Hace un mes, la expresidenta de facto Jeanine Añez, junto al excomandante del ejército, general Williams Kaliman, y de la policía, general Yuri Calderón, ambos prófugos, fueron sentenciados en juicio ordinario penal a 10 años de prisión por haber violentado la Constitución cuando Añez se proclamó gobernante en noviembre de 2019.
Quedó así absolutamente confirmado, ya no sólo como hecho político sino ahora como hecho jurídico, que en Bolivia hubo un cruento golpe de Estado que derrocó a Evo Morales ese año.
Pero la sentencia fue sólo la primera que les espera a los golpistas. Inmediatamente tomó impulso otro caso, también por la vía ordinaria penal, denominado “Golpe de Estado I”. Este caso alcanza a todos los demás actores de la conspiración golpista, por lo que las élites dominantes (oligarquías) del país se jugarán el todo por el todo para evitar el avance esclarecedor de este juicio. Esto explica que todos los actores que fueron citados hasta el momento, en calidad de testigos o de sindicados, apuntaron a una y la misma línea: nunca hubo golpe de Estado. Según Evo Morales el que vulneró la Constitución Política del Estado y quien desconoció el voto del pueblo el 2016, provocando una crisis política.
En el 2019, no sólo que no hubo golpe, dicen ellos, sino que salvaron al país de una guerra civil ya que las hordas masistas en su afán de defender a su jefe estaban destruyendo las ciudades del país. Un poco más y vamos a tener que sacarlos a pasear en andas, todo agradecidos por su heroico sacrificio.
Para esta clase social y los partidos de derecha que los representan (Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, y Creemos de Luis Fernando Camacho) lo más importante es tender un manto de impunidad sobre lo que aconteció en realidad durante los aciagos días de octubre y noviembre del 2019. Tratarán de enmarañar de tal manera las investigaciones, recurriendo a las patrañas propias de ellos, todo para ocultar la existencia real del golpe de Estado. En este afán, quieren centrar la atención en las reuniones del 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica, en las que participaron dos legisladoras masistas con conocimiento de Evo Morales. En esas reuniones se buscaba garantizar la vida del propio Evo Morales, así como una salida patriótica a la crisis social y la pacificación del país. Pero los golpistas intentarán ocultar que hubo otra reunión-clave sólo entre ellos sin participación de ningún masista, el 10 de noviembre de 2019, cuando acordaron encumbrar a Jeanine Añez y se comunicaron con ella (desde el teléfono de Ricardo Paz, secretario personal de Carlos Mesa) para preguntarle si aceptaba. Es en esta reunión que se configuraron los delitos de sedición y conspiración que llevarían luego a la violencia de Estado (las masacres de Sacaba y Senkata en que hubo 38 muertes) para consolidar al nuevo e inconstitucional régimen.
La oligarquía ha detentado el poder político y económico desde la creación misma de la República, como herederos de los invasores europeos. Esta clase, que sustentó su poder en las espaldas del pueblo, llegando a conformar lo que conocemos como burguesías saqueadoras e intermediarias con el gran capital internacional, al que se sometían. Esta clase social que participó de todos los golpes de Estado en cuanto sus intereses de clase se encontraban en peligro ante la rebeldía y el ascenso de las fuerzas populares. Esta clase debe ahora responder por el golpe de Estado que protagonizaron sus representantes con alevosía y premeditación el 2019.
En el intento de juzgarlos bajo la democracia formal, bajo sus propias leyes, es posible que zafen, es posible incluso que los operadores de su clase que están también dentro del aparato burocrático del ejecutivo, del legislativo y por supuesto del judicial, logren que salgan impunes.
Pero nunca podrán eludir el juicio del pueblo, ese pueblo ensangrentado, masacrado, ese pueblo que no tiene afán de venganza, que sólo pide justicia, que algún día la logrará por sus propios medios, recurriendo a su propia democracia y a sus propias leyes.
Por eso, estos señores, a los que alguien llamó “la casta señorial”, tienen que saber que nosotros ya los descubrimos, que ya sabemos cómo actúan y por eso afirmamos con absoluta certeza, que el golpe no comienza con el desconocimiento del resultado de las elecciones del 20 de octubre del 2019, no comienza con los 21 días de protestas cerrando las calles con sogas (de ahí el denominativo burlón de “pititas” que el pueblo les puso a los que protestaban). Y menos empieza en la infame reunión de la Universidad Católica del 10 de noviembre del 2019. Esa nefasta reunión es la culminación del golpe de Estado en la que los profanadores de la legitimidad decidieron el procedimiento, el método para que el golpe de Estado tenga una pizca de legalidad.
El golpe de Estado comienza a gestarse mucho antes de las elecciones del 2019. Es esto lo que tiene que aclarar los testigos y más aún los sindicados en el juicio “Golpe de Estado I”.
El pueblo tiene que saber la verdad de boca de los propios golpistas. Tenemos que saber cuál fue, en el golpe, el papel de la Agencia Estadounidense de Inteligencia (la CIA) de la cual forman parte Carlos Sánchez Berzaín y Jorge “Tuto” Quiroga entre otros. Tenemos que saber la motivación de las transnacionales norteamericanas que financiaron el golpe de Estado. Tenemos que saber por qué la consigna del “monumental fraude” se instaló en el ámbito social vía medios de comunicación y redes sociales desde muchos meses antes de las elecciones de octubre del 2019. Tenemos que saber cómo el incendio de la Chiquitanía fue provocado y utilizado para culpar al gobierno y para la internación de armas que luego sirvieron para que los militares y policías masacren al pueblo. Tenemos que saber por qué Luis Fernando Camacho, antes de conocerse el resultado de las elecciones del 20 de octubre del 2019, afirmó que “no reconocerían el triunfo del MAS en primera vuelta”. Tenemos que saber cómo “cerró el trato” José Luis Camacho (el padre de Luis Fernando) con los mandos policiales y militares, para que no salieran a cumplir su obligación de garantizar la tranquilidad ciudadana frente a la violencia. Tenemos que saber porque los policías no quisieron reprimir a los “pititas”, y luego, sin ningún rubor, masacraron al pueblo alteño y sacabeño. Tenemos que saber quiénes dieron entrenamiento especializado a los grupos paramilitares (la “Resistencia Juvenil Kochala” y la “Unión Juvenil Cruceñista”). Tenemos que saber quiénes financiaron la quema de los tribunales departamentales electorales y con qué objetivo. Tenemos que conocer si la renuncia del presidente del Estado Evo Morales, su vicepresidente y los presidentes de las cámaras del Legislativo fueron voluntarias o no. Tenemos que saber porque Carlos Mesa sostuvo vehementemente en esas fechas que ningún masista podía asumir la presidencia del Estado Plurinacional. Tenemos que saber porque los empresarios cruceños al financiamiento del golpe le llamaron “inversión”. Tenemos que saber porque los militares se pusieron a órdenes de Jorge “Tuto” Quiroga. Tenemos que saber porque ninguno de los grandes medios de comunicación informaba sobre las masacres. Tenemos que saber porque el Canal Telesur fue sacado de la transmisión por cable. Y por supuesto que hay muchas interrogantes más.
Muchas de estas respuestas el pueblo las conoce, pero el objetivo de este juicio es precisamente el escucharlas por boca de los golpistas. Este juicio no es solamente a Jorge “Tuto” Quiroga, a Samuel Doria Medina, a Carlos Mesa, a Luis Fernando Camacho, a Oscar Ortiz o a Jeanine Añez. Es también el juicio a toda una clase social potentada. Así lo dijo el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando a él le tocó juzgar a una dictadura militar hace cincuenta años. Semejante osadía no podía ser aceptada, por lo que lo asesinaron en 1980.
Sólo el pueblo, en homenaje a todos los caídos por el sueño de un mundo mejor, sin explotación y sin oligarquías, sólo él, podrá bajo su presión, definir este momento histórico.
No será tarea fácil, no es un juicio cualquiera, es un juicio que significará una nueva inflexión histórica con consecuencias de absoluta reserva. La correlación de fuerzas determinará el desenlace futuro. Las oligarquías son poderosas económicamente y se defenderán de la manera que siempre lo han hecho, al considerarse dueños de un país, ahora plurinacional, al que han explotado, al que le deben su enriquecimiento y al que sin embargo desprecian.
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