El rol criminal de las policías municipales volvió al centro de la escena en México, luego de que el Gobierno revelara nuevos datos sobre su accionar en la denominada Masacre de San Fernando en la que 72 personas inmigrantes fueron asesinadas en el 2010 y sus cuerpos hallados en fosas clandestinas. La investigación ratifica los […]
El rol criminal de las policías municipales volvió al centro de la escena en México, luego de que el Gobierno revelara nuevos datos sobre su accionar en la denominada Masacre de San Fernando en la que 72 personas inmigrantes fueron asesinadas en el 2010 y sus cuerpos hallados en fosas clandestinas. La investigación ratifica los nexos entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales, eje que se sigue en la Masacre de Ayotzinapa en la que fueron secuestradas y desaparecidos 43 estudiantes en Iguala y que aún sigue impune.
Según la Procuraduría General de la Nación (PGR), la policía Municipal de San Fernando -estado de Tamaulipas- es responsable del secuestro de los inmigrantes que fueron entregados a cambio de dinero a la organización Los Zetas, que luego fueron asesinados y enterrados en fosas clandestinas.
Los primeros cadáveres de la Masacre de San Fernando fueron encontrados en fosas clandestinas descubiertas en abril de 2011. Seis días después, los medios reportaban 59 muertos más. Los hallazgos, que se extendieron hasta finales de abril de ese mismo año, arrojaron un saldo de 193 muertos, localizados en 47 fosas clandestinas.
Los datos recientes que involucran a al menos 17 policías fueron revelados en documentos desclasificados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), a pedido del National Security Archive (NSA) -Universidad George Washington-, precisó La Jornada.
La IFAI había solicitado en enero pasado a la PGR que diese un informe detallado de cuántos restos humanos de extranjeros se hallaron en fosas clandestinas desde el año 2000 al 2013, pero el organismo estatal evadió la exigencia a lo largo de meses. Hasta el momento, el gobierno había detenido a efectivos de la fuerza policial, pero no habían difundido la imputación de crímenes bajo el argumento de que se trataba de información reservada. Por ello, la masacre era negada como violación a los derechos humanos y se catalogaba como asesinato en manos del crimen organizado.
«En base a las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal», indica la nota informativa de la PGR entregada el pasado 10 de diciembre al Archivo de Seguridad Nacional.
Estado y crimen organizado
Desde el 2005, el Estado mexicano posee un registro de 24.800 personas cuyo paradero se desconoce. La Comisión Nacional de Derechos Humanos posee datos de 2610 casos, «de los cuales en 612 expedientes hay la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en su desaparición, y en 267 hay indicios de que intervinieron elementos o miembros de la delincuencia organizada».
Respecto al 2014, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas de México, entre enero y octubre se contabilizaron 5 mil 98 casos de personas desaparecidas, 584 más que 2013, reprodujo el medio Animal Político. De esos casos, 162 están siendo investigados a nivel federal ya que implican a funcionarios federales o grupos del crimen organizado de alto nivel.
Después de San Fernando, la masacre de Ayotzinapa sigue desnudando las embestidas del «crimen organizado» que combina la complicidad de funcionarios, fuerzas policiales, sicarios del narcotráfico y saqueo económico. De acuerdo a la versión del PGR, tras la orden del alcalde José Luis Abarca (con la complicidad de su esposa Ángeles Pineda Villa), la policía municipal de Iguala les entregó a Guerreros Unidos un grupo de «más de 40 personas». Según el organismo nacional, luego condujeron a los normalistas al basurero del municipio de Cocula donde mataron a los sobrevivientes, los arrojaron al fondo del basurero, y quemaron los cuerpos que luego arrojaron al rio San Juan en bolsas.
Para el investigador mexicano Fernando Buen Abad Domínguez, la industria del «crimen organizado» instaló en México un «doble poder con base territorial muy fuerte y gran capacidad ofensiva en los campos anchurosos de la corrupción empresarial, militar y gubernamental». En ese sentido, el «crimen organizado» pasaría a ser simbiótico con el «estado fallido» mexicano: «ese carácter de fallido es una decisión, es un plan, que no surge por culpa de funcionarios ignorantes o ineficientes, todo lo contrario, son gerentes entrenados y con buenas calificaciones para la traición, para la explotación laboral y para el saqueo del país», indicó en su artículo «México, ¿Estado fallido?«.
Fuente original: http://www.noticiaspia.org/crimenes-de-estado-en-mexico-las-masacres-de-san-fernando-y-ayotzinapa/