Las luces rojas en los tableros del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la CABA se encendieron. La cantidad de contagios dejó de bajar, las negociaciones con Pfizer siguen estancadas y la vacuna rusa no estaría disponible antes de fin de año.
Cuando hablamos de vacunas estamos hablando de negocios de las multinacionales
Cuando hablamos de negocios, hablamos de capital imperialista, es decir de monopolios y de su influencia en los gobiernos. Al explicar las causas del estancamiento con la multinacional, Ginés deslizó una perlita: “Se nos pidió una ley que les diera inmunidad y esa ley salió. Dijeron que no era suficiente, que había que hacer otra ley […]”. Se confirma nuestra denuncia, la ley 27.573, llamada de vacunación obligatoria, fue hecha a medida de la industria farmacéutica y por eso le da inmunidad por adelantado de los efectos indeseables y la Argentina reconoce que todos los litigios con las multinacionales deben ser ventilados en los tribunales del país de origen. Pfizer pide más impunidad para venir a la Argentina.
Bajo la dirección de las multinacionales, la distribución de las vacunas no beneficiará por igual a la población mundial. Según investigaciones de la Universidad de Duke, las farmacéuticas han vendido anticipadamente 7.300 millones de dosis que podrían vacunar la mitad de la población mundial en 2021 si se repartieran de modo equitativo. Los países ricos, con 13% de la población mundial, han comprado el 52,7 por ciento. Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, impulsado por la OMS para garantizar el acceso de los países pobres, solo ha podido comprar para el 7% de la población mundial.
El peso de los monopolios también se hace sentir en la Organización Mundial de Comercio. La propuesta de India y Sudáfrica que, apoyada por noventa y nueve países, planteaba suspender transitoriamente la propiedad intelectual sobre vacunas y medicamentos, no prosperó por “falta de consenso”. Más allá de las medidas propuestas por este numeroso grupo de gobiernos patronales, nosotros seguimos sosteniendo que es necesario luchar por la abolición de las patentes para vacunas y medicamentos porque son patrimonio de la humanidad. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores, Jonas Salk y Alexander Fleming, renunciaron a los derechos de patentamiento. Cada vez es más necesaria una coordinación internacional de lucha contra la pandemia que enfrente las políticas de los gobiernos patronales nacionales al servicio de los monopolios.
Nueve meses de pandemia y nueve meses de fracaso del gobierno de Alberto Fernández
Los contagios y las muertes no dejan de crecer. Con 40.000 fallecidos, estamos en el puesto 13 del luctuoso ranking mundial de decesos por millón de habitantes y la vacunación no está garantizada. El plan del gobierno nacional y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, que era gastar lo menos posible enfrentando la pandemia solamente con el recurso de la cuarentena y el esfuerzo del personal de salud, fracasó. Como el aislamiento no fue sostenido con medidas de apoyo económico a los trabajadores, pasadas algunas semanas la necesidad de salir a ganarse el sustento diario junto con la enorme presión patronal por seguir produciendo, permitieron al gobierno ir aflojando los controles. Así creció el contagio mientras se liberaba la cuarentena.
No se fortaleció el sistema de salud, que siguió arrastrando el déficit asistencial de décadas de descuido y ahogo presupuestario por parte de los gobiernos peronistas, radicales y de PRO. No se cuidó al personal de salud que debió librar, y aún libra, verdaderas batallas para obtener los elementos de protección, las licencias y los salarios adecuados. En lugar de centralizar bajo un solo mando al sector privado y al estatal de todas las jurisdicciones y, al mismo tiempo, nacionalizar las camas y los laboratorios para garantizar la atención igualitaria de toda la población, el gobierno permitió a cada provincia fijar sus normas e, incluso, subsidiar a los prestadores privados. Tampoco se salió a buscar el virus ni se tuvo una política de testeos y rastreos en la población. Argentina, el país que ha dado tres premios Nobel en ciencias vinculadas a la salud, está en el puesto 115 del ranking mundial de testeos por millón de habitantes, menos que Irak y Sudáfrica y apenas algo más que Malasia.
Finalmente, y no menos importante, el Congreso aprobó un impuesto a las grandes fortunas que solo abarca a 12.000 millonarios y deja afuera a las grandes empresas, las financieras y los bancos. Completamente distinto del proyecto presentado por el FIT Unidad y absolutamente insuficiente para financiar las necesidades de la lucha contra la pandemia, enfocada no solo desde el punto de vista epidemiológico sino también en sus aspectos sociales.
La lucha popular contra la pandemia sigue. En la Argentina, como en otras partes del mundo, está centrada en la movilización de los trabajadores de la salud que, al luchar por sus condiciones de trabajo, están defendiendo también el derecho de toda la población a la salud.
Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop