El viernes pasado, el concejo deliberante de Bahía Blanca aprobó un expediente de aumento del transporte público de pasajeros (uno de los más caros del país) y nada menos que su presupuesto de manera fraudulenta: la integrante del bloque unipersonal Arturo Illia, Gabriela Schieda, informó al presidente del cuerpo Fernando Compagnoni que no daría quórum. […]
El viernes pasado, el concejo deliberante de Bahía Blanca aprobó un expediente de aumento del transporte público de pasajeros (uno de los más caros del país) y nada menos que su presupuesto de manera fraudulenta: la integrante del bloque unipersonal Arturo Illia, Gabriela Schieda, informó al presidente del cuerpo Fernando Compagnoni que no daría quórum. También había participado de la reunión de labor parlamentaria. Fue reemplazada por una edil que responde al oficialismo para obtener el número que habilitaba la votación y para levantar la mano, a pedido del oficialismo. Es decir, el oficialismo ocupó una banca opositora llamando a un reemplazo encontrándose presente la titular de la banca en el recinto.
Juntos por el Cambio, conducido por el reelecto ex animador radial y televisivo Héctor Gay (con el cincuenta por ciento de los votos) tomó la decisión de, paradójicamente, desempeñarse en el ámbito legislativo al estilo ejecutivo: sin importar la opinión de las propuestas políticas que también tienen representación parlamentaria por voto popular.
Actualmente, el Frente de Todos y el bloque Arturo Illia, es decir la oposición, suman doce integrantes, la mitad de los votos. El oficialismo, Juntos por el Cambio, la otra mitad. En términos estructurales, si la oposición da quórum, Juntos por el Cambio puede aprobar cuanto proyecto desee, dado que aplica el mecanismo del desempate, del doble voto, de manera sistemática. Basta ver cómo durante los cuatro años de gestión previos, hubo sesiones donde no se tomaron al menos superficialmente el trabajo de argumentar proyectos de ordenanzas, a sabiendas de que no ganarían en el terreno de la fundamentación conceptual, con el objetivo de no hacer ruido ni dar letra a titulares, y hacer pasar expedientes a la manera de un gestor: en silencio.
Digamos que hasta aquí, la calidad institucional de la ciudad podía confundirse con una suerte de pantomima democrática: el poder legislativo hará, sin posibilidad de confrontar ideas, lo que el intendente diga, a través del mecanismo de la presidencia doblevotadora.
Pero lo ocurrido durante la última sesión extraordinaria quiebra los límites del efecto pantomima: muestra de la manera más descarnada la violación de cualquier regla de juego de la democracia convaleciente; esas «reglas del juego» tan cacareadas por los demócratas de gallinero que se pavonean en el juego de las formas. «Se acabó ese juego que te hacía feliz», diría Charly en Canción de Alicia en el país.
Con les ediles oficialistas no alcanzaba para para dar quorum. Hacía falta un integrante más: alguien de la oposición. Doce personas no alcanzan. Trece cambia todo. Pero ¿tendría el oficialismo la capacidad de convencer a un adversario político? El Frente de Todos se negó a dar quórum. Schieda, del bloque unipersonal, hizo lo propio.
Con una maniobra más pobre que astuta, más violenta que política, Fernándo Compagnoni, presidente del cuerpo, casi estrenando su presidencia, acaba de tirar a la basura todo su capital político: llamó a la suplente de Gabriela Schieda, quien hace dos años había ingresado por el oficialismo pero hace más de uno que fue reconocida como un bloque aparte.
De esta forma, Anabella Castillo, quien en 2017 había ingresado como suplente de la titular del bloque uniperosnal, en presencia de la titular del bloque unipersonal, habiendo informado la titular del bloque unipersonal que no daría quorum, es decir, haciendo uso de su derecho político a expresar una posición política, ocupa la banca de Schieda para cumplir con sus mentores y levanta la mano.
«Aprobado por unanimidad (¡!)» dice el presidente Fernando Compagnoni.
Si el otro cacareo del gallo amarillo fuera cierto, es decir, el cacareo de la «voluntad de diálogo», podría pensarse en la vía política de que, a través de un recurso, el propio concejo anule la sesión, más no sea por vergüenza o por la loca idea de volver a ejercer el poder dentro del marco democrático.
Desde el punto de vista penal, el artículo 246 prevé el castigo para «el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente«, en referencia a la imponderable Castillo, cuya vida política es conocida a penas por este lamentable suceso.
A su vez, el artículo 248 considera condenable al «funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». ¿Usted qué piensa, señor juez? ¿El presidente del concejo deliberante de Bahía Blanca actuó de tal forma?
Volviendo al plano político, según lo manifestado en conferencia de prensa, la oposición buscará la nulidad entendiendo que, al no haberse respetado las normas del funcionamiento institucional, el efecto jurídico de la sesión extraordinaria sería inexistente.
Más allá de los tiempos judiciales, que siempre actúan como sonajero para dormir la efervescencia de la indignación política espontánea, la ciudad queda, merced a la decisión del oficialismo, en una debilidad institucional inusitada: la mitad de la población asumirá que su estado municipal tiene presupuesto y la otra mitad asumirá que debido a la truchada sufrida se carece de validez en dicha sesión y por ende no hay nada en firme.
Juntos por el Cambio considera la ciudad de Bahía Blanca como un bastión propio y un lugar donde ensayar la resistencia meritocrática en tanto los resultados electorales los han constituido como oposición a nivel país. El viernes 17 de enero pasaron el límite. Con anterioridad, forzaban los instrumentos legales para ejercer su poder en el terruño propio. En esta ocasión en cambio, en una sesión macarrónica y grotesca, esclarecieron a la población que el dichoso apego a las normas institucionales es para Juntos por el Cambio una engorrosa pose que bien pueden omitir.
La máscara del monstruo se ha convertido en su rostro.
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