En el contexto del aumento de la criminalización migrante derivada de los procesos nacionales y regionales de control de poblaciones extranjeras irregularizadas, el 27 de marzo aconteció el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México y en la frontera con Estados Unidos (EU).
El incendio se produjo en el contexto de protestas y demandas de los detenidos por tener derechos básicos mientras estaban encarcelados: acceso a agua, comida y a enceres de aseo personal indispensables. En dicho incendio, debido a la deliberada inacción e indiferencia de quienes controlaban dicho centro de detención, murieron 39 personas (de las cuales 28 eran guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 salvadoreños, 1 colombiano y 1 ecuatoriano).
Esta tragedia no fue un hecho fortuito, ni un accidente. Por el contrario, fue resultado de múltiples procesos y tuvo una doble génesis. Por un lado, en términos de lo acontecido ese día preciso, fue la negligencia y omisión de medidas de emergencia de los agentes encargados de la estación migratoria lo que provocó las muertes. Como lo documentaron diversos medios de comunicación, los agentes de la estación migratoria, una vez que inició el incendio, se negaron a abrir las celdas, no dieron aviso a las autoridades, y tampoco pidieron apoyo a las instituciones adecuadas (bomberos, protección civil, servicios médicos); asimismo, tampoco se ejecutaron los protocolos de seguridad para una emergencia de ese tipo.
Pero, por otro lado, también el incendio y las muertes migrantes en Ciudad Juárez fueron el resultado de un complejo y largo proceso de control migratorio estatal y de carácter regional (impuesto desde EU), y uno de cuyos ejes de acción y expresión son las dinámicas de criminalización y contención territorial del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia ciertas poblaciones extranjeras, particularmente las del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), y, recientemente, también los venezolanos. En este tenor, ya desde los periodos de las caravanas migrantes (2018-2019), y especialmente durante la pandemia del Covid19 (2020-2022), diversas organizaciones y medios de comunicación documentaron que, en diferentes estaciones migratorias del norte y sur del país del INM, acontecieron múltiples violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y algunas de ellas desembocaron en muertes.
Es urgente dejar de criminalizar a las poblaciones extranjeras que, no sólo no son delincuentes, sino que, además, son sujetos que migran forzados por condiciones muy adversas (de tipo económico, político y socioambiental); migrar y cruzar fronteras es una estrategia y una forma de agencia para tener una vida digna. Hay que cuestionar y romper las narrativas que, basadas y determinadas por los últimos gobiernos de EU y reproducidas por el INM en México, privilegian la “contención migratoria” y el “cierre de fronteras” sobre el respecto a los derechos y la dignidad de los migrantes.
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