Nuevo plan de lucha piquetero contra el hambre y la pobreza

Por Trabajo, por Salario, contra el Hambre y la Pobreza:

¡¡Plenario Nacional y Plan de Lucha!! 

El jueves 22/9, desde las 10:00 en el Obelisco, y en cada provincia, realizaremos Plenarios para resolver y anunciar las próximas acciones. 

A un año de presentar el proyecto de creación de trabajo genuino, el ministro Zabaleta no ha dado ningún paso concreto en ese sentido. 

A eso se le suman los recortes constantes en las políticas públicas de contención: la entrega de alimentos sin periodicidad y con cantidades reducidas; la dilación del financiamiento en los refuerzos alimentarios, las demoras de muchos meses en la posibilidad de comprar insumos y herramientas para espacios productivos; la suspensión del pago del Progresar Trabajo a más de 38.000 integrantes de espacios de trabajo por cobrar la beca de estudio Progresar. Y, producto de los magros aumentos de SMVyM, el deterioro de todos los ingresos. 

Mientras tanto, no frenan la inflación y les garantizan ganancias millonarias a los especuladores: a los sojeros que retuvieron los granos, a los Bancos y a las grandes empresas de energía. 

El nuevo súper ministro Massa atiende los reclamos de la oligarquía agroexportadora, del embajador norteamericano y del capital financiero internacional. Pero no tiene ni un renglón en su agenda para los reclamos populares. 

La Unidad Piquetera plantea un plan de lucha para recuperar el salario y para que la crisis no la paguemos les trabajadores. 

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR. 

BARRIOS DE PIE / LIBRES DEL SUR 

MST TERESA VIVE 

POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P. 

Por La Ley de Humedales, el jueves, hay que copar el Congreso 

Alrededor de las 15:00 del sábado 17 miles de personas marcharon por el Puente Rosario-Victoria. El reclamo era: basta de quemas, Ley de Humedales. Mientras recorrían algunos kilómetros hasta llegar a la mitad del puente, sobre las islas se podía ver con claridad una gran columna de humo. Bronca, odio y enojo que se convirtieron en carteles, cantos y banderas en un puente colmado. 

Durante la noche del sábado, luego de estar acompañados por artistas como Jorge Fandermole y Homero y sus Alegres, las y los jóvenes ambientalistas acamparon en el puente. Allí se armaron decenas de carpas iglú que “bancaron” la noche continuando el reclamo. Entre mates, guitarras o juegos de cartas fue pasando la noche y llegando la mañana. 

A las 15:00, se dio inicio a la asamblea que definiría los pasos a seguir. 

Para conquistar la Ley de Humedales acordaron por unanimidad que no se puede abandonar las calles. Por eso decidieron convocar a movilizarse el jueves 22 al Congreso Nacional donde se hará el plenario de comisiones que dará tratamiento a la tan esperada Ley. La ley ya fue cajoneada en el 2021, no podemos permitir que vuelva a pasar lo mismo. La propuesta votada incluye salir en colectivos desde Rosario para ser cientos y cientos frente al Congreso.

No faltaron las denuncias a los gobiernos de Bordet, Perotti, Fernández y Cabandié y todos los bloques políticos responsables de haber cajoneado la Ley de Humedales. Tampoco se olvidaron de los nombres de los empresarios ecocidas como la familia Baggio. Allí reclamaron de forma unánime exigir la expropiación de las tierras arrasadas por el fuego para garantizar su preservación. También se acordó por unanimidad la exigencia a los sindicatos de la región a que convoquen a un paro socio ambiental, siguiendo los ejemplos de Chubut y Mendoza donde se les puso un freno a las políticas extractivitas de los gobiernos. 

Siete provincias registran focos activos de incendios forestales 

Las provincias de Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan registraban focos de incendios forestales activos, mientras que Catamarca, Tucumán, La Pampa y La Rioja tienen algunas llamas contenidas o controladas, y Mendoza logró extinguirlo, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Recrudecen los conflictos socioambientales y crece la organización territorial 

Por Prensa FOL 

La “Acción Plurinacional por los Humedales” y las Brigadas Territoriales en Defensa del Monte en Córdoba exponen la urgente necesidad de potenciar las organizaciones territoriales para ponerle un freno a los proyectos extractivistas. 

Casi 100.000 hectáreas ya se quemaron en las islas del Delta del Paraná arrasando con su biodiversidad y generando la presencia de contaminantes en el aire. Las investigaciones sobre esta práctica muestran que los empresarios del agro y la urbanización de lujo convirtieron los humedales en una sociedad anónima, mientras los funcionarios se arrojan las brasas unos a otros. Al mismo tiempo también avanza la destrucción del monte con la construcción de la Autovía Punilla de Córdoba y los incendios que va generando divisas y negociados en la tierra asada. 

En este contexto este mes comenzó la “Acción Plurinacional por los Humedales”, convocada por más de 100 organizaciones ambientales y sociales, vecinales y comunitarias de todo el país que pretende dar más fuerza al reclamo del cese inmediato de las quemas y por la urgente sanción del proyecto de Ley de Humedales consensuado de manera abierta y participativa en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados. 

Las organizaciones socioambientales indican que en los últimos 20 años se levantaron alrededor de 30 y 35 barrios privados en todo el partido de Berazategui, porque se siguen loteando los humedales y espacios verdes, así como el desmonte de la Reserva Pereyra Iraola. En ese contexto el Foro Regional en Defensa del Río de La Plata, la Salud y el Medio Ambiente denuncia que la Ribera de Hudson es la imagen de la destrucción de los humedales y su biodiversidad; gracias a que el poder de los lobbies impide el tratamiento de la ley que los proteja. 

[…] 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la Legislatura porteña el proyecto de ley que habilita al grupo IRSA la construcción del emprendimiento Costa Urbana en la Costanera Sur. Aunque no fueron avisadas, las asambleas se hicieron presentes en la audiencia pública donde descubrieron un montón de irregularidades en el proyecto de 400 hojas. Este proyecto pretende retomar el paseo costero de la mano del Plan IRSA de la CABA a La Plata en 20 minutos, que se frenó para defender los humedales, y esa lucha unió las diferentes zonas y municipios que estuvieron muy activos como Quilmes, Avellaneda y Ensenada. 

Al mismo tiempo también se profundizó el conflicto medioambiental en el Valle de Punilla, Córdoba, donde las asambleas en defensa del monte enfrentan la criminalización de la protesta social por cuestionar la construcción de una autovía que arrasa con la biodiversidad en pos de generar ganancias empresariales. 

“La determinación de la gente de Punilla es no permitir el sometimiento esta obra ilegal que no es una necesidad del valle, no es una prioridad, necesitamos más escuelas, estructuras de salud, transporte publico dentro de la región, ya hay vías de tren pero un tren moderno, y la ruta 38 que supuestamente está colapsada tiene un montón de opciones de mejora que el gobierno está ignorando porque el Plan IRSA le sirve de negocio”, expresan vecinos y vecinas autoconvocados de la brigada territorial. A lo largo de la ruta, hay cientos de pueblos que sufren la desidia estatal. 

Aunque el proyecto se inició en 2017, en junio de este año el inicio de la construcción se volvió un anuncio oficial y una realidad que avanza a toda velocidad ya que forma parte del Plan de Acción de IRSA. Este implica que el país tome deudas millonarias en dólares para facilitar la extracción de los bienes y recursos naturales al exterior. Las vías de comunicación planeadas y existentes son terrestres, a través de camiones y pretenden ser un corredor bioceánico, que una al Atlántico con el Pacífico. 

La autovía de Punilla está en marcha a pesar de todas las ilegalidades denunciadas desde un comienzo. “La justicia no responde a pedidos de amparo y las medidas cautelares, y el gobierno no ha atendido a la audiencia pública que rechaza el informe de impacto ambiental por todas las deficiencias que tenía, entre otras cosas por atacar al bosque nativo categoría roja, y finalmente la ponen en marcha 3 empresas diferentes, José Chediack, Benito Roggio y SACDE”, expresan. 

A pesar de la violencia institucional y la falta de estado de derecho las poblaciones que enfrentan este proyecto extractivista plantean movilizaciones como ha pasado en Cosquín, y permanecen presentes en la zona para documentar estos daños gravísimos al patrimonio arqueológico, así como la profanación de lugares sagrados. “Las empresas están trabajando sin la consulta previa e informada a las comunidades indígenas locales, que ya hicieron la denuncia por el daño, y cada vez que se encuentra un faltante se amplía”, indican. 

“En función de este trabajo estamos viendo cómo se están alterando zonas muy sensibles de la cuenca del rio Yupe, vertientes que hoy están activas y dan agua pura están siendo violentadas por topadoras revolviendo las entrañas de la tierra”, añaden. 

El avance sobre el monte cordobés cuenta con una fuerte custodia policial cuya función es impedir la movilización de lxs vecinos. “En un punto donde las instituciones no responden, las poblaciones están saliendo a enfrentar las maquinarias y las topadoras, sabiendo su derecho a protestar por la Constitución provincial y nacional, sin violencia. Se han frenado varias veces y el gobierno ha recurrido a dar orden a la policía de detenciones a pesar de que esta afuera de la ley ese procedimiento”, explican. 

A pesar de que una jueza otorgó un amparo colectivo, al día de hoy son más de 20 las personas imputadas en una clara intención de criminalizar la protesta. Para más ilegalidad, las últimas 6 detenciones fueron realizadas en el obrador de Santa María de la empresa Roggio. “En este tramo de la construcción se planean gastar cerca de 120 millones de dólares de un crédito, quedaríamos endeudados, y después desde Molinari hasta La Cumbre otros 100 millones de dólares más, montos gigantescos que planteamos que podrían gastarse en las necesidades de este valle”, aseguran desde las Brigadas Territoriales defensoras del monte. 

Lo que dejan claro las asambleas y brigadas en defensa de humedales y montes es que los territorios no se someten, no se resignan, así que seguirán en pie de lucha organizándose. 

Convocan a un «verdurazo» y exigen una Empresa Nacional de Alimentos 

Será el martes 20 frente a la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) en 25 de Mayo 516, CABA, a las 12:00 contra los precios desorbitados de los alimentos básicos, justamente en un país donde por lógica no debería haber crisis alimentaria. También exigen la creación de una Empresa Nacional de Alimentos.  

“La Ley de Agricultura Familiar y el acceso a la tierra son las grandes deudas de este Gobierno” 

Por Nahuel Lag (Agencia Tierra Viva) 

La asunción del ministro de Economía, Agricultura y Producción, Sergio Massa, llegó con un rápido llamado a las entidades del agronegocio representadas en la Mesa de Enlace para “trabajar juntos”. En 20 días de gestión, el “superministro” concretó tres reuniones con el sector, dos con su presencia en la mesa de negociaciones. El sector que aún no fue convocado fue el de la agricultura familiar campesina-indígena, el de los pequeños productores. A principios de junio, dos meses antes de los cambios de ministerios, el presidente Alberto Fernández y el entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometieron la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, pendiente desde 2014, en un acto compartido con las organizaciones campesinas y anunció un fondo de 100 millones de dólares. Esa promesa aún está pendiente y ni Massa ni el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convocaron a las organizaciones campesinas para avanzar en temas urgentes como la Ley de Acceso a la Tierra. 

El anuncio de reglamentación de la ley de Agricultura Familiar –que el presidente ya había prometido en 2020– se realizó en el marco del Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Cafci) en el Centro Cultura CCK, donde participaron organizaciones como el MTE-Rural, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-Somos Tierra) y el Frente Agrario Evita, con particular representación ya que estuvieron sentados en la mesa el referente del Evita, Emilio Pérsico; y el titular de Agricultura Familiar, Miguel Gómez (también del Movimiento Evita). 

Gómez, según dijo a Tierra Viva, ya mantuvo un primer encuentro con Bahillo y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena. “Se está trabajando en la reglamentación sobre todo en el artículo presupuestario. Entendemos que en cuanto se termine de acomodar la estructura del nuevo ministerio, estando todas las autoridades designadas, podremos retomar con urgencia el tema”, aseguró el titular de Agricultura Familiar. 

“Hasta ahora el texto no ha sido facilitado. No tenemos conocimiento de la reglamentación, por lo que no podemos opinar ni proponer nada. Lo hemos pedido, pero desconocemos hasta hoy el contenido”, lamentó Natalia Manini, referente del MNCI-Somos Tierra, organización que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). 

Desde el MTE-Rural se movilizaron el 3 de agosto, al cumplirse dos meses con la promesa de la reglamentación incumplida, al Congreso para exigir también la sanción de una Ley de Fomento a la Agroecología y la Ley de Acceso a la Tierra, que perdió estado parlamentario, a pesar de haber sido consensuada por las organizaciones campesinas y presentada junto a la entonces vicejefa del bloque del Frente de Todos y ahora presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. 

“Hay una postergación, en general, de avanzar en las leyes que necesita el sector de la agricultura familiar. Sea la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar o la Ley de Acceso a la Tierra. Hablamos de un sector estratégico en la producción de alimentos. Sin estas reglamentaciones seguimos a la defensiva en el cuidado de los territorios, en la producción de alimentos y en las inversiones en infraestructura para nuestro sector”, apuntó Lautaro Leveratto, referente nacional del MTE-Rural en diálogo con Tierra Viva y sentenció: “En materia de leyes para el sector estamos en la misma situación que en el gobierno de Mauricio Macri. Queda solo un año de mandato del Frente de Todos”. 

Gómez señaló que el compromiso de los 100 millones de dólares provenientes del Banco Mundial para la implementación de la Ley 27.118 “está vigente” y señaló que se mantuvieron reuniones con las áreas del Ejecutivo que administran los fondos “para pensar mecanismos ágiles de ejecución y garantizar que los recursos lleguen a todo el sector de la agricultura familiar” con programas que permitan simplificar los requisitos de acceso a los créditos internacionales con la conformación, por ejemplo, de consorcios productivos. La falta de fondos o la demora en su asignación son otros de los reclamos del sector en la actual gestión. 

La Ley de Agricultura Familiar sufrió desde su sanción, en 2014, una estocada: la eliminación del artículo 33 que aseguraba asignación por Presupuesto nacional. Gómez señaló que ese punto “es parte de la discusión”. “Entendemos que la reparación histórica y el desarrollo del sector es imposible sin un presupuesto acorde, planificado y sostenido”, indicó. 

La agricultura familiar y la agenda del superministro  

A dos horas de su asunción a principios de agosto, Sergio Massa llamó a la Mesa de Enlace a «trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos». En menos de 20 días hubo tres reuniones con las entidades del agronegocio, la última en la sede de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), donde Massa avanzó en negociaciones para modificar el régimen de dólar soja para que los exportadores puedan comprar más dólares y la promesa de “salir del esquema de retenciones” con una ley a negociar en el Congreso. 

Antes de asumir había acordado, según trascendió, con Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y ex ejecutivo de Bayer-Monsanto, la liquidación de los primeros dólares que “el campo” retuvo durante la corrida financiera de julio. Idígoras es uno de los impulsores de la Ley Agroindustrial, que ahora vuelve a sonar entre las medidas que el Ejecutivo podrá empujar en el Congreso. 

“Con Domínguez pudimos reunirnos como Mesa Agroalimentaria para solicitarle programas para las cooperativas, las pequeñas empresas agropecuarias, la agricultura familiar campesino-indígena y promover la agroecología como modelo. Tenemos diálogo e intentamos mantenerlo con distintos funcionarios, pero no hemos tenido una reunión aún ni con el Ministro ni con el Secretario”, apunta la referente del MNCI-Somos Tierra y, aunque comprende los “tiempos de reestructuración”, señala que las políticas de este sector “que proponemos y realizamos en los territorios, son las que van a bajar el precio de los alimentos frente a la dinámica del agronegocio que es la de la concentración, la especulación, el encarecimiento de los alimentos y de su transporte”. Entre las propuestas, Manini destaca el reciente Mercado Popular abierto en coordinación con el Municipio de Lomas de Zamora. 

Por su parte, Leveratto marcó la preocupación con la que se ve desde el MTE-Rural el perfil marcado por el superministro. “Decide sentarse únicamente con el sector de la Mesa de Enlace y los que generamos miles de puestos de trabajo vemos postergadas nuestras demandas. No es un rumbo correcto el que toma, genera más conflicto e incertidumbre. No hay una planificación en el desarrollo agrario que incluya a las familias agricultoras”, sentencia. 

La reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar es urgente y relevante para las organizaciones campesinas ya que contempla la suspensión de desalojos, la creación de un Banco de Tierras –algo a lo que el presidente Alberto Fernández también se comprometió– y crea el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), una política amenazada por la pretensión de las multinacionales del agronegocio que buscan modificar la Ley de Semillas para cobrar derechos de propiedad intelectual. El ex ministro Domínguez prometió avanzar en la modificación de la Ley de Semillas y Bahillo confirmó que es un tema en agenda. 

“La Ley de Agricultura Familiar y el acceso a la tierra son las grandes deudas pendientes de este Gobierno para con el sector de la agricultura familiar”, denuncia la referente del MNCI-Somos Tierra y marca la imposibilidad de “promover y resolver el problema de la alimentación y el cuidado del ambiente, a través de la agroecología, sino se resuelve la situación de la mayoría de los horticultores que tienen una situación muy precaria de la tierra”. 

Para el referente del MTE-Rural la falta de impulso a la Ley de Acceso a la Tierra y la puesta en marcha de un Banco de Tierras demuestra que “hay una crisis en una mirada de proyecto nacional”. “La implementación del banco de tierras es una necesidad de urgente implementación porque habilita inmediatamente: abastecimiento, producción de alimentos y generación de puestos de trabajo”, asegura.    

El titular de la Secretaría de Agricultura Familiar comparte que se trata de “un tema importante y complejo” y que “hay que resolver cuanto antes”, aunque compensa la pendiente reglamentación del Banco de Tierras con el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (Prontar), “para el cual esperamos poder contar con mayor presupuesto lo antes posible para avanzar con las mensuras de posesión, el asesoramiento y la regularización de tierras”. Y agrega que se sostiene un “abordaje de conflictos territoriales” con seguimiento a unos 80 conflicto por la tierra. 

El otro punto central de la norma es la creación de la Ceprosena. Gómez advierte que la ley que impulsaba Domínguez “excluye explícitamente de ciertos compromisos al sector de la agricultura familiar, más allá de que estemos más o menos de acuerdo” y destacó que desde su Secretaría se puso en marcha el programa SemillAR, que promueve, acompaña proyectos y da asistencia técnica al desarrollo de las experiencias de las semillas criollas y nativas. 

El funcionario e integrante del Frente Agrario Evita señaló que se avanzó en la conformación los Ceprosena previstos en la Ley de Agricultura Familiar y, en articulación con el INTA y el Inase –conducido desde principios de 2022 por Obdulio San Martín, ex director general de Don Mario, empresa semillera argentina– se ordenó el registro, identificación y comercialización de Semillas Criollas, que habilita a los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y en el Registro Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar (Renoaf) a abastecer a los estados provinciales y a programas como el ProHuerta. 

“Si vamos a transformar en política pública los intereses de las multinacionales del agro estamos perdidos como nación porque hace a una erosión genética y disminución de la biodiversidad. Al poder fáctico de las empresas del agronegocio hay que contraponerse no solamente con la denuncia y la crítica a esos proyectos que buscan dar privilegios sino en nuestras prácticas concretas, que tiene que ver con la recuperación y multiplicación de semillas nativas”, advierte y propone la referente del MNCI-Somos Tierra. 

“Sigue habiendo un desconocimiento profundo de la capacidad productiva de nuestro sector, algo que los funcionarios podrían resolver con un día de visita a los territorios. Desconocer nuestra actividad productiva, que genera miles de puestos de trabajo y alimentos, es desconocer el sector agropecuario”, apunta Leveratto y lamenta la mirada persistente en la que “el único sector productivo que existe es el que produce cereales y oleaginosas para la exportación”. Por lo que propone la necesidad de ir a la unidad de las organizaciones de la agricultura familiar, a través de una federación, que “tenga poder de lobby ante el Estado y el poder político necesario”. 

Desde la Mesa Agroalimentaria, Manini valora que “la agroecología viene ganando un lugar importante en la sociedad en general y en los funcionarios en particular”, pero marca una diferencia con el paso lento de las políticas públicas: “Para nosotros no es una alternativa a otra forma de producir sino la única forma de hacerlo para producir alimentos sanos para los pueblos. El modelo del agronegocio ha degradado el planeta y el ambiente a una velocidad voraz”. 

En ese sentido, la referenta del MNCI-Somos Tierra adelantó que la Mesa Agroalimentaria presentará en septiembre cinco propuestas legislativas para poder cultivar de manera sostenible con el ambiente, producir alimentos sanos, bajar los costos y la especulación:  Acceso a la Tierra, Financiamiento Cooperativo en Transición a la Agroecología, Ley de Arrendamiento, Ley de Segmentación de Retenciones y una Ley de Relevamiento de Poseedores y Áreas Campesinos. 

Mientras tanto, el secretario de Agricultura Familiar señaló que en la agenda urgente está “la reglamentación de la Ley, el funcionamiento del Cafci y la continuidad de la agenda de programas que venimos llevando adelante para la agricultura familiar, como los programas de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), el Programa Nacional de Asistencia Crítica y Directa (Pacyd), el Plan Nacional de Acceso al Agua y el Plan Nacional para mujeres rurales ‘En nuestras Manos’”. 

“Es innegable el rol que tiene la agricultura familiar campesina-indígena en la producción de los alimentos, pero hace falta aún ampliar el compromiso para visibilizar esto y ponerlo en valor frente al resto de la sociedad y también hacia adentro de la gestión. En ese camino vamos, hay predisposición al debate y eso ya es importante, pero no alcanza”, reconoce Gómez e indica: “Falta avanzar mucho más, tenemos que generar más política y programas para el sector, además de fortalecer y poner recursos a los programas que venimos desarrollando”. 

La Ley de Agricultura Familiar, sancionada en 2014, aún espera la reglamentación prometida. 

El velorio del salario mínimo 

Con la publicación de un aviso fúnebre y la parodia de una carroza mortuoria, militantes de distintas organizaciones sociales marcharon por el centro porteño para reclamar un aumento en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que, en su opinión, “murió” con la inflación que desde los últimos meses sacude la economía. 

La movilización comenzó en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, y de allí partió a Plaza de Mayo donde reclamaron un incremento «acorde con el aumento inflacionario en el país», según informaron a través de un comunicado el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, MRP Resistencia Popular y MTR por la Democracia Directa. 

La iniciativa fue impulsada de cara a la reunión en el ministerio de Trabajo, donde representantes de gremios y Cámaras empresarias se encontraron en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

Movimientos sociales reclamaron un Salario Básico Universal 

Diversas organizaciones sociales y gremiales se movilizaron el martes 30 de agosto en distintos puntos del país para reclamar la «implementación de un Salario Básico Universal» (SBU) y «terminar con la indigencia en el país», en una jornada que finalizó con un acto en el puerto de Buenos Aires. 

Los epicentros de las protestas tuvieron lugar en el Puente La Noria, en Lomas de Zamora, con un corte de tránsito; en la localidad bonaerense de Dock Sud, desde donde partió una caravana de camiones; en los alrededores de la Torre de los Ingleses, en Retiro, y en el puerto de Buenos Aires, donde tuvo lugar el acto central. 

Las manifestaciones fueron organizadas por el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CTA Autónoma y el Movimiento Nuestramérica, entre otros. 

También se produjeron movilizaciones similares en el Puerto de Ushuaia, en Rosario, en Corrientes, en Formosa y en Chaco, entre otras provincias. 

En ese marco, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que conduce el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidró, se movilizó en la mañana hacia los puertos y entidades financieras responsables de «la fuga de capitales, la evasión impositiva y la formación de precios de alimentos». 

Luego de marchar desde la Torre de los Ingleses, en Retiro, hacia la terminal 4 del Puerto de Buenos Aires, se realizó un acto del que participaron más de una decena de entidades afiliadas. 

La secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, habló al comenzar el acto y dijo que «es muy desgastante encontrar todos los días noticias de ajuste para nuestro pueblo, como si el problema en Argentina fuera el millón que cobra Potenciar Trabajo, o como si el problema fueran las organizaciones sociales». 

«Las organizaciones somos parte de la solución, porque hacemos el trabajo que debería estar haciendo el Estado, y porque no estamos para contener, sino para transformar, trayendo propuestas de país», aseveró Sánchez ante los manifestantes. 

En tanto, el secretario General electo de la CTAA denunció un «golpe de mercado de los grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el pueblo se rinda, pero este pueblo sigue de pie». 

Asimismo, repudió en un comunicado el «ataque que la justicia está realizando contra la vicepresidenta» Cristina Fernández de Kirchner, y la «persecución a dirigentes populares y de organizaciones». 

«Desde acá se exportan cada año más de 90.000 millones de dólares, y esto no nos entra en la cabeza a quienes apenas tenemos un salario mínimo o una jubilación que no nos alcanza ni para comer, esta vergüenza es la contracara de la democracia», señaló. 

Por su parte, Armando Chino, referente de Nuestramérica, expresó que «no puede haber siete millones de personas en Argentina que no tienen ningún ingreso, no puede haber personas sin comer mientras se fugan los miles de millones en puertos como este, y quieren auditar a nuestros compañeros que cobran 20.000 pesos». 

A través de un documento, la central obrera aseguró que la nueva jornada nacional de protesta es continuidad del plan de lucha lanzado el 13 de julio pasado para insistir en «la necesidad de que se adopten urgentes medidas ante la delicada situación socio-económica de los trabajadores y que se sancione un salario universal». 

De esta forma, movimientos sociales y centrales sindicales, reclamaron durante la jornada la «implementación de un Salario Universal; un aumento de emergencia para trabajadores estatales, privados y jubilados, y una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) por encima de la inflación», dijeron voceros de las protestas. 

Por qué existen los planes sociales 

Por Orlando Aguero 

Desde hace algunos meses viene madurando un debate en nuestra sociedad acerca de los Planes Sociales. Este debate viene siendo impulsado por los medios de comunicación hegemónicos y tiene como objetivo demonizar a los movimientos populares. En tal sentido ocupan la pantalla, que miran millones de personas, una serie de “opinadores” alejadísimos de la realidad, que intentan elaborar un relato sobre la “corrupción de los más pobres”, e imponer el sentido de “no quieren trabajar”, “cortan el tránsito con nuestra plata”, “son violentos” y “encima están en el gobierno”. Estas opiniones, entre varias otras, se oyen luego en los medios de transporte, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los comercios o en charlas familiares, dejando entrever el poder verdadero de los medios de comunicación. 

Si bien es cierto que las movilizaciones obstaculizan el tránsito, no es menos cierto que la protesta, así como la libre circulación son derechos proclamados por la constitución nacional. Pero, sobre todo, no se debe perder de vista que cuando familias enteras salen a las calles a denunciar la precariedad entre la que deben sobrevivir, es porque la misma responde a la existencia de una problemática de primer orden aún no resuelta en nuestro país. Además, se debe tener en cuenta que los planes sociales están estrictamente ligados al problema social y éste a la pobreza estructural y a la precariedad de la vida, producto de la matriz económica y productiva de la Argentina. 

Es por eso que vamos a realizar un breve repaso sobre porqué de la existencia de los programas sociales. 

La causa principal por la cual se hicieron necesarios los planes sociales es el desempleo 

En el año 1974, último gobierno de Perón, la desocupación era del 2,7%. Este dato proviene de un trabajo muy serio sobre “La pobreza desde 1974 a 2020” del portal El Popular. Sin embargo, a partir del Golpe de Estado de 1976, que impuso una dictadura de carácter cívico-eclesiástico-militar, ese porcentaje comenzaría a crecer en forma intermitente pero sostenida. Su pico máximo sería en el año 2002, durante el gobierno interino y represivo de Eduardo Duhalde. Es en este punto de la historia en donde traspasamos un triste récord histórico: 21,5% de desocupación que significaron 5.666.000 personas de la población activa, sin trabajo. 

Esta situación, originada por la política neoliberal impuesta a sangre y fuego por la Junta Militar, cimentó las raíces para una transformación del modelo productivo argentino con la clara intencionalidad de beneficiar a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo trabajador. Así fue que luego del gobierno de Alfonsín, quienes se entretuvieron con la tarea de la “consolidación democrática”, el Partido Justicialista con Carlos Menem a la cabeza, llevan adelante el segundo paso de la instauración del neoliberalismo en nuestro país a partir de su gobierno. Ya antes de asumir como presidente, Menem, viaja a los Estados Unidos para suscribir a nuestro país al “Consenso de Washington”. Este acuerdo ponía prioridades a los gobiernos de Sudamérica. En síntesis, era para que el capital transnacional pueda realizar “inversiones” en la Argentina, sin ninguna clase de inspección ni de control por parte del Estado. Lo que las corporaciones llaman “seguridad jurídica”. Es decir que el gobierno, lo que finalmente hizo fue una Reforma integral del Estado, rematando a bajo precio las empresas que hasta ese momento estaban en manos del Estado. Estas empresas eran las que generaban trabajo para la población. Una vez privatizadas, las corporaciones (como cualquier capitalista) vieron en los salarios de los trabajadores y trabajadoras un costo que había que eliminar para maximizar ganancias. Es así que fueron despidiendo, en algunos casos, hasta el 70% de la plantilla empleada. Ya veníamos de la Dictadura que, con las políticas de Martínez de Hoz, destruyó la Industria Nacional abriendo las fronteras aduaneras para que las importaciones ingresen al país libremente, en una clara competencia desleal contra fabricantes nacionales. Fue así que el universo fabril de nuestro país quedó herido de muerte. De este modo es que, entre la destrucción del aparato productivo por parte de los militares, y las reformas del Estado del menemismo, se originó en el país una gigantesca masa de trabajadores y trabajadoras desocupadas, como nunca antes en la historia argentina. 

Los primeros planes sociales 

Con el gobierno de Carlos Menem, por primera vez en la historia de nuestro país, la desocupación trepó a los dos dígitos. Los levantamientos de trabajadores y trabajadoras que habían quedado sin sus trabajos comenzaban a sentirse con fuerza desde el interior del país y retumbaban en Buenos Aires como si esta fuera una gigantesca caja de resonancia. Es así que el menemismo defendió su proyecto neoliberalizador a fuerza de represiones e intentando contentar a las familias desempleadas con la elaboración de un programa de empleo que denominó Programa Trabajar I, por el cual se percibía 120 pesos, en la Argentina del supuesto uno a uno con el dólar, lo cual nunca fue real para las familias trabajadoras desocupadas. Esta medida fue tomada en el año 1996. Al año siguiente el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, realiza su propio plan social, en un intento de emular al histórico ex presidente de los EE UU Franklin Delano Roosvelt que, durante la depresión económica norteamericana de los años 30, promovía que, ante la falta de trabajo en el mercado, el Estado debía cubrir esa carencia. El ejemplo que daba era nefasto, decía algo así como “mandamos a los trabajadores de las fábricas a que hagan pozos, y luego les decimos que ellos mismos los tapen”. La cuestión es que este plan de 1997 arrancaba en 140 pesos y se iba incrementando en distintas re-categorizaciones hasta alcanzar los 400s. Luego del 2001 en adelante, los programas tanto provinciales o nacionales como el Plan Barrios Bonaerenses y el Plan Jefas y Jefes de Hogar, sobre el final de la primera década del 2000 se transformaban en el Programa Argentina Trabaja. Las organizaciones populares tuvieron que acampar sobre la avenida 9 de Julio para que sus integrantes pudieran ser beneficiarixs de este programa. Luego vendría el programa “Ellas hacen”. En el gobierno de Macri el programa se denominó “Salario Social Complementario” y luego con la llegada de Alberto Fernández al gobierno nacional el programa sería el “Potenciar Trabajo”. 

Sin embargo, la historia es más grande 

Con la apertura democrática de 1983, el primer plan de asistencia social fue en el gobierno de Raúl Alfonsín. El gobierno radical no pudo controlar la inflación e ingresó en un proceso hiperinflacionario que generó la agudización de las protestas sociales. Entre los paros nacionales convocados por la CGT de Saúl Ubaldini, que fueron más de diez, y el malestar social por la escalada de precios, es que Alfonsín decidió impulsar la creación de la entrega de la “Caja PAN” (Programa Alimentario Nacional). Finalmente, esta política no pudo contener la ola hiperinflacionaria que generó saqueos a supermercados, lo cual, entre otras cuestiones, aceleró la caída estrepitosa del primer gobierno democrático de esta era. 

Esta política continuó en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, instruyendo a la Dirección Nacional de Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social que se lleve un programa de asistencia de mercaderías secas y frescas para contener potenciales conflictos. 

Esta decisión del Estado, se fue reconfigurando a lo largo de los años en asistencia a comedores populares y comunitarios, que se extienden hasta el día de hoy. También vale recordar que el duhaldismo siempre puso el ojo en el control territorial, sobre todo del Conurbano bonaerense. Así es que desplegó una estrategia organizada en una estructura que le generaba anclaje en todos los barrios de la provincia de Buenos Aires a través de “Las Manzaneras”. Este esquema fue dirigido por Chiche Duhalde. En el año 2002, Duhalde observó que había perdido el control sobre la población del Conurbano, lo cual lo motivó para profundizar su propuesta represiva que originó la “Masacre de Avellaneda” el 26 de junio de ese año, ocasión en la que son asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el marco de una represión donde intervinieron cuatro fuerzas de seguridad, coordinadas por la SIDE. En la ocasión además se produjeron más de treinta personas heridas con balas de plomo. 

Planes Sociales vs Trabajo Genuino 

Es increíble cómo el relato de los medios de comunicación hegemónicos ponen a lxs “desocupadxs” que cobran planes sociales, como lo opuesto a lxs “trabajadorxs”, cuando lo contrario a lxs trabajadorxs son lxs patrones. Sin embargo, hoy los y las trabajadoras que se organizaron para ser beneficiarixs de algún programa social son la respuesta, o mejor dicho la contracara de la destrucción del empleo y el salario en la década del 90. Esto generó un estadio de pobreza estructural en nuestro país que al día de hoy llega a niveles traumáticos. Según el INDEC, en el 50% de los hogares sobrevive con ingresos de pobreza. Además, esta cifra va creciendo, ya que cada día 2.800 personas más se suman a este verdadero ejército de pobres. 

Por otro lado, es una difamación gratuita denominar “Planeros o Planeras” a este importantísimo sector de la clase trabajadora. Además, es una falaz infamia que se intente plantear que no trabajan. Desde el principio de los programas sociales, las organizaciones populares se las han arreglado para convertir los planes en trabajo autogestivo, sin patrón y que ingrese en un sector de la economía que al mercado no le interesa. Esto es en servicios comunitarios, cultivo de la tierra, emprendimientos productivos de diferente índole y en distintas escalas, en la obra pública y en cuidados y limpieza del medio ambiente. Tampoco cortan las rutas con el dinero de nadie. En todo caso se moviliza con el dinero que cada beneficiario o beneficiaria paga en el sistema regresivo de impuestos que tiene nuestro país. Pero, además, porque es importantísimo que los sectores de trabajadores y trabajadoras se movilicen para lograr más beneficios. Eso solo se logra si se inclina la balanza de la redistribución de ingresos en favor de la clase trabajadora. 

Conclusión 

Podemos decir entonces, que los mismos sectores que hace cuarenta y seis años vienen destruyendo el aparato productivo, el empleo y el salario, nos han impuesto un modelo de país exclusivamente agro-exportador de materias primas. Hoy, luego de haber generado un universo de pobreza que alcanza a la mitad de la población argentina, desean terminar con los planes. 

La Unidad Piquetera denunció parcialidad en las auditorías 

Los movimientos sociales que integran la Unidad Piquetera denuncian que “la parcialidad en las auditorías del Potenciar Trabajo, organizadas por Desarrollo Social, está al servicio de un ajuste”, con el objetivo de dar de baja a 400.000 personas del programa, y que es muestra de sus primeros pasos en el “marco del ajuste que impone el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI”. “Según la propia resolución ministerial publicada en el Boletín Oficial, ya no son solo las universidades quienes van a realizar las entrevistas, sino que se habilita a las oficinas de Desarrollo Social (manejadas por las organizaciones oficialistas) a auto-auditarse. Es evidente que, lejos de buscar transparentar los recursos, buscan reafirmar el poder de los punteros de los municipios y de las organizaciones oficialistas, en el marco de un ajuste salvaje. No es casualidad que se permita a sus Unidades de Gestión hacer las auditorías. Las convocatorias de los municipios de Alderetes en Tucumán y de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, son muestra de ello”, denuncian. 

Así se expresaron las organizaciones sociales en un comunicado de prensa emitido el martes 16 de agosto: “la Unidad Piquetera denuncia que la parcialidad en las auditorías del Potenciar Trabajo, organizadas por Desarrollo Social, está al servicio de un ajuste. El objetivo de ‘dar de baja’ a 400.000 personas del Programa Potenciar Trabajo, en el marco del ajuste que impone el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, va dando sus primeros pasos”, remarcan. 

“Nos quieren sacar de las calles, pero no de la pobreza”, sentencian las organizaciones que la semana pasada llevaron adelante un acampe en Plaza de Mayo reclamando ser recibidas por el flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Masa, al cual pretender hacerle llegar sus demandas y propuestas. 

Entre varias demandas del sector figura el pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil de $105.000 y un bono de $20.000 para jubilados y monotributistas. Además, reclaman respuesta a la propuesta que ya presentaron hace meses atrás a este gobierno de creación de trabajo genuino a partir de un plan de obras públicas. 

Unidad Piquetera está integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, La William Cooke, el R.U.P., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, y la Coordinadora por el Cambio Social (Frente de Organizaciones en Lucha-FOL, el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, y la OLP y Resistir y Luchar. 

Fiesta ricotera en Madygraf 

La previa adelanta lo que será una noche inolvidable para Madygraf y todxs los allí presentes: más de 4.000 personas hicieron temblar el playón a pura fiesta ricotera aquella misma noche, brindando su apoyo a Madygraf en la lucha por la expropiación definitiva de la fábrica recuperada que cumple ocho años de gestión obrera. 

Comienzan las recorridas por la fábrica, la historia vuelve a hacerse presente en los pasillos. Hay preguntas, inquietudes. Madygraf se acostumbra a que sus instalaciones, cada vez más, se llenen de vida, de recorridas junto a escuelas que quieren saber cómo se gestiona una cooperativa, de familias y trabajadorxs que van a pasar un día de descanso al club, a jugar al fútbol, “tirar” algo a la parrilla, disfrutar de la compañía y camaradería. 

Baja el sol y el playón recibe a lxs miles de laburantes y jóvenes que esperan disfrutar de la misa ricotera que sigue conmoviendo a varias generaciones. “La seguridad la hacemos entre todxs”, se escucha por los altavoces.  

Se apagan las luces. Flashes y griterío, un discurso inicial que destaca el porqué de este festival, Madygraf necesita, exige la expropiación de la fábrica que gestionan desde hace 8 años sus propios trabajadores, cuando la multinacional yanqui Donnelley se fue dejando solo un cartel en la puerta y más de 400 familias no se resignaron a quedarse sin trabajo, “esa multinacional nos puso en ese jaque, y nosotrxs demostramos que pudimos hacerlo”, cuenta “El Chino” desde el escenario.  

Y Roco toma el guante “Nosotros somos una fábrica con tradición de lucha compañeros y compañeras, basado en asambleas, en la unidad con contratados y efectivos, porque todos somos laburantes, todos nos levantamos a las 4 de la mañana para mover este mundo”, y despierta la ovación, “esta fábrica no es solo una fábrica, sino una trinchera de lucha para todos los trabajadores que están luchando, y para los que quieran luchar: acá está Madygraf”. Así dieron lugar a que se expresen sectores que vienen llevando adelante diferentes luchas: obreros del neumático de FATE, docentes del Suteba Tigre, Alicia Rey de la ex Clínica San Andrés, recuperada en plena pandemia, organizaciones sociales como el FOL que son parte de la Unidad Piquetera, choferes de la Línea 60, jóvenes ambientalistas de la UNGS. 

Ahora sí, suenan los primeros acordes y empieza el agite, nunca más oportuno se escucha, se canta “nuestro amo juega al esclavo”, y estalla Madygraf. Por ahí saltando entre la multitud se los ve a los diputadxs del PTS en el FITU Nicolás del Caño, Myriam Bregman, abogada de la fábrica, y a Raúl Godoy, referente obrero de Zanón, que también fueron a bancar a Madygraf en su lucha por la expropiación. 

La Comisión de mujeres organizada desde hace 11 años, toma el escenario en el intervalo, las mismas que como cuenta Cintia pusieron “en pie una juegoteca única en el gremio gráfico, que es un ejemplo frente a los pocos espacios para las infancias que ponen las patronales”, y una invitación “a todas las mujeres trabajadoras y disidencias a que vengan con nosotras al 35° Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias (…) porque también las mujeres enfrentamos la desocupación y la precarización laboral y la lucha de la Comisión de mujeres de Madygraf está fuertemente unida a la pelea que dieron muchas mujeres trabajadoras de muchísimos sectores.” 

Acá esto recién empieza, Madygraf tiene aún una gran conquista por lograr, que es la expropiación definitiva de la planta para sus trabajadorxs, y que es necesario rodear de apoyo para seguir sosteniendo la gestión obrera. 

Así queda retumbando la noche, el saxo inconfundible de Sergio Dawi, la fuerza del bajo de “Semilla” Bucarelli, el impresionante show, que durante más de dos horas dio La Kermesse Redonda. Y una frase, casi un grito de guerra, que con profunda emoción nos trasmitía minutos atrás, desde el escenario, la voz de Vanina: “Cuando las mujeres nos organizamos, somos una fuerza imparable, y cuando lo hacemos de la mano de nuestros compañeros, hacemos historia. Nosotras queremos seguir haciendo historia, queremos cambiar este sistema en el que vivimos. Madygraf es una trinchera para todo eso porque demostramos acá, que podemos planificar la producción, que podemos ponerla al servicio de las grandes mayorías, que podemos hacerlo sin contaminar. Nosotras queremos seguir de pie, porque como dijo Celia de la recuperada Brukman si los trabajadores podemos manejar una fábrica cómo no vamos a poder manejar el mundo, ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva la lucha de lxs trabajadorxs!”. 

Feria del libro de Flores: un proyecto autogestivo  

La iniciativa es de la editorial Tinta Limón y del Centro de Formación Profesional 24 (CFP), una escuela pública de oficios del barrio de Flores que capacita a jóvenes y adultos. Ambas instituciones comparten la responsabilidad organizativa con La Periférica, distribuidora de editoriales independientes; la Feria de Artigas, feria tradicional de economía social y artesanías; y Distrito Comix, un conglomerado de editoriales y autores de comics. 

Esta tercera edición contará con la participación de más de 100 editoriales independientes y las presentaciones de Elisa Loncón, Edgardo Cardozo, Sergio Langer, Esteban Podeti, Fabio Luis Barbosa dos Santos, Bruno Stagnaro, Leandro Barttolotta. Liliana Viola, Marco Teruggi, Marta Dillon y Sonora Cañahuate. Además, funcionará una feria del libro infantil y un espacio de juegos destinado a las infancias dentro de la Casona de Flores (Morón 2453), coordinado por el colectivo Kamishibai Infinito. 

-¿Qué distingue a la Feria del Libro de Flores de otras? 

-Fundamentalmente el carácter autogestivo de los grupos que trabajamos en su organización, dado que somos entidades autónomas. Si bien el CFP 24 es una escuela pública, tiene características de gestión comunitaria, es decir, se piensa con el barrio, con vecinos y vecinas y tiene un carácter muy participativo en todo lo que hace. La Feria está organizada por grupos autogestivos en relación con el Estado. Estos grupos nos manejamos con reglas propias. Hay, además, otra característica que la distingue y es su propuesta de agenda. Las cosas que pensamos en términos de presentaciones sobre el escenario son aquellas que nos parecen más urgentes: qué implica hoy habitar la Ciudad, organizarse, tener una agenda socio ambiental para llevar adelante, pensar lo político… A través de las presentaciones que hacemos y de las editoriales invitadas, lo que se está mostrando es una forma de entender el mundo, una perspectiva de dónde nos parece que puede haber transformaciones radicales en los modos de vida y una forma de combatir las propuestas que el capitalismo tiene para nuestras vidas. Organizamos una feria en la que mostramos cómo nos parece que podría ser la Ciudad, cómo podría ser una economía social. Es una feria con una perspectiva de género amplia. Todo esto está puesto de manifiesto en nuestra propuesta. 

-¿El barrio de Flores es parte de su identidad, o podría realizarse de la misma forma en cualquier otro barrio? 

-Todas las organizaciones que llevamos adelante la Feria estamos ancladas territorialmente en el barrio de Flores. Todas estamos en ese cónclave de Morón y Artigas y eso nos pone en vínculo con organizaciones barriales. Además, en la propia historia del barrio hay un perfil muy relacionado con la literatura que va desde las Crónicas del ángel gris de Alejandro Dolina a muchas de las Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt que transcurren en la zona donde va a ser la Feria. Además, están las problemáticas que también se manifiestan en la feria y que tienen que ver con el barrio, como la prostitución, los talleres textiles, o el Bajo Flores que está demonizado por los medios de comunicación como un barrio del narcotráfico, la violencia y la delincuencia, aunque también es un lugar de gestión comunitaria impresionante, con una alianza de vecinos para pensar su urbanización. Que sea en el barrio de Flores no es algo menor. 

-¿Qué va a encontrar una persona de otro barrio en la Feria de Flores? 

-La Feria es una convocatoria abierta a gente de toda la Ciudad. Allí va a encontrar desde espacios para las infancias donde los chicos pueden quedarse jugando mientras los padres recorren los puestos, van a ver parte de la economía social del barrio, una apuesta al reciclaje de residuos que es una de las líneas fuertes de formación del CFP 24. La agenda de actividades tiene propuestas ancladas al barrio pero, a la vez, es internacional porque va estar, por ejemplo, Elisa Loncon Antileo, que pertenece a la comunidad mapuche de Lefweluan. El 4 de julio de 2021 fue electa Presidenta en la Sesión de Instalación de la Convención Constitucional, cargo que ejerció hasta enero de 2022. Es Doctora en Lingüística, Profesora de inglés y política. La revista Times la destacó entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2021. Su presencia permite pensar lo que puede ser la lucha por un Estado plurinacional, la conformación de una nueva Constitución en un país como Chile, más allá del traspié sufrido en ese sentido. 

También viene, entre otros, un autor de Brasil Fabio Luis Barbosa dos Santos, que es autor junto a Daniel Feldmann del libro Brasil Autofágico, que permite pensar las obvias diferencias entre Lula y Bolsonaro y los límites que tienen las construcciones de los gobiernos progresistas latinoamericanos. 

-¿Qué balance hacés de las dos ediciones anteriores de la Feria del Libro de Flores? 

-Una tuvo más concurrencia que la otra. Las dos nos permitieron perfeccionarnos en el logro de la feria que queremos, se fueron ampliando los grupos que participan en su organización y este crecimiento es muy importante. Nos fuimos profesionalizando en las propuestas. Por ejemplo, en la resolución de temas como que una persona que viene en familia pueda contar con un espacio, en el que sus hijes puedan jugar, que pueda comer rico y sano en la feria, que los feriantes estén mucho más cómodos para lo que es necesario mejorar la estructura de los puestos… Si bien hay una profesionalización, nos parece importante mantener el espíritu bohemio en la convocatoria y en los modos de trabajar que tenemos y que no nos gustaría abandonar. Hay un camino hacia la profesionalización de muchas editoriales independientes que no rechazamos para nada porque nos parece muy bien, pero también consideramos que es importante mantener ciertas lógicas de construcción. No queremos volvernos pymes o miniempresas. Creo que las editoriales independientes tenemos un gesto político de irrupción en la escena y nos gusta que eso se mantenga. Muchos de nosotros hemos participado en años anteriores de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que tenía mucha irrupción, mucha bohemia y mucha transformación del espacio público que era pensado como un espacio a intervenir y no a respetar según las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio público se puede intervenir, modificar, interrumpir en su trajín y discutir sus lógicas. Creo que es importante no volvernos demasiado políticamente correctos en los modos de pensar el espacio público y de pensarnos en proyectos editoriales. En este sentido, tomamos nuestro fundamento de un libro de Magalí Rabasa que editamos junto a la editorial Tren en movimiento y que se llama El libro en movimiento. La autora viene investigando en Argentina, en Chile, en Bolivia y en México lo que denomina “la circulación del libro orgánico”. 

-¿Qué se entiende por “libro orgánico”? 

-Básicamente en no pensar el libro como fetiche, sino como algo que tiene que circular como las ideas, un libro en movimiento, que se inscribe en la circulación urbana no solo por los canales tradicionales. Si bien existe un circuito importante de librerías y de ferias oficiales, también existe otra forma de circulación que es de mano en mano, en pequeñas ferias, en pequeños eventos. Eso hace que el libro no sea un objeto tan “fetichizado”, que no ponga tanto el acento en la autoría, en la editorial, en la estética del diseño gráfico, la conformación de una marca y demás. Nosotros creemos que los libros son portadores de ideas que tienen que circular. Cuando definís al libro de manera orgánica, te encontrás con otras ramas de la producción, como los productores agroecológicos de verdura y de fruta. Nos sentimos más afines a ellos que a editoriales empresariales. Tenemos más que ver con el trabajo de un artesano, de un productor agroecológico o de un pequeño grupo familiar que con una empresa. Nos interesa mucho, además, que la feria sea en un cruce de calles y no en lugares híper controlados. No es que estemos en contra de eso. Nosotros estamos en todos los campos a los que nos invitan y en todos los campos en que podemos. Vamos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un conglomerado de editoriales en un stand colectivo. Pero, cuando nos ponemos en el rol de organizadores, nos parece mucho más interesante como gesto político la interrupción en la calle que ese tipo de espacio que establece cómo circular y cómo no circular. Nos interesa destacar el carácter autogestivo y político de esta feria que pone a prueba nuestros modos de vida, dado que nos hace preguntarnos qué pasa si vivimos la ciudad de otra manera. 

Mendoza: «no al cierre del Bachillerato Popular Violeta Parra» 

La comunidad educativa del Bachillerato Popular Violeta Parra que encuentra en el Barrio La Favorita del Pedemonte de Mendoza, denunció que fueron notificados por la Dirección de gestión social de la provincia, la decisión de dar de baja un convenio en un plazo de 90 días, que implicaría el cierre definitivo del Bachillerato. El espacio educativo está enfocado a que muchas mujeres culminen sus estudios secundarios. «Con esta decisión quedan vulnerados los derechos de no solo quince estudiantes que actualmente asisten, sino de toda una comunidad que encuentra en nuestro espacio alternativas que otros lugares no ofrecen. Siendo en su totalidad mujeres prefieren este espacio por el horario, la cercanía, y el hecho fundamental de contar con un merendero, en el que cuidamos a sus hijos mientras estudian» explicaron.  

Desde sus inicios en 2011, funcionó en el marco de un convenio aprobado por dos dependencias de la DGE: la Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa y la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. 

“La notificación presenta como argumentos situaciones pasadas en años anteriores, que al día de hoy se encuentran resueltas y a las que hemos dado respuesta. Sabemos que nuestro espacio es fundamental, por las opciones que vienen a ofrecer a quienes han quedado por fuera del sistema educativo. Queremos elegir dónde educarnos, cómo y cuándo. Por esto y mucho más decimos: no al cierre del bachillerato popular Violeta Parra», finalizaron. 

Fuentes: https://folweb.com.ar, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred, https://agenciatierraviva.com.ar  https://noticiasancap.org/ 

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