Relaciones de poder y laberintos legales en el basurero intermunicipal de las cholulas.
El basurero criminal que está dañando a toda la región de las cholulas en Puebla tiene bajo todas sus capas de desperdicio y enfermedad un basurero aún más peligroso y arraigado en las formas en las que en México se ejerce el poder del Estado y se lucra con la muerte y la destrucción. Éste basurero es un símbolo de las formas en las que el capitalismo destruye comunidades y territorios, mata todo lo que le da vida al planeta para que arriba unos cuantos alimenten sus lujos y ambiciones de esa destrucción y muerte. Es un símbolo del desprecio profundo y arraigado en las élites políticas y económicas que les hace pensar que quienes abajo sobreviven diariamente merecen ser enterrados bajos sus deshechos.
Éste reporte pretende dar elementos para entender mejor los entresijos de ése basurero criminal, las estructuras que se benefician de él y las que mantienen su operación en completa impunidad.
Las redes de poder
PRO-FAJ es una empresa con numerosos contratos de recolección, transporte y disposición final de residuos, pero cuya operación y configuración parece tan pulcra y transparente como el negocio al que se dedica. No está claro y parece que nunca lo ha estado, quienes son sus dueños, quién o quienes la dirigen y mucho menos cuál es su estructura organizativa y operativa. No tienen un sitio web y la poca información pública sobre la empresa es la que se puede descifrar de licitaciones y contratos publicados por entidades públicas con las que se vincula comercialmente o a través de publicaciones hemerográficas sobre los escándalos y controversias en las que se ve involucrada recurrentemente.
En varias notas y reportajes periodísticos se le vincula particularmente con personajes que transitan entre los sectores públicos y privados, en particular entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los organismos municipales operadores de los servicios de limpia y disposición de residuos y el grupo empresarial CIPA.
El Grupo CIPA, según su página web (www.grupocip.com.mx) está dedicado a la gestión integral de residuos, generación de energía eléctrica a partir de residuos orgánicos y consultoría en proyectos ambientales y de energía. Tiene su sede en la CDMX, pero con con presencia en Durango, Puebla y EdoMex, las mismas entidades en los que ha celebrado contratos PRO-FAJ. En el mega basurero de PRO-FAJ en la carretera Cholula-Calpan hay un letrero que confirma el vínculo. La información sobre éste grupo empresarial, por lo menos en su página, se queda en generalidades. En reportajes periodísticos de Proceso, Expediente Ultra y la revista Etcétera señalan a Cuauhtémoc Ochoa Fernández como socio de CIPA, junto a Isabel Sánchez y Pablo León quienes se presentaron como representantes legales de PRO-FAJ tras la clausura del relleno sanitario de Cholula por parte de PROFEPA.
Ochoa Fernández, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue secretario de Turismo de Hidalgo y luego secretario de Obras Públicas, Comunicaciones, Transporte y Asentamientos durante la gubernatura de Miguel Ángel Osorio Chong (2007-2012); junto con Osorio Chong se incorporó a la administración federal como Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). En 2016 inauguró junto con el entonces secretario de SEMARNAT y ex-diputado del PVEM, Rafael Pacciano Alamán, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y el presidente municipal de San Pedro Cholula Jose Juan Espinosa Torres, el relleno sanitario intermunicipal ubicado en la Carretera Cholula-Calpan. Fue miembro del concejo de administración de PEMEX y firmante de la compra de Fertinal cuando la paraestatal estaba dirigida por Emilio Lozoya, operación por la que éste último fue acusado de fraude.
Fue electo diputado por el distrito de Tula para el período 2021-2024 por la coalición PVEM-MORENA-PT. En 2024, como candidato a senador por Hidalgo, fue señalado en varios medios por omitir en su declaración patrimonial su participación en empresas como Gasatec, con sede en el EdoMex, comercializadora de lubricantes de PEMEX y gasolinas y diesel suministrados por PEMEX-Refinación; y Aero Aztec Inc. registrada en Panamá y presidida por su hermano Tenoch José; entre otras.
Las mismas versiones periodísticas que vinculan a Ochoa con el Grupo CIPA y PRO-FAJ, hablan de su relación con otros actores formalmente relacionados a PRO-FAJ. Uno de ellos es Andrey Nitgard Cruz Hernández, funcionario de SEMARNAT en el mismo período que Ochoa, candidato a diputado del Distrito de Actopan, Hidalgo por el PVEM en el mismo proceso electoral en el que fuera candidato a diputado Ochoa. Cruz Hernández aparece como representante legal de PRO-FAJ en el contrato SOBSE/DGAF/DRMAS/251/2020 con la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Además es el promotor del Juicio de Amparo en contra del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, que aparece en el Expediente 887/2023, con motivo de la clausura del relleno sanitario de PRO-FAJ en la localidad de Tepatlaxo. El cierre de ese basurero se dio después de numerosas quejas por la contaminación de la presa Madín y dos explosiones por acumulación de gases y un deslizamiento de 7 toneladas de basura que le costó la vida a cuatro personas.
Otro de los mencionados es Alberto Salcedo Loza que aparece como firmante del contrato de PRO-FAJ de la concesión para la disposición final de residuos sólidos urbanos con el Ayuntamiento de San Pedro Cholula en 2016 en calidad de Administrador Único de la empresa y como firmante del contrato MUNICIPIO-DGO-PNM-PF-055/2018 con el Ayuntamiento de Durango en 2018 como representante legal de la empresa. Al mismo tiempo, aparece como representante de la empresa de seguridad privada Adamant con sede en la ciudad de Puebla y que da servicio a numerosas entidades públicas en Puebla.
De éste último contrato se desprende un dato interesante. En la licitación HAYTO-DGO-DMSP-021-18, que posteriormente lleva a la adjudicación del contrato a PRO-FAJ, Gerardo Ornelas Alcántara aparece como firmante en el acta del fallo en favor de la empresa en 2018. Ornelas Alcántara había sido director del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en San Pedro Cholula entre 2013 y 2016. Fue el responsable de gestionar la construcción del Relleno Sanitario Intermunicipal, promovido por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle en la frontera de ese municipio con el de Calpan, el mismo que ahora está en manos de PRO-FAJ y que fuera inaugurado en 2016, el mismo año que Ornelas Alcántara presentó su renuncia al OOSL.
Otra ruta de las redes de poder de PRO-FAJ tienen que ver con la controversia en torno a la concesión por 30 años de la recolección de residuos en San Andrés Cholula que en 2017 promovió el entonces presidente de ese municipio, Leoncio Paisano, con un contrato que celebró y mantuvo a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso del Estado. Ese contrato sería después aprobado por ésa instancia en medio de un juicio de amparo que cuestionaba el proceso de licitación, promovido por la que se convertiría en su sucesora, Karina Pérez Popoca del partido MORENA tras derrotar a Edmundo Tlatehui Percino, candidato del PAN y secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en la administración de Paisano.
Justo tras la administración de Pérez Popoca y la detención de Paisano acusado de desvío de fondos públicos, Tlatehui Percino fue electo presidente municipal para el período 2021-2024. Un dato preocupante es que según testimonios de integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y en Defensa del Agua durante la sorpresiva y violenta embestida policíaca que pretendía desalojar el plantón que mantiene la clausura popular del basurero no sólo participaron elementos de las policías Estatal de Puebla y municipal de San Pedro Cholula, sino también la policía municipal de San Andrés Cholula, a pesar de estar fuera de su jurisdicción. Más preocupante aún es que los agredidos por ese operativo policíaco aseguran que fue quién comandaba el operativo por parte de la policía de San Andrés quién dio la orden de disparar, cosa que hicieron los elementos a su cargo y que está confirmado por los casquillos que quedaron en el pavimento y que han sido preservados por los integrantes del movimiento en contra del basurero.
Toda ésta red en la que las fronteras entre la función pública y el negocio privado parecen difuminarse, con empresas misteriosas y con antecedentes preocupantes a las que se les concesionan funciones críticas para la salud de comunidades y territorios enteros, amerita un mayor escrutinio, pues simplemente en la superficie apesta peor que el basurero.
La cultura política y de negocios que impera en los contratos gubernamentales lleva a que empresas ecocidas puedan operar con absoluta impunidad y que quienes resultan afectados gravemente queden no sólo indefensos e ignorados por las instituciones que deben protegerlos, sino además, si se atreven a hacer público su descontento ante la negligencia institucional, son reprimidos, violentados y ciminalizados. El basurero masivo de Cholula parece mostrar lo peligroso que puede llegar a ser el manejo caciquil, clientelar, arbitrario y opaco de los sistemas de concesiones.
El basurero legal
La legalidad de la operación de PRO-FAJ en la región de las cholulas y en particular de lo referente al transporte y recolección de residuos sólidos en San Andrés Cholula es ampliamente dudosa.
En enero de 2018 Karina Popoca interpuso un juicio de amparo en Materia de Amparo civil, administrativa y de trabajo en contra del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, del comité de Adjudicaciones del municipio de San Andrés Cholula, del Director General del periódico Síntesis y del director general del periódico oficial del Estado de Puebla reclamando el procedimiento de licitación para el otorgamiento de concesión del Servicio Público municipal de Recolección y transportación de los Residuos Sólidos Urbanos generados en San Andrés Cholula de forma total. Del ayuntamiento de San Andrés Cholula y del comité de adjudicaciones del ayuntamiento reclamó la emisión de una Convocatoria que fue inexistente para la licitación pública mencionada, así como la emisión del fallo que otorgaba la concesión a la empresa PRO-FAJ sin haber existido convocatoria de licitación, del director del periódico Síntesis reclamó la omisión de la publicación de la convocatoria para la licitación pública nacional mencionada así como la omisión de la publicación del fallo referente al procedimiento para dicha licitación. Del director general del periódico oficial reclamó lo mismo, la publicación de la convocatoria y del fallo de dicha licitación.
La demanda con número de expediente 36/2018 obtuvo una sentencia el 8 de marzo de 2019. En la sentencia a decir del juez, el dictamen y el acta de sesión pública ordinaria celebrada el 30 de julio de 2018 en las que se autoriza al Ayuntamiento del municipio de San Andrés Cholula a celebrar el título de concesión a favor de PRO-FAJ respecto al servicio municipal de recolección de residuos no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo porque eran actos de carácter interino, que según el juez no trascendían a la esfera jurídica de los gobernados sino que formaban parte del proceso de creación de los decretos emitidos por el Congreso, es decir se sobresee lo relativo a los actos de autoridad.
Sin embargo, en lo relativo a los conceptos de violación de la demanda se consideró fundada y suficiente para conceder el amparo de la justicia federal porque la quejosa sí vio vulnerados sus derechos fundamentales de audiencia y legalidad tutelados porque no pudo participar en la mencionada licitación al no ser publicada en términos de lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, lo cual le impidió participar en el procedimiento de licitación, en dicho juicio de amparo se acreditó que la convocatoria de 30 de mayo de 2017, correspondiente a la licitación pública nacional no se publicó por lo que quedaba claro que la autoridad responsable incumplió con lo previsto en el mencionado artículo, la convocatoria es el inicio del procedimiento de licitación y ésta resultó ser inconstitucional por no haberse publicado, entonces los diversos actos reclamados consistentes en la omisión de publicar la convocatoria referente a la contratación para otorgar el título-concesión de los servicios públicos municipales de recolección y traslado de los mencionados residuos sólidos, así como el Decreto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla también fueron considerados inconstitucionales en la sentencia, por ser frutos de un acto viciado.
En la sentencia se exhortaba al Comité de Adjudicaciones del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, a que dejara insubsistente la convocatoria de treinta de mayo de 2017, de la licitación pública nacional y todo lo actuado con posterioridad a ella llamando a que se emitiera una nueva convocatoria y el Congreso del Estado de Puebla, dejara insubsistente el Decreto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, por el que se autorizaba al Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, a celebrar el título de concesión, a favor de PRO-FAJ. Se ordenaba también dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al órgano jurisdiccional para investigar la comisión de un posible delito.
Lo que demuestra éste juicio, independientemente de que la parte que interpuso la demanda también tenía intereses político-económicos, es que detrás de la concesión por 30 años que se otorgó a PRO-FAJ y del negocio que esto representa existieron una multiplicidad de actos ilegales, artimañanas, mentiras y peor aún la voluntad del Estado, concretamente del entonces Gobernador de Puebla (Rafael Moreno Valle) de no solo proteger la concesión sino apurar la emisión del decreto a sabiendas de que existía un juicio de amparo que corría.
Inicialmente el negocio y el interés por realizar las cosas de ese modo fue de Rafael Moreno Valle y Leoncio Paisano (Ex Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en el período 2014 a 2018) que estuvo detenido, acusado por un desfalco de más de 42 millones de pesos durante su presidencia, el desfalco del que se le acusó involucra operaciones simuladas con 45 empresas y por abuso de autoridad. Paisano firmó el contrato con PRO-FAJ antes de que se aprobara la concesión.
Desde 2018 diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales han denunciado la falta de cumplimiento de las condiciones que la empresa PRO-FAJ se había comprometido a llevar acabo desde el primer año de funciones, cosa que nunca ha cumplido. Desde 2017 la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial le dio un ultimátum a la empresa para separar la basura del relleno sanitario y desde 2019 los diversos Presidentes Municipales habían advertido que la vida de dicho relleno sanitario terminaba en 2020.
Es claro que detrás de la operación de esta empresa hay una profunda corrupción y lo que más salta a la vista es cómo la actual administración de Sergio Salomón protege uno de los proyectos más turbios del Morenovallismo.
Los criminales que criminalizan
Es sabido, sobretodo por los pueblos y los abajos rebeldes, que la legalidad se impone a unas y el poder de pasar sobre la ley es de quienes arriba controlan, manipulan y lucran haciendo los negocios más inhumanos, burdos y corruptos. Este basurero, la estructura que hay detrás parece esconder criminales, poderosos que cobijan su impunidad en la ley, en el gobierno, en estructuras estatales y que desde ahí tratan de criminalizar a quién se oponga a sus negocios y a quienes no se sometan a asumir los daños en silencio.
En este basurero parece asomarse una especie de cártel de la basura, por donde han pasado de todos los partidos, todos han terminado por encubrirse, por meterse debajo de la putrefacción para seguir lucrando, el teatro electoral huele a eso, ese basurero es una vil metáfora de lo que allá arriba han hecho y siguen haciendo.
Mientras ellos se esconden detrás de las montañas de basura y de su ley, y de estructuras criminales de Estado y de poder, abajo las comunidades defensoras del medioambiente y de la vida ponen el cuerpo, se arriesgan, lo dan todo por el futuro de todas y todos. La justicia no es ni será lo que desde arriba venga sino será el modo en que desde abajo demos la legitimidad a quiénes la tienen, demos la razón a quien la tiene y el apoyo a quien no es criminal, es decir dejemos de solapar a los criminales poderosos y sus intentos por hacer parecer que los pueblos agredidos son los agresores.
Arriba ejercen y encubren crímenes mientras preparan una ofensiva para reprimir a quiénes están poniendo el cuerpo por la salud y la vida de todos y todas; mientras ejercen y encubren la corrupción abajo allanan casas y a las y los defensores del agua y la vida les tachan de intransigentes; mientras ejercen y encubren el ecocidio culpan a los y las defensoras de contaminación por evitar la llegada de más basura; mientras provocan un ecogenocidio desde arriba agreden con balas a quienes defienden la vida.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.