Ayotzinapa: la crisis del Estado mexicano

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

A más de un mes de la masacre de Ayotzinapa -considerada como crimen de lesa humanidad e inscrita dentro de la guerra sucia que libra el Estado contra los movimientos populares- perpetrada en la noche del 26 de septiembre de 2014 alrededor de las 21 horas por policías municipales con un saldo de seis personas fallecidas, diecisiete heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -poblado de la cabecera municipal de Tixtla de Guerrero del municipio del mismo nombre en el Estado de Guerrero, México- los hechos, causas y significados aún permanecen en la obscuridad por parte de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano: municipal, estatal y federal involucrados en el conflicto que asola al pueblo mexicano y a la opinión pública nacional e internacional.

No es una casualidad este monstruoso acontecimiento que involucra a políticos, militares y cárteles de la droga y que ha teñido de sangre, barbarie y rabia a miles de familias mexicanas inicialmente oriundas del lugar donde ocurrió la masacre en el Municipio de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero que, paradójicamente, en idioma náhuatl significa: » donde serena la noche». Hay que recordar que en este sitio se firmó el documento que reconoció oficialmente la independencia de México en el llamado Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, ocurrió la unificación de los ejércitos realista y e insurgente (Ejército Trigarante), se erigió el Estado de Guerrero el 27 de octubre de 1849 (siendo inicialmente la ciudad de Iguala su capital) y se diseñó también la bandera nacional, entre otros hechos históricos de indudable trascendencia.

La desinformación que priva en torno a los acontecimientos, propiciada por el gobierno y los medios de comunicación, es un indicativo de la intencionalidad de conferirle a la masacre contrainsurgente significados locales y personales que deslinden a las autoridades centrales del gobierno estatal y federal de toda responsabilidad en el intento de borrar el acontecimiento como crimen de Estado inscrito en la larga intencionalidad oficial de destruir las normales rurales en nuestro país que atienden alrededor del 40% de la educación básica, con énfasis particular en los sectores rurales de la población. Es evidente que este fenómeno resulta de la imposición de la reforma educativa de corte neoliberal y de sus leyes secundarias en esta materia para amoldar la política educativa de nuestro país a los intereses privados de los grandes grupos transnacionales y financieros que no requieren para nada de la formación de cuadros de profesionales, técnicos e ingenieros acordes con la demanda educativa por parte de la gran mayoría de la población.

Hasta la fecha, además del nulo esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), se ignora el paradero de los 43 secuestrados-desaparecidos, estudiantes de la combativa normal rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, de quienes sus familiares exigen su aparición sanos y salvos: «vivos se los llevaron, vivos los queremos» rezan las consigas que también han hecho suyas los distintos movimientos populares y estudiantiles que se han solidarizado y expresado su repudio ante la represión oficial responsable de estos terribles acontecimientos.

Desde la campaña electoral del PRI y de Peña Nieto hasta la implementación-imposición de las llamadas «reformas estructurales» (entre las más importantes la laboral, educativa, fiscal, de telecomunicaciones y energética), se pregonaba que en México se «gozaba» de un clima de «paz y tranquilidad» que era sistemáticamente difundido en los foros internacionales por los principales personeros del gobierno mexicano: por el secretario de Hacienda, el presidente, el de Relaciones Exteriores y, aún, por los organismos empresariales beneficiarios de dichas reformas y de las políticas neoliberales del gobierno que ha implementado en los últimos dos años, en consonancia con las que aplicaron sistemáticamente los gobiernos panistas neoliberales durante las dos últimas administraciones gubernamentales (2000-2012)..

A pesar del enorme descontento popular y social frente a la represión y a los crímenes de lesa humanidad, expresado mediante protestas en las calles, tomas de carreteras, de alcaldías municipales, manifestaciones multitudinarias (que han rebasado las 500 mil personas) como la del 22 de octubre en ciudades como la de México, Chilpancingo, Iguala, Guadalajara, Monterrey, Michoacán y en otras de la República, así como también en diversos países del mundo, demandando centralmente el esclarecimiento de los hechos, la aparición con vida de los 43 compañeros desaparecidos y el castigo a los culpables materiales e intelectuales, hasta la fecha no habido una respuesta lógica, contundente y esclarecedora que arroje veracidad sobre las causas de los acontecimientos y de los verdaderos responsables, siendo que algunos que han sido identificados como el ex-alcalde de Iguala, su esposa y el secretario municipal de seguridad (ligados al narcotráfico y dirigentes de grupos criminales) avisados por sus secuaces se dieron a la fuga sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Del mismo modo, después de una serie de especulaciones, y en negociaciones en lo oscurito como se acostumbre en la cultura política mexicana, tanto con el gobierno Federal, como con el partido al que pertenece (el PRD), se acordó que el gobernador de Guerrero pidiera «licencia» al legislativo local para separarse del cargo (23 de octubre de 2014) para, supuestamente, «contribuir» al «esclarecimiento» de los hechos ocurridos en Iguala. Es necesario aclarar que la «licencia» -que no la renuncia- es el manto y el recurso legal con que en México se encubre la corrupción y la impunidad de políticos y funcionarios gubernamentales que, por ello mismo, difícilmente llegan a ser procesados o, si esto ocurre, a los sumo, se hacen acreedores a alguna penalidad menor que tarde o temprano les permite salir de la cárcel mediante el pago de una cómoda fianza que los pone en libertad, en muchos casos, exonerados de los cargos de que se les acusó.

Es lo cierto, sin embargo, que tanto el gobierno federal, como el Senado de la República y el PRD se negaron rotundamente a declarar la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, a pesar de que había causas evidentes y suficientes como la masacre de los normalistas y de otras personas que fueron acribilladas por la policía municipal; el descubrimiento masivo de fosas clandestinas con restos humanos en la circunscripción de Iguala y en otros puntos del Estado de Guerrero, como denuncian justamente numerosos pobladores y testigos en la región. Procedía -y procede– que se decretara la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero debido también a la existencia de un clima generalizado de ingobernabilidad que amenaza frontalmente a la población por estar sistemáticamente sometida al control y a las amenazas de grupos criminales que impunemente operan en ese Estado y lo controlan tanto económicamente, como socialmente y a través de las amenazas y del terror.

De acuerdo con el Artículo 76, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, la desaparición de poderes es facultad exclusiva del Senado, y se justifica en la medida en que, por causas de orden social y/o políticas, dejan de existir los poderes públicos en un Estado de la República y el gobierno federal debe intervenir su soberanía con el fin de constituir nuevos poderes locales que sustituyan a los desaparecidos. La d esaparición de poderes no se concretó, a pesar de que la población ha denunciado sistemáticamente que siguen operando los grupos criminales y del narcotráfico en todo el territorio del Estado, prácticamente con su poder intacto hasta la fecha. Aún con los más de 10 mil efectivos que entre ejército, corporaciones policiacas y judiciales ha desplegado el gobierno para darse a la búsqueda infructuosa de los desaparecidos. Ese estado de desaparición de poderes, permitiría limpiar el estado desde la base y reconstruir los poderes en consonancia con los intereses mayoritarios de su población. Pero es evidente que la acción gubernamental no va por allí y se inclina, más bien, en ponderar la alianza desde arriba con partidos, grupos criminales, políticos, militares y empresarios que han sido los auténticos beneficiarios del proyecto autoritario-neoliberal vigente en el país para reconstruir el tejido social bajo su hegemonía.

En este contexto, en una reunión de más de cuatro horas celebrada el 02 de noviembre en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Asamblea Nacional Popular (ANM), constituida por organizaciones sociales y normalistas de todo el país, acordó exigir al gobierno federal e hizo un llamada al pueblo mexicano para que apoye las siguientes demandas:

• Presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.

• No reconocer al gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, que hasta la fecha ha sido incapaz de dar solución al conflicto y, más bien, se ha visto como parte de una estrategia del gobierno federal encaminada a postergarlo y desgastar al movimiento de protesta a la vista de las próximas elecciones del año entrante que se habrán de celebrar en el país, incluyendo al Estado de Guerrero.

• Desaparición de poderes

• Constitución de Consejos Municipales, verdaderos órganos de poder popular.

El hecho es que también el antiguo gobernador priísta y ahora ex-gobernador perredista desapareció de la escena del crimen y seguramente exculpado de toda responsabilidad arropado por su partido e, incluso, por el mismo gobierno federal quien hasta la fecha no le ha fincado responsabilidad alguna en la matanza de los normalistas, en la fuga del alcalde de Iguala y en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a pesar de ser responsable en tanto titular del ejecutivo local.

La «solución» cupular acordada entre el gobierno federal, el gobernador y la legislatura local se redujo a nombrar un «gobernador interino» que era funcionario de rango menor en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fungiendo como su secretario general y con un supuesto pasado de «izquierda». Éste inmediatamente tomó las riendas del mando del gobierno del Estado para darse a la tarea de «buscar» a los desaparecidos. Sin embargo, lo mismo que con el gobierno federal, bajo su batuta no habido ni asomo tanto de las causas de la masacre como del paradero de los normalistas que hasta la fecha siguen desaparecidos.

Ante la evidente incapacidad mostrada por el Estado mexicano para esclarecer estos acontecimientos, se ha dado la tarea a través de los medios de comunicación de distorsionar la realidad y erigir hipótesis verdaderamente descabelladas, como la de que todo se trató de un conflicto y enfrentamiento entre grupos narcotraficantes, señalando principalmente a los Rojos (a los que presuntamente pertenecerían los normalistas) y a los Guerreros Unidos que además también, ambos, operan en el Estado de Morelos y se lo disputan. Es el caso de que a los normalistas se les trató de involucrar con estos grupos delictivos : » Ahora salen que son delincuentes, todos en el pueblo los conocemos, sus papás se la pasaron trabajando toda la vida para sacarlos adelante…son inocentes y pobres, no tienen la economía para salir adelante. Solamente van a buscar la vida, sólo querían salir adelante», dijo la madre de Jorge Luis y Dorian González Parra , ambos detenidos-desaparecidos por policías desde el 26 de septiembre.

La otra versión que circula en los medios es la de que 17 de los desaparecidos normalistas eran «guerrilleros» pertenecientes al ERPI y que por eso los aniquilaron, mientras que presumiblemente el resto de los 43 permanecen vivos, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Obviamente que ambas versiones son apócrifas y evidentemente han sido intencionalmente filtradas por el gobierno a través de los medios para intentar reducir la masacre a un conflicto local de intereses entre grupos criminales.

Consideramos que la actual estrategia gubernamental tanto del gobierno federal cimentada en la doctrina de contrainsurgencia, como ahora del nuevo gobernador interino, consiste en ganar tiempo tratando de llegar infructuosamente a acuerdos con los padres de familia de los normalistas con el fin de desgastar el movimiento y convertirlo en un conflicto local que nada tendría que ver con la crisis social, política y económica del conjunto de la nación y, en particular, del Estado de Guerrero.

Después de dos años de «alegría y orgía neoliberal» por parte de los grupos empresariales privados nacionales y extranjeros, de las grandes empresas transnacionales energéticas y de las altas burocracias del gobierno federal que auguraban que, con las «reformas» llamadas «estructurales», México saldría adelante en un «clima de paz y tranquilidad» – pregonado hasta la saciedad por el mismo Presidente de la República, su Secretario de Hacienda y por el Gobernador del Banco de México-, la masacre de Ayotzinapa constituye un punto de inflexión histórica que marca la profunda crisis del poder del Estado y de sus instituciones fundamentales: el Ejército -que cada vez más se revela como una fuerza criminal contra el pueblo y la ciudadanía-; el poder legislativo, con sus partidos políticos (PAN-PRD y PRI) que son verdaderos aparatos de Estado más que un instrumento representativo de los intereses generales de la ciudadanía a la que debería obedecer su representatividad, y el poder ejecutivo, que encabeza formalmente el Presidente de la República y constituye un eslabón esencial de los intereses económicos de los grupos empresariales nacionales y extranjeros, al mismo tiempo que es fiel reflejo de los intereses geoestratégicos de la Presidencia Imperial con asiento en Washington: el poder concentrado del imperialismo norteamericano en México y en el mundo.

Las grandes y rebeldes movilizaciones desatadas a raíz de la masacre de Ayotzinapa por parte de vastos sectores del pueblo mexicano: los padres de familia, el campesinado y grupos indígenas, el estudiantado, el movimiento obrero y el magisterio crítico y no corporativo, así como sectores de académicos en las universidades y en centros e institutos de educación superior y de posgrado, serán los responsables y protagonistas para que el crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado mexicano en su sección estatal y municipal, no quede impune y, además, para convocar a una gran organización y movilización popular que plantee la refundación del Estado mexicano, de su territorialidad, de su cultura y de su población en términos de justicia, plena igualdad, solidaridad y pertenencia social en el contexto de nuevas formas de vida, de trabajo, de cultura y de convivencia con absoluto respeto de la naturaleza y de los derechos humanos y sociales fundamentales, que necesariamente habrán de trascender la esencia y la dinámica del capitalismo dependiente que opera en nuestro país y que es reproducido día a día por la clase dominante y por el Estado a través de sus medios represivos e ideológicos y de sus funcionales burocracias estatales y privadas.

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