La última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares en Argentina fue realizada por el INDEC en 2018. Resultó que, en el país, el 22.8% del gasto de los Hogares es para alimentos y bebidas no alcohólicas.
El gasto en alquileres es más alto (28,3%), pero no afecta a todos, sino a los de 2.5 millones de inquilinos, que constituyen un 25.8% de los 9.7 millones de hogares.
El gasto en alimentos ocupa el primer lugar, seguido muy de lejos por el 14,8% del gasto en varios rubros (vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles).
Aunque la Encuesta no cruza el gasto alimentario con los ingresos, es evidente que su proporción es mayor si el ingreso se reduce. Su proporción por regiones lo confirma: es más alta en las más pobres, el Nor-Este, NEA (30.6%) y Nor-Oeste, NOA (29.2%).
Parece que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no evalúa el riesgo de la desigualdad en el acceso a los alimentos. Emitió la Resolución General 5329/2023 para retener desde abril un 3% en concepto de “adelanto de IVA” sobre “las ventas de alimentos para consumo humano (excepto carnes, frutas y hortalizas), bebidas, artículos de higiene personal y limpieza”. Necesita ese adelanto para desarrollar un Programa de Monitoreo Fiscal contra la evasión impositiva.
Esta medida tiene un costo administrativo y financiero que se trasladará a precios, tal como distintos medios recogieron en entrevistas a economistas de distintas procedencias.
¿A qué apuntamos? A que el Ministerio de Salud debería advertirle algo obvio: aumentar directa o indirectamente el IVA, afectará la alimentación de los más pobres.
En cambio, la población pudiente gasta en alimentos una proporción menor de sus ingresos: no podrá ingerir más calorías por tener más dinero. Y le queda un excedente.
La AFIP no sabe de salud. En un país con alimentos para 3 o 4 veces su población, la magnitud, trascendencia y evitabilidad del hambre son tan importantes como el costo de atención de la morbimortalidad que ocasiona. De ahí que su prioridad es indiscutible desde la atención individual y la salud pública.
Las muertes directas por hambre son 8 millones en el mundo. Las indirectas, son muchísimas más. Para saber si es mucho, consideremos que supera largamente a los 6,8 millones de muertes registrados por Covid 19 durante 3 años en todo el mundo. Pero no extremamos con el hambre ninguna medida.
En Argentina, se registraron 853 muertes por “Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales” en 2021. La Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, no especifica las muertes por hambre. Se necesita, entonces, una investigación especial para encontrar el hambre escondida detrás de enfermedades que produjo o agravó.
La idea de financiar el monitoreo fiscal con el dinero de los menos pudientes es injusta: los pobres comenzarán poniendo lo que evaden quienes más tienen.
Yugular el déficit público con más hambre tampoco es buen negocio. Una medida de este tipo equivale a fabricar náufragos para que traigan pescado.
Es también una medida abusiva, suponiendo que no habrá otra salida que pagar más caro. Porque técnicamente se considera que los alimentos son un consumo “inelástico” respecto del precio. Claro que será así hasta cierto punto, mientras alcancen las alternativas sustitutivas (alimentos de menor precio a igualdad de calorías) y complementarias (reducción de gastos de traslado para comprarlos).
Pero tales alternativas tienen un límite que, como nos enseñó Domenech, linda con el desafío de la violencia social. Mientras no despertemos, nos vamos acercando peligrosamente al límite de la desigualdad, como demuestra Gini con su famoso Índice de la concentración de la riqueza, que avanza sin pausa desde 1820.
En el Informe sobre “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo – 2022” (SOFI, por sus siglas en inglés), la FAO, OMS y otras organizaciones internacionales, destacan que Argentina fue el país de la región que, entre 2020 y 2021 tuvo mayor aumento de la inseguridad alimentaria (un eufemismo del hambre): afectó al 37% de la población total, duplicando el porcentaje de 2014 a 2016.
La pretensión de la AFIP no sería el único enseñoramiento de Argentina con el IVA. Sancionado por Ley 20.631 del 13-12-1973, duplica al de otros países de América Latina y se ubica en los lugares más altos de la región.
La importancia del IVA en la recaudación es mayúscula. Con casi $2 billones de pesos, es el impuesto que más aporta a los recursos de $19 billones del Presupuesto de la Administración Pública Nacional. Con ese 10,2% supera largamente a los otros recursos, incluyendo a los impuestos progresivos porque provienen del patrimonio y de las ganancias. De manera que la recaudación, a través de impuestos al consumo y al trabajo, es ampliamente regresiva, o sea, aportan más lo que menos tienen. Y la asistencia de salud es también regresiva: reciben menos quienes más aportan.
Es curioso que, con semejante contribución, y ahora gravando más a los alimentos, no encontremos ninguna compensación proporcional en las partidas presupuestarias de Nación para paliar la inseguridad alimentaria y las muertes por hambre en Argentina.
Y no es que el IVA del 21% sea un impuesto menor que en otros países. Por el contrario, en Latinoamérica, la tasa media del IVA es del 8,5%, muy por debajo de la media mundial, que está en el 15%.
Por otra parte, el monitoreo fiscal de Argentina controla más a los pequeños productores y comerciantes. Algo descabellado. Porque la evasión se concentra en grandes empresas y corporaciones, controlables con menos esfuerzo y más rédito. Una vulgaridad desde hace muchos años en otros países, como el Reino Unido. En administración, es la aplicación de la clásica Ley de Pareto. Elemental, Watson…
Mario Borini. Profesor Titular Salud Pública – UBA – 2003/2008
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