¿Qué sentido tiene salir a las calles cada año a gritar 2 de octubre no se olvida? Pueden existir muchos motivos, pero existe uno fundamental, expresarle enérgicamente al Estado mexicano, que no estamos dispuestos a permitir otra vez una masacre como la ocurrida aquel atardecer de 1968. Pero la memoria del ayer, resulta demagógica cuando […]
¿Qué sentido tiene salir a las calles cada año a gritar 2 de octubre no se olvida? Pueden existir muchos motivos, pero existe uno fundamental, expresarle enérgicamente al Estado mexicano, que no estamos dispuestos a permitir otra vez una masacre como la ocurrida aquel atardecer de 1968. Pero la memoria del ayer, resulta demagógica cuando no puede expresarse en los hechos concretos del presente.
Este dos de octubre, la historia nos alcanzó, todo el discurso de Estado que pretendía hacer pasar dicha fecha emblemática como un hecho irrepetible en el supuesto México democrático de hoy, ha sido superada por la realidad, este dos de octubre, nos despertamos con la desesperación de exigir la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos el pasado viernes en Iguala Guerrero y exigiendo también justicia para los caídos en esta masacre realizada apenas la semana pasada.[2]
Es por ello que resulta muy importante enlazar históricamente los hechos y comprender que la lucha, ayer como hoy, es contra un Estado que es capaz de sacrificar la vida de los jóvenes estudiantes y rebeldes con el propósito de salvaguardar los beneficios de la minoría que se enriquece día con día con el trabajo del proletariado y los campesinos mexicanos.
Así pues, podemos preguntarnos: ¿Cuándo empezó la masacre del 2 de octubre? No, no fue exactamente a las 6 de la tarde, esa masacre empezó desde antes, no fue necesariamente con una masacre masiva. El Estado mexicano, mucho antes de 1968, ya había criminalizado la rebeldía estudiantil, ya había hecho muchísimos esfuerzos por convencer a la sociedad mexicana que un estudiante rebelde era un delincuente que debía ser castigado incluso con su vida o con lesiones o con la pérdida de su libertad. Mucho antes del dos de octubre, el Estado mexicano ya había asesinado estudiantes, no solo de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional, lo había hecho en varios estados de la República mexicana, un antecedente muy claro había sido durante el movimiento estudiantil de 1966 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Por ello es muy importante señalar al Estado mexicano como el responsable, más que a algún partido en particular o bien a alguna institución. Durante los sesenta, el discurso de Estado, respaldado por otras instituciones reaccionarias como la Iglesia católica, insistían en presentar a los estudiantes rebeldes como guerrilleros, agitadores que buscaban desestabilizar al gobierno influidos por el comunismo internacional, como si sólo por ser comunistas, o sólo por defender un tipo de educación que atendiera primordialmente a las clases explotadas, se estuviera cometiendo un delito que ameritara la muerte.
A estas alturas, no pierde vigencia recordar lo ocurrido en la Plaza de las Tres culturas de Tlatelolco, pero sí ha perdido impacto, porque el día de hoy, señalar el hecho y lamentarse por él, es, por decirlo así, un lugar común en el discurso político, cualquier personaje político, ya sea del PRI, del PAN o del PRD, sabe que tiene que rendir homenaje a los caídos del 68, pero eso de ninguna manera los lleva a comprometerse a tratar con respeto a los estudiantes de hoy, incluso, por el contrario, los mismos burócratas de Estado, suelen decir que «el movimiento del 68 fue injustamente reprimido porque era un movimiento legítimo, a diferencia de los movimientos estudiantiles contemporáneos» ; algo parecido a lo que ha caracterizado la ideología de un Estado, el mexicano, en donde se glorifican las luchas del pasado y se sancionan las del presente.[3]
Desde hace varios años, el Estado mexicano ha emprendido una guerra abierta contra los estudiantes y maestros que se declaran en rebeldía en contra de la tendencia dominante de la educación burguesa en México, son tildados de enemigos de la calidad educativa, de ser culpables por el atraso educativo del país, de vándalos, de delincuentes. Esta campaña, tal como ocurría en los sesenta, ha contado con la participación de la prensa, de policías municipales, estatales y el aparato represivo federal, también con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica, de los sectores conservadores y directamente de la burguesía, quien repetidamente ha clamado por la represión en contra de los estudiantes.
Sin duda, la represión se ha agudizado en contra de los estudiantes más pobres, los de origen proletario y campesino; en los últimos años, se han registrado un sinnúmero de agresiones en contra de los estudiantes de las Normales Rurales, desde el cierre de la Normal Rural del Mexe en Hidalgo, pasando por un sinnúmero de hechos represivos como los ocurridos en Mactumatzá Chiapas, Tiripetío Michoacán y Ayotzinapa Guerrero. También está el antecedente de la represión cometida contra los moradores de las Casas del Estudiante en la UMSNH en abril de 2012. En suma, el Estado mexicano se ha valido de un sinnúmero de métodos para justificar la violencia brutal contra estudiantes; golpizas, hostigamiento sexual, prisión y muerte.
La masacre brutal cometida por policías municipales de Iguala Guerrero, actuando en descarada mancuerna con los sicarios del narcotráfico, de ninguna manera ha sido el principio de esta situación, y si no se detiene, tampoco será el final de una práctica represiva.
¿Puede alguien creer en estos momentos, que lo ocurrido en Iguala fue un acto excepcional? Sólo si se piensa con ingenuidad, es evidente que ha venido desarrollándose una política de Estado destinada a generar las condiciones para reeditar el asesinato y desaparición de estudiantes, como una acción «legítima» desde la perspectiva del propio Estado.
Pero más allá de eso, ¿es posible seguir creyendo que el PRD representa una oposición a la política hegemónica de Estado? Insistir en caracterizar al PRD como un partido de izquierda, ajeno a la lógica de Estado, es una necedad insostenible. Esta masacre ha ocurrido en una entidad federativa gobernada por el PRD, y en un municipio también gobernado por el PRD, un gobierno que ha negado el cumplimiento de las demandas de los estudiantes normalistas y que hoy les ha puesto una trampa mortal.
Más allá del hecho de que la lucha es larga y que debe darse en las fábricas, los campos, las colonias populares y las comunidades indígenas, es innegable que los estudiantes combativos, dinamizan el desarrollo de la lucha de clases, y por lo tanto no es ocioso que el Estado mexicano preste tanta atención en contenerla y reprimirla. Hoy, por tanto, es fundamental detener esta política asesina del Estado mexicano, si no lo hacemos, si no lo paramos ahora, en algunos años más, podremos estar lamentando hechos similares a los ocurridos en el año de 1968.
Notas
Andrés Avila Armella es Miembro del Buró Político del Partido Comunista de México (PCdeM). www.partidocomunistademexico.org Sociólogo y Dr. En Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
[2] Hasta el día de hoy, se ha confirmado la muerte de seis personas, cuatro estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y tres más entre donde están un futbolista amateur y un chofer de camión, también, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM, sigue reportando como desaparecidos 47 estudiantes más.
[3] El Estado mexicano se ha caracterizado por incorporar imágenes y frases de luchadores sociales como Emiliano Zapata, a la vez que reprime a quienes se mantienen en lucha por las mismas causas.
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