La negociación de la deuda ha ingresado en tiempo de descuento. El Fondo, los fondos y el gobierno ensayan propuestas, mientras una pregunta subyace: ¿Qué es más costoso evitar el default o ir a un default ordenado?
El Fondo descubrió el agujero del mate: que nuestro país atraviesa una crisis de solvencia y que está en default virtual o técnico. Contradice así su último análisis de sostenibilidad de la deuda, publicado en julio de 2019. Más aún considera que el gobierno ya ha avanzado todo lo posible con el “esfuerzo fiscal” (desindexación jubilatoria, eliminación de clausulas gatillo, anuncio (postergado ahora) de aumento de tarifas segmentado, incremento de impuestos…) y que no se le puede exigir ya superávits fiscal primario a riesgo de poner en riesgo la sustentabilidad política del gobierno, es el momento entonces de pedirle a los acreedores privados una “contribución considerable”.
Avaló así la estrategia argentina de reestructuración de la deuda con acreedores privados. Al mismo tiempo dejó en claro que es el acreedor prioritario y que no está dispuesto a conceder quitas ni reperfilamiento alguno de sus acreencias, mucho menos a revisar sus responsabilidades.
El fondo y los fondos
Si se tratara de una partida de truco se diría que el gobierno hizo la primera pero en este juego lo que define son las otras dos manos y para eso hay que tener cartas buenas. Los bonistas quieren que el gobierno acuerde primero con el Fondo, parten de la idea de que este impondría criterios fiscales que garantizarían el cobro de sus acreencias, mientras que el Fondo no tiene ningún apuro -con sus declaraciones solo le ha dado aval político al gobierno- sus vencimientos operan recién a partir del año que viene. En tanto el gobierno busca cerrar un acuerdo con los acreedores privados con una quita importante (entre el 30 y el 50%). Su apuro es entendible, en mayo y junio hay fuertes vencimientos con los bonistas.
Sin embargo el ancho de espadas y el siete bravo parecen estar en manos de los fondos. Coordinados entre ellos tendrían el monto de bonos suficiente como para hacer fracasar toda reestructuración que no contemple sus intereses (las clausulas de acción colectiva incluidas en los bonos obligan a que toda reestructuración cuente con el aval mínimo del 75% de los tenedores). Por su parte el FMI está autocuestionado por el insólito préstamo otorgado a Argentina, involucra al 47% de su capacidad prestable.
Los costos de pagar y no pagar
Así las cosas el default depende de la voluntad de los bonistas cuya capacidad financiera es mayor que la de muchos Estados considerados potencias y, obviamente, pueden independizarse de lo que diga el Fondo. Si un default es impuesto por los acreedores se argumenta “son las condiciones de mercado” pero si es producto de una acción consciente de un gobierno que se siente soberano, se trata de una idea alocada en la que “todos pierden” meramente propagandística”. El sentido común ha naturalizado que pagar es el mal menor.
¿Pero es así? ¿Es que acaso se cotejaron los costos de evitar un default con los de decidirlo política y conscientemente? Hacerlo puede ser un ejercicio interesante:
Los costos de evitar un default. Pueden sintetizarse como que eternizaran la dependencia y la subordinación financiera. Más allá de que el acuerdo con el Fondo resulte un nuevo Stand By o un Plan de Facilidades Extendidas, que estire los vencimientos, que lo fondos acepten una quita significativa que incluya intereses y un período de gracia, la deuda permanecerá y luego del período inicial entrarán a jugar las políticas de ajuste para garantizar superávits fiscales necesarios para pagar intereses y las consabidas reformas estructurales para ingresar definitivamente en el capitalismo de mercado, y sobre todo para bajar costos que garanticen exportaciones, que consigan los dólares para pagar deuda. Nadie puede garantizar que en 4 ó 5 años no tengamos una nueva crisis, la experiencia muestra que la deuda tiende a realimentarse en un círculo que la perpetua.
Los costos de un default consciente. Se dice habrá un bloqueo financiero. Argentina quedaría fuera de los mercados de crédito y aislada políticamente. Pero el país está fuera de los mercados desde marzo de 2018. En cuanto a los Organismos (tipo BM, BID, etc.) difícil que después del megapréstamo del FMI haya margen para nuevos créditos de estos, salvo los que ya están en curso. Por otra parte inversiones productivas no hay en el país desde hace al menos una década. Es decir situación financiera no empeorara respecto a la situación actual. Y siempre es posible buscar local e internacionalmente fuentes de financiamiento alternativas. Por otra parte durante el default del 2001 el país no estuvo aislado del FMI, ni del BM, de la OMC o del G20. ¿De qué aislamiento político nos hablan?
Se amenaza también con un bloqueo comercial. Pero ¿China dejará de comprarnos soja y sus derivados y carnes rojas? ¿Dejará de vendernos equipos? ¿Brasil dejará de importar los autos que aquí ensamblamos con las piezas y equipos que ellos nos venden? ¿Chile, Vietnam, EEUU nos cerrarán sus mercados? ¿Y los mercados a los que exportamos productos tecnológicos? Por lo demás nuestro país no es considerado en el concierto de naciones como Venezuela, Irán o Cuba, así que hay que relativizar el posible bloqueo. Obviamente habrá juicios contra el Estado e intentos de embargar los bienes del país en el exterior, pero ya se vio que esto no es significativo.
Contrariamente al cesar o suspender los pagos el Estado contará con una masa de recursos para hacer políticas activas y reanimar la economía. Si se investiga la deuda buena parte de ella se cae sola, porque como sabemos está muy floja de papeles.
El default no es más que un punto de partida -no exento de dificultades- que debe ir acompañado de otras políticas, sobre la banca, el comercio exterior, lo impositivo, lo financiero. Se requerirá un programa de emergencia que resulte la base para avanzar en transformaciones más profundas, cambios en el modelo productivo y nuevas relaciones internacionales.
Pagar o no pagar, esa es la cuestión.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda-