La dirigencia de lo que un día fue el Pacto de Unidad, es decir, las tres organizaciones campesinas y las dos organizaciones indígenas originarias, estas últimas divididas por la intervención gubernamental, se ha apresurado, sin consultar a sus bases, sin previas asambleas, simplemente por comedida, a apoyar al gobierno y a la jerarquía castrense en […]
La dirigencia de lo que un día fue el Pacto de Unidad, es decir, las tres organizaciones campesinas y las dos organizaciones indígenas originarias, estas últimas divididas por la intervención gubernamental, se ha apresurado, sin consultar a sus bases, sin previas asambleas, simplemente por comedida, a apoyar al gobierno y a la jerarquía castrense en la crisis militar, puesta en evidencia por la asonada de los suboficiales. Los argumentos son de libreto: defensa del «proceso» contra el golpe militar en ciernes. Se nota en esta alocución no solamente una repetida mecánica discursiva, pronunciada con falta de ingenio, pues no se les ocurre otra cosa que acusar de sedición, sino también la asombrosa desconexión con lo que ocurre. Incluso si quisieran defender al gobierno en su diletantismo, en su regresivo comportamiento, se debe tener, de alguna manera, una conexión con lo que acaece. Empero, parece que la dirigencia cooptada, que ya no responde a las bases sino a las instrucciones del ejecutivo, levita en las nubes de la propaganda, cumpliendo un papel patético de subordinación y llunk’iriu.
Esta dirigencia cooptada habla de defender la Constitución. ¿Qué clase de defensa es esa? La constitución establece como sistema de gobierno la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, comunitaria y representativa. La constitución establece la construcción colectiva de la ley, de la decisión política y de la gestión pública. Lo que piden los suboficiales es que mínimamente, aunque sea por aproximación, se den pasos hacia este cumplimiento y mandato constitucional. La reacción del gobierno, de la jerarquía militar y del Estado-nación es represiva, se ha dado de baja a más de setecientos suboficiales. ¿Esta es una defensa de la Constitución? ¿La dirigencia sabe de lo que habla, ha leído la Constitución, la ha entendido?
El Estado plurinacional supone la muerte del Estado-nación, las transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas; implica el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la transformación plurinacional, intercultural y comunitaria configura un ejército popular, cuya matriz es el pueblo armado. Ciertamente en este ejército popular desaparecen las jerarquías y estratificaciones raciales. No comprender esto es hablar de la Constitución sin ton ni son, en la práctica aniquilar el nacimiento de la mariposa, la construcción del Estado plurinacional. Esta dirigencia es la expresión más patética de la colonialidad cristalizada en los huesos. Su sumisión al poder, su apego y obediencia a la institucionalidad colonial vigente en el Estado-nación restaurado, su inclinación por el beneficio personal, su corrosión moral y prácticas prebendales, comprometida por corrupciones, desvío de fondos, hablan elocuentemente de la reiteración del comportamiento colonial del colonizado; el deseo del amo, de ocupar su lugar. Esta dirigencia es el brazo social de un gobierno entrabado en su crisis, un gobierno que recurre a la represión en su desesperación; que recurre a la demagogia buscando convencer, pero solo lo hace con los convencidos. Esta dirigencia, en plena crisis de representación, pues no responde a la representación orgánica, conformada por una democracia comunitaria, por la selección consensuada y en asambleas, sino al dedo digitado desde el gobierno, es la que se lanza contra la rebelión de los suboficiales. Es la misma dirigencia que se estrelló contra las comunidades indígenas del TIPNIS, es la misma dirigencia que avaló las leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno; seguramente también va avalar la Ley Minera, que ha sido declarada por el propio presidente como una traición a la patria, aunque después el mismo presidente reculó, dejando que sólo se discuta el artículo 151 y otros más, cuando toda la Ley vulnera la Constitución y atenta contra la propiedad de los recursos naturales de los y las bolivianas.
¿Qué valor tiene lo que dice esta dirigencia? Sólo el valor de toda amenaza, blandiendo el chicote contra toda crítica al gobierno y a los que han usurpado el «proceso de cambio». El contenido de lo que expresan no puede ser más colonial. Su apego a la institucionalidad colonial es manifiesto. Tendrían que mover camiones de gente, pagados por el gobierno, de una manera no orgánica, pues saltarían toda la estructura orgánica de las organizaciones sociales; traerlos a la sede de gobierno y enfrentarlos a los hermanos suboficiales y sus esposas. ¿Qué sentido tiene esta amenaza? Es de todo reaccionaria; se coloca del lado de los que se oponen a la descolonización, a las transformaciones estructurales e institucionales. La dirigencia es parte del contra-proceso y de la vulneración sistemática a la Constitución.
Ante este panorama lamentable de las representaciones sociales, es indispensable exigir congresos orgánicos, abrir el debate y la evaluación del «proceso» en las comunidades, en las subcentrales, en las centrales, en las federaciones y en las confederaciones. Esta dirigencia es un peligro para la «defensa del proceso»; corroe la fuerza social, la cohesión de las organizaciones, evita la formación y el aprendizaje colectivo de la experiencia del periodo y de las coyunturas, desarma de la crítica a las comunidades y a los sindicatos. En el momento de exigencias, de peligro, las fuerzas sociales estarán tan carcomidas que no habrá oportunidad de defender lo que queda del «proceso». Los y las llun’kus se esfuerzan por mostrarse tan serviles y obedientes, creen que con esto, con decir que defienden el «proceso», lo hacen, cuando ocasionan todo lo contrario. Son las termitas que se comen la madera con la que hay que construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Usando el viejo lenguaje de la política, que se define identificando al enemigo, podemos decir, como metáfora, que esta dirigencia, sumada al llunk’iriu de los funcionarios y militantes, de los asambleístas legislativos, es el enemigo dentro de casa. Son los sepultureros internos del «proceso de cambio».
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