La detención arbitraria de personas es una realidad innegable en el país, en el último par de años la cifra de víctimas de esta violación a los derechos humanos ha ido en aumento, situación que expresa continuidad en este sexenio a la represión en contra del pueblo organizado.
En el mes de enero del presente año el representante del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador por segunda ocasión dijo que en su administración no habría presos políticos, tampoco tortura ni masacres, dicho mensaje dista mucho de la realidad, en los hechos las instituciones a su cargo ejecutan detenciones arbitrarias y tortura, cientos de casos documentados lo confirman.
Chiapas y Michoacán son ejemplos de entidades con gobiernos represivos, en estos estados hoy en día decenas de activistas, defensores de los derechos humanos, luchadores sociales se encuentran encarcelados injustamente, el silencio por parte del gobierno federal ante este clima de represión hace deducir que existe anuencia y connivencia.
En dichas entidades federativas quien lucha y defiende el derecho a la tierra, el derecho a la educación pública y gratuita, quien exige justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, quien ejerza crítica política al actual régimen de explotación y opresión es tratado como delincuente, como si protestar y opinar fuera un crimen, éste es el trato que la actual administración da al pueblo organizado.
Detrás de las detenciones arbitrarias está el intento gubernamental de desarticular a las organizaciones populares, detener el descontento popular, callar la exigencia de justicia e imponer el interés oligarca expresado en los megaproyectos económicos de beneficio únicamente empresarial.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) es víctima de esta política represiva, en Chiapas el gobierno mantiene como sus rehenes políticos a cuatro compañeros, Javier Gonzales Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, en Michoacán recientemente fue detenido de manera arbitraria el compañero Leobardo Reyes Meza, hoy es un preso político más del régimen.
El papel de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta administración es perpetuar las injusticias y la impunidad, por ello, esta institución cuyo titular es Jorge Luis Llaven Abarca maniobra jurídicamente para mantener encarcelados a los presos políticos, es el caso de Juan Díaz Montejo y Rosa del Carmen Hernández López compañeros integrantes del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC) quienes continúan detenidos de manera injusta desde el sexenio pasado.
La FGE arma expedientes incriminatorios, criminaliza la protesta, prefabrica delitos para justificar la represión, desde esta instancia se expiden órdenes de aprehensión en contra de integrantes de organizaciones populares, es el caso de las amenazas de detención arbitraria con supuestas órdenes de aprehensión en contra de integrantes del comité ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE, y contra integrantes de la Organización Frente de Asociación Barrios y Comunidades, de Comitán de Domínguez (Frente ABC). Esto deja en claro que el objetivo principal en estos momentos para el gobierno chiapaneco es reprimir a las organizaciones populares y detener la organización independiente.
En este clima de detenciones arbitrarias en la entidad también se encuentra las decenas de presos políticos que se dieron durante los despojos de tierra en la zona centro del estado, hoy más de 40 personas permanecen encarceladas injustamente sólo por defender el derecho a la tierra para vivir y trabajar.
Encerrar en las cárceles a quien ejerce crítica política es muestra de que existe un gobierno intolerante, autoritario y represor, que ha decidido castigar a quien se organiza y lucha por defender sus derechos, en vez de escuchar y atender las demandas del pueblo.
Conclusión: el discurso oficial de que no hay presos políticos en el país es demagogia, existen detenciones arbitrarias contra luchadores sociales lo que indica que existe una política represiva y autoritaria. El estado de derecho sirve para criminalizar la organización y protesta popular, las instituciones encargadas de impartir “justicia” como la FGE se dedican a crear carpetas de investigación con pruebas falsas y delitos prefabricados, expedir órdenes de aprehensión para así justificar las detenciones arbitrarias.
Ante este panorama como organizaciones populares no estamos dispuestos a quedarnos en silencio y en la pasividad, por tanto, salir a las calles a protestar no es un capricho es una necesidad para no permitir que las cárceles se llenen de luchadores sociales, en este contexto las organizaciones abajo firmantes mantendremos la movilización y la protesta como derechos constitucionales para exigir solución a nuestras demandas que son:
1.- Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos
2.- Cancelación de órdenes de aprehensión en contra de integrantes de organizaciones populares
3.- Presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y la de Fidencio Gómez Sántiz integrante del FNLS.
4.- Una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación la Lic. Olga Sánchez Cordero para que atienda los puntos anteriores.
Protestar no es crimen, es un derecho y lo haremos válido. Hacemos responsable a los tres niveles de gobierno de cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica de nuestros compañeros
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos
Organización Frente de Asociación Barrios y Comunidades
Organización Popular del Estado de Chiapas
Movimiento Amplio Opositor de Liberación Nacional