Con la consigna «sí, se puede» y ante miles de personas. Para las 18:30 del sábado pasado, cuando Macri apareció entre la gente antes de subir al escenario junto a Miguel Ángel Pichetto y Juliana Awada, la concentración ya tenía varias cuadras de largo, alcanzando varias decenas de miles de personas. Infinidad de banderas argentinas […]
Con la consigna «sí, se puede» y ante miles de personas. Para las 18:30 del sábado pasado, cuando Macri apareció entre la gente antes de subir al escenario junto a Miguel Ángel Pichetto y Juliana Awada, la concentración ya tenía varias cuadras de largo, alcanzando varias decenas de miles de personas.
Infinidad de banderas argentinas y casi ninguna referencia gráfica al PRO, a la UCR o a la Coalición Cívica y muy pocas remeras de Cambiemos, como queriendo ocultar el carácter partidario del acto. Algunas concentraciones se produjeron también en otras ciudades como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Catamarca, Neuquén, Mendoza y Bahía Blanca.
Con excepciones, casi la totalidad de la concurrencia superaba los 40 años, con una alta composición de adultos de sectores medios tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Conurbano bonaerense. Buscando una foto que intente mostrar que el gobierno aún no está muerto pero que además contenga la desmoralización reinante en las filas de Cambiemos desde las PASO.
Con un discurso que reafirma los principales «valores» del macrismo, volvió a hablar de «república», «corrupción», «independencia» y «libertad», evitando meterse en temas puntuales.
Esos «valores» los ensayó en un ping-pong con la multitud, lleno de preguntas retóricas: ¿Creemos que la honestidad es importante? ¿Creemos en la educación y el trabajo para progresar? ¿Queremos integrarnos al mundo? ¿Creemos que la justicia debe ser independiente? ¿Creemos que la plata debe ir para obras y no a los bolsos de los funcionarios?
Por último, con el increíble argumento de que su gestión resolvió los problemas estructurales y ahora viene «el alivio», convocó a una difícil epopeya: «dar vuelta la elección». Ese fue uno de los mensajes que el presidente quiso instalar desde el palco, con el «Sí se puede» repetido hasta el cansancio. En ese intento por evitar una sangría mayor y un papelón electoral no solo se juega la suerte de Macri, ya echada, sino también el intento de macristas y radicales de mantener sus bancadas parlamentarias y algunos municipios.
Además de posicionar a Macri como el dirigente más convocante de la derecha ante el futuro de Cambiemos probablemente ya sin la UCR a partir del 10/12, con Larreta jugado a mantener el único territorio administrado por el PRO y Vidal a ser la líder de la principal oposición en la provincia de Buenos Aires.
La guerra comercial y tecnológica es el detonante de una nueva recesión global
El sector manufacturero de Estados Unidos se contrajo en agosto por primera vez en tres años, de acuerdo a un informe sobre la industria manufacturera. Se trata de la quinta caída mensual consecutiva.
Esta noticia se agrega a las preocupaciones por el debilitamiento de la economía global y las crecientes tensiones comerciales entre Washington y Pekín, lo que aumentó los temores del mercado financiero de una recesión.
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por su sigla en inglés) dijo que su índice de actividad manufacturera nacional disminuyó a 49.1, su menor nivel desde enero de 2016.
Estados Unidos ahora se une a la zona Euro, Japón, el Reino Unido y China, que durante mucho tiempo han experimentado una contracción en la actividad fabril.
Aún así, el índice ISM, que es un indicador económico que evalúa el estado de la industria estadounidense encuestando a ejecutivos sobre las expectativas de producción en el futuro, nuevos pedidos, inventarios, empleo y entregas, permanece por encima del nivel 43, que los economistas asocian con una recesión. El ISM dijo que hubo «una disminución notable en la confianza empresarial», y agregó que «el comercio sigue siendo el problema más importante, indicado por la fuerte contracción en los nuevos pedidos de exportación».
Las preocupaciones sobre la economía también se vieron exacerbadas por otros datos, como el gasto en construcción que apenas aumentó en julio. Los informes compensaron un poco los datos optimistas de la semana pasada sobre el gasto del consumidor que sugirieron que mientras la economía se desaceleraba, no estaba perdiendo impulso tan rápidamente el consumo.
El consumo de los hogares en la mayoría de las economías es relativamente fuerte porque la gente sigue gastando más, en parte, a través de un mayor endeudamiento a tasas muy bajas de interés. La otra parte de la ‘demanda agregada’, la inversión empresarial es débil, cada vez más débil. Pero eso es debido a la baja rentabilidad y más en el último año debido a la caída de los beneficios en los EEUU y en otros lugares. De hecho, los márgenes de beneficio empresarial en los EEUU se han reducido durante más de cuatro años, la mayor contracción de postguerra.
La crisis en el sector manufacturero es en parte el resultado de la desaceleración general de la inversión en las economías capitalistas y en parte el resultado de la intensificación de la guerra comercial entre las dos economías manufactureras más grandes del mundo: China y los Estados Unidos. La guerra comercial está actuando como un desencadenante de una recesión manufacturera en todo el mundo. El comercio mundial ya se estaba desacelerando antes de que estallara la guerra comercial y ya había provocado víctimas a nivel mundial como Argentina y Turquía.
Ambos han sufrido un colapso catastrófico en la producción, la inversión extranjera y el valor de sus monedas. Turquía está sumida en una profunda recesión general. Argentina se ha visto obligada a incumplir sus enormes pagos de deuda externa.
Pero hasta ahora, la recesión se limita al sector manufacturero. El llamado sector de servicios -que incluye servicios minoristas, servicios financieros, servicios comerciales, bienes raíces, turismo, ‘industrias creativas’, etc.-, continúa manteniendo la cabeza por encima del agua en la mayoría de las economías del G20.
No obstante, si el crecimiento del empleo mundial se debilita o se frena, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuirá y el sector servicios comenzará a sufrir también. El empleo depende de la disposición de las empresas capitalistas a invertir y expandirse. Y la inversión y la expansión dependen de la rentabilidad esperada de la inversión. Por lo tanto, ¿qué está pasando con los beneficios a nivel global? Los economistas de JP Morgan acaban de publicar un análisis completo de los beneficios globales y creen que en el segundo trimestre de 2019 se han estancado. Cada uno de los 10 sectores que componen el mercado total muestra una fuerte desaceleración en el crecimiento de los beneficios, y la mitad experimentó contracciones directas durante el año pasado (particularmente materias primas y telecomunicaciones). Incluso en aquellos sectores que aún tienen un crecimiento positivo: minorista, IT, finanzas y servicios públicos, el crecimiento de los beneficios está cayendo rápidamente.
La deuda argentina
El gobierno de Macri fracasó abiertamente en su gestión económico-financiera arrastrando a la Argentina a una nueva cesación de pagos; default que evitó formalizar sólo merced al salvataje financiero extraordinario del Fondo Monetario Internacional (FMI) con un préstamo Stand-By de U$S 57.000 millones, récord para la Argentina y el mundo, a los fines que la administración macrista pudiera completar su mandato.
El FMI desembolsó hasta la fecha U$S 45.000 millones, de los cuales unos U$S 34.000 millones se usaron para financiar la fuga de capitales, esto es, dólares del Fondo que entraron prestados por una ventanilla del Banco Central (BCRA) y se vendieron por otra para sostener el tipo de cambio y cubrir así la salida de divisas de grandes fondos especulativos que operan y siguen operando en la Argentina.
Con el agravante que de esta manera el FMI está contraviniendo el artículo VI de su propio Convenio Constitutivo que le prohíbe prestar a los países miembros para atender corridas cambiarias.
Pese al monitoreo permanente del FMI, el desmanejo de las cuentas fiscales y cuasi-fiscales (BCRA) por parte del gobierno de Macri no evitó el agravamiento de la situación económico-financiera interna del país ni la verdadera mejora de las finanzas del Estado, afectadas por un déficit fiscal creciente provocado por el aumento desproporcionado de los Intereses a pagar. Este doble fracaso macrista se traslada como herencia al próximo gobierno.
A fines de agosto, la información oficial mostraba que la deuda era de U$S 310.000 millones. De ese total el Tesoro le debía al BCRA alrededor de U$S 75.000 millones y al Anses y otros organismos estatales unos U$S 27.000 millones.
El resto de los acreedores se compone de organismos multilaterales (FMI y otros) por U$S 73.000 millones y privados por U$S 132.000 millones. Los intereses anuales, en el caso de los multilaterales, son del orden de U$S 3.000 millones; para los privados son de aproximadamente U$S 8.000 millones. La deuda con privados es 25% en moneda nacional y el resto en moneda extranjera.
Una opción que ha planteado el Gobierno actual es acordar con los acreedores una prórroga en los vencimientos de capital y parte de los intereses, que son los que realmente se abonan dado que el capital no se paga sino que se refinancia íntegramente.
Mientras tanto, el candidato Alberto Fernández y sus principales asesores en materia económica, se están pronunciando a favor de la llamada «solución a la uruguaya», la operación de Canje de Deuda de Uruguay en 2003.
La esencia de este tipo de reestructuración de Deuda es simple: 1) Alargamiento o extensión de las fechas de vencimiento (en principio a 4-5 años, es decir, pateándolos a la administración siguiente); 2) No quita de Capital; y 3) No rebaja de los Intereses.
Al respecto señala el Lic. Héctor Giuliano: «Dicho con otras palabras, es la fórmula que más conviene a los acreedores del Estado dado que siendo la Deuda Argentina hoy la más cara del Mundo, lo que así se propone -Oficialismo y Oposición- es que tales condiciones se prolonguen en el tiempo, de modo que los grandes fondos especulativos de inversión mantengan sus niveles récord de rentabilidad financiera gracias al alto costo de la Deuda de nuestro país.
Paradójica o sintomáticamente, de esta manera tanto el gobierno de Mauricio Macri como el que sería su más posible sucesor, Alberto Fernández, coinciden en esta misma tesitura perversa acerca del re-endeudamiento del Estado».
¿Hay otra salida?
En Sistema deuda (Editorial Metrópolis, 2018), el presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint, apela a la llamada doctrina de la deuda odiosa de Alexandre Sack, quien sostiene que un gobierno legítimo y democrático, puede suscribir deudas odiosas.
Como antecedente podríamos citar al padre de la escuela histórica en derecho, Gustav von Hugo (1764-1844) que escribió: «Una quiebra nacional no tiene nada de ilegal, y saber si es inmoral o poco prudente depende enteramente de las circunstancias. No es decentemente posible demandar a la generación actual que cargue sola con las consecuencias de la locura o la falta de previsión de las que le han precedido, pues si no, finalmente, un país no tendría ya habitantes a causa del peso de sus deudas públicas».
En Argentina más de la mitad de la población infantil es pobre (52,6%), al tiempo que los adolescentes y jóvenes tienen una tasa del 42,3%. Nada menos que 5,7 millones de chicos y chicas son pobres y 1,4 millones indigentes, dando lugar a la reproducción inter generacional de la pobreza que compromete las capacidades de las generaciones futuras para alcanzar mejores condiciones de vida acentuando así las desigualdades existentes.
Para la misma época Karl Salomo Zachariä von Lingenthal (1769-1843) sostenía: «El Estado tiene el derecho de reducir sus deudas, incluso de repudiarlas por entero, en la medida en que no es ya capaz de conseguir los fondos, además de los gastos corrientes, necesarios para pagar los intereses y el capital de la deuda pública».
Este es precisamente el caso de nuestro país, como derivado lógico e inexorable de la política institucional de toma sistemática de deuda sin capacidad de pago.
Esta situación está probada con números ya que se mantiene y agrava indefinidamente porque es sostenida merced a un mecanismo de refinanciamiento constante de los vencimientos de capital y toma de nuevas deudas.
Según el profesor de Derecho internacional de la Yale Law School , Edwin Borchard (1884-1951), Zachariä sostiene que un gobierno tiene un deber superior al pago de sus deudas, que es preservar la vida de sus ciudadanos, y que tiene que olvidar a los acreedores si no hay otra opción.
Nos exime de cualquier comentario las cifras de la pobreza en Argentina: 15,9 millones de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza y 3,5 millones de personas que pasan hambre, según el informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
Contemporáneo de Borchard, Alexandre Sack (1890-1955), considera que en casos excepcionales hay deudas que pueden ser anuladas:
«Por consiguiente, para que una deuda, regularmente contraída por un gobierno regular, pueda ser indudablemente considerada como odiosa, […], convendría que fueran establecidas las siguientes condiciones:
1. El nuevo gobierno debería probar y un tribunal internacional reconocer como establecido:
* que las necesidades, para cuya atención el antiguo gobierno había contratado la deuda en cuestión, eran «odiosas» y francamente contrarias a los intereses de la población […]y,
* que los acreedores, en el momento de la emisión del préstamo, habían estado al corriente de su destino odioso.
2. Establecidos estos dos puntos, correspondería a los acreedores la tarea de probar que los fondos producidos por los citados préstamos habían sido de hecho utilizados no para necesidades odiosas, dañinas para la población de todo o parte del Estado, sino para necesidades generales o especiales de ese Estado, que no ofrecen un carácter odioso».
En una publicación de la revista del FMI «Finance et développement», Michael Kremer y Seema Jayachandran definían en 2002 la doctrina de la deuda odiosa: «La doctrina de la deuda «odiosa» enuncia que la deuda soberana contraída sin el consentimiento de las poblaciones y sin beneficio para ellas no debe ser transferida al Estado sucesor, en particular si los acreedores tenían conocimiento de ese estado de cosas».
Este último aspecto es fundamental, la responsabilidad de los acreedores, porque están regularmente en el origen de las violaciones de los tratados y de los demás instrumentos internacionales de protección de derechos. La responsabilidad del FMI en la rebelión haitiana que supera un mes y los recientes hechos de Ecuador me eximen de mayores comentarios.
Fue precisamente este último país el que realizó una auditoría con participación ciudadana, sin incluir representantes de los acreedores, en 2007-9, suspendiendo previamente el pago de la deuda. Y realizando una quita del 70%.
Los ejemplos abundan. Solo nos limitaremos a los últimos 40 años:
- – Deudas contraídas por el sha de Persia para armamento por Irán en 1979.
- – El repudio de las tres repúblicas bálticas de las deudas con la URSS en 1991.
- – La anulación de la deuda de Namibia contraída por la República Sudafricana por el gobierno de Nelson Mandela en 1994.
- – La anulación de la deuda de Timor Oriental en 1999-2000.
- – La anulación del 80% de la deuda de Irak en 2004.
- – El repudio por parte de Paraguay de deudas contraídas con los Bancos suizos en 2005.
- – La anulación por parte de Noruega de las acreencias de cinco países (Ecuador, Perú, Egipto, Sierra Leona y Jamaica) correspondiente a un contrato de venta de barcos de pesca en 2006.
- – La anulación en 2009 de parte de la deuda ecuatoriana identificada como ilegítima por la comisión de auditoría en 2007-8.
Subte: arranca un plan de lucha con paros por vagones envenenados con asbesto
Este jueves, en un plenario de delegados, los trabajadores del Subte de la Ciudad de Buenos Aires votaron dar inicio a un plan de lucha. Exigen que las empresas Sbase y Metrovías presenten un plan integral de desabestización que incluya el cambio de flotas afectadas.
Desde el lunes comenzará el cronograma de medidas. Ese día se abrirán molinetes en la Línea B entre las 17:00 y las 19:00. El martes 22 será el turno de la Línea D entre las 8:00 y las 10:00 y entre las 17:00 y 19:00. Finalmente el miércoles 23 habrá paro en ambas líneas desde las 5:30 hasta las 7:30.
Desde hace más de dos meses se conoce que en el taller Rancagua más del 10 % de los trabajadores tienen afectada su salud por el asbesto.
La confirmación de los trabajadores afectados en su salud demuestra que estamos frente a una emergencia sanitaria profunda que pone en riesgo también la salud de los millones de usuarios del subte.
Al respecto, explicó Roberto Pianelli, secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP): «Se sabía que estos trenes eran viejos y que antes, usualmente, tenían amianto para aislar», explicó Pianelli. «A medida que se iba utilizando en el mundo, se detectó cómo el amianto era un asesino silencioso ya que la fibra de amianto es imperceptible a la vista y cuando lo inhalás se clava en los pulmones y recién se puede detectar cuando empezás a enfermarte», remarcó.
Pianelli aludió a la investigación periodística realizada por la CNN en la que el titular del Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) admitió que conocían la presencia de asbesto en las formaciones de subte: «No sabíamos que el gobierno de la Ciudad conocía de antemano que los coches que compró Mauricio Macri en su momento tenían asbesto. Es gravísimo», apuntó Pianelli. Y explicó: «La compra de Macri de los trenes con asbesto fue un escándalo y nosotros lo manifestamos desde un comienzo», y agregó: «Esos trenes no funcionan más pero hay otros coches con asbesto».
El secretario General del Sindicato del Subte dijo que «en 2017 nos enteramos que en el Metro de Madrid había enfermos terminales por asbestosis y que había sido producida por trenes de una marca particular y algunos de sus modelos. Entre uno de esos modelos estaban los 36 coches de la flota que compró Macri en 2011».
En total se adquirieron 36 coches y se pagó por ellos «casi medio millón de euros», de los cuales Pianelli remarcó que sólo funcionaban 18.
«La compra fue un escándalo. Se adquirían dos para usar uno porque para tener repuestos se necesitaba otro en desuso. Se pagó a precio nuevo y era chatarra», remató el dirigente sindical.
Además, contó que en cuanto se enteraron de la presencia del amianto en los coches de la Ciudad de Buenos Aires decidieron «dejar de manejar esos coches», y detalló: «Habíamos hecho dos huelgas y cuando hicimos la tercera nos convocaron a una comisión, pedimos los manuales y vimos que decía amianto por todos lados».
Pianelli remarcó: «Nos dimos cuenta en ese momento que todos los demás trenes tenían asbesto o amianto. El 90% de las líneas B, C y E tienen asbesto». Y reveló: «El tren que tiene asiento de pana en la línea B está plagado de amianto».
El candidato a jefe de Gobierno del Frente de Izquierda Unidad, Gabriel Solano, también sostuvo que: «El informe de CNN reveló públicamente lo que los trabajadores del subte venían denunciando: la presencia de material cancerígeno en las formaciones de subte compradas por Metrovías a España y la responsabilidad directa del Gobierno de la Ciudad. Ahora las autoridades de Sbase admiten que sabían que se compraban trenes contaminados.»
«Pero a pesar de que estalló esta información la empresa sigue sin hacer nada y no ha habido respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad. Mientras tanto, estudios que se realizaron los trabajadores del subte demuestran niveles altísimos de asbesto en el cuerpo. Apoyamos el reclamo por la desabestización y el cambio completo de la flota, en defensa de la salud de los trabajadores y usuarios del subte. Hace meses hemos solicitado un pedido de informe en la Legislatura porteña. Venimos batallando para que se conozca esta grave situación: realizando audiencias públicas y exigiendo que el gobierno informe y comparezcan los responsables. El presidente de Sbase debe renunciar inmediatamente e investigarse las responsabilidades penales de Macri y Larreta por defraudación al Estado y por poner en riesgo la salud de los trabajadores y los usuarios.»
Reclamos salariales
El miércoles 16, se realizó una marcha de antorchas en Trelew, para recordar a las compañeras docentes María Cristina y Jorgelina, fallecidas en un accidente automovilístico el pasado 17 de septiembre, cuando volvían a Comodoro Rivadavia luego de participar de una movilización y del 1° plenario provincial que se había realizado en Rawson. A su vez, el jueves 17 a las 20:00, se realizó un homenaje en la escuela 738, donde ellas trabajaban.
Por otro lado, continúan la toma de escuelas secundarias en Puerto Madryn y Trelew, pese a la presión para que los estudiantes las levanten. Se sumaron los secundarios de Lago Puelo desde hace una semana y el acampe en la plaza frente a la escuela secundaria 765 que realizan docentes.
La provincia entera está paralizada y reina el caos: paro, retención de servicios, cortes de ruta, asambleas son las diferentes medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores para exigirle a Mariano Arcioni que cumpla, entre otras cuestiones, con lo acordado en paritarias. Llevan más de 60 días de lucha. Sin embargo, el pueblo sigue sin ser escuchado y, no solo eso, además de la indiferencia absoluta, se los extorsiona permanentemente con la promesa de que «todo mejorará, si votamos a Alberto Fernández», aliado incondicional del mandatario chubutense.
Actualmente, el escenario es catastrófico: los sueldos se pagan en tres rangos de manera escalonada, incluso a los pasivos; las altas de horas cátedra no se computan como corresponde y muchísimos compañeros aún no cobran desde marzo; se discontinuó el pago de la obra social, entonces no hay cobertura diaria, sino que la van habilitando algunos días sí, otros no -como si se pudiera predecir la fecha exacta de cuándo se va a necesitar un médico-; los juzgados y hospitales funcionan solo para emergencias y la actividad pública, en general, está paralizada.
Además de las cuestiones mencionadas, hay una emergencia edilicia a lo largo y ancho de la provincia, con escuelas que literalmente se están viniendo abajo. Esta crisis social y económica se desprende de un deseo manifiesto por instalar la megaminería en la zona de la comarca andina. Este proyecto fue impulsado en un principio por Carlos Saúl Menem, en los noventa, reimpulsado por Néstor Kirchner en el año 2003 y con un mayor intento de efectuarse durante las dos presidencias de Cristina Fernández. Hoy, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, es un incondicional aliado de Mariano Arcioni y no solo de su gestión, sino también de las empresas mineras que esperan ansiosas que se las habilite para destruir los recursos de la provincia.
Instalando la idea de que los chubutenses están ahogados, presentan la explotación de las minas a cielo abierto como una oportunidad de crecimiento y una forma de solución a todos sus problemas. Con respecto a este tema Alberto Fernández, durante una visita a dicha provincia, recalcó que la sociedad debe comprender que la minería es una «oportunidad de crecimiento» e incluso se reunió con empresarios y gobernadores, manifestándoles su total apoyo a cada uno de los proyectos. Por su parte, Alicia Kirchner, quien también se reunió con el candidato del Frente de Todos, subrayó en reiteradas ocasiones que la negativa del pueblo patagónico a aceptar la propuesta minera, es por causa de una «falta de educación» sobre el tema, a pesar que en Chubut vecinos autoconvocados de diferentes regiones lo vienen estudiando desde hace más de dieciséis años e informando a través de diferentes medios los riesgos que la actividad minera a cielo abierto supone.
Mientras tanto, el gobierno del ajustador Arcioni se apresta a pagar 31 millones de dólares antes del 31 de octubre de la deuda externa pública provincial. Con este pago, el gobierno emitiría un nuevo bono, es decir, más deuda para la provincia.
Esto se agrega a los casi 770 millones de dólares de deuda que contrajo la provincia y que debe pagar hasta el 2023. Ligado a esto, el gobernador anunció un plan agresivo de reordenamiento del Estado orientado a eliminar los desfasajes de gastos de cada área, es decir, continuar con el ajuste para pagar la deuda pública provincial.
Luego de que el INDEC comunicó que la inflación de septiembre fue del 5,9%, el número más alto del año, los docentes porteños agrupados en UTE decidieron reclamarle al gobierno de Larreta que se active la cláusula gatillo que disponen.
El sindicato, que lidera Eduardo López, comentó que en la Ciudad la suba de precios fue mayor que la nacional: «El nuevo índice de precios por IPC, anunciado por la Ciudad, señaló que la inflación desde febrero hasta septiembre alcanzó el 36,1 % y superó los 29 puntos de aumento».
Vale destacar que las paritarias cerraron con incrementos de haberes del orden del 23% ya que la administración Larreta calculaba en ese índice la inflación. Desde el gremio señalaron que los trabajadores de la educación «no pueden esperar tantos meses para recibir una equiparación salarial».
En este contexto, UTE aseguró que es imperiosa una reunión para que el salario no pierda poder adquisitivo: «La UTE demanda la inmediata convocatoria a la mesa salarial para que se adelante la aplicación de la cláusula gatillo. Es preciso detener la constante pérdida de poder adquisitivo salarial. También hay que aumentar las asignaciones familiares, congeladas en 270 pesos desde 2012. De lo contrario, Rodríguez Larreta batirá el récord y será el único Jefe de Gobierno que no actualizó el haber familiar durante su mandato».
Los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llevaron adelante el pasado miércoles 16 una huelga en los 19 departamentos de la provincia en demanda de la apertura de paritarias, informó el secretario general de ese gremio, Pablo Abramovich , en reclamo de la «urgente convocatoria a paritaria y una propuesta salarial que incluya la aplicación de la cláusula gatillo para todo 2019 y la recuperación del salario perdido durante 2018».
«La gobernadora María Eugenia Vidal cerró unilateralmente la paritaria de 2018 con un incremento salarial 15 puntos inferior a la inflación de ese año» , dijo el dirigente, y agregó que en 2019 se prepara «un recorte aún mayor».
Adelantó que el miércoles próximo realizarán otra medida de fuerza que incluirá una movilización a la ciudad de La Plata.
El Sindicato Argentino de Televisión convocó a paros de tres horas por turno el viernes, sábado y domingo pasados en apoyo a la solicitud de recomposición salarial por un desfasaje del 19%.
Salarios de hambre
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia (SEOM) de Jujuy denunció que sueldos por 4 a 6 horas diarias son de entre 400 y 3.500 pesos mensuales, y que varios municipios los pagan con tarjetas alimentarias.
Los datos surgen a partir del acceso por parte del Sindicato a las Declaraciones Juradas de todas las localidades, a través del Expediente 259-67/2019 tramitado en la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto.
De esta información oficial, se desprende que en la actualidad existen 2.062 trabajadores y trabajadoras en negro, en algunos casos con 10 años de antigüedad, que no tienen aportes jubilatorios, obra social ni seguro de vida obligatorio en 48 municipios y comisiones municipales de Jujuy.
De los 2.062 trabajadores y trabajadoras, 1.564 cobran menos de 4.274,09 pesos, que es la actual línea de indigencia determinada por el INDEC, es decir, que perciben salarios que no les alcanzan para poder cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria.
Tomando en cuenta a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras municipales, un tercio está por debajo de la línea de pobreza.
El SEOM remarca además la situación en algunos municipios en particular, como el de Libertador General San Martín, donde a las 330 personas que perciben Planes Sociales Municipales se les paga todo el sueldo con una tarjeta alimentaria que deben emplear en un supermercado determinado y canjear por ciertos alimentos. Esto mismo se repite en localidades como Puesto Viejo y Santa Clara.
Para el SEOM Jujuy, esta relación de dependencia entre trabajadores municipales y funcionarios es una nueva forma de trabajo esclavo porque los empleados tienen coartada su libertad: «con el fruto de su trabajo no llegan a cumplir con los requerimientos alimentarios básicos; el producto de su trabajo está condicionado a ser canjeado por alimentos no pudiendo emplearlo libremente; se encuentran amenazados y si denuncian su situación los despiden automáticamente, siendo imposible defenderlos legalmente ya que son trabajadores con nula estabilidad laboral; están obligados a trabajar en los municipios ya que por afuera de ellos no hay oportunidades laborales; están atados, bajo la promesa de los funcionarios de que en el transcurso de un determinado tiempo van a mejorar su situación o, que si aguantan, un familiar de esos trabajadores y trabajadoras va a tener un cargo en el municipio, engrosando ejércitos de trabajadores cuasi-esclavos», detallaron desde el sindicato.
Por otra parte, el Espacio Político por la Dignidad del Pueblo, que lo conformar el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, el Movimiento Tupaj Katari y el Partido por la Dignidad del Pueblo, convocó para el lunes 21 a todos los sectores de la provincia para repudiar la llegada del Presidente Mauricio Macri.
El espacio, cuyo referente es Carlos «Perro» Santillán, propone declarar «persona no grata en Jujuy» al Presidente de la Nación como señal de desagrado por su política económica.
«Expresar el rechazo a la visita política de Macri y denunciar la extrema precarización y vulneración de derechos esenciales de los sectores mayoritarios de la población, es un acto de justicia que recupera la más heroica tradición de resistencia popular, frente a las políticas que nos someten a los poderes concentrados de las Finanzas y de las Trasnacionales» , señalan en un comunicado de prensa.
Asimismo, el Sindicato de Municipales determinó un paro provincial activo por 24 horas, «no sólo en repudio a la visita de Macri, sino por reapertura de paritarias, el cese de la indigencia salarial, el blanqueo de 1.800 trabajadores en negro y otras demandas».
L os residentes de hospitales nacionales cobran $ 87 por hora, además no cobran sus sueldos hace cuatro meses. Ante el reclamo, recibieron una insólita respuesta: «Hubiesen adjudicado la residencia en otra jurisdicción si querían cobrar su sueldo». El miércoles pasado realizaron un paro y marcharon desde el Hospital Garrahan hasta el ex Ministerio de Salud.
Florencia Vargas, delegada de la Junta interna ATE Garrahan e integrante de la Agrupación Marrón Clasista, dio detalles de la situación de los trabajadores afectados, que ejercen en los hospitales Posadas, Sommer, El Cruce, Epidemiología, Hospital Nacional en Red Licenciada Laura Bonaparte, Garrahan, Inareps, Colonia Montes de Oca y ANMAT.
En estos lugares, afirma Vargas, «los residentes de primer año de los hospitales nacionales entraron en junio y desde esa fecha están sin cobrar su sueldo, trabajando 270 horas por mes».
«A pesar de la sobrecarga laboral por la cantidad de horas, la saturación de pacientes en los hospitales y sin cobrar, los y las residentes realizan su labor con el mayor profesionalismo. Se tornan jornadas insalubres porque es imposible que puedan realizar tareas de atención con sus plenas capacidades, sin sufrir un gran cansancio y demasiada responsabilidad», continúa Vargas.
«La residencia es una beca de formación en servicio de dedicación exclusiva, a la cual se accede mediante concurso. Quienes eligen formarse dentro del sector estatal, hacen una apuesta colectiva a la salud pública y de calidad. Trabajan de lunes a viernes, con guardias de 24 horas semanales, fines de semana y feriados. Son todos profesionales que tienen sueldos por debajo de la canasta básica, siendo muchos jefes o jefas de familia», finalizó la delegada.
La situación de la cadena de electrodomésticos Minicuotas Ribeiro que tiene 85 sucursales, con cobertura en 18 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, va de mal en peor. Paga sueldos en cuotas desde enero, tuvo que pedir el procedimiento preventivo de crisis y hubo intentos de reestructuración interna, sin lograr el esperado repunte.
Los trabajadores no aguantan más. Se viralizó un video donde uno de ellos reclama una solución. Pide un acuerdo para un retiro con el pago de lo que le corresponde por ley, aunque los responsables administrativos ponen trabas, y dispara: «¡ Me quiero ir y arreglar porque la empresa no paga los sueldos y mi hijo está cagado de hambre! No tengo para comprar remedio y vos no lo entendés porque a vos no te pasa» .
Ribeiro ya cerró locales en San Nicolás y San Luis. Ajustó el metraje de sucursales en Santa Rosa, Roque Sáenz Peña, Mar del Plata, Las Varillas, San Juan y Villa Constitución pero no hay soluciones de fondo.
Las razones esgrimidas por los ejecutivos de Ribeiro son las de muchos: la volatilidad de la economía, la suba de costos, la devaluación y también por el cambio de paradigma en la comercialización de este tipo de productos a través de Internet.
Aún así, previo a las PASO, trascendió que Manuel Ribeiro, les recomendó a sus trabajadores apoyar a Mauricio Macri por «supervivencia»: «A alguno de nosotros puede no gustarle Macri, otros pueden desear advertirlo con un voto castigo, pero pensando exclusivamente en los problemas propios, conviene votarlo».
Con el hambre no se jode
Vecinos de Quilmes ocuparon Desarrollo Social. La medida fue acompañada por organizaciones sociales (CTEP, CCC, Somos BDP y FPDS) que realizan asistencia comunitaria. Una ordenanza fue sancionada el pasado 26 de agosto, hace 60 días, y tiene un plazo de 100 días para aplicarse. La ordenanza promulgada por el municipio de Martiniano Molina , quien se aumentó el sueldo en más de un 60% y en julio percibió un salario de $623.666 , había contemplado el empeoramiento de la situación en los barrios y resolvía que: «es necesario actualizar con urgencia el monto asignado por ración al Servicio Alimentario Escolar (SAE), debido al estrepitoso incremento del precio de los alimentos, para poder así garantizar la cantidad y la calidad de los mismos. Que los montos ya eran insuficientes y el proceso inflacionario que estamos viviendo en la actualidad, hace imposible el funcionamiento de los comedores escolares con un servicio nutritivo de calidad. Y que los comedores comunitarios llevados adelante por organizaciones de la sociedad civil, reciben cada vez más solicitudes para ingresar a los mismos».
Ante esto se le pedía al intendente Martiniano Molina que incremente las partidas alimentarias «y a todos los Bloques de Concejales que instrumenten medidas para reforzar y fortalecer, mediante partidas presupuestarias distritales, el Servicio Alimentario Escolar y las diversas líneas de acción destinadas a merenderos y comedores barriales, así como la distribución de leche a través de las Unidades Sanitarias y organismos estatales pertinentes».
La ordenanza fue aprobada y declaró la emergencia alimentaria «en todo el territorio de Quilmes» en un plazo de 100 días desde el 1º de septiembre del corriente año. Sin embargo, la asistencia no ha llegado y muchos barrios populares se vieron afectados por inundaciones.
Mauricio Macri pasó en plan de campaña electoral por la ciudad de Río Cuarto en vísperas del 17 de octubre. El Presidente arribó a la ciudad cordobesa que registra niveles escandalosos de pobreza e indigencia y más de 200 merenderos y comedores comunitarios y no dijo una palabra de las calamidades que azotan al pueblo por sus políticas de ajuste y entrega. Ni se percató que estuvo en la Capital del Trabajo en Negro, donde recrudeció el cirujeo y las ollas populares.
El Movimiento de Acción Popular (MAP-CTA), organización fundadora de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA), fue a la Plaza Central a decirle a Macri que no era bienvenido, que la dignidad de nuestro pueblo no se entrega y con el hambre de lxs niñxs no se jode.
Es una vergüenza que en Río Cuarto, enclavada en el corazón de la «Pampa Gringa», haya gente con hambre y la pobreza se extienda como una mancha de aceite producto de las políticas dictadas por un Presidente en retirada aunque arengara al puñado de seguidores de la ciudad y pueblos de la región a dar vuelta el resultado de las PASO el próximo 27 de octubre.
Que Río Cuarto exhiba en la última medición del INDEC una cifra de de 58.000 pobres y más de 12.000 personas en situación de indigencia tendría que avergonzar también al Gobierno Municipal del Partido Justicialista. Lo mismo vale para el Intendente radical de la ciudad de Córdoba y el Gobernador Juan Schiaretti.
En el Gran Córdoba, la pobreza pasó de 30,3% en el primer semestre de 2018 a 36,6% en el mismo período de este año. Es una diferencia de 102.000 pobres entre una y otra medición: 568.470 contra 466.890. Por otro lado, la indigencia pasó de 5,5% a 9,4%. Esto es, un crecimiento desde 84.056 personas el año pasado a 145.593 personas este año. Implica que hay 60.000 nuevos indigentes en la capital cordobesa.
Nada de esto se escuchó en el discurso de un Presidente que actúa como un autómata, repitiendo eslóganes, dando manotazos de ahogado para tratar de convencer a la gente que, cuatro años después de llegar al Gobierno, si lo reeligen todo será distinto.
Pero allí se hizo presente la demostración de dignidad de las compañeras y compañeros de los barrios diciendo presente bajo la lluvia para repudiar la visita del causante de sus padecimientos; y la impudicia del impresentable representante de una minoría que reniega de los pobres y humillados, aplasta a la clase media, huye hacia adelante sin hacerse cargo de la catástrofe social que deja a su paso, y vocifera que la culpa de todos los males es de los otros.
Para la Universidad Católica Argentina (UCA) con apenas 0,3% del PBI se lograría salir de la pobreza. El dato fue confirmado por Agustín Salvia, del directorio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, quien señaló que con «apenas» U$S 1.300 millones se podría sacar de la pobreza a los millones de argentinos que hoy se encuentran en esa situación.
El especialista lo aseguró durante el 55° Coloquio de Idea. Luego detalló que con «$ 7.500 por hogar por mes se puede salir de la indigencia y con $ 19.000 se sale de la pobreza».
Pero para avanzar en un plan por el estilo haría falta un «pacto político, económico y social». En este sentido, convocó a los empresarios y CEOs presentes en el evento a comprometerse con la iniciativa.
Salvia también explicó que el último indicador de pobreza difundido por el Indec, de 35,4%, «quedó viejo» ya que en las últimas semanas de septiembre y octubre la dinámica inflacionaria ya lo habría llevado por lo menos «al 36 o 37%».
El empleo estatal bajo la lupa
El líder de ATE Nacional, Hugo «Cachorro» Godoy, habló sobre el incumplimiento de las promesas de pases a planta permanente por parte del macrismo y señaló: «Hay 72.000 trabajadores precarizados en el Estado Nacional y creemos que hay que hacer concursos para que pasen a planta».
«Esta gestión llegó al Gobierno con 95.000 trabajadores precarizados. Hoy son 72.000. El grueso de esa diferencia son trabajadoras y trabajadores despedidos. Además, el compromiso de campaña del Gobierno de Macri de avanzar aceleradamente en el pase a planta permanente y de priorizar el nombramiento de 12.000 trabajadores que tenían más de 10 años de antigüedad al momento en el que ellos asumieron, no fue cumplido en lo absoluto» , señaló.
El dirigente de ATE Nacional además explicó que «lo más grave de esta situación es que el Gobierno acaba de aprobar un Convenio Colectivo específico para garantizar la continuidad laboral por cinco años a 2.500 funcionarios jerárquicos, y darles concursos extraordinarios y amañados. Y esto, lamentablemente, ha sido avalado por el gremio amigo: UPCN».
«Estos cargos, de Directores o Coordinadores Nacionales, fueron repartidos a dedo por el Gobierno de Macri. Y ahora, a través de este Convenio Colectivo trucho, están tratando de darles continuidad laboral. Entonces, al informe que hicieron los compañeros de Capital Federal, que detalla con mucha precisión que el Gobierno no hizo nada para pasar a trabajadores y trabajadoras con antigüedad a la planta permanente del Estado Nacional, hay que agregarle esta situación en la que el Gobierno de Macri quiere que esos 2.500 funcionarios se queden en el Estado manejando áreas fundamentales», señaló Godoy.
El también secretario Adjunto de la CTA Autónoma consideró: «Yo creo que la intención es la de boicotear cualquier posibilidad de cambio en las políticas públicas. Y es por eso que apenas tengamos posibilidad de sentarnos con el nuevo Gobierno, que esperamos se ratifique el próximo 27 de octubre, vamos a plantear que este Convenio Colectivo trucho debe ser anulado, para que se mantenga la modalidad en la que los cargos jerárquicos tienen el mismo tratamiento para todo el personal de carrera, sin ningún tipo de privilegio alguno».
«Este Gobierno ha generado una catástrofe social, y ha querido destruir y desarticular al Estado, pero nuestro pueblo lo está echando a través de las urnas. Esperemos que no vuelvan nunca más», cerró el dirigente.
También la Vicepresidenta, Gabriela Michetti, que llegó a su cargo envuelta en el escándalo de los aportantes de la fundación SUMA, se apresta a dejar su lugar en la presidencia del Senado en medio de una polémica por el nombramiento de asesores de alto rango y la creación de nuevas estructuras en el Congreso.
Uno de los beneficiarios de la generosidad de Michetti es Santiago Riobó, quien fuera acusado por distintos sectores de la oposición luego de que la vicepresidenta admitiera que era el encargado de recolectar los aportas para la fundación SUMA.
La nómina de los beneficiados por Michetti es larga. Entre los nombres más destacados se encuentran Natalia Obón, pareja del senador radical Julio Cobos y María Constanza Hamasaki, flamante esposa del senador por Salta, Rodolfo Urtubey.
Bajo la administración de Cambiemos 5.325 ferroviarios perdieron su empleo a lo largo de todo el país. Por tal motivo, conformaron la «Comisión ferroviarios sin trabajo» con la finalidad de lograr la organización del sector.
La jornada de jueves comenzó con un «ruidazo», en el hall de Plaza Constitución. Un grupo numeroso de trabajadores se concentró en la cabecera de la Línea Roca. «Este gobierno viene realizando un proceso de vaciamiento lento y en cuenta gotas en los ferrocarriles bajo su administración; 5.325 compañeros perdieron su trabajo a lo largo de todo el país. Por tal motivo nos hacemos presentes. Estamos tratando de organizar la lucha bajo el marco de una comisión de trabajadores, hasta el momento integran la comisión 600 trabajadores», explicó Diego Restituto, trabajador boletero despedido.
La Comisión ferroviarios sin trabajo, plantea la organización del sector en varios ámbitos y objetivos: «No solo buscamos la reincorporación de todo el capital humano despedido durante estos cuatro años, además peleamos por la reapertura de todos los ramales ferroviarios que se cerraron durante la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, al respecto, estamos iniciando una campaña a nivel nacional para lograr que el tren vuelva a las provincias», agregó.
En referencia al contexto socioeconómico productivo y electoral los trabajadores plantean: «Confiamos que el próximo gobierno sea un gobierno federal. Los ferrocarriles cumplen un factor clave para la reactivación de las economías regionales ofreciendo costos más baratos; en síntesis, esta es la base de nuestros reclamos», concluyó.
Se globaliza la protesta por el cierre de Kimberly Clark
El cierre de la planta de Kimberly Clark en Bernal comenzó a repercutir en el exterior. La mayor central de gremios industriales del mundo, IndustriALL Global Union, comprometió su respaldo al reclamo para evitar el cierre de la papelera bonaerense, que desde hace casi 20 días fue ocupada por sus trabajadores.
El secretario General de la organización, Valter Sánchez, expresó la «solidaridad y apoyo» con los 200 trabajadores de la planta. «Nos unimos al apoyo solidario que ya han expresado sus compañeros de Kimberly Clark Pilar, y de otros sindicatos en la Argentina» , dijo Sánchez en una carta dirigida al titular de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos de Argentina, José Ramón Luque.
La decisión se enmarca en la campaña mundial iniciada en rechazo al plan de reestructuración de la multinacional norteamericana que, según denuncian, amenaza los puestos de trabajo de miles de trabajadores en distintas partes del mundo.
Con sede en Ginebra, IndustriALL representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la manufactura, minería y energía en 140 países, incluida Argentina. También a los operarios de la industria del papel y pasta de papel.
«Apoyamos plenamente su plan para poner en pleno funcionamiento la planta, partiendo de la defensa de todos los puestos de trabajo y de que no se modifique el Convenio colectivo, y mostrando la disposición a mantener un diálogo con la empresa» , reza la misiva.
Sánchez destacó que «es imprescindible que se declare a Kimberley Clark en situación de reestructuración productiva, conforme a la Ley Nacional de Empleo Nº 24013, tomándose los recaudos necesarios para garantizar la fuente de trabajo de 200 familias».
Asimismo, respaldó el reclamo al gobierno de Macri para que tomen medidas inmediatas que permitan la reapertura de la planta sin afectar ningún puesto de trabajo, y así asegurar la continuidad de los trabajadores.
Mientras tanto, los trabajadores realizaron una protesta en el Puente Pueyrredón, rechazando el preventivo de crisis de una multinacional que factura millones, y exigiendo que la empresa levante el Lock Out y garantice la continuidad de la planta con todos los trabajadores en sus puestos. «Exigimos además, el pago de los salarios y que el Estado mediante el Ministerio de Producción haga uso de sus herramientas para dar una salida al conflicto», reclamaron en un comunicado.
Denuncian al Grupo DOTA Línea 60
A través de un comunicado, los delegados afirman que el grupo DOTA «busca, otra vez, que el Ministerio de Transporte le habilite a eliminar 12 ramales y a partir la línea en dos: donde los servicios de Capital llegarían hasta San Isidro y los de zona Norte hasta Barrancas de Belgrano, obligando a que los pasajeros abonen 2 pasajes en lugar de 1 para realizar el mismo trayecto». «Desde el Cuerpo de Delegados entendemos que la readecuación implicaría despidos, cambio en las condiciones de trabajo y flexibilización laboral, dejando a miles de pasajeros de a pie. Por estas razones, nos declaramos en alerta y en estado de asamblea permanente a la espera de que el empresario revierta está drástica decisión», agregan.
Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Anred, argentina.indymedia, RedacciónEDA, CTA Autónoma Córdoba.
https://thenextrecession.
Roberts, Michael: «El detonante de la recesión mundial». Texto completo en: https://www.lahaine.org/eI1C
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