“Aquí, bajo esta tierra, hay riqueza. Tres kilómetros y medio
por debajo de este suelo inhóspito y árido, en el norte
de la Patagonia argentina, la promesa es descomunal.
Ahí abajo, lo que alguna vez fue un océano es ahora la
segunda reserva de gas no convencional más grande del
mundo y la cuarta de petróleo no convencional.
Esa fortuna subterránea se llama Vaca Muerta.
Aquí, en este paraje rural, los números no son prodigiosos:
350 habitantes, 124 casas modestas,
un puñado de chacras, una enfermera, cuatro mercados,
la vida sencilla alrededor de una única calle de tierra.
Aquí hay que comprar garrafas para cocinar, leña para
calefaccionarse, porque no hay gas, y aunque a quinientos
metros corre un río, la poca agua que sale de las canillas
no se puede tomar. Aquí lo único que abunda son los sismos.»
“Sauzal Bonito, la tierra que tiembla”, Verónica Bonacchi (1)
Como si fuese una especialidad médica, en la actividad petrolera se habla de fractura, inyección, punción, estimulación, fluidos… Como señala con precisión Verónica Bonacchi, esos conceptos, en realidad, no son más que escalones para llegar a 3000 metros de profundidad y encontrar la roca que tiene atrapados a millones de metros cúbicos de gas al día, millones de barriles de petróleo y… decenas de miles de millones de dólares potenciales.
Ese lugar en la mitad de la nada neuquina, que abarca algo de Río Negro, La Pampa y Mendoza se llama Vaca Muerta. Es el escenario de la cuarta reserva de petróleo no convencional en el mundo y la segunda de gas no convencional, una sustancia que, sin embargo, presenta una dificultad enorme para entrar al mercado ya que su composición hace muy costoso su almacenamiento. Lograrlo implica invertir miles de millones para enfriarlo a 179 grados bajo cero para pasarlo a estado líquido y convertirlo en gas natural licuado (GNL), reduciendo 600 veces su tamaño y transportarlo abaratando los costos del movimiento en enormes cantidades en cada barco.
Doce años atrás, a través de su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y de la recuperada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inició el camino hacia la construcción de la infraestructura necesaria para capturar esos bienes comunes y convertirlos en energía más barata para los sectores más vulnerables (dependientes de la garrafa) y en divisas que contribuyeran al desarrollo sustentable del país.
Al finalizar el mes de julio pasado, el gobierno ultraliberal de Javier Milei decidió esquilmarle la obra a la provincia de Buenos Aires, gobernada ahora por aquel joven ministro que inició el proceso de negociaciones con la petrolera estatal malaya Petronas y la rumbeó para el territorio patagónico de Río Negro, entregándole a la corporación asiática la posibilidad de que no deje un solo centavo de las ganancias en el país, contra el 50% de las mismas que había negociado con el anterior gobierno peronista.
De Malasia al magnicidio
Anochecía en Buenos Aires el primero de septiembre de 2022 cuando la vicepresidenta de la República Argentina, en su última reunión del día antes de volver a su hogar porteño, recibía en su despacho con sonrisa victoriosa a los últimos visitantes de la jornada: los directivos de Petronas, compañía con la que había iniciado relaciones en 2014, a través de una asociación para el desarrollo del bloque no convencional “La Amarga Chica” en Vaca Muerta, Neuquén.
Ocho años después, Cristina Kirchner se deleitaba con la concreción de una alianza estratégica entre YPF (51%) y la compañía del sudeste asiático (49%), que comprendería inversiones de 40.000 millones de dólares que incluirían la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción de gas para exportar el combustible a Europa. «El proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas», se entusiasmó la figura más importante del peronismo, que no se privó de remarcar que se trataba de “el yacimiento que recuperamos en el 2012”, con la nacionalización de YPF. Su ministro Axel Kicillof fue quien inició las negociaciones.
Satisfecha, aquel jueves la expresidenta llegó a su residencia en la capital argentina. Bajó del auto rodeada de simpatizantes que la acompañaban día a día ante los ataques que recibía de funcionarios judiciales y de los medios de comunicación de mayor poder de agenda del país. Firmó autógrafos y ni siquiera percibió que, a 10 centímetros de su cabeza, un magnicida accionó dos veces el gatillo de una pistola Bersa calibre 32, sin que ninguno de los cinco cartuchos útiles dispuestos en el cargador se disparase.
Salvó su vida. Antes, había puesto en marcha un proyecto que abarataría los costos del gas para los consumidores nacionales y permitirían la entrada de divisas al país. Minutos antes, los asiáticos le habían asegurado que, una vez concretado el primer tramo de la inversión (u$s 10.000 millones), el resto se conseguiría sin dificultades, más aún ante la sed de nuevos proveedores generada por la guerra Rusia-Ucrania, y ellos serían los encargados de esa captación. Los fondos estarían disponibles para mediados de 2023 y se podría confirmar el lugar de emplazamiento de la planta de GNL y comenzar su construcción.
Cristina definió que sería en la provincia de Buenos Aires; Kicillof, gobernador de ese estado, señaló a Bahía Blanca como el lugar indicado, por las características de su puerto, porque YPF ya estaba instalada allí, en el marco de un polo petroquímico consolidado, cuenta con infraestructura y logística de primer nivel mundial, el puerto cuenta con la profundidad que se requiere, además de estar cerca de los gasoductos ya existentes.
La administración de Alberto Fernández no se caracterizó por su eficacia. A Sergio Massa le alcanzó para terminar en tiempo récord, y con ayuda de Techint, el gasoducto Néstor Kirchner pero no para cerrar el acuerdo con Petronas; el tiempo electoral avanzó y, por las dudas, los malayos decidieron esperar el resultado de las urnas.
Entonces llegó Milei y con él (y muchas complicidades parlamentarias), el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
Estado privatizado
La implementación del acuerdo con los malayos en el marco del régimen sancionado por la llamada “ley Bases” es un ejemplo claro de la diferencia entre el modelo con participación estatal liderado por el peronismo y el diseño ultraliberal mercadista de Javier Milei, en definitiva, dos matrices que terminarán moldeando el país en que se transformará la Argentina en las próximas décadas: soberana e inclusiva o factoría sin fronteras para las corporaciones transnacionales.
Al comenzar el tramo final de las negociaciones con el gobierno peronista, Petronas, reclamó un formato que le permitiese sacar del país el 75% de las ganancias que generasen sus inversiones. La administración del estado nacional limitó ese margen al 50%, tras imponerle el “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”, creado en 2013 para lograr el desembarco en Vaca Muerta de la estadounidense Chevron, decisivo para el desarrollo de la cuenca.
Pocos meses después, el RIGI actual habilita a la empresa a retirar el 100% de las ganancias. Sin cláusulas de compre argentino ni de desarrollo de proveedores locales, constituye la máxima expresión de los mecanismos de estrucción del Estado “desde adentro” y de apertura absoluta y sin condiciones al mercado transnacional. Petronas venía negociando con un gobierno defensor de los intereses nacional y terminó sentado ante la mesa de Techint, el mayor productor de acero en el país y de tubos sin costura del mundo, cuyos gerentes conducen hoy YPF (presidencia del Directorio, vicepresidencia de Infraestructura, jefatura de la Oficina de Finanzas).
El tránsito de aquella bahía, blanca y bonaerense, hacia una punta colorada y rionegrina, presenta la prueba rotunda de los manejos extorsivos para con las provincias que utiliza la Casa Rosada, pisoteando el federalismo, rechazando cualquier oposición, utilizando procedimientos ideológicos en reemplazo de los mecanismos formales que imponen las leyes y hasta la Constitución Nacional.
Sin disimulo, el presidente de YPF, Horacio Marín (mano derecha del líder de Techint Paolo Rocca), puso como condición que el gobierno de Axel Kicillof adhiriese de manera explícita al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y llegó a remarcar que ese era un “requisito indispensable” para que el proyecto se construyera en la costa bonaerense.
El gobernador bonaerense considera que, tras su sanción, el Régimen está vigente en todas las provincias, sin necesidad de que lo expresen de manera formal y que, en realidad, se trató de “un capricho ideológico (que) está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años»; y de “una venganza porque la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40 por ciento de los argentinos y argentinas, no lo acompaña con sus ideas de manera mayoritaria y además no está dispuesta a cambiar sus decisiones, su orientación o sus votos en el Congreso Nacional para llevar adelante proyectos que están en contra del mandato que tenemos».
Detalles
El proyecto, denominado Proyecto GNL Argentina, incluye la extracción de gas en Vaca Muerta, con producción por licuefacción de GNL en la costa atlántica, construcción de tres gasoductos, infraestructura en el puerto exportador, comercialización y envío a los mercados globales.
La mega inversión se calcula en u$s 30.000 millones, con un desarrollo de una duración mínima de 10 años.
Cuando la planta licuefactora llegue a su pico de producción, recién en 2031, se podrían producir y exportar unas 25 millones de toneladas año de GNL, equivalente a 110 millones de metros cúbicos de gas día, lo que representa el doble de la producción de gas actual de Vaca Muerta y el 80% del consumo total del país.
La primera etapa se pondría en marcha en 2027, con la llegada a la Argentina del buque PFLNG SATU de Petronas. En 2029 y 2030 arribarían dos barcos más para exportar gas de otras productoras de Vaca Muerta. Para 2031 se calcula la construcción de la planta de licuefacción en tierra.
El plan apunta a concentrar a todas las productoras de gas del país. El gas que se destine al GNL no se transportará por los ductos destinados al mercado nacional, y sólo se destinará a la exportación.
En el extremo final de esos caños, estarán los buques en una primera etapa, y eventualmente la planta, que tendrán la función de enfriar el gas a -179 grados para que así se convierta en líquido y se reduzca 600 veces su tamaño, permitiendo de esa forma mover en cada barco enormes cantidades de gas.
YPF y Petronas se quedarían con el 50% del negocio y el 50% restante se abriría a las productoras que se suban al consorcio.
Consultoría o ideología
Dos días antes de la decisión perjudicial para la provincia de Buenos Aires, YPF dejó trascender a través de distintos medios relacionados con el macrismo y con la embajada estadounidense la contratación de la consultora Arthur D. Little para auditar y “garantizar la transparencia” del proceso para elegir dónde se ubicará la planta de GNL, con la intención de evitar que se especule con que la decisión se tomase por cuestiones políticas.
Por encima de formalidades y supuestos, y confirmando las presunciones del gobernador peronista, Javier Milei tomó partido respecto a la locación del proyecto y se sinceró durante una entrevista con Alejandro Fantino: “En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista?” y se sinceró al expresar que “Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”. Usa el altavoz mediático para instalar que el rechazo a un régimen de excepción tributaria negativo para el país, en realidad, implica el rechazo a las inversiones.
Solo 48 horas después del anuncio de su contratación como tercero “independiente”, se supo que la consultora estadounidense había llegado a la conclusión de que Río Negro «muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales».
Bahienses
En un escenario complejo como el que rodea la decisión sobre el emplazamiento de un proyecto que, de concretarse, constituiría la inversión más importante de la historia, intervienen diferencias ideológicas, modelos económicos antagónicos, intereses de corporaciones transnacionales, especulaciones partidarias, provinciales y regionales y otro sinnúmero de variables.
La discusión sobre cada uno de esos componentes prácticamente dejó
sin espacio al análisis sobre las conveniencias reales y objetivas del
lugar de emplazamiento de la planta de licuefacción. Sin embargo, a lo
largo de más de una década nunca estuvo en duda, ni en la Argentina ni
en el seno de Petronas, que el sitio adecuado de localización
de la inversión era el puerto bonaerense de Bahía Blanca.
Incluso en este presente de acuerdo regional patagónico y decisión liberal porteña, ninguno de los sectores opuestos al gobierno con sede en La Plata cuestionaron las virtudes de Bahía Blanca y la Provincia no da por cerrada la discusión y mantiene su defensa de las condiciones técnicas bahienses:
Es un puerto con más de 30 años de operación, mueve más de mil buques por año y 30 millones de toneladas anuales, con todos los servicios necesarios. Listo para exportar.
Permite navegar todos los días del año. Condiciones marítimas como el bajo oleaje facilitan una operación promedio de 22% más de días por año comparada con Punta Colorada.
Bahía Blanca cuenta con el quinto polo petroquímico de Sudamérica; tiene empresas especializadas en la materia y una red de proveedores de insumos y servicios desarrollados.
Posee mano de obra local especializada y centros de formación universitaria con carreras específicas en la temática vinculada al proyecto.
Tanto el puerto como la región de Bahía Blanca tienen la capacidad energética para abastecer este proyecto.
Conectividad terrestre ya desarrollada, incluida la conexión ferroviaria.
Aguas más cálidas, lo cual facilita el proceso de licuefacción.
No constituye una amenaza al ambiente por las emisiones de metano, posibles derrames, microderrames y fugas de gas, impacto acústico en la fauna marina y la destrucción de hábitats naturales, que presenta la instalación en Punta Colorada, según los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Rionegrinas
El
comunicado de la YPF de Techint afirmó que la decisión contempló todas
las variables “técnicas, económicas, ambientales, geográficas, fiscales y
regulatorias». Sin embargo, una semana después, el informe de 500 o 600
páginas de la Arthur D. Little “que explican de manera exhaustiva y en
detalle” los motivos que llevaron a apostar
por Punta Colorada, siguen “cerrados bajo siete llaves”, según los dichos de figuras del propio sector energético.
Sin precisiones técnicas las especulaciones sobran: calado del puerto, falta de infraestructura portuaria, cuestiones logísticas, entramado pyme, una mirada más federal. Sin embargo nadie duda de que en el trasfondo de la decisión aparecen el lobby empresario, el RIGI y, en especial, “la política”, representada sin tapujos por el presidente Milei y su rechazo a Kicillof, el más votado por la ciudadanía bonaerense.
Nota
1) https://gatopardo.com/reportajes/sauzal-bonito-fenomeno-sismico/
(*) Psicólogo, investigador y periodista argentino. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)62ShareFacebookTwitter
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.