En tan solo un año (2019) el gobierno de Chiapas despojó miles de hectáreas de tierras a campesinos y colonos, las principales consecuencias de esta política es la múltiple violación a los derechos humanos y constitucionales, así como la situación de incertidumbre y zozobra a la que son obligadas a vivir las víctimas.
Casas destruidas, escuelas reducidas a escombros, el patrimonio de cientos de familias hurtado por los cuerpos policíacos militares son las consecuencias inherentes a la política de despojo de tierras; la afectación en la salud mental es palpable con cuadros de depresión y ansiedad en la población afectada, secuelas psicológicas más generalizadas en dichos actos represivos.
Agudización de la pobreza y miseria es otra de las consecuencias más visibles en la población víctima de despojo, porque la tierra es un medio de vida para el trabajo y sustento familiar, en otros casos es un lugar para habitar y liberarse de pagar arrendamientos, sin ese patrimonio la economía familiar se ve afectada.
Con esta política los derechos a la tierra, al trabajo, a una vida digna, a la vivienda, a una vida libre de violencia son negadas tajantemente al pueblo chiapaneco. El despojo de tierra en este año 2020 no se detiene, continúa y con ello los daños y el número de población afectada también incrementan.
El Estado objetiva el despojo de tierra
La tierra es una mercancía para la clase en el poder que está en función de incrementar su tasa de ganancia, tanto por lo que puede producirse en ella cómo los recursos energéticos y minerales que ahí se encuentran, el Estado es el instrumento de opresión que se encarga de objetivar los intereses de empresarios voraces que solo quieren acumular y concentrar capital.
En el mes de enero de 2019 iniciaron los despojos de tierra por el gobierno chiapaneco, en correspondencia a la necesidad burguesa de dar apertura un nuevo ciclo de desarrollo capitalista en el sur sureste de México, que significa la apropiación de la tierra para la agroindustria, explotación de minerales, construcción de complejos turísticos, inmobiliarios e infraestructura en comunicaciones serviles al capital.
Previo a la ejecución de la política de despojo de tierras, el Estado pasó por una etapa de planeación, que terminó en la elaboración del protocolo de desalojos que es un plan gubernamental que delimita la actuación de los cuerpos policíaco militares en los operativos de despojo y el manejo de las instituciones jurídicas para justificar su proceder represivo.
Los encargados de la política interna en la entidad hacen uso faccioso de una fraseología jurídica y política para justificar las graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, consideran que su actuar es conforme a derecho o que restituyen tierras a sus legítimos dueños, que aplican una justicia más humana o que ejercen una política a favor de quienes menos tienen, discurso que sirve para ocultar su vocación pro fascista y criminal en apego estricto para entregárselas a empresarios y neo caciques.
El protocolo de desalojos evidencia la actuación coordinada de diferentes instituciones, entre ellas, la policía municipal, estatal y federal, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo que indica que en la ejecución de los planes represivos están imbricados responsabilidades federales y locales en un conclave criminal que representan las mesas de seguridad.
La coordinación policíaco militar y de derechos humanos fue denominada Grupo Interinstitucional que planifica y objetiva los despojos; con la conformación de la mesa de seguridad toma cuerpo una estructura del Estado policíaco militar desde donde se deciden los próximos operativos de represión, es la instancia en la que participan mandos civiles, policíacos y militares.
Población afectada
Cada operativo que emana del protocolo de desalojos culminó en población desplazada de sus hogares, obligada a estar sin tierra para trabajar o vivir, forzada a existir en condiciones totalmente precarias, es decir, sin alternativas para obtener una nueva vivienda, tierras para el cultivo y servicios básicos como energía eléctrica y agua potable.
El Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODD) recientemente presentó un informe con cifras de los saldos en víctimas y tierra despojada, del cual señala que en el año 2019 hubo un total de 81 desalojos forzados principalmente en la zona centro del estado.
El desalojo forzoso es, según la ONU, “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan”, con base en esto el gobierno chiapaneco viola los convenios internaciones respecto al fenómeno, expulsa familias enteras al total abandono y evade su responsabilidad de garantizar el derecho a la posesión de la tierra y a una vivienda digna y decorosa.
Esta acción en Chiapas se repitió en 81 ocasiones, lo cual se traduce en 8 mil 223.1 hectáreas de tierra despojada, comunidades y colonias enteras fueron borradas del mapa, sus tierras pasaron de ser el sustento de familias enteras a propiedad privada de familias o empresarios cercanos a políticos de oficio.
Del total de desalojos forzosos y hectáreas de tierra despojada hay también una cantidad de personas afectadas, hablamos de 6 mil 525 familias desplazadas de manera forzada de sus hogares, un total de 19 mil 380 personas aproximadamente, estadística que expresa la magnitud de las consecuencias de la política represiva en Chiapas.
En este 2020 la cifra de desalojos va en ascenso, en los primeros dos meses se realizaron por lo menos cinco, cerca de mil hectáreas de tierra despojada y un aproximado de 700 familias desplazadas de su lugar de origen. De seguir esta tendencia habrá en corto tiempo miles más obligadas a vivir en condiciones infrahumanas.
Hasta la fecha no existe un plan del Estado para resarcir los daños de esta política y garantizar a la población su derecho a la vivienda, al trabajo y a una vida digna. Las demandas populares de antaño no son atendidas en esta administración, al contrario, la respuesta a dichas exigencias es la represión.
Pérdidas materiales
El saldo en pérdidas materiales es cuantioso, las familias se quedan sin hogar y trabajo, pierdan todo el patrimonio comunitario, colectivo e individual que con años de esfuerzo edificaron; hablamos de las viviendas, enceres domésticos, animales de corral, escuelas e iglesias. Hablamos de 6 mil 525 familias desplazadas representan el mismo número de hogares destruidos, casas de concreto que fueron reducidas a escombros, casas de madera y láminas de cartón que terminaron en cenizas. Hay un conteo de 53 escuelas destruidas.
Lo hurtado por la policía se contabiliza en animales de corral, electrodomésticos, muebles, laminas (galvanizada, cartón) en buen estado, cableado eléctrico, herramientas de trabajo de diverso tipo, joyería, dinero. Estos robos los cometen agentes vestidos de civil y uniformados.
Los argumentos que hace el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, respecto a las casas hechas con madera y láminas destruidas por sus agentes como casuchas son despectivos e indolentes, expresa su concepción retrógrada, su servilismo a los empresarios y el odio de clase contra el pueblo trabajador.
A partir de la denuncia contra el gobierno chiapaneco por el abuso de autoridad y el robo a sus pertenencias, éste tuvo que modificar su protocolo de desalojos en el que de manera perversa otorga 30 minutos a las familias a desalojar para llevarse las pocas pertenencias que poseen, con ello intenta justificarla violencia institucional que ejecuta contra el pueblo y aparenta ser un gobierno que “respeta los derechos humanos” y “prioriza el diálogo”.
Esa actitud de los políticos de oficio es ruin, en el momento en que las familias deciden que llevarse, es pedir a las víctimas labrar su propia tumba, revictimizar a quien figurará en la lista o estadística de desplazamiento forzado interno en México.
Sin pertenencias, sin hogar, las familias desplazadas son obligadas a vivir a la intemperie, expuestos a las inclemencias del tiempo, con escases de alimentos, ropa, herramientas de trabajo, sin dinero, en suma, son abandonados a su suerte por el gobierno chiapaneco.
Secuelas psicológicas
Los daños causados a nivel psicológico contra la población víctima de esta política deleznable son diversos, así lo evidencia un estudio realizado por el Grupo Interdisciplinario de Intervención Psicosocial del Colectivo Ignacio Martin Baró (CIMB) a los compañeros de la comunidad 2 de Noviembre en el municipio de Socoltenango, Chiapas.
Los niños son los más vulnerables a padecer secuelas psicológicas permanentes después de vivir un episodio como son los operativos de desalojo, donde son testigos presenciales de la vejación, amenazas, destrucción de sus viviendas, ven consumir en fuego sus pertenencias, objetos de juego, su vestimenta y las cuatro paredes que fueron su hogar, eso genera daños en la psique.
El estudio del CIMB a los habitantes menores de 18 años de la comunidad 2 de Noviembre, concluyó que las afecciones presentadas después del desalojo forzoso son psicosomáticos relacionados con pesadillas, insomnio y ansiedad asociados a sentimientos de amenaza, depresión expresado en el humor triste y la desesperanza; por último el postraumático que se expresa en evitación y desconfianza.
La ansiedad es el síntoma que más predomina en los adultos, y se manifiesta en la idea de que en cualquier momento pueda repetirse un nuevo episodio de esa naturaleza. Esta sintomatología es la que podrían manifestar todas aquellas familias que vivieron eventos similares en la entidad, lo que a la postre configuran cuadros patológicos de complejidad y gravedad relativas.
El sufrimiento emocional es lo que provoca el actuar del gobierno chiapaneco, además de toda la serie de consecuencias físicas derivas del fenómeno represivo. Esta situación indica que existe meticulosidad en el ejercicio de la violencia institucional con el propósito de quebrantar la voluntad de lucha del pueblo.
Detenciones arbitrarias
El protocolo de desalojos lleva implícito múltiples violaciones a los derechos humanos como la detención arbitraria, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra quienes deciden defender su derecho a una vivienda digna y a la tierra. En los 81 operativos realizados el año pasado detuvieron a 243 personas.
Las detenciones arbitrarias para el gobierno de Chiapas significan el elemento coercitivo con la cual intenta obligar a las personas, familias y comunidades a desistir de la organización y la lucha por la defensa de la tierra. Condiciona la libertad de los presos políticos a cambio de que abandonen sus derechos a la organización y la protesta.
Así lo expresó un funcionario del gobierno chiapaneco, un preso puede quedar libre si dejan de organizarse y manifestarse, por lo que automáticamente los encarcelados se convierten en rehenes políticos utilizables como moneda de cambio.
Lo descrito hasta ahora son las consecuencias objetivas de la política de despojo de tierra, realidad que demanda del pueblo una mayor organización, combatividad y firmeza ideológica para enfrentar creativamente esta política represiva del gobierno chiapaneco.
La lucha por la defensa de la tierra es legítima, por esa razón no debe haber titubeos en la exigencia de libertad de los presos políticos y el respeto al derecho a la posesión de la tierra. Las víctimas que hoy se encuentran en condición de desplazamiento forzado deben generar las condiciones políticas y organizativas para retornar a sus comunidades y los que están bajo amenaza deben desarrollar las premisas metodológicas para defender la tierra.
Articulo de la revista Consigna Socialista
Para leer en línea:http://fnls.mayfirst.org/spip.php?article2410