proyectos asistencialistas gubernamentales que tenían como objetivo dividir las comunidades y comprar a sus dirigentes.
El TPP, cuya próxima audiencia se llevará a cabo en mayo del 2014 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, concluyó que el Estado y las Fuerzas Armadas mexicanas son responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chiapas a partir de 1994, tras el levantamiento del EZLN, por brindar cobertura y apoyo económico a los paramilitares.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6976