La UNAM atraviesa actualmente por una crisis institucional. Los síntomas en fechas recientes son las tomas realizadas por estudiantes en los planteles 2, 3, 5, 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria y las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, además de los distintos paros temporales y marchas que han […]
La UNAM atraviesa actualmente por una crisis institucional. Los síntomas en fechas recientes son las tomas realizadas por estudiantes en los planteles 2, 3, 5, 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria y las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, además de los distintos paros temporales y marchas que han ocurrido en los últimos años y meses en la institución, todos ellos en contra del acoso sexual y la violencia de género, el porrismo, la inseguridad, la violencia, la muerte de alumnos dentro de sus instalaciones, la violencia de algunos académicos y funcionarios, y la exigencia de mayor representatividad en la elección de las autoridades.
Hasta el momento, la universidad no ha podido resolver estos conflictos por las vías institucionales tradicionales. E l concepto ya no corresponde a su objeto. La UNAM requiere adaptarse a las exigencias planteadas por un contexto social adverso. La crisis universitaria hunde sus raíces en la crisis social que atraviesa México; producto a su vez del agotamiento de la fase actual de su capitalismo dependiente y un proceso de oligarquización basado en la superexplotación y la depredación de los bienes y servicios públicos (neoliberalismo). Dichos elementos en conjunto han producido una brutal desigualdad social, graves rupturas del tejido social y puesto entredicho a las débiles instituciones públicas de bienestar social.
Desacreditar al amplio movimiento estudiantil o criminalizarlo es no entender que sus demandas son precisamente síntomas de la necesidad que tiene la universidad de emprender un proceso de reforma de gran calado. Por tanto, bloquear estas demandas o administrar el conflicto, es únicamente posponer su verdadera solución: la democratización de la universidad.
Los procesos de organización y lucha de los distintos sectores de la comunidad universitaria han hecho evidente que la institución y las autoridades universitarias no son capaces de resolver las profundas problemáticas de la Universidad. Los problemas planteados han desbordado a la institución. El burocratismo, el autoritarismo, el nepotismo, el encubrimiento administrativo, la osificación institucional y el gatopardismo han quedado al descubierto como parte de los obstáculos que impiden la resolución cabal de los conflictos de manera democrática e inclusiva a largo plazo.
Sin embargo, la posible resolución de los problemas causados por el acoso sexual, la violencia de género, la inseguridad interna, la violencia académica, el porrismo, la falta de democracia, etc., sería incompleta si no se articulan con demandas del personal académico y administrativo de la universidad. Por tal motivo, tanto estudiantes como trabajadores administrativos y académicos, la base de la comunidad universitaria, deben avanzar juntos y establecer un mínimo de demandas comunes para unificar sus luchas y lograr una democratización integral de la universidad. De lo contrario, las distintas problemáticas corren el riesgo ser aisladas, administradas y, finalmente, ahogadas por la burocracia.
Es sabido que la UNAM tiene en su origen una raíz elitista y conservadora, reflejada en su consolidación a inicios del siglo XX. Posteriormente, su masificación a mitad del siglo pasado, el movimiento estudiantil de 1968 y los diversos movimientos laborales y estudiantiles de los setenta y ochenta contribuyeron a que la universidad se convirtiera en una institución más inclusiva y adquiera un carácter social -hasta ciertos límites-. No hay duda que sin la gratuidad y el carácter público de esta universidad un gran número de mexicanos no habría podido acceder a la educación media superior y superior o a espacios culturales o a una fuente de trabajo formal.
A pesar de ello, este carácter elitista y conservador de la UNAM se ha mantenido. La administración de la universidad, la investigación y el desarrollo académico han sido, casi en su totalidad, un monopolio férreo de la clase media alta, lo cual entra en contradicción con el carácter inclusivo y público logrado durante la segunda mitad del siglo XX. Aún más, este problema se ha profundizado durante el periodo neoliberal. La universidad no ha podido ser ajena al proceso de oligarquización y de desigualdad social que ha afectado a México.
Durante el neoliberalismo, este monopolio de la clase media alta se ha vinculado a una jerarquización salarial y de prestaciones -productivista y «meritocrática»- muy marcada dentro de la institución. La existencia de una verdadera aristocracia académica (sumamente reducida) -investigadores y profesores eméritos, investigadores y profesores de tiempo completo- sólo es posible por la precarización laboral y bajos salarios de la mayoría del personal académico y administrativo. A esto se suma la alta burocracia compuesta por el rector, los directores de facultades y escuelas y las direcciones de las instituciones de la UNAM. El esquema neoliberal adoptado en la universidad ha conducido a concentrar los recursos y beneficios en dicha aristocracia y alta burocracia, a quienes se les permite acceder a la privilegiada esfera local de alto consumo a cambio de lealtad a la institución, a su esquema meritocrático-productivista y al Estado mexicano.
En el conflicto estudiantil de 1999 esta alta burocracia y muchos miembros de la aristocracia académica se opusieron y bloquearon la realización de un Congreso Universitario que pretendía ser un proceso ampliamente democrático. Además, es bien sabido que al interior de estas esferas existen disputas mezquinas y a muerte por ocupar los espacios de poder y decisión, en donde se concentra el control de recursos, altos salarios y privilegios. Actualmente, precisamente, estos sectores privilegiados, principalmente la alta burocracia, impiden la resolución de los conflictos actuales. Claman que estos sean resueltos por las vías institucionales, pero éstas han sido obsoletas y están rebasadas por la realidad que enfrenta la universidad y el país. Ponen en marcha programas y protocolos contra la violencia académica, la inseguridad y el acoso sexual, etc., pero evitan tocar a toda costa la estructura arcaica, patrimonialista, jerarquizante, autoritaria, patriarcal, conservadora y clasista de la institución.
Ante esto es necesario y urgente que los distintos colectivos estudiantiles que se asumen de izquierda, la comunidad estudiantil, las y los profesores de asignatura, las y los académicos y trabajadores administrativos articulen sus distintas reivindicaciones para con la UNAM por medio del diálogo y foros de discusión. Esto para establecer un programa flexible pero eficaz que de viabilidad a esta universidad pública en el largo plazo e impulse la transformación de su estructura anacrónica y la democratización de ella en sus ámbitos centrales: la relación profesores-alumnos; lo laboral-salarial; la relación entre géneros; el acceso inclusivo a la institución (académico y laboral); la relación adultos-jóvenes; la toma de decisiones; la elección de autoridades y representantes; los planes y programas de estudio; los modelos educativos; las líneas de investigación y la designación y distribución de recursos.
En un país como México, marcado profundamente por la exclusión y la desigualdad social, es necesario asegurar el carácter social, gratuito, igualitario, inclusivo, democrático y público de la Universidad Nacional.
Jesús Zepeda es profesor de la UNAM
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