A dos años de que el movimiento de regeneración nacional se hiciera de algunas entidades federativas, llegara al gobierno federal y lograra la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión y el Senado de la república se ha vuelto evidente su influencia política y la debilidad de sus adversarios al reiterar, el pasado 04 de junio de 2020, su hegemonía en el Senado con la oficial desaparición de las bancadas del PES y el PRD; mientras busca de distintas maneras, sin afectar al capital aunque eso signifique poner en riesgo la salud del pueblo trabajador, sortear la crisis económica provocada por la pandemia de SARS-COV2.
Así mismo es bajo este mismo contexto que surgen confusiones respecto a la gestión gubernamental de la auto proclamada cuarta transformación ya que mientras se habla de respeto a los derechos humanos, sigue la cerrazón frente a los conflictos laborales, y se articulan programas asistencialistas para apoyar a los sectores de la población más afectados por la crisis, al mismo tiempo que se mantienen políticas anti populares provenientes de sexenios pasados, el gobierno federal concretó el pasado 11 de mayo de 2020 el plan de seguridad militarizada al lograr disponer de las fuerzas armadas permanentes para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
En efecto, el zigzagueo de la actual administración ha producido mal interpretaciones sobre sus decisiones y acciones, lo cual ha polarizado gran parte de la opinión pública entre los que aseguran que el actual gobierno sigue la senda del comunismo y los que creen que la cuarta transformación solo intenta lavarle la cara al capitalismo. De ahí que resulte pertinente analizar lo esencial en la naturaleza del Estado Mexicano.
Para comprender lo esencial del contenido jurídico y ético del aparato estatal mexicano se debe determinar su carácter de clase. En ese sentido se puede afirmar que su carácter de clase es burgués ya que se garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada desde la conformación de la nación en 1824 y porque, posteriormente, la clase burguesa introdujo por vía legislativa los principios liberales y el sistema individualista de valores en el contenido jurídico y ético de la Constitución de 1857. Baste como muestra que antes de la rebelión armada contra la dictadura porfiriana sólo eran legales los derechos de una parte esencial de la sociedad que correspondía con los valores jurídicos y éticos de la clase dominante al mismo tiempo que se prohibía cualquier acto de las clases subalternas e instrumentales que pudieran alterar el orden establecido e interrumpir el libre desarrollo de la economía capitalista. Por consiguiente la naturaleza jurídica del Estado fue en principio liberal porque afirmaba los derechos de los poseedores de capital y negaba los derechos de los solo eran poseedores de su fuerza de trabajo. En suma, fue así que la clase burguesa imprimió su visión del mundo en el moderno aparato de dominación y regulación de la sociedad.
Luego como resultado del desarrollo económico, político y social del país se llegó en 1910 a un momento decisivo del pueblo mexicano que harto de las leyes injustas y el orden político pasó de una resistencia activa a ejercer una resistencia ofensiva, a fin de instaurar un nuevo proyecto social que reivindique los valores humanos.
En particular el nuevo proyecto social contenido en la Constitución de 1917 concretó, por un lado, la idea de una esperanza trascendente al orden imperante pero sin alterar la base del sistema social y, por otro lado, renovó la unidad de la nación burguesa porque en dicha carta magna se conciliaron los intereses de las clases subalternas (obreros y campesinos) con los intereses de la clase dirigente (burguesía). De ahí que la supuesta revolución mexicana en realidad sólo fuera una rebelión, a pesar del hecho de que Venustiano Carranza presentó ante el Constituyente del 16-17 un proyecto de reforma a la Constitución de 1857 que anunciaba un nuevo orden social pero que jamas pasó de solo hacer modificaciones al sistema social hegemónico.
Se podría objetar que no fue una rebelión y sí una revolución, sin embargo las modificaciones logradas por el movimiento popular anti-dictatorial no produjo cambios cualitativos en la sociedad que se pudieran traducir en una discontinuidad de las relaciones sociales del sistema capitalista e instauración de un sistema distinto al establecido. Por el contrario, sólo significó una fase más en el desarrollo evolutivo del Estado mexicano al consistir, dicha reforma constitucional, en un reconocimiento de nuevos derechos sociales y del trabajo que partían de los mismos principios dominantes que los regulan.
Así mismo la evolución trajo consigo la actualización de la naturaleza jurídica liberal y ética individualista ya que al momento de afirmarse en la Constitución el derecho del trabajo, normatividad que ya no solo regula las relaciones sociales de producción sino que también suma a las prestaciones legales los derechos a la seguridad y previsión social de la clase trabajadora en la sociedad burguesa.
Por otro lado y a pesar de que el nuevo derecho mexicano del trabajo significó un progreso social cabe mencionar que la introducción de valores ajenos al ideario burgués también produjo un conflicto irreconciliable en el contenido ético y jurídico del Estado liberal a lo cual; la clase dirigente del proceso constitucionalista resolvió conciliando los derechos del trabajo, de nuevo cuño, y que servirían de base para la construcción del derecho social del porvenir, con el derecho del capital. De manera que fue así el modo en que se erigió en México una nueva ideología política, económica y social: el pensamiento socialdemócrata.
Dado que el nuevo pensamiento socialdemócrata fue producto de la unión contradictoria de algunos aspectos de la ideología socialista con los principios base del sistema capitalista es que el contenido ético y jurídico de la Constitución de 1917 resulta difuso ya que al asimilar la ideología socialdemócrata se conserva el carácter de clase burgués y el sistema individualista como contenido ético mientras se concilian, en favor de la clase que detenta el poder, los derechos del capital y del trabajo.
En efecto, con la introducción del pensamiento socialdemócrata se modificó el contenido jurídico del aparato de dominación de manera que se volvió un Estado de naturaleza jurídica: social. Es por esto que la ideología del Estado social en apariencia es contradictoria al pretender el imposible de la paz sin justicia social del mismo modo que pretende lograr la democracia en la ignorancia o vencer la democracia de la pobreza por medio de la inclusión del interés general en la democracia representativa; articulación de programas asistencialistas y medidas redistributivas de la riqueza dentro de los marcos del sistema capitalista a fin de lograr bienestar social o, dicho de otra manera, para alcanzar condiciones económicas que le permitan a la mayoría de la población vivir con tranquilidad, que no es lo mismo que buscar el bien común.
Hecha esta salvedad, la necesidad del Estado social por intervenir en la economía se debe a un efecto producido por la guerra inter-imperialista de 1914-1918 puesto que los efectos de la guerra obligaron a los Estados a intervenir en los procesos de producción y distribución con el propósito de garantizar los elementos necesarios para el sostenimiento de los ejércitos. Pero en el caso de México, a pesar coincidir la renovación superestructural con un periodo de crisis económica y guerra, la necesidad del Estado de dar por concluida la economía liberal e intervenir en la economía también se debió a la necesidad burguesa de cumplir con la obligación de llevar a cabo el nuevo proyecto social de 1917, con el objetivo de restablecer su hegemonía, lo cual obligó al gobierno a dar por concluida la economía liberal para dar inicio a la intervención en la esfera económica y así aumentar su presencia en los diversos ramos productivos y de servicios.
Además, y dicho sea de paso, me gustaría esclarecer la idea del adelgazamiento o fortalecimiento del Estado ya que deseo subrayar la omisión de la función coactiva del aparato estatal: la fuerza pública permanente. Dicha omisión se debe a que ambos conceptos se usan en la mayoría de los casos para referirse al mayor o menor grado de intervención del gobierno en actividades no esenciales para sus funciones de dominación y desactivar la noción marxista del Estado que lo concibe como un aparato de dominación de una clase sobre otra. De ahí que bajo este discurso no se perciba en la opinión pública el anuncio de aumento en el presupuesto de la fuerza pública permanente como un fortalecimiento de las actividades sustantivas del Estado y tampoco se considere la política de militarización de la vida pública como una priorización de la función coactiva del aparato de dominación para solucionar próximas situaciones graves y decisivas que pongan en peligro la continuidad del sistema capitalista.
Dicho lo anterior la militarización del país también es una reacción del régimen a la agudización del conflicto capital-trabajo y a la latente posibilidad de una nueva guerra moderna entre los distintos polos imperialistas. Por lo que se refiere a las causas que agudizaron los conflictos de clase se debe resaltar la flexibilización de las condiciones de trabajo con las últimas reformas laborales (2012 y 2019) y la precarización de las condiciones de vida como resultado de las políticas orientadas a desmantelar las partes integrantes de la seguridad y previsión social. De modo que en estas circunstancias no es extraño que las clases subalternas pongan en tela de juicio la dirección política de la burguesía y se marque una tendencia a la insumisión por las afectaciones de la crisis.
En conclusión, si aceptamos que la causa que provoca el confuso actuar del Estado mexicano es causada por la divergencia existente entre los fines individualistas de la clase burguesa y los fines sociales que persigue el proyecto social de 1917, se puede afirmar que es la razón por la cual al gobierno no solo le resulta difícil consensuar con gran parte de la sociedad civil directrices políticas contrarias a los derechos sociales y del trabajo, sino también que se vea en la necesidad de legalizar el uso de las fuerzas militares a causa de la creciente posibilidad de perder el control de la sociedad y poner en riesgo la continuidad del sistema económico, político y social que dirige la burguesía. No obstante la crisis del sistema hegemónico evidencia el resquebrajamiento del actual bloque histórico y anuncia el surgimiento de un nuevo orden social.