A Manu Chao Un criminal nunca jamás se investiga a sí mismo para condenarse. Cuando se es juez y parte los dados están cargados. El cúmulo de evidencias en torno a los asesinados y desaparecidos del 26 de septiembre en Iguala parece indicar que los involucrados directa e indirectamente son los tres niveles de […]
A Manu Chao
Un criminal nunca jamás se investiga a sí mismo para condenarse. Cuando se es juez y parte los dados están cargados. El cúmulo de evidencias en torno a los asesinados y desaparecidos del 26 de septiembre en Iguala parece indicar que los involucrados directa e indirectamente son los tres niveles de gobierno. El tinglado de mentiras de la PGR y Jesús Murillo Karam se hace más visible. El cansino procurador espera que las pruebas fehacientes de quienes perpetraron tal crimen se las hagan llegar a sus manos «¡Ya me cansé!» de tantas acusaciones que ustedes inventan, podría decir una vez más Karam a los periodistas y científicos quienes afirman que los argumentos del procurador son ficticios y no responden a preguntas pertinentes para dilucidar esta matanza. Pero es la propia PGR la que debe indagar a fondo el asunto y la que debería tener las pruebas concretas, pero no ha sido así, trata de encubrir con maquinaciones la verdad del asunto.
Hasta el momento la «profunda investigación» de la PGR solamente tiene la versión de que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, dio la orden a sus policías municipales para disparar contra los estudiantes normalistas, y de que el análisis del ADN de los restos calcinados si corresponde a uno de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa asesinados.
En su edición 1989 de esta semana, Proceso destacó un reportaje de Anabel Hernández: «la noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército». A esto podemos sumar que los peritos científicos forenses argentinos afirman tajante que a ellos no les consta que los restos calcinados del estudiante asesinado hayan sido recogidos del basurero de Cocula, como afirma Karam. Más aún, «Los restos óseos exhibidos por la PGR el 7 de noviembre del 2017, corresponden a seres humanos cremados en otro lugar distinto al basurero de Cocula. Los testimonios de los acusados y la hipótesis de la PGR en relación a la posible cremación de más de cuarenta restos humanos en el basurero de Cocula entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 no tienen ningún sustento en hechos y/o fenómenos físicos o químicos naturales, de acuerdo con el análisis científico» realizado por el Dr. Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM, y M. en C. Pablo Ugalde Vélez, investigador de la UAM Atzcapotzalco [http://www.cencos.org/comunicacion/cientificos-desmienten-a-pgr].
Muy cansado, suponemos, Murillo Karam declaró: «Ojalá Proceso me traiga sus pruebas sobre Ayotzinapa». Confió en que Proceso le presente las pruebas que confirman la participación de fuerzas federales en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Dijo que no sabe de dónde salieron las evidencias recogidas en una investigación del semanario y por las que se desmiente la versión del gobierno sobre lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala. «Si alguien conoce este asunto, se lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.» ¡Por eso estoy muy cansado!, pudo haber añadido nuevamente. Nula credibilidad tiene la PGR en este caso. La misma que puede tener la honestidad de la pareja presidencial en el asunto de la «Casa Blanca», o la de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, con su casita de Malinalco. La cleptocracia haciendo de las suyas con toda la impunidad y el cinismo conferido por el poder del Estado, asociado a la defensa mediática que le hacen «periodistas» y articulistas «críticos» cochuperos.
Seguimos dentro de una corrupción absoluta de un régimen apoyado por un modelo neoliberal que requiere necesariamente del autoritarismo, la represión, la impunidad y crímenes de un narcogobierno. Desde la matanza de Tlatelolco la sombra del Ejército se proyecta ominosamente hasta Tlatlaya e Iguala «¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiese intervenido en Iguala? Hubiera apoyado a la autoridad. Qué bueno que no salió», afirmó el procurador ¿Lapsus linguae? Parece que si salió, pero no para apoyar a los normalistas ¿Por qué Murillo Karam no abre una línea de investigación sobre el ejército y la Policía Federal? ¿Por qué el gobierno federal continua con su misma política represiva y provocadora en Guerrero y en Michoacán? En esta entidad hoy más que nunca está demostrado el rotundo fracaso de una política encabezada por el «virrey» Alfredo Castillo, comisionado de seguridad de Peña Nieto. El crimen se dispara y las muertes están a la orden del día.
La reciente gresca en Chilpancingo es parte de la estrategia represiva del gobierno federal, aseguran los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Como parte de esa dinámica las autoridades y sus portavoces espurios ya habían tratado de vincular a los jóvenes con el grupo delincuencial Los Rojos. «Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella.», decía Julio Cortázar.
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