Julio es un mes de definiciones para importantes sectores de la economía nacional. Además de gremios docentes de distintas provincias como Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Salta, entre otras, algunos sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (SMATA), el Sindicato de los Trabajadores del Neumático, Comercio y Sanidad, entre otros, se encuentran negociando sus aumentos salariales para el segundo semestre del año.
Las negociaciones se dan en un marco de ajuste para la clase trabajadora del país. El 50% de los trabajadores percibió menos de $100.000 en el primer trimestre del año, de acuerdo a un informe del Indec, publicado el 29 de junio. Allí se reveló que el 80% de los asalariados ganó menos de $180.000 en el mismo período, mientras que una familia necesitó $217.916 en mayo para no ser pobre, y la inflación interanual fue de 52,42%.
Es decir, que la mayoría de la clase trabajadora vive con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que elabora la Junta Interna de Ate Indec, que para el primer trimestre fue de $274.162. Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el 29,8 % de los trabajadores ocupados viven en hogares en situación de pobreza.
Por otra parte, de acuerdo al Indec, la población sobreocupada, es decir, la que trabaja más de 45 horas a la semana, supera a un cuarto del total de los ocupados (27,7%), mientras un 9,4% está subocupado en tanto trabaja menos de 35 horas semanales. En tanto, la desocupación afecta a más de un millón de personas y el trabajo informal subió a 36,7%.
Paritarias de UOCRA
La UOCRA, dirigida por Gerardo Martínez, acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y los representantes de las entidades privadas un incremento del 29,6% para liquidarse en tres cuotas (10% en julio, 9% de agosto y 8% de septiembre). El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre y en julio, según informó la misma UOCRA, un albañil cobrará por hora $897, y un ayudante, $759.
Paritarias de Comercio
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) negociarán un nuevo acuerdo paritario este mes. Cabe señalar que el último aumento de salario fue de 19,5% y se realizó en tres tramos iguales de 6,5% durante los meses de abril, mayo y junio.
Paritarias de SMATA
En abril, el SMATA dirigido por Ricardo Pignanelli, había acordado una suba del 21,85% sobre los salarios básicos vigentes a enero de 2023, que aplicará para los meses de abril, mayo y junio. La revisión de la escala de aumentos se realizará en julio, pero todavía no hay novedades sobre las negociaciones.
Paritarias de Sanidad
En abril, el sindicato dirigido por Héctor Daer acordó un aumento del 50% durante 6 meses hasta septiembre. No solo estableció así el congelamiento del acuerdo y su revisión, sino que se encargó de asegurar que ese aumento para los trabajadores de sanidad sea financiado por aumentos en las cuotas de medicina prepaga (autorizados por el gobierno nacional), para que los empresarios del sector no tengan que poner ni un peso.
En tanto, los sectores de este gremio que negociarán sus salarios son los de las ramas de industria y droguerías.
Paritarias del Neumático
Los trabajadores englobados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) se encuentran atravesando negociaciones paritarias. En ese sentido, en un último comunicado, expresaron: “Venimos luchando por salir del profundo pozo de atraso salarial en cual nos encontramos sin poder cubrir las necesidades de nuestras familias”. Señalaron que en caso de que la negociación se dilate o “adquiera un rumbo distinto a la necesidad de los trabajadores”, podrían realizarse “acciones gremiales correspondientes para defender los intereses del conjunto de los compañeros y sus familias”.
Paritarias de trabajadoras de casas particulares
El último aumento de salarios establecido para las trabajadoras de casas particulares fue del 27% en tres cuotas (14% en abril, 7% en mayo y 6% en julio). Una verdadera burla para las trabajadoras del sector, considerando que quedaron muy por debajo de la inflación.
El acuerdo fue firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, un ente tripartito que reúne a representantes del Estado, de los empleadores y de los gremios del sector, encargada de definir la situación laboral de alrededor de 1,5 millones de empleadas registradas que, como no están contempladas dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, no se realiza a través de una negociación paritaria. En julio, las partes deberán volver a reunirse para definir una nueva negociación.
El martes habrá otro paro en el subte
Los metrodelegados anunciaron un paro de tres horas y otras medidas para el próximo martes 18 de julio. Como lo vienen haciendo, piden reducir la jornada laboral por la exposición al asbesto que provocó la muerte de 3 trabajadores.
Las medidas comenzarán a las 9:00 con la apertura de molinetes para el paso libre de los usuarios en las estaciones San Pedrito (Línea A), Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza (B), Constitución (C), Congreso de Tucumán (D), Virreyes (E) y Facultad de Derecho (H)
Entre las 10:00 y hasta las 13:00 habrá una interrupción total de todas las líneas de subtes y el Premetro.
UOM: Paritaria trabada
El jueves se hizo la tercera audiencia, en el ministerio de Trabajo, y no hubo acuerdo.
La UOM pide un acuerdo trimestral que parte de un 10% retroactivo a junio y un 30% hasta septiembre, más un bono de $60.000.
Las Cámaras patronales aceptarían un aumento del 30%, pero no acumulativo, con otro cronograma de cuotas, sin el bono y sin la inclusión del plus de 30% para zonas desfavorables.
Tengamos en cuenta que la industria ha crecido desde la pandemia, que gran parte de ese crecimiento fue a parar a las cuentas empresarias y que, en particular en la UOM, los salarios reales han perdido. Además de que no hubo ninguna recuperación de lo perdido durante el macrismo y la pandemia.
Según allegados a la UOM el viernes, en el Congreso Regional que se realiza en Córdoba, podría anunciarse un paro nacional de 24 horas. Comenzaría en la mañana del martes 18.
El Ministerio de Trabajo dispuso que empleados afectados por paro de UTA «conservarán goce íntegro de haberes»
El ministerio de Trabajo dispuso que aquellos afectados por el paro de colectivos realizado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al momento de concurrir a sus puestos laborales conservarán el derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales. Así lo indicó en la Resolución 887, difundida por la cartera a cargo de Raquel «Kelly» Olmos.
El documento también estipula que los trabajadores en esta situación «deberán acreditar dicha condición ante su empleador» y que, en caso de discrepancias entre ambos, la cuestión deberá resolverse «por vía del diálogo social entre empleadores, o sus representantes, y las organizaciones representativas de trabajadores».
La medida se tomó dado que el paro de transporte constituye una medida de fuerza mayor que, según el Código Civil y Comercial, exime a los trabajadores de poner sus servicios a disposición del empleador. En este marco, el ministerio sostuvo que «configurándose una situación de fuerza mayor para esos trabajadores, resulta imprescindible garantizar la no afectación del derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales».
La ministra de Trabajo también confirmó, vía redes sociales, que «con la suscripción de la paritaria por parte del sector empresario se levantó el paro de colectivos» Además, informó que, junto al ministro de Economía Sergio Massa y su par de Transporte, Diego Giuliano, se convocó a una mesa de diálogo para todos los involucrados en el conflicto. «Situaciones apremiantes como las sucedidas en el día de hoy no deben repetirse más», concluyó.
Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, anunció el levantamiento desde las 17:30 del viernes 7 del paro de colectivos que afectaba al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Anticipó que el lunes 10 se conformaría «una mesa de diálogo» para resolver los problemas del sector.
En conferencia de prensa, Massa declaró que «el gobierno nacional hace un esfuerzo enorme para sostener el servicio de transporte público de pasajeros», el cual estimó en 500.000 millones de pesos para este año, y lamentó la ausencia del Gobierno porteño en la mesa de negociaciones.
El titular de la cartera económica encabezó la reunión en el Palacio de Hacienda junto a los ministros de Transporte, Diego Giuliano, de Trabajo, Raquel «Kelly» Kismer de Olmos, como también el de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, además de dirigentes sindicales y representantes de las Cámaras de empresas de transporte.
«Es un día muy triste, en el que fueron afectados cuatro millones de usuarios o 10 millones de viajes, y por una discusión de una parte del subsidio que no tiene que ver con los salarios de los trabajadores», destacó Massa.
Según el ministro, la medida de fuerza de hoy se trató de «una situación no habitual, estamos acostumbrados al diálogo y el consenso, tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo, no desde la extorsión, eso no lo podemos permitir».
«Cuando administramos recursos públicos, como la transferencia de subsidios a empresas, todos tenemos que ser responsables frente a la sociedad, y la retención de dinero del Estado que es de los trabajadores puede constituir un delito», advirtió el postulante presidencial del oficialismo, como también lo hizo más temprano la ministra de Trabajo.
Paro de colectivos en Buenos Aires y varias provincias
Después de varios amagues, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició una medida de fuerza por 24 horas a nivel nacional a partir de las cero horas del viernes 7 en los servicios de corta y media distancia en las empresas que “incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado”. La falta de precisión sobre cuáles son dichas empresas generó una gran incertidumbre. En el Grupo DOTA se adelantó a la medida el jueves. Además, en la mañana del viernes se sumó un paro sorpresivo en el Tren Sarmiento.
“Se verificaron los incumplimientos” relativos al pago del aumento salarial “en empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán, donde habrá paro. La UTA no permitirá a los grupos monopólicos que presionen al Gobierno nacional para obtener beneficios”, aseguraron desde la Comisión directiva nacional que encabeza el dirigente Roberto Fernández, al indicar que el paro se cumplirá en esos distritos.
A diferencia de las instancias anteriores del conflicto, desde el ministerio de Trabajo de la Nación señalaron que no fue posible dictar una nueva conciliación obligatoria, ya que ese instrumento fue aplicado por “su plazo máximo”.
Desde la parte patronal, por su parte, aseguraron que las compensaciones que reciben del Estado, a excepción de los costos salariales, están calculadas “a precios de diciembre último”, y exigieron “el cumplimiento de las obligaciones de Transporte y legalidad para realizar la mejora”.
“La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las Cámaras del sector”, consideraron fuentes patronales.
Por su parte, desde el ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27.000 millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.
El conflicto en DOTA
Desde la Comisión directiva nacional del gremio plantearon que “la UTA no permitirá a los grupos monopólicos que presionen al Gobierno nacional para obtener beneficios”.
“La UTA no permitirá a los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las autoridades nacionales para obtener mayores recursos económicos que generen su discusión en los espacios e instancias adecuadas y que utilicen a los trabajadores y usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales”, refirió la entidad sindical.
La referencia corresponde a un señalamiento directo al Grupo DOTA, donde el paro arrancó antes, durante la tarde del jueves 6 y de forma sorpresiva.
Según interpretaron desde la conducción de UTA, se trata de una medida coordinada entre el dirigente opositor en la UTA, Miguel Bustinduy, y la patronal del grupo empresario.
“Esto es un juego sucio del grupo DOTA”, consideró el dirigente Roberto Fernández, “que manda a esta agrupación para adelantar el paro de las empresas que ellos son los representantes”, aseguró.
Roberto Fernández interpretó el anuncio de adelantamiento del paro por parte del sector encabezado por Miguel Ángel Bustinduy como un discurso atravesado por las intenciones empresarias: “Los grupos monopólicos quieren desestabilizar al gobierno. Los trabajadores no estamos en esa posición”, afirmó.
El Grupo DOTA -sigla de Doscientos Ocho Transporte Automotor- controla hoy, directa o indirectamente, la mayoría de las líneas que circulan a lo largo y a lo ancho del AMBA. Se trata, en algunos casos, de líneas que realizan varios de los recorridos más importantes del área, como la línea 5, que une Retiro con Villa Lugano, la línea 28, que bordea la Ciudad por General Paz hasta Retiro, o las líneas 51, 74 y 79 de la Empresa San Vicente, que unen la Ciudad con varias localidades de la zona sur del Conurbano. DOTA opera San Vicente desde 2015, en un proceso en el que absorbió las líneas que lo fueron transformando en el pulpo que es hoy.
Paro sorpresivo en el Tren Sarmiento
Paralelamente, trabajadores jerárquicos pertenecientes a la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apfda) paralizaron sorpresivamente en la mañana del viernes 7 los servicios del Tren Sarmiento, en reclamo de la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) por parte del ministerio con la empresa Sofse, prestataria del servicio.
La medida de fuerza de los ferroviarios -que comenzó a las 4:30 de la madrugada- complicó aún más la circulación de los pasajeros la mañana del viernes en la Ciudad de Buenos Aires, debido al paro general que desarrollaron los choferes de colectivos nucleados en la UTA.
Choferes de la Línea 60 cortaron Panamericana
En el marco de la jornada de paro de colectivos en AMBA y seis provincias, choferes de la línea 60 cortaron la Autopista Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz.
Néstor Marcolini, delegado y chofer de la línea 60, explicó el motivo de la medida: «Estamos haciendo una extensión de tareas que significa que nos presentamos a nuestro puesto de trabajo, pero hasta que no aparezca el aumento que fue resuelto entre los ministerios de Trabajo y Transporte y el sindicato no vamos a volver a nuestras tareas».
Paro de 48 horas en Página/12
Los trabajadores y las trabajadoras del diario exigen una negociación urgente que permita recuperar la dignidad laboral y el poder adquisitivo perdido desde 2016. En este marco, denuncian que “el Grupo Octubre no mira, no escucha, no habla con sus trabajadorxs”.
Desde la Comisión Interna del matutino advierten que el Grupo Octubre pagó este mes un 0% de aumento, aplica una paritaria impuesta unilateralmente por AEDBA, muy por debajo de la inflación, paga sueldos cada vez más cercanos a la línea de indigencia que a la de pobreza, paga aumentos individuales para intentar quebrar los reclamos colectivos, mantiene fuera de convenio a compañerxs que trabajan para Página/12, impone valores de miseria a redactorxs/fotógrafxs que trabajan a destajo, y se niega a dialogar con la Comisión Interna del SiPreBA.
Reabren paritarias de las tres ramas de prensa
Por pedido del SiPreBA se reabrirá la paritaria en las tres ramas de prensa y se sentará a discutir con las Cámaras empresarias en la mesa de negociación. La convocatoria llega luego de que el Poder Judicial ratificara la personería gremial a comienzos de junio, confirmando lo que ya habían conquistado en las redacciones y en la compulsa en el ministerio de Trabajo.
El lunes 10 de julio arrancó la paritaria de prensa radial, el martes 11 fue el turno de prensa escrita y el miércoles 12 prensa televisada cerró la primera ronda de audiencias. Desde el SiPreBA convocarán a plenarios de delegades en cada caso para discutir los pliegos paritarios y definir cada acción.
“Como sabemos y hemos reclamado año tras año desde la fundación de nuestro sindicato, la situación salarial de nuestro gremio es dramática. El poder adquisitivo en nuestro sector lleva casi una década de pérdida acumulada como consecuencia de repetidas paritarias a la baja pactadas por un sindicato sin representación. Necesitamos encontrar un camino que construya diálogo y soluciones para quienes trabajamos en prensa.
Por eso, sostenemos que la obtención de la personería gremial no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida que nos involucra a todes. Porque la única manera de alcanzar salarios dignos es mediante la participación y la organización en unidad”, sostuvieron.
Salario mínimo: acuerdan aumento del 34% en tres tramos
El Consejo del Salario aprobó por mayoría un aumento del salario mínimo del 34% en tres tramos (julio a septiembre), lo que elevará ese ingreso a 105.500 pesos este mes, a 112.500 en agosto y a 118.000 pesos en septiembre, lo que fue rechazado por la CTA Autónoma, en tanto la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, se abstuvo en la votación.
El incremento del ingreso mínimo fue aprobado sobre la base de los valores vigentes a junio último, de 87.987 pesos. Cabe destacar que, en el último año, el salario mínimo tuvo una reducción de más de 20 puntos en términos reales (era 45.540 en junio de 2022).
El aumento previsto para el inicio de este tercer trimestre, aplicable a julio, representa una actualización del 20 % por sobre el salario mínimo vigente al mes de junio. Es decir, que supone una recuperación parcial del salario real, al ubicarse 14 puntos por encima del último índice de precios al consumidor, informado este jueves por el Indec, del 6 % para el mes de junio.
Los incrementos acordados para el salario mínimo en el primer semestre del año acumulan un 42 %, lo cual lo dejó ocho puntos por debajo del aumento del índice de precios al consumidor. Con el incremento informado por el Indec para junio del 6 %, el alza promedio de los precios minoristas acumuló 50 % en el primer semestre.
«En el gobierno del Frente de Todos, el SMVM es sinónimo de pérdida de su poder adquisitivo y de insuficiencia para garantizar condiciones adecuadas de reproducción de la fuerza laboral», asegura con dureza el documento «Hacia la convocatoria del Consejo del Salario» que elaboró el Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma.
De acuerdo a la CTA Autónoma, el salario mínimo acumula una caída del 7,5 % en relación a diciembre de 2022 y, si se compara con diciembre de 2019 es decir con la situación que dejó el gobierno de Cambiemos, la caída del poder adquisitivo del SMVM es del 18 %.
Si se retrocede aún más en el tiempo, y se lo compara con la situación a diciembre 2015, es decir con el nivel en que lo dejó el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la caída del SMVM es del 55 %. El aumento que reclamó la organización que encabeza Hugo «Cachorro» Godoy fue, justamente, del 55 % en una sola cuota, lo cual llevaría el salario mínimo a 135.000 pesos.
Marchas y protestas
Diversas organizaciones se movilizaron en la CABA en coincidencia con el tratamiento del nuevo salario mínimo. Distintos grupos encuadrados en el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha se concentraron en el centro de la ciudad y marcharon hacia la sede del Ministerio de Trabajo sobre la Avenida Leandro N. Alem, para reclamar «un aumento razonable» del salario mínimo.
A través de un comunicado, fijaron su posición señalando: «Queremos un aumento que nos lleve a la recuperación de lo que perdieron los salarios en los últimos años. Reclamamos también el reparto de las horas de trabajo: trabajar 6 horas, para trabajar todxs, sin bajar los salarios. Ante una nueva convocatoria del Consejo del Salario, lxs trabajadores cooperativistas y de la Economía popular, movilizamos para exigir que el SMVM le gane a la inflación».
Otro sector que se manifestó en las calles el jueves fue el Polo Obrero, que marchó en horas del mediodía hasta el edificio de la CGT, en el cruce de la calle Azopardo y la Avenida Independencia, de la ciudad de Buenos Aires. Tras una pancarta en la que se leía «Contra el hambre y la pobreza», hicieron oír sus demandas acompañados por manifestantes que llegaron bajo la identificación del Movimiento Sin Tierra Teresa Vive
Trabajadores de YCRT con medidas de fuerza por falta de inversión
Desde el lunes 10 de julio, comenzaron con una manifestación en las oficinas de YCRT, al día siguiente hubo corte de ruta, a la altura de Chimen Aike. Este jueves 13 de julio, marcharon hasta la Casa de Gobierno de Santa Cruz. Allí expresaron la incertidumbre que padecen por la falta de inversión que lleva varios meses. A pesar de que asumió a mediados de mayo, el actual interventor Daniel Peralta no solucionó los problemas de los trabajadores de Punta Loyola.
“Enfrentamos los despidos y el vaciamiento de nuestra empresa durante el gobierno de Macri, y ahora estamos soportando la falta de inversión de un gobierno que supuestamente es nacional y popular”, dijo uno de los referentes que hablaron en la manifestación. Otro dirigente responsabilizó a la gobernadora Alicia Kirchner, por no convocar más a los trabajadores de YCRT y darles una solución favorable a sus demandas.
En estos seis meses, hubo varios reclamos de los trabajadores, con marchas y medidas de fuerzas tanto en Punta Loyola, como también en Río Turbio. Daniel Peralta asume como interventor y dijo en otros medios radiales, que no esperen soluciones a corto plazo, ya que lo que no se hizo en años, no puede solucionarse en poco tiempo.
Cayó la causa armada por Bridgestone
El fiscal solicitó el sobreseimiento de Alejandro Crespo y el Juez de Garantías lo confirmó y sentenció que fuera “total”, por lo que determinó el envío de la causa a archivo. De esta manera, la Justicia penal desestimó el intento de la empresa de judicializar y atacar a los trabajadores del neumático y su organización sindical por pelear por mejores condiciones salariales y laborales.
Desde el Sindicato Único de Trabajadorxs del Neumático Argentino (Sutna) expresaron que con su accionar la empresa “provocó primeramente que el conjunto de los trabajadores exprese su repudio mediante numerosas acciones gremiales. Generó exhortaciones inéditas de todas las carteras administrativas que tienen responsabilidad sobre su accionar. Se la exhortó desde Ministerio de Trabajo de Nación, el Ministerio de Trabajo de Provincia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a modificar las malas condiciones laborales, también a que se le permita el ingreso a la representación gremial que ella negaba”: “En un hecho pocas veces visto, se exhortó a dejar sin efecto los despidos digitados desde la máxima autoridad administrativa de la Nación Argentina. Provocó el pronunciamiento de todo el movimiento obrero argentino, de la CGT, mediante su secretario general, Pablo Moyano, de cientos de sindicatos nacionales de enorme representación, seccionales y Comisiones internas, de los movimientos de trabajadores desocupados entre los que se destacó el Polo Obrero y Eduardo Belliboni por realizar enormes movilizaciones contra la causa armada contra el secretario general del SUTNA. Y llegó semejante hecho a provocar el pronunciamiento de centrales sindicales de todo el mundo reunidas en Ginebra, Suiza, en la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta suma de hechos, que dejaron a la patronal de Bridgestone, sus mentiras, su política anti obrera y su accionar, en rebeldía con la legislación laboral argentina, en total soledad, hoy tiene un nuevo golpe dado que luego de los sólidos argumentos volcados por la defensa representada por Claudia Ferrero de APEL y Emanuel Zuccolo de Correpi, el fiscal solicitó el sobreseimiento y el Juez de Garantías no sólo lo confirmó, sino que sentenció que el mismo fuera TOTAL y determinó el envío de la causa a archivo”.
Desde el SUTNA agregan que este hecho “desnuda totalmente la política de mentiras sistemáticas de esta patronal que se tropieza con más rastrillos que Bob Patiño” y “debe servir para generar una nueva oportunidad donde Bridgestone Argentina debe modificar su accionar, cumplir con las exhortaciones, dejar sin efectos los despidos digitados, oír a todo el movimiento obrero y abandonar definitivamente el intento de instalación de una política totalmente anti obrera que no tiene, ni tendrá, lugar alguno en el movimiento obrero argentino”.
“En estos momentos donde el sindicato del neumático se encuentra en plena negociación paritaria, luchando por mantener la constante línea ascendente de mejoras reales que nos permita salir del pozo del atraso salarial, genera una situación donde el modo de actuar de cada empresa será muestra clara de qué tipo de respeto tienen hacia los trabajadores y sus familias y una oportunidad de devolver, por lo menos un poco, la credibilidad y el respeto de las patronales hacia la mesa de negociación colectiva. Finalmente, este resultado positivo es producto una vez más de la participación activa y consciente de todos los trabajadores. Felicitamos a todos los compañeros del neumático que han repudiado, parado y movilizado en defensa de la organización colectiva”, señalan desde el SUTNA.
Finalmente, aseguran que este triunfo en la justicia excede el ámbito del Sindicato del Neumático: “Es una victoria para todas las organizaciones obreras argentinas, de trabajadores ocupados y desocupados, a las cuales agradecemos fraternalmente su enorme preocupación e intervención, hecho fundamental para que la justicia termine fallando en favor de los trabajadores. Agradecemos también a los periodistas honestos que difundieron en forma objetiva las verdaderas razones de esta falsa causa armada por la patronal de la multinacional Bridgestone”.
Medidas de fuerza en el Hospital Posadas, Chaco, Río Negro y Neuquén
Los gremios del Hospital Posadas y de las provincias de Chaco y Río Negro convocaron a nuevas medidas de fuerza, dándole continuidad a los reclamos que sostienen hace semanas y que son sistemáticamente ignorados por los gobiernos provinciales y nacional.
Ante la falta de respuestas del gobierno provincial, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) llamó a parar por 48 horas a partir del martes 11 de julio. Además, convocó a concentrar desde las 9:30 horas del miércoles en la Casa de la Cultura de Resistencia y realizar asambleas en todos los centros sanitarios del interior provincial.
El miércoles 12, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas) realizó un paro por 24 horas, ante el absoluto silencio de las autoridades a todos los planteos realizados: recomposición salarial, pase a planta de todo el personal precarizado, licencia extraordinaria por estrés, libertad sindical y funcionamiento de la Comisión Permanente de Interpretación de la Carrera Profesional Sanitaria (COPICPROSA) local, anulación de todas las denuncias a los y las compañeras que fueron imputadas por la Fiscalía de la Ciudad y la aplicación de las normas de la AFIP para el descuento del impuesto a las ganancias, que ya están publicadas y que la contaduría del nosocomio ignoró por completo.
Por su parte, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) llamó a asambleas a partir del miércoles en todos los hospitales de la provincia, para poder definir las nuevas medidas de fuerza a tomar. Exigen, principalmente, un aumento real del salario básico y el blanqueo de todos los adicionales.
Mientras, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) llamó a un paro por 24 horas para el martes 4 de julio, que incluyó una concentración en el Monumento al General San Martín. Exigen la aprobación de la Carrera Profesional, entre otros puntos como la apertura de una mesa salarial de salud, recategorizaciones y más insumos y medicamentos en los hospitales.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas) estaba a la expectativa de lo que vote la Legislatura provincial el miércoles 5 de julio, ya que ese día podría aprobarse la modificación de la Carrera Sanitaria, lo que consideran que tendría un impacto positivo en los índices salariales de los y las trabajadoras del sistema sanitario, por lo que el gremio tucumano podría levantar la medida que lleva adelante por tiempo indefinido.
Mendoza: Ampros anunció paros, movilizaciones y argumentó las renuncias masivas de pediatras
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) anunció una serie de medidas que tomarán al no llegar a un acuerdo salarial con el gobierno provincial. Las acciones comenzarían con un paro general el viernes 7 de julio y una movilización dos días después. Estas se suman el paro de cuatro días programado por el SUTE (Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación) acordado para los primeros días de agosto.
Tras la reunión de delegados se votó por unanimidad por la realización de una serie de paros generales progresivos sin asistencia a los lugares de trabajo.
Desde el gremio informaron también que el lunes 3 de julio a las 8.30, los pediatras de toda la provincia “denunciaron” al Gobierno de Mendoza en la explanada del Hospital Notti, por “el abandono y la desprotección de niños, niñas y adolescentes”.
Desde el sindicato advirtieron que luego se sumarán más huelgas de 48 y 72 horas, incluso medidas de fuerza por tiempo indeterminado, en caso de que el Gobierno no atienda sus demandas.
El próximo paro sería entre el lunes 17 y martes 18 de julio, según confirmaron.
Por su parte, desde el Estado respondieron que “a fin de continuar el diálogo entre los representantes del Ejecutivo provincial y el gremio de los profesionales de la salud AMPROS,la Subsecretaría de Trabajo convocó para el lunes 3 de julio al mediodía a una nueva reunión al gremio de la salud”.
Vale recordar que habían rechazado por “insuficiente” la propuesta de aumento del 48,5% para el período junio-octubre.
“No cumplen con las actas, no tratan la precarización laboral, no llevan las mayores dedicaciones, no pasan a planta los pediatras que están esperando hace años en las guardias y se están yendo”, se quejó la gremialista y dijo que tampoco “escalafonaron a los residentes que llevan 12 años de residencia” en el último sueldo.
Y aseguró que “el talento humano está abandonando la salud y no están haciendo nada. Los profesionales están cansados y desbordados, no aguantan más la falta de recurso humano porque tienen mil pacientes por guardia y son dos o tres. En el Perrupato o el Paroissien tienen 200 y 300 pacientes por guardia y son dos médicos”.
“¿Qué van a hacer? Están cansados del pluriempleo para poder mantenerse. Se están yendo, ni siquiera a otras provincias, sino a la parte privada. Prefieren atender 10 pacientes y no 100 para ganar lo mismo”, criticó la sindicalista y dijo, además, que “esta es la única provincia del país que tiene ley de tope salarial”.
Cabe señalar que actualmente hay 24 profesionales de la salud que están a punto de ser exceptuados de la norma por la Legislatura.
Además, Iturbe señaló que el hospital Notti “se han suspendido todas las cirugías programadas porque la saturación de camas es tremenda. Están usando otros servicios para poder internar niños porque no alcanza el recurso humano”. Y aseguró que hay “médicos de adultos atendiendo niños” ante la falta de especialistas.
“Han entrado solo 11 residentes en toda la provincia para estudiar pediatría, cuando hay 50 vacantes. No vamos a tener pediatras y, por lo tanto, tampoco neonatología, infectología pediátrica y terapia intensiva pediátrica. Acaban de renunciar los dos neurocirujanos jóvenes y van a quedar para toda la provincia dos que están en edad de jubilarse. No hay más ni de dónde traer”, apuntó la sindicalista.
Y reclamó: “Sabemos que lo macro afecta mucho, pero en 2020 que no tuvimos aumento en plena pandemia. Estamos hablando de la provincia. Entonces eso deterioró tremendamente el sueldo porque es el 40% menos del salario y nosotros estábamos bien”.
Entonces indicó que buscan el cumplimiento de las actas anteriores. “Entre ellos es el pase a planta de la gente de acuerdo a las vacantes, las mayores dedicaciones, los cambios de régimen, los doble cargos y el reconocimiento de la residencia para la clase profesional. Más una política de salud para saber cómo vamos a retener a los profesionales”, completó.
Diputados analizaron reparación histórica para trabajadores de empresas privatizadas en los 90
Al respecto, la titular de la Comisión, diputada Siley expresó: “hemos convocado a una reunión informativa para “trabajar con todos ellos, luchadores históricos de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años, que es el derecho al resarcimiento en base al programa de propiedad participada”. También informó que la Comisión solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para que “hagan una estimación institucional sobre todos los proyectos que estamos teniendo en consideración”. En el inicio, Dardo Jara (ex trabajador Energía Eléctrica San Nicolás) agradeció la “nueva oportunidad a exponer”. “Nuestra historia empezó allá por el año 93 con el proceso de privatización por el cual nuestro país estuvo plagado por las privatizaciones que perjudicó al país y a nuestras ciudades”. “Los compañeros empezaron a reclamar por los PPT, luego vinieron varias iniciativas en Senado y esta Cámara y pedimos “por los compañeros que quedaron en el camino y por los nuestros pedimos que se apruebe”, explicó. En tanto, Jorge Galatti (SEGBA), calificó como “más que positiva esta reunión por las heridas abiertas que aún perduran”. “Hubo un plan de desguace con las privatizaciones, mientras empleados caían en la desocupación, los grandes grupos económicos tenían rentas extraordinarias garantizadas por ley en dólares, a partir de las empresas privatizadas que actualmente siguen fugando al exterior”. “Queremos que se nos salde la deuda”, sostuvo. Héctor Jorge Barba (Empresa Encotel) contó que hace una “década se viene tratando este tema. Hemos perdido mucha gente en el camino, tenemos trabajadores en todo el país y la empresa nunca fue reconocida como tal, ni su gente tampoco. Tenemos 74 suicidios por este tema. Queremos la posibilidad de que se trate porque es hacer justicia y durante tres décadas seguimos siendo marginados”. Jorge Peinador (Gas del Estado), comentó que “hemos sido estafados, a algunos no se les ha avisado de los PPT” y recordó que “en 2015 tuvimos media sanción y pasó a Senadores. Tuvimos una reunión con las autoridades de ese entonces y no nos fue bien, así que sepan de qué lado están y sabemos quiénes nos abren la puerta”. Y reflexionó: “que lo sepan los trabajadores cuando vayan al cuarto oscuro. La política de los 90 nos llevó a este desastre, suicidios y compañeros que no pudieron reinsertarse al mercado laboral. Hoy tienen la posibilidad de reivindicar nuestros reclamos”, advirtió. Los proyectos de los diputados Hugo Yasky (FdT), Juan Marino (FdT), Romina del Plá (PO-Frente de Izquierda), entre otros autores, sostienen que “es responsabilidad del Estado Nacional, a través del Congreso, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia”. Participaron, además, los trabajadores Jorge Imperiali (Empresa Petroquímica General Mosconi) y Rubén Ruiz (Empresa Gas del Estado).
Los ajustes del Gobierno durante el primer semestre
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó un informe con los gastos del primer semestre del Presupuesto de la Administración nacional y allí se observó una contracción del 9,8% en los gastos primarios. Además, se mostró un crecimiento de los intereses de deuda.
En medio de la campaña electoral y mientras Sergio Massa ejerce el doble rol de ministro de Economía y precandidato del oficialismo, el estudio muestra que los gastos primarios como los subsidios a la energía (27,3% entre junio de 2022 y 2023), en las prestaciones sociales (10% año a año) y en las transferencias a provincias (25,3% año a año) mostraron un marcado descenso.
Los números muestran un ajuste del gasto en un año electoral y en simultáneo con la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), dos aspectos que reflejan parte del programa que siguió la Administración nacional adoptando el seguimiento de las metas de reducción pedido por el organismo. En el medio, Massa negocia un nuevo acuerdo.
Las cifras muestran justamente esto: los recortes ayudaron a que se cumpla con la meta de 1,9% de déficit primario que pidió el Fondo para el 2023. Según la OPC, en el primer semestre los pagos de intereses de deuda crecieron un 18,3% real interanual.
Otro número claro que muestra una disminución año a año del gasto público es la baja en prestaciones sociales: 4,6% en jubilaciones y pensiones, 28,2% en asignaciones familiares, 0,1% en pensiones no contributivas y 23,8% en planes sociales.
«Para los jubilados de más bajos ingresos la caída se atenúa por la aplicación de bonos ($10.000 en enero y febrero y $15.000 entre marzo y junio) mostrando una variación negativa de 2,9% a/a. Los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos) mostraron una reducción del poder de compra de 13,7% a/a durante el semestre”, dice el informe en un pasaje.
Respecto a las ayudas sociales como el Potenciar Trabajo y la Prestación Alimentar cayeron en términos reales 2,6% y 9,8%. Sin embargo, en el caso de las Becas Progresar y el Programa Acompañar, variaron positivamente 13,3% y 2,8%
Julio llegó con aumentos de todo tipo
En un escenario en el que la inflación no da tregua, julio comienza con una serie de aumentos ya fijados, entre los que sobresalen las cuotas de colegios privados con subvención estatal de Capital Federal (15,6%) y las de las prepagas (8,49%).
A continuación, los principales aumentos que rigen a partir de julio.
– Combustibles. Se concretó el aumento mensual del 4,5%, después del cruce que hubo entre las petroleras y el Gobierno por el retraso en los precios.
Según las compañías, a mayo, sus valores habían subido en promedio un 30% por el acuerdo de Precios Justos, mientras que la inflación acumulada en igual período fue del 50%. De acuerdo con esto, exigían poder aumentar más del 6% mensual (venían con una pauta del 4%).
Sin embargo, finalmente, en el Palacio de Hacienda dijeron que el ministro Sergio Massa había cruzado a las petroleras y les había dicho que no podían aumentar más del 4,5%.
La última palabra la tuvo el viernes 16 de junio por la noche YPF, que es la líder del mercado, responsable del 55% de los despachos de nafta y gasoil.
«A partir de las 00:00 horas del día sábado 17 de junio aumentarán los precios de los combustibles $11 por litro promedio país que representa un 4,5%. Este ajuste contribuye a compensar la variación del tipo de cambio oficial, las diferencias en los costos logísticos y de operación, el achicamiento de la brecha entre grados de combustible y el aumento de precios de biocombustibles», anunciaron en YPF. Después, Shell se plegó a la misma suba.
– Internet, cable y telefonía. Si bien la mayoría de las empresas del sector tiene medidas cautelares contra el decreto 690/2020, que posibilita que el Gobierno establezca los precios de los servicios, y siguen decidiendo sus valores, el Ente Nacional de Comunicaciones solo autorizó incrementos del 4,5% mensual por lo que resta del año.
– Prepagas. Las prepagas aumentarán un 8,49% en el mes que comienza. El porcentaje de aumento de las cuotas se define, desde mediados de 2022, según la variación del índice de costos de salud, elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Con vigencia desde febrero de este año, rige un esquema de reajustes mensuales por el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.
Ese techo equivale al 90% de la variación mensual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
En el caso del séptimo mes de este año, al igual que ocurrió con las cuotas de junio, todos los planes tendrán el mismo porcentaje de reajuste.
Esto será así porque el 90% del mencionado indicador de salarios es, esta vez, un número superior al del índice de costos de salud.
Concretamente, el Ripte avanzó un 9,76% en marzo (el período de referencia que se toma para esa variable, en particular para definir las cuotas de julio); por tanto, el 90% equivale a 8,78%, un porcentaje apenas por encima del 8,49% que dio el índice de costos de salud.
– Alquileres. La ley de Alquileres establece ajustes anuales que contemplan en partes iguales la inflación que mide el Indec y la variación de los salarios, que se publica a través de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).
Por lo tanto, para quienes firmaron un contrato de alquiler en julio de 2022, el aumento debería ser alrededor de 104%, por debajo de la inflación interanual esperada.
– Colegios privados. Los colegios privados, que cuentan con una subvención del Estado, aumentarán en julio un 4% en el caso de las instituciones que se encuentran en la provincia de Buenos Aires y 15,6% en CABA.
– Transporte público. El boleto de los colectivos y trenes bajo jurisdicción nacional subirá 7,8% desde julio, ya que a partir de marzo pasado se determinó que el transporte público se actualice todos los meses, tomando de referencia la variación del último índice de precios en el AMBA.
De esta manera, el pasaje de colectivo en el AMBA pasará a costar $50,06, para el tramo mínimo, de 0 a 3 km; $55,77, de 3 a 6 km; $60,06, de 6 a 12 km; $64,36, de 12 a 27 km, y $68,63, de 27 a 45 km.
Por otro lado, el boleto de las líneas de trenes Mitre, de la Costa, Sarmiento y San Martín pasará de un mínimo de $31,46 a un máximo de $50,05; mientras que el de las líneas Roca, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte subirá a un mínimo de $24,31 y a un máximo de $38,61.
El Gobierno pagó a los bonistas privados 5 veces que lo destinado a la AUH en mayo
El lunes se efectivizó un nuevo pago a los bonistas privados, uno de los componentes más grandes de la deuda externa. Debido al canje de deuda realizado por Martín Guzmán realizado en 2020, los montos a abonar venían siendo relativamente bajos, pero el vencimiento del 9 de julio superó los US$ 1.000 (incluyendo capital e intereses). Los principales beneficiados son fondos buitre como Blackrock, Monarch y Pimco.
La suma pagada para seguir convalidando una deuda ilegítima y repleta de ilegalidades es el equivalente a más de cinco veces lo destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el mes de mayo, US$ 186 millones (último dato informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso), tomando el dólar a $ 231 (el promedio de la cotización oficial mayorista para el periodo). Si elegimos compararlo, mediante el mismo método, con el Potenciar trabajo (US$ 283 millones) la relación es de casi cuatro veces, para la Tarjeta Alimentar (US$ 242 millones) más de cuatro veces y los fondos para las Becas Progresar (US$ 44 millones) deberían multiplicarse por veintitrés (23) para alcanzar lo pagado entre capital e intereses.
El gobierno del Frente de Todos denunció el endeudamiento macrista, pero luego decidió convalidar la estafa. Así, se reestructuró la deuda con los lobos de Wall Street (apodo otorgado a los grandes fondos de inversión) y el exministro Guzmán también concedió cláusulas de acción colectiva más favorables a los especuladores que reforzaron la sesión de soberanía. Massa decidió seguir pagando lo acordado, pese a estar dependiendo de los préstamos de China para pagarle al FMI. Los bonos tienen vencimientos hasta el 2046, y suman, entre capital e intereses, unos US$ 110.000 millones
De la dictadura hasta la actualidad se pagaron más de US$ 600.000 millones y la deuda externa no paró de crecer. Pasó de ser US$ 8.000 millones en 1976 a elevarse a U$S 321.000 millones en 2019. Es una fuente de ganancia para los acreedores y saqueo constante a los recursos del país producidos por los trabajadores.
Para salir de la dependencia, evitar el eterno retorno al sometimiento al Fondo y a los lobos de Wall Street es necesario tomar una decisión soberana de rechazo al pago de la deuda. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía para que todos los recursos se orienten al desarrollo y a la atención de las necesidades sociales más urgentes.
El gobierno destina 13 de cada 100 pesos que recauda a pagar intereses de deuda
Por Marcelo Di Bari
La suba en las tasas se combina con la reducción de ingresos por la sequía, según un informe de la UndAv. Cómo inciden los sobrecargos del FMI y los bonos ajustados por dólar o por inflación.
La suba global en las tasas, sobre todo las que aplica el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, marcó el desempeño del sector público en los primeros meses de 2023, que utilizó casi 13 de cada 100 pesos recaudados para abonar intereses de su deuda. El monto utilizado para esas obligaciones provocó un agravamiento del déficit fiscal.
En los cinco primeros meses del año, el total de intereses abonados fue de $ 1,181 billones, casi tanto como el déficit primario (ingresos menos gastos), que alcanzó los $ 1,269 billones. Así, el déficit financiero total del sector público fue de $ 2,450 billones en ese período, según la recopilación de datos hecha por la Universidad Nacional de Avellaneda (UndAv), a través de su Observatorio de Políticas Públicas.
En años recientes, entre enero y mayo del 2020 los intereses pagados representaron el 15,2% de los ingresos. En los ejercicios siguientes, después de la reestructuración de la deuda con acreedores privados, la proporción bajó al 8,3% en 2021 y al 8,2% en 2022. Sin embargo, este año los intereses abonados representaron un 12,8% de los ingresos fiscales del período.
“Argentina actualmente se encuentra pagando sobretasa por el préstamo del FMI. Esto se explica por el gran tamaño de la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos con el organismo, algo que resulta paradójico luego de constantes intercambios con el FMI en tanto el préstamo fue otorgado sin rigurosidad técnica en sus plazos de devolución y evaluación de solvencia. Sin contar que tres cuartos del préstamo se utilizaron para dar salida a la deuda a altas tasas reales emitida en dicho gobierno, lo que va en contra de los mismos principios del organismo”, recuerda el trabajo hecho por la UndAv.
El proceso de suba de intereses que encararon las potencias centrales para reducir la inflación pospandemia, agudizada por la guerra en Europa del Este, llevó la tasa de interés del FMI al 4,03% anual, a lo que se suman otros tres puntos por la exposición crediticia del organismo (a lo elevado del monto prestado se suma un plazo de devolución mayor a los tres años). Esos sobrecargos fueron muy cuestionados en su momento por el gobierno argentino, que lanzó una fuerte ofensiva política, respaldada por otros países y también por figuras internacionales de prestigio académico, para lograr su remoción o al menos su disminución. Sin embargo, no tuvo éxito.
Ese 7,03% anual que cobra el FMI es muy similar, se cree (los datos son guardados en secreto por un pacto de confidencialidad entre las partes), a lo que cobra el Banco Popular de China por los tramos del swap con el Banco Central que se habilitaron para libre disponibilidad.
Claro que no toda la culpa la tienen el FMI ni China. En el mercado doméstico, el gobierno viene refinanciando los vencimientos de sus títulos en pesos con nuevos instrumentos cuyo capital se ajusta por la evolución del dólar o por la inflación, con niveles nominales cada vez más altos. Es la única manera en que consigue recursos frescos de los inversores para cubrir su déficit primario.
Ese mayor protagonismo de los intereses está enmarcado en una fuerte reducción de los ingresos públicos, como consecuencia del derrumbe en los derechos de exportación por la sequía que afectó la cosecha agrícola. Según la Secretaría de Hacienda, la recaudación por ese tributo en los cinco primeros meses del año fue inferior en $ 670.000 millones a las previsiones contenidas en el Presupuesto 2023, elaborado en septiembre pasado, cuando todavía no estaba claro que el impacto económico de la sequía fuera tan devastador.
El desbalance provocó un fuerte ajuste en el gasto público que también afectó a las partidas destinadas a la seguridad social, como señaló Tiempo en su edición impresa del domingo 9 de julio. “Cuando miramos los gastos primarios totales y por rubros, encontramos primero una declinación de los gastos en términos reales (-6,8%), es decir, que el Estado está reduciendo sus gastos totales. En el caso de los gastos primarios corrientes, estos también se reducen (-9,1%)”, señaló el estudio de la UndAv. A pesar de ello, el trabajo destacó que la inversión pública quedó fuera de ese ajuste: entre enero y mayo, los gastos de capital subieron 27% con relación al mismo período de 2022.
Fuentes: Página/12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Prensa Fesprosa, Tiempo Ar, Anred, Clarín, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo, Infogremiales
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