Hacete cargo

Sin embargo, la “desaceleración inflacionaria” de la cual presumía el gobierno se choca con la realidad de lo que viene sucediendo en enero respecto a los precios. Las consultoras privadas estiman que la inflación del primer mes de año rondará el 6%, empujada por los rubros cuyos precios regula el Estado. 

En ese sentido, incidirán fuertemente en la inflación mensual los aumentos del 6,5% autorizados a las prepagas; del 14,1% promedio en el gas, del 19,6% promedio en la luz y del 20,1% promedio en el agua; del 2% en el combustible y de hasta el 70% en el transporte del AMBA. Las políticas que lleva adelante el gobierno juegan un papel preponderante a la hora de acicatear la inflación, no es un fenómeno subjetivo como sostiene Alberto Fernández. 

Por otra parte, el oficialismo también atiza la inflación desde el momento en que viene acelerando el ritmo devaluatorio, a pedido del FMI. La suba del dólar oficial superó al IPC tanto en noviembre como en diciembre, lo cual impacta en el precio de los componentes importados. A su vez, el ensanchamiento de la brecha cambiaria fortalece las expectativas devaluatorias incentivando que se produzcan remarcaciones. Lo anterior es fruto de la actual corrida, que encuentra su origen en crisis de reservas del Banco Central como resultado de la continua fuga de divisas -mediante diversos mecanismos-, bajo el amparo de los sucesivos gobiernos. 

La canasta básica por encima de la inflación 

El precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó durante 2022 un 103,8 %, mientras que la de la Canasta Básica Total (CBT) subió 100,3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al dar a conocer las cifras de diciembre.  

Al respecto, en el último mes del año la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 5% por lo que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos, necesitó de $ 67.187 para comprar la comida indispensable, y no caer en la indigencia. 

El organismo dio cuenta también que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de la comida mínima para la subsistencia reúne indumentarias y algunos servicios, aumentó 4,5 % el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 152.515 para no caer debajo de la línea de la pobreza. 

En tanto, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el Índice de Pobreza en el tercer trimestre del año llegó al 43,1%, contra el 42,4% de julio-septiembre del 2021. Esto está relacionado con el descenso de la indigencia. Entendida esta como los pobres cuyos ingresos no les alcanza ni siquiera para comprar el mínimo de alimentación, alcanzó al 8,1%, por debajo del 9% de igual período del 2021. 

Todo esto se dio en doce meses en que la economía creció 4,8%, y la inflación trepaba al 83%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

El informe del Observatorio Social de la UCA destacó que “el escenario de pospandemia”, con la recuperación económica, el aumento de la ocupación, la caída del desempleo y los refuerzos en la asistencia social “lograron atenuar o incluso revertir la tendencia creciente de los indicadores de indigencia y pobreza”. 

Mientras tanto, la Junta Interna de ATE INDEC dio a conocer el nuevo cálculo por el que un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó, en diciembre de 2022, $238.680 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $80.726 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 157.954 para acceder a otros bienes y servicios básicos. Por tanto, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio. 

Ingresos de los trabajadores estatales 

“La presente es una actualización del cálculo de la pérdida del poder adquisitivo del salario de lxs estatales 1 y de lo que debiera ser nuestro salario como mínimo, ambos cálculos a diciembre del 2022, que no se dan a conocer en cualquier contexto, lo hacemos público luego de conocer la intención del ministro de Economía, Dr. Sergio Massa, de poner a discusión su proyecto de ley en las sesiones extraordinarias del Congreso. Nos sorprendimos (lamentablemente nos siguen sorprendiendo) porque nos anoticiamos por diversas notas en los medios de comunicación nacional. 

“Cuál es el propósito de los presentes cálculos, visibilizar la realidad que sufre el bolsillo de lxs trabajadores, jubiladxs y desocupadxs, víctimas de una inflación sin freno que pulveriza nuestros ingresos. Aún con el Bono que por única percibimos los trabajadores bajo convenio de $30.000 otorgado por el Gobierno, lxs trabajadores estatales seguimos perdiendo poder de compra mes a mes. Tanto lxs especialistas del tema, como el REM, plantean una inflación minorista para el próximo año entre el 95% y 99,7 %, con lo que desde este momento exigimos, primero que el Gobierno convoque a la mesa de negociación paritaria para revisar la actual pauta salarial para el sector y, además, que descarte cualquier intento de sugerir que el aumento para el próximo año debe ser de un 60%. 

“Algunos datos para tener en cuenta: Inflación acumulada del período Noviembre/2015 a Diciembre/2022: 1543,1%; Inflación acumulada interanual 2022: 94,8%. Pérdida del poder adquisitivo respecto a Diciembre/2015 del salario Categoría D0 en Diciembre/2022: 34%. 

“Los números pueden sorprendernos, pero lo podemos entender si tenemos en cuenta que, el salario de referencia de diciembre 2015 (de $ 10.191), actualizado a pesos de diciembre 2022 debería de ser $ 167.443 y no los magros $107.939 (incluye la suma fija de $4.000), según la grilla salarial del SINEP de diciembre de este año. 

“Si a esta pérdida la ponemos en pesos, la misma sería, actualizada a diciembre del 2022, igual a $3.349.034 o 32 salarios de nuestro caso testigo Nivel D Grado 0 del SINEP en el período de referencia. Queda claro que nuestros salarios son, para los distintos gobiernos, una variable del ajuste. 

“Al problema que plantea la pérdida salarial se suma el conflicto contractual. La situación de lxs trabajadores monotributistas es destacado en nuestro constante reclamo de regularización contractual ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo. 

“Por ejemplo, tomando un salario neto mensual actual de $100.674, ha acumulado una pérdida que alcanza la suma de $ 874.058, esto es el equivalente a casi 9 sueldos en 5 años”. 

Mandan los datos 

Hay pocos instrumentos de ajuste económico más potentes que la inflación, que fue del 94,8% durante el año pasado. Lo cual nos pone en el cuarto puesto detrás de Venezuela, Zimbabwe y Líbano. 

Veamos algunos datos de enero-noviembre 2022 contra enero-noviembre de 2021. 

En el gasto público tenemos un aumento del 72% en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones incluidos los cinco bonos adicionales a los haberes mínimos. O sea, 23 puntos porcentuales menos que la inflación. 

Con respecto a la AUH, 51% contra 94,8%, o sea -44%. Tarjeta Alimentar: gana 34 puntos. Inversión pública o también denominada gasto de capital crece 14% nominal, pero cae un 32,9% real. Se trata de proyectos nacionales. Potenciar Trabajo: aumentaron un 121%, esto es, 30% real o 26 puntos porcentuales por arriba de la inflación. 

El mismo día que el Indec informó sobre el 4,9% de noviembre, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, afirmó que habíamos entrado “en un proceso de descenso de la inflación y de relativa calma” y agregó “eso lo estamos notando todos los que vamos al supermercado”. Patinó feo. 

Por último, el control de precios (Precios Justos) por encima del 4% en diciembre teniendo en cuenta que apenas representa el 2,88% del total de 320.000 precios relevados por el Indec. 

Arcor, Fargo, Molinos y otras empresas desabastecen el programa Precios Justos 

Un relevamiento presentado por Leandro Renou en Página/12 señala que 25 de las 30 grandes empresas que firmaron el programa, garantizan menos del 50 % de los productos que deberían proveer. El Gobierno es cómplice de esta situación: denuncia la situación, pero no toma ninguna medida de fondo para frenar una especulación que hace más crítica la situación alimentaria de millones de personas pobres. Hay que imponer comités de control en las empresas para impedir estas maniobras. 

El programa Precios Justos anunciado por Sergio Massa el 11 de noviembre de 2022 junto a empresarios y sindicalistas en el CCK no pasa por un buen momento. El instrumento diseñado por el súper ministro para intentar contener la inflación contempla el control del precio de alrededor de 1.788 productos, permitiendo un aumento del 4% mensual. 

El 26 de diciembre de ese año, se oficializó que el programa se extendería durante el 2023. Si bien la parte que correspondía a los empresarios y supermercadistas de abastecer y poner en góndolas la totalidad de los productos acordados, nunca fue cumplida totalmente (70% en su mejor momento), el anuncio de esa prórroga llevó a que las grandes empresas y supermercados profundizaran el nivel de desabastecimiento. 

Según un relevamiento del periodista Leandro Renou, tan sólo 5 de las 30 empresas más grandes que firmaron el programa entregan mercadería por encima del 50 %, el resto lo hace por debajo de ese nivel, a pesar de tratarse en algunos casos de alimentos de consumo masivo como la yerba (30% promedio) o el café (0%). 

El declive en el cumplimiento por parte de las empresas nacionales y extranjeras había comenzado ya a fines de diciembre, pero durante las últimas semanas se acentuó hasta niveles críticos. En los supermercados se pueden registrar góndolas vacías o productos particulares que no se consiguen. Según los empresarios de este sector, los faltantes son por la falta de entrega de los proveedores, es decir, las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad. Situación que se agrava por las formas de operar de los supermercados, que no “stockean” y sólo compran lo que calculan venderán en el corto plazo. 

De las 30 empresas más grandes que están en el programa, cerca de 25 abastecen a los supermercados con menos del 50 % de los productos. Otras entregan entre el 30% y el 20%, y otras directamente 0%, como en el caso de las marcas de café, La Virginia y La Morenita. 

Entre otras, Arcor, la alimenticia oligopólica Pagani, cumplió tan sólo con el 32% de lo pedido, mientras que Bagley (propiedad también de Arcor) con 27 productos incluidos en el programa, entregó el 59% de la mercadería. Quilmes, por su parte, entregó en los últimos quince días un 28% promedio para su gama de productos que integran Precios Justos. 

Un caso que se destaca por la importancia del producto es el de la empresa Fargo, que a pesar de tener alrededor de 20 productos en Justos, envió sólo el 19% durante los últimos quince días. Vale tener en cuenta que las empresas productoras de pan de mesa son centralmente dos. Otro caso relevante por ser un producto extendido en la mesa de las mayorías, es el de la yerba. La empresa Las Marías, productora de la marca La Unión, proveyó sólo un 30% promedio. Entre otras empresas nacionales, la harinera Morixe vendió un 31% y Molinos Río de la Plata un 35%. Manfrei, fábrica láctea, aportó sólo un 28%. 

Pero las empresas extranjeras tampoco se quedan atrás con la especulación. Johnson y Johnson entregó un 23% durante los últimos 15 días. Loreal, un 18%. Mientras que Kimberly Clark lo hizo en un 42%. Unilever, que fabrica productos de limpieza y algunos alimentos, vendió por un 52%; mientras que Procter and Gamble lo hizo con un 37%. 

Se sospecha que los productos que se desabastecen a los grandes supermercados (con quienes se acordó el programa) por parte de esas grandes empresas, sean “desviados” por esos mismos proveedores hacia comercios más chicos, en los que el programa no rige, y que pueden ofrecerlos a precios más altos de lo acordado. 

Precios Justos es un programa más entre muchos del mismo tipo aplicados en el pasado, como su antecesor Precios Cuidados, que intenta poner algún tipo de freno a la inflación. Sin embargo, no puede funcionar más que como un parche endeble ante un fenómeno multicausal como lo es la suba generalizada de precios, y “atacando” en las consecuencias últimas y no en las causas estructurales de la inflación. 

El fenómeno inflacionario es complejo y tiene varias causas. Entre ellas, la propia estructura económica del país fuertemente primarizada, la evolución del precio del dólar, el de las tarifas de los servicios públicos y la evolución de los precios internacionales, entre otras. En el contexto de fuerte inflación, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad, como se reflejó en el índice de inflación de 94,8% que alcanzó 2022. Y cuando esto no es posible en su totalidad, por la existencia de algún acuerdo formal, prácticas como el desabastecimiento son las que ponen en funcionamiento. 

Para combatir maniobras como el desabastecimiento por parte de las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad, son necesarias medidas de fondo como el control por parte de sus propios trabajadores y trabajadoras de la producción de esas compañías, lo cual permitiría tener conocimiento pleno sobre los stocks disponibles. 

A su vez, contra la inflación son necesarias medidas de otra clase junto a medidas de emergencia que garanticen los productos básicos y el nivel de vida del conjunto de las mayorías trabajadoras. Algunas de ellas son: el aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales; el control de precios por medios de comités de trabajadores y consumidores; el monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, frenando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales; el acceso público a los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas que al día de hoy no son visibles; la nacionalización de las empresas de servicios públicos; la nacionalización de la banca bajo control de sus trabajadores y usuarios es clave para evitar la fuga masiva de capitales, para proteger a los pequeños y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que responda a necesidades sociales; y la nacionalización de las empresas de servicios públicos; entre otras. 

El Gobierno pagó otros u$s 1.400 millones al FMI 

En el medio de la emergencia social por los altos índices de pobreza y de inflación, el Estado argentino desembolsó una nueva suma millonaria para pagar la deuda ilegal con el organismo. El país desembolsó u$s 1.400 millones.

Se espera que el 2023 sea complejo al respecto, no solo por las exigentes metas de ajuste que dicta el organismo a la Argentina en el marco de una crítica situación, sino también porque durante el año el Poder Ejecutivo deberá devolver a Washington más dólares de los que ingresarán, lo que aumentará la presión sobre las reservas, poniendo más presión sobre la inflación y sobre la actividad económica. 

Más despidos en Bridgestone 

A la multinacional Bridgestone no le bastó con despedir a un trabajador esta semana: el viernes, en una nueva provocación contra los trabajadores que vienen planteando varios reclamos, despidió a otros dos compañeros. Al igual que el jueves, la decisión de los obreros ante la noticia fue paralizar la planta de Lavallol y permanecer afuera. 

Las prácticas antiobreras de esta y las otras grandes empresas del sector del neumático vienen siendo denunciadas y combatidas por los trabajadores, que en el caso de Bridgestone vienen de tener una audiencia en el ministerio de Trabajo, que se comprometió a enviar una inspección ante la denuncia de condiciones laborales peligrosas para los operarios. 

El Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) denuncia que los despidos son un intento de amedrentar a los trabajadores para que no sigan adelante con sus reclamos. “La empresa Bridgestone” -afirmaron en un comunicado publicado en sus redes sociales- “pretende actuar contras las condiciones económicas y laborales de los trabajadores, eliminar el premio a la producción con base fija, provocar con descuentos indebidos de impuesto a las ganancias, mantener condiciones laborales fuera de normativa y frenar la reacción de los trabajadores mediante despidos digitados”. 

Según informaron los trabajadores, el paro continuó hasta el horario de ingreso del turno tarde del día sábado. 

Hospital Posadas: nuevo paro por 72 horas 

Los días 24, 25 y 26 de enero se realizó un nuevo paro votado en asamblea. Este paro se da tras los convocados los días 17 y 18, una vez finalizada la conciliación obligatoria.  

La conciliación obligatoria dictaminada contra Cicop por el ministerio de Trabajo llegó a su fin el 10 de enero pasado. Sin ninguna novedad, esta se mostró como una maniobra del gobierno para mostrar cierta “normalidad” al concluir el año. La política del gobierno y su dirección a cargo del hospital es llevar el conflicto a la vía muerta del desgaste. Incluso, buscando descomprimir, el gobierno adelantó algunos aumentos mínimos en concepto de paritaria 2023. Pero dejando en claro que fue negociado con ATE, UPCN y Femeca, que son los sindicatos paritarios, y su dirección le ha dado la espalda a la lucha de los trabajadores que lleva ya casi 5 meses. 

El año terminó con un impasse, donde ni los trabajadores ni el gobierno pudieron imponer su política sobre el otro sector. Queda claro que el principal y único responsable de la no atención a los pacientes es el gobierno, que quiere mantener los salarios bajos y la precariedad, desfinanciando la salud pública, poniendo en riesgo a la población más vulnerable que es la que acude a los hospitales públicos. 

Mientras sostiene 27 direcciones que en su mayoría son cargos políticos, con sueldos altísimos, mantiene a la mayoría de los trabajadores divididos en múltiples formas de contratación precaria incluso sin reconocimiento de categorías y antigüedades, empujando en muchos casos a los trabajadores a emigrar del hospital al ámbito privado. 

El SiPreBA conquistó la representación legal de los trabajadores de prensa 

El SiPreBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, anunció el lunes pasado que logró la firma de la resolución que le otorga la personaría gremial, según consta en el Boletín Oficial. Como parte de este anuncio formal, el martes 24 la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, recibió a compañeres y dirigentes del SiPreBA, como “Tato” Dondero, Agustín Lecchi, Carla Gaudensi, Ana Paoletti y “Paco” Rabini, en una reunión en la cartera laboral. 

Compartimos el comunicado difundido por la entidad sindical: 

CONQUISTAMOS LA PERSONERÍA GREMIAL: el SiPreBA es el sindicato que representa legalmente a les trabajadores de prensa de Buenos Aires 

La Ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos confirmó, vía Boletín Oficial, que le otorga al SiPreBA la exclusividad de representación en paritarias y negociaciones colectivas en nuestro sector. El anuncio se completará el martes 24/1 con una reunión entre la funcionaria y la conducción de nuestro sindicato. Celebramos y agradecemos el trabajo y el apoyo en esta conquista histórica y colectiva, que demuestra legalmente lo que siempre sostuvimos por legítimo. ¡Vamos a tener #SiPreBAEnParitarias! 

Con la firma de la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Kismer de Olmos, se confirmó este lunes 23 de enero vía Boletín Oficial la Resolución 21/2023 mediante la cual culmina el procedimiento por el que SIPreBA es reconocido como el sindicato más representativo de les trabajadores de prensa de Buenos Aires, otorgándosele la Personería Gremial. Como parte de este anuncio formal, el martes 24 de enero por la tarde la Ministra recibirá a les compañeres y dirigentes del SiPreBA, “Tato” Dondero, Agustín Lecchi, Carla Gaudensi, Ana Paoletti y “Paco” Rabini en una reunión en el Ministerio. 

El trámite de personería lo iniciamos en junio de 2020. En cada una de las etapas del procedimiento administrativo, desde el SiPreBA demostramos que somos la organización con más afiliades entre las personas que trabajan comprendidas por el Estatuto del Periodista en diarios, revistas, portales, canales de televisión, radios y agencias de noticias en Buenos Aires. De esta manera, conforme al régimen legal (Ley 23.551), la entidad preexistente (UTPBA) pierde la Personería Gremial, la que pasa a ser de titularidad exclusiva de SiPreBA. Por ende, nuestro sindicato es el único representante sindical en las paritarias y demás negociaciones colectivas, tal como exigimos con organización y lucha desde hace años. A su vez, el cotejo de afiliades también demostró que el SiPreBA es el sindicato con mayor afiliación en la Agencia Télam, donde otro sindicato, en este caso de empresa, había obtenido una personería solo para ese ámbito en el 2014. 

El SiPreBA nació el 7 de junio de 2015, luego de un plebiscito impulsado desde las asambleas en las redacciones en noviembre de 2014. En esa votación, miles de compañeres de prensa tomamos la decisión de fundar nuestro sindicato, ante la falta de representatividad y respuesta por parte de la conducción de la UTPBA, que había fraguado elecciones y padrones en reiteradas oportunidades. 

Desde ese entonces nos propusimos representar a les trabajadores de prensa de medios de comunicación privados, públicos y autogestivos. Y eso hicimos. En estos casi 8 años protagonizamos muchas luchas y resistencias, tuvimos conquistas, alcanzamos acuerdos con determinadas empresas para regular nuevos derechos, participamos en importantes y diversas instancias del movimiento sindical, así como estuvimos en todos los debates profesionales y laborales que hacen a nuestra actividad. Desde su fundación el SiPreBA se conformó como el sindicato de prensa con mayor presencia en Buenos Aires. Sin embargo, carecía del reconocimiento legal pleno para ocupar, por propio derecho, el carácter de representante también formalmente. Alcanzar esta instancia era necesario para cumplir con la demanda constante de todes les trabajadores prensa de Buenos Aires, quienes durante todos estos años padecieron que un sello sin representatividad ni legitimidad, pacte sus condiciones laborales, profundizando la precarización, la pérdida de derechos y el deterioro de sus salarios. 

Sí, lo logramos. Ganamos la Personería Gremial. Es una conquista colectiva que demuestra legalmente lo que siempre sostuvimos como legítimo. Vamos a tener #SiPreBAEnParitarias y la oportunidad de definir sobre nuestras condiciones de trabajo. 

Destacamos la actuación del Ministerio de Trabajo de la Nación que permitió evidenciar, de manera transparente y cabal, la real representación de la actividad de prensa. Fue un complejo proceso administrativo donde tuvimos la oportunidad de demostrar cada afiliación y sus cotizaciones por medio de los libros y registros correspondientes, tal como lo establece la Ley de Asociaciones Sindicales para el caso de disputas de Personería Gremial. Eso solo fue posible gracias al enorme y riguroso trabajo de dirigentes, empleades y compañeres de nuestro sindicato, así como del equipo de asesores legales, y en particular de nuestro abogado, Guillermo Gianibelli. 

Queremos agradecer a quienes nos acompañaron en estos años: a la FATPREN y a los sindicatos de prensa de todo el país; a la CGT de la que somos parte a través de nuestra Federación; a la CTA de los Trabajadores y a la CTA Autónoma; a nuestra Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas para América Latina y el Caribe (FEPALC); a los sindicatos de otras actividades de la comunicación y a numerosas organizaciones políticas, gremiales, sociales, académicas y de Derechos Humanos que siempre entendieron este reclamo como una necesidad de les trabajadores de prensa. 

Esperamos, a partir de ahora, poder construir un camino de diálogo con las Cámaras empresariales del sector. La dramática situación laboral de nuestra actividad requiere del compromiso de todos los actores que intervenimos en el trabajo en medios de comunicación. 

Como desde el nacimiento del SiPreBA, ratificamos nuestra decisión de acompañar a todas las personas que trabajan en prensa, en los medios, en la comunicación. Por eso les convocamos a afiliarse y a llenar de participación todas las instancias democráticas de nuestro sindicato, para profundizar la organización y la lucha por nuestros derechos. 

Con esta conquista el SiPreBA ha dado un paso histórico para el gremio de prensa. Existen escasísimos antecedentes en los que, en el marco del sistema sindical argentino y en la actividad privada, un sindicato desplace a otro por el atributo de la mayor afiliación y, así, obtenga la Personería Gremial. Solo la fuerza, la convicción y la actitud militante nos han permitido lograrlo. Con esto, una vez más, se demuestra que la representación real debe prevalecer sobre cáscaras vacías y que un sindicato es lo que les trabajadores son capaces de construir y sostener, como un verdadero instrumento de lucha y autodefensa de la clase trabajadora. 

En los próximos días, convocaremos a nuestro plenario de delegades, así como invitaremos a una conferencia para dar más detalles de esta histórica conquista. 

Lo que se constata y notifica hoy es, sobre todas las cosas, un logro colectivo. Conseguido con mucho trabajo y compromiso por todes: por nuestra dirigencia, por nuestro equipo legal, por todes les delegades, afiliades y compañeres del gremio, por quienes hacemos y militamos a diario el SiPreBA, por todas las organizaciones que nos apoyaron. Esta conquista histórica es de todas las personas que, desde aquel plebiscito hasta ahora, en cada charla, en cada aporte, en cada asamblea, en cada afiliación, en cada voto, en cada marcha y mucho más, apostaron y confiaron en que podíamos construir y organizar una herramienta genuina para defender el oficio periodístico, el trabajo en prensa y nuestros derechos laborales. 

El SATSAID realizó un nuevo paro  

El SATSAID convocó a un nuevo paro de dos horas por turno para el miércoles 25 de enero en los canales abiertos, productoras y señales de todo el país, en el marco de la discusión paritaria con las cámaras empresarias ATA y CAPIT. 

En un comunicado emitido por el Consejo Directivo del Sindicato Argentino de Televisión se resolvió «ratificar la solicitud de reajuste salarial consistente en un incremento del 24% para el trimestre enero-marzo 2023, más la compensación neta del neto de la retención del artículo 215, para el segundo tramo de la paritaria 2022-2023». 

Es por ello que el gremio decidió «convocar a paros de 2 horas por turno para el día miércoles 25 de enero, con presencia en los lugares de trabajo, en todas las empresas del país alcanzadas por los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11, en apoyo a nuestra solicitud de recomposición salarial». 

Además, se convoca a la realización de asambleas «para informar de la situación, y organizar la medida de acción directa que se ha dispuesto, en procura de lograr nuestro objetivo de reajuste salarial». 

Dicha medida se realizó un día después de la audiencia presencial que el SATSAID tuvo el pasado martes 24 en el ministerio de Trabajo. 

Se reaviva el conflicto entre el gremio del peaje y AUBASA por amenazas 

El Sindicato de Peajes (SUTPA) arremetió nuevamente contra las autoridades de la empresa Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), a pesar del entendimiento acordado entre las partes tras el paro de actividades desarrollado por el gremio días atrás. 

Cuando parecía reinar la calma, la organización que conducen Florencia Cañabate y Facundo Moyano salió al cruce del directorio de AUBASA al mando del massista Ricardo Lissalde por «amenazas» a los trabajadores.  

En un comunicado, el SUTPA afirmó que la empresa continúa «profundizando su accionar antisindical» amenazando a los trabajadores. El gremio hizo referencia a una misiva difundida por recientemente por la firma «con la amenaza clara y evidente de reservarse a futuro la posibilidad de descontar haberes ya abonados ante una eventual nueva medida sindical». 

Vale recordar que el sindicato llevó adelante días atrás un plan de lucha por mejoras salariales que derivó en paro total de actividades con un fuerte cruce entre las partes en audiencia de conciliación en el ministerio de Trabajo donde la empresa llegó hasta pedir la cancelación de la personería gremial de la organización. 

La solicitud de la empresa, asentada en acta de conciliación, generó un fuerte repudio de todo el arco sindical en defensa del gremio del peaje. Luego llegó la tregua y el gremio levantó las protestas, aunque los reclamos continúan vigentes. 

Ahora el SUTPA aseguró que AUBASA «pretende neutralizar el legítimo derecho a huelga» con amenazas sobre descuentos de haberes. El gremio afirmó que en la carta difundida por la empresa se minimizan los reclamos sobre seguridad e higiene realizados por los trabajadores. 

«Como única respuesta a todas las irregularidades e incumplimientos denunciados ante las autoridades del ministerio de Trabajo de la Nación eligen el camino más fácil: amenazar a los trabajadores e intentar infundir el miedo y la desazón», disparó la organización sindical. 

Nuevo reclamo de la Unidad Piquetera 

Fue este miércoles 25 de enero, a las 14:00, en Independencia y 9 de julio de la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.  

Compartimos comunicado:
Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilado/as y como vienen haciendo con el salario de los y las laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas. 

No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160.000 personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares. 

Sin lugar a grietas, desde CFK a Larreta, Bullrich y Milei son parte de una campaña de estigmatización y ataque contra las organizaciones sociales para poder llevar adelante esta ofensiva, que cuenta con el aval de Pérsico y Grabois. Actúan en defensa de los intereses del Fondo y las patronales, como el corralón municipal del intendente Ishi, que quiere pagar salarios de hambre. 

La Unidad Piquetera llama a movilizarse en todo el país y solicitamos una reunión con la ministra Tolosa Paz para reclamar: el cese de los despidos del Programa Potenciar Trabajo, que todas las personas afectadas sean citadas en su distrito, por la apertura para todos/as lo que lo necesitan y por el aumento del monto del programa a un salario igual a canasta básica para que ningún trabajador/a este por debajo línea de pobreza. 

FRENTE DE LUCHA PIQUETERO: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – M.A.R. ☆ – M☆29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.- REBELION POPULAR 

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY -ARRIBA lxs que luchan 

LIBRES DEL SUR 

MST TERESA VIVE 

Trabajadores despedidos de Megaflex logran que el Municipio se comprometa a interceder 

Trabajadores despedidos de Megaflex, fábrica líder en la venta de membranas impermeabilizantes ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, partido de Almirante Brown, mantuvieron el miércoles 18 de enero una reunión con representantes del intendente del distrito, Juan José Fabiani, que reemplaza interinamente a Mariano Cascallares. «Se comprometieron a interceder ante el ministerio de Trabajo para que éste nos reciba e intime a la empresa a cumplir con la legislación argentina, ya que Megaflex se negó a acatar la conciliación obligatoria y desoyó la orden de la justicia laboral que iba en el mismo sentido», explicaron. Asimismo, agregan: «la intransigencia de esta empresa, que ahora pertenece al grupo francés Saint Gobain, es inadmisible. Megaflex no puede ser el ejemplo ante la crisis que golpea a las familias obreras. Por eso también advertimos al Municipio que, de no haber respuesta, hemos decidido impulsar nuevas acciones de lucha para que nuestro justo reclamo se haga escuchar», advierten.  

En la reunión pudieron exponer su actual situación laboral: «después de años, incluso décadas de trabajo para esta multinacional, la mayoría de nosotros estamos ‘rotos’, con enfermedades laborales incurables, y que estos problemas de salud fueron generados por las condiciones de trabajo que hay en la fábrica, Megaflex se prepara para flexibilizar aún más. Por eso, denunciamos que nuestros despidos son discriminatorios, ilegales y parte de un plan de ataque a nuestro convenio de trabajo», sentencian. 

En la misma línea, agregan: «el municipio no puede permitir que compañeros con más de 20 años luego de dejar la salud en la fábrica hoy sean tirados a la calle por esta empresa que sigue amasando fortunas en el Parque Industrial de Brown». 

Finalmente, valoraron positivamente el «reconocimiento del conflicto y el compromiso asumido por la autoridad representante del Intendente del distrito», lo que consideran «un paso adelante en nuestra lucha por la reincorporación», y anuncian: «seguiremos unidos y sumando solidaridad de otros trabajadores en esta pelea que no abandonaremos hasta lograr nuestro objetivo de mantener nuestra fuente de trabajo». 

Paro por 72 horas de brigadistas de parques nacionales 

El jueves 19 de enero, brigadistas de Parques Nacionales que combaten los incendios forestales y participan de rescates, iniciaron un paro por 72 horas en reclamo al ministro de  Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, de salarios dignos y pase a planta permanente. La medida se da junto a administrativos y guardaparques de la Administración de Parques Nacionales. Hoy una persona brigadista ingresante que arriesga su vida en tareas de alto riesgo cobra apenas $72.674,74 pesos. También reclaman que su trabajo sea reconocido como insalubre, el pago de viáticos adeudados, equipo técnico adecuado, contar con seguros diferenciales, sumar personal a las brigadas y jubilación anticipada acorde, entre otras demandas. El paro por tres días se extiende a los parques nacionales Los Glaciares, Los Alerces, Perito Moreno, Lanín, Quebrada del Condorito, Islas de Santa Fe, Pre Delta, Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, entre otros.  

Durante el primer día del paro, en la localidad de Esquel (Chubut), los y las trabajadoras brigadistas del Parque Nacional Los Alerces realizaron una movilización y panfleteada para visibilizar sus reclamos: «vamos a trabajar si hay un incendio, pero también necesitamos respuesta de los funcionarios«, expresaron en declaraciones, en referencia al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, sobre el que agregaron: «necesitamos que se siente y nos convoque a paritarias, necesitamos llegar a fin de mes porque estamos más cerca de la línea de pobreza que de la canasta básica«. 

En el caso de la localidad chubutense de El Hoyo, que fue afectado en estos días por nuevos focos de incendios forestales, los y las combatientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en Chubut anunciaron el paro por 72 horas luego de que Juan Cabandié visitara la zona afectada pero no la sede de la Brigada Nacional del Sur para conocer el estado del edificio, la situación del personal y los recursos de los que disponen. 

Diego Varga, combatiente de la Brigada Nacional Sur e integrante de ATE Comarca Andina, recalcó: «el personal está muy molesto. Tenemos móviles que no están al 100%, no contamos con elementos de protección, como camisas, pantalones o borcegos para combatir el fuego. Cabandié estuvo en la zona y al día siguiente inauguró una nueva subcentral en el Parque Lanín. Nosotros estamos desde 1996 en una instalación prestada del Inta, en un estado catastrófico. En invierno se nos llueve el edificio. Salimos todos los días a arriesgar la vida y el sueldo está muy por debajo de la canasta básica. El personal que recién empieza no llega a los tres dígitos. Estamos expuestos a situaciones muy extremas, pero no se ve reflejado en los sueldos», destacó. 

En tanto, durante el segundo día de paro, Andrea Torres, una de las brigadistas que lleva adelante el reclamo y que cuenta con 10 años de antigüedad en El Chaltén, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, explicó las demandas: «necesitamos 10 brigadistas más, 6 para el ICE y 4 para Sendas, para poder dar respuestas a la cantidad de visitas que tenemos». También destaca el reclamo a la Intendencia de equipamiento para los brigadistas de sendas: «no tienen carpas, no tienen bolsas de dormir, todos elementos que son de gestión, por eso le exigimos a la intendencia gestión para poder dar respuestas a las necesidades de esta área protegida». 

También informó que se sumaron al reclamo brigadistas del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que en estos días estuvieron combatiendo incendios junto a brigadistas de Islas de Santa Fe, Campos del Tuyú y Pre-Delta, que se manifestaron mediante fotos con reclamos laborales en el marco del paro 72 declarado por ATE (Asociación trabajadores del Estado). 

En este marco, Florencia Silva, delegada de ATE por parte de la Agrupación Marrón Clasista, del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, declaró: «trabajadoras y trabajadores de Parques, junto a las brigadas nacionales del Sistema Nacional de Manejo del Fuego; continuamos con un plan de lucha por soluciones reales y concretas a nuestras demandas. Realizamos un paro de actividades de 24 horas en noviembre, de 48 horas en diciembre, y ahora un paro total de actividades por 72 horas, el 19, 20 y 21 de enero; hasta tanto se comiencen a resolver las cuestiones de fondo y las más importantes, salario y planta permanente». Y agregó: «como tercer eje de los reclamos, necesitamos que se apruebe en el Congreso la Ley de Jubilación anticipada por tareas de riesgo, con la salvedad de algunos cambios en el proyecto de ley, que expresamos en actas de asamblea de las áreas protegidas, en esto les pedimos a las y los legisladores, que nos reciban para escuchar nuestra voz, de quienes serían los afectados por esa ley, ya que hasta ahora no logramos que nos den audiencia». 

Conflicto en las alturas 

Se trata de porteadores o lo que en los Himalayas se les dice Sherpas. El trabajo del porter se realiza a grandes altitudes cuando las expediciones dejan los campamentos base para avanzar hacia los campamentos de altura. Los porteadores trasladan cargas, tanto de clientes como de expediciones (carpas, comida, equipo, agua, calentadores, etc.). 

El Parque Provincial Aconcagua es una de las 19 áreas protegidas de Mendoza. Se estima que, gracias a este parque, y por los ingresos percibidos por temporada, el resto de las áreas pueden recibir gran parte del presupuesto anual (aunque mínimo) para ser mantenidas durante el año. 

Durante los meses de temporada, mucha gente de todas partes del mundo se congrega para encarar la cumbre a «El Coloso» o «El Apu». Para ello las empresas se preparan durante todo el año para encarar una temporada que recibirá a miles de expedicionarios/as que anhelarán tocar el techo de Los Andes. 

Tanto guías, campamenteras/os, porters, guardaparques, arrieros, choferes y logística trabajarán en conjunto para preservar la seguridad y ayudar a que el ascenso sea exitoso de los y las montañistas que desean el ascenso. 

A mediados de enero trabajadores de una empresa que opera en Aconcagua están en paro y reclaman una serie de mejoras en sus condiciones: 

–   Trabajo digno: La empresa es una de las que menos paga el trabajo de porter. Sus dueños utilizan la lógica de flexibilización laboral, jactándose de que tienen una lista de empleados listos para «subir» si no están de acuerdo con las condiciones. 

–   Piso tarifario: El porter percibe 18% del precio real del trabajo, en pesos, mientras que la empresa cobra los servicios en dólares (o en su equivalente en pesos). 

–   Precarización laboral: Los contratos por temporadas son de palabra y sus empleados/as no cuentan con ningún beneficio que supone estar en la formalidad. Ni obra social, ni liquidación ni siquiera te aseguran la continuidad para la temporada que seguirá. La liquidación del total del pago de toda la temporada por lo general termina siendo en el mes de abril, lo que supone más devaluación en el salario percibido. Este es un método que utilizan la mayoría de las empresas de Aconcagua. 

–   Empatía para con sus trabajadores: Ante algún reclamo, la patronal de la empresa amenaza con echar a el o la trabajadora. Las empresas que sí blanquean a sus trabajadores, también tienen estas actitudes extorsivas. Si te echan, te exigen que presentes el papel de renuncia. 

La lucha de los porters sigue en pie y aunque 3 de los 9 trabajadores han aceptado un aumento al 25% (actualmente perciben el 18% del valor del porteo), el resto sigue en pie de lucha esperando llegar a un arreglo y que los vuelvan a vincular a la empresa. 

Trabajadores de maestranza reclaman apertura de paritarias y condiciones laborales 

El lunes 16 personal de limpieza de diferentes empresas de Bahía Blanca acercaron un petitorio al ministerio de Trabajo dirigido a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos; al Dr. Marcelo Claudio Belloti, secretario de Trabajo de la Nación; y a las Delegaciones Regionales en el cual plantean una serie de reclamos salariales, por condiciones de trabajo y a nivel sindical, entre ellos: 

1) Que se respete el Decreto 841/2022 que establece una asignación por única vez para los trabajadores del sector privado de 24.000 pesos sin menester de lo acordado entre el SOMRA y ADEL en función de mantener la paz social. 

2) Que se reabran las discusiones paritarias contemplando la inflación futura (cláusula gatillo) y que se establezca un acuerdo acorde a la canasta básica que según datos del INDEC se encuentra en los 145.948 pesos. 

3) Que dichos aumentos vayan al sueldo básico y no al viático y al presentismo. Y que se comience a aplicar el carácter remunerativo de los viáticos tal como establece el artículo 19 de nuestro CCT y que hoy no se aplica. 

4) Que culminen las trampas en las liquidaciones de sueldo con respecto al aguinaldo, donde se toma el sueldo básico antes que el mejor sueldo; y se descuentan montos significativos por las vacaciones, por enfermedad; etc. 

5) Que se derogue la sobrecarga de trabajo establecida en la última negociación paritaria al Artículo 5 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo en donde se nos agregan tareas tales como “traslado de muebles”; “mantenimiento general”; “cargas y descargas”; “exterminio de malezas”; o “servicios de refrigerio” que nada tienen que ver con el Trabajo de Limpieza y para los cuales no nos reconocen ningún plus adicional. 

6) Exigimos garantías de seguridad para el armado de una lista alternativa al interior de nuestro gremio a raíz de las amenazas y las agresiones físicas sufridas en el pasado. 

7) Exigimos la celebración de elecciones libres y democráticas en el SOMRA, Personería Gremial Nº 357. 

Este reclamo, en el marco de la movilización que se realizó en CABA, son parte de un proceso de organización desde abajo que impulsan trabajadoras y trabajadores considerados esenciales para la mantención de servicios en hospitales, bancos, municipios, etc., pero que son invisibilizados por los gobiernos. 

En relación al bono de fin de año es importante aclarar que varios sindicatos han incorporado en los acuerdos paritarios una cláusula que exime a las empresas de pagar las sumas otorgadas por DNU. Así el convenio firmado en octubre del año pasado entre el SOM (Sindicato de Maestranza) y ADEL (Asociación de Empresas de Limpieza) establece que las sumas de “recomposición o incremento de la remuneración de los trabajadores, o el reconocimiento a favor de los mismos de algún bono, suma fija o prestación dineraria de cualquier naturaleza y/o denominación” serán absorbidas por “el resultado de los incrementos pactados en el presente acuerdo”. Claramente una cláusula perjudicial para los trabajadores cuyos salarios, ante la inflación, en muchos casos quedaron en niveles prácticamente de indigencia. 

De más está decir que estos acuerdos fueron homologados por el Ministerio de Trabajo con el agravante de que el propio Decreto presidencial 841, que establece un bono de fin de año para todos los trabajadores del sector privado, convalida en su artículo 5° que dicho bono pueda ser absorbido por los aumentos paritarios: “La asignación no remunerativa prevista en el artículo 1° del presente Decreto podrá ser absorbida hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023”. 

Acindar inicia medidas de fuerza 

Los trabajadores de la planta siderúrgica Acindar, de Villa Constitución, iniciaron una lucha contra el mal llamado Impuesto a las ganancias. El jueves 19 realizaron las primeras asambleas sectoriales, donde la producción se vio interrumpida, para así poder discutir las diferentes estrategias y caminos a seguir para lograr que el gobierno y la empresa se hagan eco de su reclamo. Los trabajadores vienen sufriendo descuentos de gran impacto en salarios que apenas superan la canasta familiar. 

El salario básico de la UOM, convenio en el cual se encuentran encuadrados, apenas supera los 100.000 pesos. El resto del salario está compuesto por adicionales producto de las condiciones desfavorables de trabajo. Un régimen de rotación en los turnos que es altamente perjudicial para la salud, un adicional por tareas insalubres y peligrosas, un porcentaje considerado «sueldo histórico» que es una conquista que se viene manteniendo desde los 70, etc. 

A pesar de las sucesivas modificaciones que se hicieron, solo se priorizó en aumentar los topes alcanzables por este impuesto, pero no fue modificado de conjunto el sistema tributario y hoy cualquier trabajador que no tiene cargas para deducir, es alcanzado con un 35% de alícuota en su remuneración. 

Los trabajadores de Acindar dieron el primer paso en instalar este conflicto en la política nacional, en asambleas se irán discutiendo cómo seguirá la lucha. A pocos meses de que se venza la paritaria y se empiecen a discutir nuevamente las escalas salariales, es necesario unificar a los metalúrgicos de todas las ramas y pelear por un salario básico digno que no sea saqueado por el gobierno. 

Liberaron a los 3 portuarios detenidos por defender sus puestos de trabajo 

Familias portuarias, organizaciones de DD HH, sindicales y políticas se movilizaron el jueves 19 por la mañana al Centro de Justicia Penal a reclamaron la liberación de los tres detenidos.  

Al finalizar la audiencia se definió la libertad de los tres detenidos, lo que se considera un gran paso adelante. Sin embargo, también dejó un sabor amargo ya que todos los pedidos de la defensa no fueron escuchados por la jueza Billota. Al respecto Julia Giordano, abogada penalista y miembro de APDH declaró que “se trata de una resolución totalmente vergonzante, totalmente falta de fundamentos”, ya que se les niega la posibilidad de acercarse a menos de 300 metros de la terminal de puerto Rosario -salvo en su horario laboral- cuando uno de los trabajadores vive en las inmediaciones del Puerto. Una verdadera vergüenza. 

La abogada también remarcó cuál fue el pedido que llevaron adelante junto a Sebastián Spiller quien es el abogado de portuarios en el fuero laboral y David Giordano del MEDH: “No es el fuero penal el que debe resolver este conflicto, acá no hay ningún ilícito. Los trabajadores protestando estaban ejerciendo el derecho legítimo y constitucional a la protesta, esto debe resolverse en el fuero laboral, por los canales que están abiertos y pendientes como los trámites en el ministerio de Trabajo de provincia y nación, esto estaba pendiente mientras sucedía la detención de los trabajadores, pedimos que se archive la causa porque no había apariencia de responsabilidad del delito”. 

Y siguió: “No estaban dadas las condiciones materiales para que esos hechos configuren un delito, hicimos hincapié en que ninguna de las evidencias que había llevado la fiscalía al juicio indicaba que esos hechos que trataban de imputar a los trabajadores habían sucedido, no había usurpación, no había toma del espacio de trabajo, ni se impidió el ingreso de ningún camión, tampoco el ingreso de ningún trabajador, o descarga de ningún barco. Las filmaciones con las que contaba la fiscalía no mostraban nada de esto”. 

Los trabajadores recibieron las noticias de sus compañeros fuera del Centro de Justicia Penal entre saltos y abrazos. Y se preparan también para recibir a sus compañeros en el ingreso del Puerto a las 17:00, que una vez en libertad deberán reingresar a trabajar esta tarde. 

Los vaciadores de Vicentín responsables del hundimiento del Puerto de Rosario 

Por Jorge Galmes Aguzzi 

El Puerto de Rosario bajo control del ENAPRO dependiente de la Provincia de Santa Fe y gestión operativa de la empresa Terminal Puerto Rosario SA (TPR SA) cuya principal propietaria es Vicentín, refleja una caída drástica en el volumen de la carga operada en los últimos 10 años. El otrora puerto más importante de Latinoamérica, es hoy un símbolo de explotación laboral, manejos fraudulentos, denuncias por narcotráfico y pésima gestión administrativa. 

La importante lucha que llevaron adelante, a lo largo de varias semanas, los trabajadores del Puerto de Rosario contra los despidos, volvió a poner la lupa sobre esa terminal portuaria y su funcionamiento. En esta nota abordamos algunos de los aspectos de ese funcionamiento, que se encuentra cuestionado. 

La empresa que actualmente es responsable de las operaciones de dos terminales del Puerto de Rosario se llama Terminal Puerto Rosario (TPR SA) de la cual su principal propietaria es Vicentín. TPR SA ha sido responsable del hundimiento operativo del Puerto Rosario en los últimos años, empresa que – de acuerdo con algunas investigaciones – Vicentín posee hasta un 50% del capital accionario, pero que sin embargo no existen registros contables de su operatoria desde el año 2012 tal como se dio a conocer en una denuncia hecha por la Comisión de Información y Seguimiento del caso Vicentín, perteneciente a la Cámara de Diputados de Santa Fe. 

Un poco de historia 

Por su parte, el ENAPRO (Ente Administrador del Puerto de Rosario), que tiene como principal fin intermediar entre la Provincia de Santa Fe y el concesionario privado (TPR SA), cuyo origen hay que remontarse hasta la década de los noventa cuando la Nación transfirió a las provincias bajo la Ley de Reforma del Estado (1992) el manejo de la gran mayoría de los puertos de la Argentina; tampoco ha estado a la altura de los hechos exigiendo al concesionario el cumplimiento de las condiciones contractuales. Recién a raíz del conflicto desatado con los trabajadores, el ENAPRO tomó la decisión de separar de su directorio al representante de Vicentín (Carlos Bello), lugar que ahora es ocupado por el otro concesionario del Puerto de Rosario: Servicios Portuarios (Sepor). El propietario de esta última es Juan Manuel Ondarcuhu, quien tiene en sus espaldas un procesamiento por lavado de activos junto con el secretario del SOMU, Omar «Caballo» Suárez, relacionado con los manejos fraudulentos por parte de la empresa Maruba. 

El primer concesionario privado que tuvo el Puerto de Rosario bajo el nuevo marco normativo fue en el año 1998, con la empresa International Container Terminal Services (ICTS) pero producto de una serie de desmanejos y conflictos con los trabajadores portuarios que llegaron a plantear una huelga, es revocada la concesión en el año 2000. A partir del 2002 es cuando empieza a operar TPR SA, y en 2009 ingresa la empresa Vicentin, la que junto con la chilena Ultramar SA -que compra el 30% del paquete accionario en el 2012- son ahora las principales propietarias del concesionario del Puerto de Rosario, es decir la empresa que opera y administra el Puerto de Rosario. 

Sin controles de ningún tipo 

Tal ha sido el desmanejo en la operatoria del puerto al punto de haber favorecido maniobras poco claras -hasta incluso ilegales, ya que en el año 2010 el Puerto de Bilbao denuncia el hallazgo de cocacaína proveniente de Rosario- que motivaron a que se abriera una investigación por parte de la Auditoría General de la Nación, la que en el año 2020 elevó un informe dirigido a Cristina Fernández como Presidenta del Senado bajo el N° de actuación 729/17, en el que se desatacaba lo siguiente: 

«(…) dadas las relevantes deficiencias de delimitación de las ZPA (Zona Primaria Aduanera), es que las existentes en la infraestructura propia del predio de TPR SA en su conjunto conllevan riesgos que pueden afectar el control aduanero dentro de sectores que deben poseer un resguardo especial establecido por la normativa vigente.» 

No resultó extraño entonces, en junio de 2022, el hallazgo de más de 1.400 kg de cocaína en tres containers. Según declaraciones del presidente del ENAPRO, Guillermo Miguel, este hecho motivó a que se «evaluara» la rescisión del contrato con Vicentín, algo que por supuesto aún no sucedió. 

Hoy en día, el puerto no cuenta tampoco con registros acerca de las inversiones cuya responsabilidad directa le corresponde al concesionario. En mayo de 2022 se produjo un socavón, es decir, dada la obsolescencia de los materiales, se generó el hundimiento en uno de los dos muelles que están operativos (ver foto debajo). Este muelle funcionaba dentro de las las Terminales I y II (ver croquis) que tiene a su cargo TPR SA. La empresa concesionaria frente a este hecho en vez de anunciar inversiones, procede a suspender a 1.000 operarios aduciendo la imposibilidad de seguir operando y haciendo responsables a los trabajadores por la falta de mantenimiento. Incluso llegó hasta amenazar con despedir al 50% de su planta si el sindicato (SUPA) no aceptaba una flexibilización laboral a través de la disminución de los aportes patronales, ya que TPR SA argumentaba que en las condiciones prevalecientes era imposible operar. De acuerdo con fuentes sindicales, la demanda del concesionario era una forma de chantaje al ENAPRO presionándolo para que dejara de exigirle las inversiones que de acuerdo a las condiciones del pliego de licitación le correspondían llevar adelante al concesionario y de acuerdo con estos hechos no lo estaba haciendo. 

Desempeño operativo de los últimos años 

Por si fuera poco, no todo es corrupción y apriete a trabajadores. Si analizamos el desempeño operativo del Puerto de Rosario bajo gestión de TPR SA podemos observar mediante una serie de gráficos como ha caído en los últimos años, la que producto del estado de abandono existente en las terminales, Vicentín está vaciando ahora el Puerto de Rosario, cuya importancia logística es clave para el desarrollo productivo de la Argentina. 

En primer lugar, podemos mencionar cómo ha sido la evolución desde el año 2014 tomando en cuenta el tipo de producto que es operado en el Puerto de Rosario, así podemos observar una caída en los dos principales, tanto en metalúrgicos como en granos, desde el año 2015 y 2018 respectivamente. 

En lo que respecta al total de carga no containerizada (operada a granel), la cual representamos por el volumen total de la carga en millones de toneladas, desde el año 2019 se ha venido registrando una notable caída -en consonancia con la disminución del nivel de inversiones requeridas-, más específicamente podemos ver cómo para el año 2022 apenas se operó una tercera parte de lo registrado en el año 2015. 

Por último, si consideramos el total de la carga operada (agregamos ahora la containerizada) por el Puerto de Rosario desde el año 2010, y de acuerdo con datos oficiales publicados por el mismo ENAPRO, la situación es bastante más dramática. Para el año 2021 apenas habían operado 400 buques y barcazas, mientras que en el año de mayor operatoria (2014) se había alcanzado la cifra de 1200 barcos y barcazas -aproximadamente- en operación con el puerto. 

En lo que respecta a los TEUs (containers del tamaño estándar de 20 pies) y en consonancia con los datos ya presentados también refleja una disminución, pero en este caso la cantidad de TEUs operado por el Puerto de Rosario fue en el 2021 la peor registrada de la serie que se inicia en el 2014. 

El Puerto de Rosario bajo gestión del concesionario TPR SA cuyo principal propietario es la firma Vicentín no sólo ha incumplido en cuestiones laborales. La caída en el nivel de inversiones, los manejos fraudulentos y delictivos por parte de sus directores, la ausencia de control por parte del ENAPRO como de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y junto con la pérdida de la capacidad operativa del que fuera unos de los puertos más importantes de la región, completa un panorama verdaderamente desolador. 

Todo esto requiere de manera urgente de un plan general que implique la estatización del comercio exterior y del Puerto de Rosario en este caso, bajo administración obrera, con el objetivo en primer lugar de dar por finalizada la concesión a Vicentín, empresa responsable de una de las mayores estafas económicas de la historia argentina. De esta manera, las divisas que ingresen al país lo harán en función de las necesidades de toda la población junto con el sistema productivo en su conjunto y no de un grupo reducido de empresas oligopólicas. 

Fuentes: Prensa Obrera, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, www.infogremiales.com.ar, Clarín, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Anred. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.