La inminente inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el estado de Veracruz obliga a reflexionar sobre el papel que juegan este tipo de actividades deportivas en el entramado social y política de una sociedad determinada. Vaya como hipótesis la idea de que este tipo de justas, enarbolando los principios de la paz […]
La inminente inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el estado de Veracruz obliga a reflexionar sobre el papel que juegan este tipo de actividades deportivas en el entramado social y política de una sociedad determinada. Vaya como hipótesis la idea de que este tipo de justas, enarbolando los principios de la paz y la concordia entre los pueblos, funcionan en realidad como tapaderas de los conflictos entre grupos sociales al mismo tiempo que reditúan enormes ganancias, tanto a los organizadores -gobiernos y federaciones- como a las empresas locales e internacionales.
La reciente celebración del mundial del futbol en Brasil no dejó lugar a dudas de que lo que está en el centro de este tipo de competencias: el afán de lucro desmesurado, alimentado por el desplazamiento de enormes cantidades de personas para construir de elefantes blancos que sólo sirven para lavar dinero y alimentar el tráfico de influencias; pero además sirven para promover el ‘fair play’, que es exactamente lo que no existe en el mundo de los negocios y por ende tampoco en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Me pregunto si en realidad existe en las propias competencias deportivas, avaladas en este caso por corporaciones internacionales profundamente corrompidas como es el caso de FIFA.
En el caso de Veracruz las cosas no son muy diferentes. Empecemos con los negocios, columna vertebral de las justas internacionales. El cambio de uso de suelo así como la adjudicación del contrato a las empresas Casas Carpín y Constructora Ara, para albergar las villas para los atletas, fue sólo una maniobra perversa para facilitar la invasión de las constructoras a la Reserva Territorial de Xalapa. La donación de los terrenos exigía modificar el uso del suelo de 10 hectáreas, lo que provocará una mayor presión para construir en la reserva, viejo anhelo de la oligarquía local. A cambio de la donación, las constructoras se comprometieron a facilitar el uso de las viviendas para los atletas; una vez culminados los juegos se pondrían en venta. O sea, a cambio de ceder el uso de los viviendas por un mes, las constructoras se quedarían con los terrenos gratis y posteriormente podría vender las viviendas al mejor postor. Mejor ni especular sobre el monto de las comisiones pagadas por las constructoras a los generosos donantes para gozar de semejante privilegio.
Pero por si fuera poco, cien días antes de la inauguración de los JCC, el gobierno del estado decidió ponerle la cereza al pastel de los negocios privados con recursos públicos, anunciando que, para asegurar la comodidad de los atletas y toda vez que no había recursos para amueblar las villas, se les albergará en hoteles y moteles. Supongo que ante las pingües ganancias que se embolsarían las constructoras en cuestión, los hoteleros pusieron el grito en el cielo y pidieron una rebanada del pastel. Fue entonces cuando el gobierno del estado, a través de su Secretario de Turismo, anunció que los atletas se quedarían en hoteles, quebrantando así un principio de seguridad básico en la organización de este tipo de justas: la concentración de los competidores en un solo lugar para facilitar la labores de seguridad, transporte y alimentación. Una raya más al voraz tigre de los negocios.
En lo que toca a la función política de los JCC, resulta grotesco que un gobierno estatal que se ha mostrado indiferente al sufrimiento y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos a su paso por el estado de Veracruz, se convierta en el amable anfitrión de atletas provenientes de los mismos países de los cuales son originarios la mayoría de ésos migrantes. Convertido en un territorio de desapariciones, secuestros y vejaciones sistemáticas a miles de personas -locales y extranjeras- el estado de Veracruz se convertirá, como por arte de magia, en lo contrario. El gobierno del estado utilizará sin ruborizarse a los JCC como una ventana al mundo para ocultar la crisis humanitaria que viven sus habitantes, pero eso sí, con la noble intención de promover los negocios y la creación de empleos, faltaba más.
En un contexto de indignación nacional e internacional por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero y ante las maniobras para administrar el conflicto por parte del gobierno federal, la celebración de los JCC no estará exenta de movilizaciones y protestas por parte de la ciudadanía. No comprender lo anterior y asumir que como anfitriones debemos evitar manifestarnos pacíficamente para no empañar el espíritu de concordia entre los pueblos de la región es simplemente tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Se manifestarán también los atletas para protestar por el trato que se les dispensa a sus compatriotas?
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