A través de un denso hilo de posteos en la red social X, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno redoblará su política de destrucción del Estado mediante la privatización de empresas, el cierre definitivo de organismos descentralizados, la reformulación en la contratación de empleados públicos y sanciones a aquellos que adhieran a medidas de fuerza, entre otros puntos.
Además -y no como si fuera poco-, hizo una cerrada defensa del gobierno de Javier Milei y salió a disentir públicamente con los cuestionamientos que Mauricio Macri le hizo al Gobierno: “Mauricio no logró hacer en cuatro años Javier lo hizo en un mes”, desafió.
El mensaje del funcionario que durante tres gobiernos se desempeñó como empleado transitorio de un Estado que él mismo endeudó y que ahora quiere desarticular sintetizó los lineamientos de las políticas que activará su ministerio sobre la base de tres ejes: “Acelerar la motosierra” que Milei blandió durante la campaña, restringir la contratación de empleados públicos e implementar un sistema de castigos y “mecanismos anti-ñoquis”, y liberar del control del Estado a las empresas a través un sistema de autorizaciones automáticas.
Respecto de la velocidad de la “motosierra”, Sturzenegger anunció que el primer organismo en amputarse será el INADI. “Se cierra definitivamente” ese instituto que evaluaba y delineaba políticas públicas contra la xenofobia y el racismo, sentenció.
Lo mismo ocurrirá en empresas que alistadas como sociedades del Estado y que el Gobierno convertirá en sociedades anónimas, como paso previo a su privatización.
Todo bajo el amparo de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei y que, según el ministro desregulador, fueron “generosas”, ya que le permite al Estado a “adecuar, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública”.
Sturzenegger se jactó de que a partir de ahora su ministerio tendrá la potestad de impulsar “la privatización de un conjunto de empresas”.
Todo lo que su cartera realizará, aclaró, se basan en el mandato que Milei “recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso”.
La otra área sobre la que caerá la espada de Damocles desreguladora será en el empleo público. “La gente le pidió a Javier Milei que haya Estado pero que no haya ñoquis”, definió. Y hasta se jactó de los despidos masivos: “El Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes”, publicó.
En este tema, anunció la modificación de la Ley de Empleo Público 25.164, que apuntará a “fortalecer el régimen disciplinario”. Es decir, a vigilar y castigar al trabajador público que adhiera a huelgas, esté afiliado a un partido político o desarrolle alguna actividad sindical.
Según Sturzenegger, habrá descuentos de días “por días no trabajados por paro” y se le “brindará más poder a los funcionarios para sancionar conductas” establecidas por capricho ideológico.
Como si fuera poco, habrá libertad para que “el personal pueda ser puesto en disponibilidad” cuando se considere necesario. O sea: despidos sin justificativos. El trabajador “cobrará el sueldo por un período de 12 meses” y después su suerte quedará librada a la buena de Dios.
El ministro explicó que a partir de ahora quien quiera trabajar en el Estado deberá rendir “un examen objetivo de competencias” cuyo resultado “lo determinará una computadora” y no una persona.
Tampoco habrá fondos del Estado para la capacitación de sus empleados. El objetivo de todo dijo, es evitar que ingresen a los organismos públicos “militantes sin las competencias básicas para sus tareas”.
Para ampararse, aseguró que esto siempre fue una “estrategia desarrollada por el kirchnerismo”. Sin embargo, se trata de una modalidad activada por cada gobierno, incluyendo al que él pertenece como funcionario político de privilegio por tercera vez.
Por último, Sturzenegger confirmó que entró en vigencia el plan que habilita al Gobierno a dar luz verde a negocios inmobiliarios con bienes del Estado. Se trata del “silencio positivo” incluido en la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Ante un pedido de autorización –posteó el funcionario-, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.” O sea, a quedarse, por ejemplo, con un terreno.
Sturzenegger vendió este punto como “un mecanismo anti-coimas“, porque antes el funcionario podía `cajonear’ el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo”.
“Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece”, insistió y dijo que “las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el kirchnerismo”.
Por lo tanto, “eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante las arbitrariedades del Estado”.
El Gobierno reglamentó el «silencio positivo»
El Poder Ejecutivo reglamentó la legislación votada en la Ley Bases a través de la cual, a partir del 1° de noviembre próximo, un empresario o cualquier particular que reclame la propiedad de un bien del Estado podrá quedarse con él en caso de que el Gobierno no le responda en un plazo determinado.
Se trata del “silencio positivo”, una figura incluida en el artículo 31 de la única ley que el oficialismo logró aprobar en el Congreso y que modifica la 19.549 (Ley de Procedimiento Administrativo).
Lo que decía esta normativa en su punto 10 es que cuando hubiera pretensiones “que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa”. Y que “sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo”. Otorgaba un plazo de respuesta: 60 días.
Ahora es todo lo contrario: si el Estado no se pronuncia, la respuesta se interpretará como positiva. Por esta razón, la modificación fue duramente cuestionada por la oposición no aliada al Gobierno, porque posibilita incontables “negocios inmobiliarios” a los que la administración de La Libertad Avanza y el PRO procuraron abrirles la puerta.
La Decisión Administrativa 836/2024 publicada en el Boletín Oficial establece que “a partir del 1º de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos”.
La medida firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller Diana Mondino deja a la deriva los inmuebles del Estado y posibilita que cualquiera se pueda quedar con ellos. Particularmente las grandes empresas que se asentaron en algunos sin permiso para realizar emprendimientos o desarrollos.
Durante su tratamiento en el Senado, la legisladora de Unión por Todos (UxP) Juliana Di Tullio había advertido que esta modificación estaba destinada a habilitar “negocios inmobiliarios” de privados, pero con bienes del Estado.
Se lo planteó a Carlos Nielsen Enemark, el abogado que envió el gobierno nacional para responder cuestiones al respecto. El letrado admitió que eso era así. «Póngale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?», preguntó la senadora.
Nielsen Enemark le respondió que estaba en lo cierto y no solo eso, sino que también aclaró que esa iniciativa «tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados”.
La venta de ocho empresas públicas
El Gobierno Nacional ya podrá avanzar en los procesos de licitación de privatización total o parcial de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, tras haber dictado un decreto donde se establece el mecanismo para la venta de esas firmas públicas.
El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales solo se autoriza el ingreso de aportes privados mediante el sistema de PPP.
El Gobierno quería privatizar unas cuarenta empresas públicas, pero debió eliminar las ventas del Banco Nación, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, debido a la resistencia de los bloques dialoguistas a acompañar esas propuestas.
A través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ya fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas públicas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoria General Nacional y la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que aún no conformó el Congreso. En la reglamentación de la Ley Bases sobre la venta de empresas, se estableció que “el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización”.
Este documento deberá incluir “el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización”.
También “la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa”.
Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.
En cuanto a la empresa Nucleoeléctrica Argentina se fija que solo se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
En tanto, se fijó que se requiere del voto afirmativo del Estado nacional para la toma de decisiones que signifiquen la ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva y la salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica, así como la incorporación de accionistas.
En el caso del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) también se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin.
El gobierno ahonda la privatización de la energía
Tras 30 años de concesión, el Ejecutivo Nacional propone extender la explotación privada de cuatro represas en Neuquén y Río Negro.
El decreto 718/2024 —que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo— prorroga por un plazo máximo de un año, las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén en las provincias de Río Negro y Neuquén. La decisión tiene como punto central el artículo 6 del decreto, que abre las puertas a la privatización:»dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante».
Tras la decisión de la gestión Milei, los gobiernos provinciales decidieron no confrontar para recuperar la explotación a manos de las provincias y negocian el cobro de regalías. A contramano de las políticas de recuperación estatal de servicios esenciales como ocurre en Brasil, Francia, Canadá o Estados Unidos, lo que se deja de lado con el fin de las concesiones es el cambio del modelo de gestión por uno de desprivatización.
La polémica en torno al decreto 718/2024, permitiría convocar a pensar posibles acciones tendientes a desarticular las lógicas de un negocio que desde 1993 a esta parte representa un ingreso bruto de 350 a 400 millones de dólares anuales para las empresas concesionarias de las hidroeléctricas no binacionales, según informe del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la UBA, y que se monta sobre inversiones públicas superiores a los 20.000 millones de dólares.
Las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue fueron concesionadas por un periodo de 30 años, desde agosto de 1993. Desde agosto de 2023 las concesiones vienen siendo prorrogadas y el decreto habilita una última prórroga de un año más a la espera del concurso de privatización. Las compañías privadas que vienen operando estas centrales hidroeléctricas a partir de estas concesiones son AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón– Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).
Una semana antes del Decreto 718/2024, el Gobierno reglamentó el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases, a través del decreto 695/2024, y marcó el camino para que las empresas de estatales Energía Argentina S.A y Nucleoeléctrica Argentina S.A, de acuerdo a los decretos, transfieran sus acciones a la Secretaría de Energía con el objetivo de avanzar en el proceso de concurso.
Pocos días después de la publicación del decreto, y por medio de un hilo en su cuenta oficial de la red social X, el propio secretario de Energía de Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, expresó que “las centrales hidroeléctricas (presas, turbinas, y todo lo que conforma el Complejo hidroeléctrico) son bienes de dominio público del Estado que, por tener tal condición, son intransferibles en su titularidad al sector privado».
Chirillo cuestionó a los medios de comunicación por “información imprecisa en conceptos básicos sobre la concesión de generación hidroeléctrica y una eventual privatización del recurso” y aseguró: “Siguiendo la experiencia exitosa del ’93, para la organización del concesionario el Estado creará 4 nuevas unidades de negocio (S.A.) a quienes le otorgará la concesión para generar electricidad, aportando los bienes de dominio público en uso. En nada de esto hay una privatización”.
El abogado Roque Caputo, Especialista en Estructura Jurídico Económica de la Regulación Energética por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, observa que “el decreto no establece el nuevo plazo del período de concesión, ni pautas para la reforma de los anexos de manejo de aguas o seguridad de presas; tampoco se establecen límites o condicionamientos para los posibles oferentes y, lo más importante, no se establece nada acerca de los derechos de las provincias ribereñas sobre los complejos, ni el rol que ocuparán en el proceso de privatización”.
Tras la publicación del decreto, la decisión de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Río Negro, Alberto Weretilneck, no fue entrar en conflicto con el Gobierno nacional sino aceptar la convocatoria de la Secretaría de Energía a una mesa de negociación. Ambas provincias sancionaron recientemente leyes que les permite cobrar un canon por el uso del agua destinada a la generación de energía hidroeléctrica, pero en la negociación con Chirillo, según trascendió por fuentes provinciales y nacionales, está sobre la mesa desestimar el cobro de ese canon a cambio de incrementar las regalías por la explotación o la posibilidad de que las provincias pueden revender la energía generada a través de empresas públicas.
De acuerdo a datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la potencia nominal instalada entre las cuatro centrales es de unos 4.170 megawatts (MW), que representan en torno al 10 y 15 % de la matriz energética nacional. En promedio, la generación hidroeléctrica en Argentina aporta un 22 % de la potencialidad energética total, aunque este porcentaje depende del caudal de los ríos sobre los cuales se encuentran emplazadas las represas. Las represas en el litoral argentino son la otra gran fuente hidroeléctrica, con Yaciretá como máximo exponente.
En cuanto a la gestión de las centrales hidroeléctricas, históricamente las provincias argentinas han tenido un rol secundario en el marco de los procesos de privatización. El cambio, a la espera del vencimiento de las concesiones adjudicadas en 1993, fue la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que dispuso a través del artículo 124, que las provincias son quienes detentan el “dominio originario de los recursos naturales en su territorio”, lo que les otorga entonces, potestad para participar en la concesión del uso del agua para generación eléctrica.
Martín Kazimierski, geógrafo y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales por la Universidad de Buenos Aires, en su investigación “Desprivatización de la energía hidroeléctrica en la Argentina”, publicado en la revista científica Estudios Sociales del Estado (ESE), se aboca a estudiar la trayectoria histórica de las centrales hidroeléctricas privatizadas en Argentina y sus perspectivas. “Construidas con fondos públicos bajo el impulso del Estado desarrollista durante las décadas de 1960 y 1970, las centrales hidroeléctricas no binacionales fueron concesionadas a empresas privadas locales e internacionales durante el auge de las políticas neoliberales de los años 1990”, explica y marca en el fin las concesiones entre 2023 y 2024, la posibilidad de un proceso de “oportunidades de desprivatización”, que permitiría «reorganizar y recrear el modo en el cual se concibe la energía en el país”.
Mirando hacia la región, en Brasil, la estatal Eletrobras posee 47 represas hidroeléctricas, 270 subestaciones eléctricas y seis distribuidoras de energía. La “lucha contra la privatización del agua” es una bandera que, desde hace varios años, vienen sosteniendo frentes populares como el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB). Bajo el lema “Agua y energía no son mercancía”, desde el MAB advierten que los procesos de privatización en el sector energético representan “riesgos de incremento significativo de la tarifa de energía y del empeoramiento de la calidad del servicio”.
Al respecto, Iury Paulino, integrante de la coordinación nacional del MAB, señala que “cuando la empresa energética es estatal, tiene la obligación sobre todo de servir al pueblo. Con el proceso de privatización, pasa a ser un activo para generar ganancias. La estrategia pasa a ser proveer de energía a quienes pueden pagar. Los perjuicios de una privatización tienden a alcanzar a toda la población, y sobre afectan a la soberanía energética de los países”.
Se podría sumar al análisis en torno a la cuestión de las privatizaciones en el sector energético y otros servicios públicos, datos que exponen una tendencia inversa. Según un informe de la ONG Transnational Institute,en los últimos años, se han producido al menos 835 casos de desprivatizaciones de los servicios públicos en más de 1.600 ciudades distribuidas en 45 países. Dentro de esos movimientos contrarios a la privatización de las empresas de energía, saneamiento y control de las aguas, se circunscriben casos recientes en países como Francia, Holanda, Australia, Estados Unidos y Canadá, donde las políticas se orientaron a recuperar o fortalecer el manejo del Estado.
“Todos esos países tienen la comprensión de que mantener el sector eléctrico en las manos del Estado representa seguridad nacional y soberanía energética, que impulsan el desarrollo del país”, asegura la ingeniera brasileña Fabiola Antezan, integrante de la Plataforma Operaria y Campesina de Agua y Energía de Brasil y secretaria de Energía de la Confederación Nacional de los Trabajadores de Servicios Urbanos (CNU).
El movimiento de los afectados por represas
El cúmulo de afectaciones que producen las represas sobre las poblaciones aledañas al cauce hídrico núcleo de cada hidroeléctricaviene dando cuerpo y sentido a un movimiento organizado de millones de personas en todo el mundo: el de los afectados por represas. Inundaciones, desplazamientos forzosos, pérdida de biodiversidad, contaminación, enfermedades vectoriales y violaciones a los derechos humanos, son algunas de las consecuencias que la instauración de grandes represas trae aparejada al entorno.
En Argentina incluso, la lucha contra las grandes represas hidroeléctricas tiene su propio historial. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, los ríos Paraná y Uruguay son considerados “libres de represamiento”. Esto es gracias a la Ley provincial 9.092, sancionado el 25 de septiembre de 1997 como resultado de una intensa lucha ciudadana que empezó en 1996, cuando el consorcio estadounidense Energy Developers International presentó un proyecto para la represa hidroeléctrica del Paraná Medio. En ese momento, el presidente Carlos Menem, declaró a este proyecto “de interés nacional” y anunció una inversión extranjera millonaria.
Ante la debacle ambiental y social que implicaba el proyecto del Paraná Medio, miles de entrerrianos y entrerrianas unidos en la Asociación de Entidades Ambientalistas, bajo el lema “Entre Ríos sí, entre represas No”, llevaron adelante numerosas acciones de lucha que terminaron por doblegar a los intereses económicos y políticos que pugnaban porque el proyecto hidroeléctrico pudiera concretarse. Además de desactivar el proyecto, esta lucha logró plasmar un instrumento legislativo sin precedentes en el país.
En 1996, el pueblo misionero frenó —a través del voto negativo en un plebiscito— el proyecto hidroeléctrico binacional Corpus Christi. Aquella fue la primera consulta popular vinculante relacionada a conflictos ambientales que tuvo lugar en el país. Años más tarde, en 2014, ante el intento de los estados argentino y brasileño, de reflotar el proyecto hidroeléctrico Garabí (original de 1972), las organizaciones sociales y ambientales de la provincia, aliadas al MAB de Brasil, convocaron a una Consulta Popular que volvió a marcar el rechazo mayoritario de la ciudadanía misionera para con este tipo de iniciativas, logrando desactivar el proyecto.
“Sin esa lucha, más de treinta pueblos hubiesen desaparecido, bajo el agua del río Uruguay. Entre ellos el nuestro. Cada 14 de marzo recordamos esa lucha y todas las luchas que se dan en Latinoamérica en defensa de los territorios, del río y de las comunidades que vivimos en las riberas”, señala al respecto María Alvez, miembro fundacional de la Mesa Provincial No a las Represas y vicepresidenta de la Biblioteca Popular Puerto Azara, espacio que abrió sus puertas un 14 de marzo en el paraje rural Puerto Azara, a orillas del río Uruguay, en el sur misionero.
La Patagonia incluso, es otro nodo de resistencia a los proyectos hidroeléctricos en Argentina. En Neuquén, donde funcionan las centrales hidroeléctricas Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón, Arroyito y Planicie Banderitas,se encuentra en etapa de desarrollo avanzado el proyecto Central Multipropósito Nahueve, sobre el río homónimo, en el norte provincial.
Las comunidades aledañas, organizadas en la Asamblea del Agua del Norte Neuquino, denuncian el daño ambiental provocado por esta obra, alertando sobre los diversos riesgos de su puesta en marcha y llevando adelante intervenciones de orden judicial y manifestaciones en rechazo a este emprendimiento financiado por la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén. Esta lucha cuenta además con la participación trascendental de las comunidades mapuche de Los Miches, territorio ancestral y cultural del noroeste neuquino.
Tierras públicas en remate
El Gobierno tiene en carpeta ponerle el cartel de venta a por lo menos unos 200 terrenos e inmuebles que hoy están en propiedad del Estado, tanto dentro del país como en el exterior. El objetivo es hacer caja fácil y recaudar, según estiman en Casa Rosada, unos 1.000 millones de dólares.
La tarea le fue encomendada a los funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por cuyos despachos ya circuló un primer listado con las “joyas de abuela” a dilapidar. Si bien la medida todavía está en etapa de revisión, despertó las alarmas en las Fuerzas Armadas, que se llevarían la peor parte.
En la familia militar hay “malestar” y una preocupación creciente ante la posibilidad de que tengan que desprenderse –forzosamente– del Campo Hípico militar y del Regimiento de Patricios, entre muchos otros terrenos estratégicos codiciados por el mercado inmobiliario. Todo parece indicar que, además, los remates se harán sin pasar por el Congreso, mediante una serie de decretos o un mega DNU, tal como lo hizo en su momento Mauricio Macri, quien -al menos hasta ahora- ostenta el récord de ser el presidente con más terrenos estatales enajenados.
Milei puso a trabajar en los detalles de la medida a Nicolas Pakgojz, un ex funcionario porteño de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al que nombró en diciembre al frente de la AABE y a quien en el mundillo del “Real Estate” vinculan como lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elzstain, el dueño del Hotel Libertador donde el Presidente vivió durante el tramo final de la campaña e incluso durante el primer mes de su mandato. Milei empoderó a Pakgojz con un DNU (el 636/24) publicado a mediados de julio que reforma las atribuciones de la agencia y le otorga “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional”.
Esa misma norma habilitó al presidente vender los terrenos a su sola firmay agilizó los procesos de la AABE (que desde diciembre funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete) para llevar a cabo el desguace. A partir de ese momento, desde el Gobierno informaron oficialmente sobre algunos de los primeros inmuebles a rematar, como el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Mujeres y otros terrenos y bienes “incautados en casos de corrupción”, como la causa de los cuadernos.
Todos los ministerios y dependencias estatales recibieron en los últimos meses el pedido de la AABE de que se le informe sobre la cantidad total de inmuebles y terrenos que tienen a disposición.Ese requerimiento lo recibieron también las Fuerzas Armadas, que gestionan las tierras más onerosas. Si bien no existe un inventario completo y actualizado, se estima que el Ejército tiene más de 1.500 inmuebles, la Armada unos 3.500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3.000.
El malestar entre las fuerzas fue creciendo a medida que el ala más ideologizada del Gobierno empezó a dejar trascender que la apuesta es mucho más a fondo: seguir la máxima de Milei de “vender todo”. Si bien las FF AA se llevarían la peor parte, también están a tiro de remate buena parte de los terrenos ferroviarios y los que están en poder de las universidades nacionales, de algunos organismos como el INTI y hasta el predio de Tecnópolis.
En la lista de los terrenos más codiciados por el mercado inmobiliario que están en poder de las FF AA figuran el Campo Hípico y los terrenos de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército, dos de los predios más caros de la CABA, ubicados en una zona estratégica; el Regimiento de Infantería 1, conocido como el Regimiento de los Patricios, en el corazón de Palermo, y el edificio del Regimiento de Granaderos. También son ambicionados el edifico del Círculo de la Fuerza Aérea y hasta el predio del Servicio Meteorológico Nacional, frente a Aeroparque.
Fuera de la General Paz, Campo de los Andes, un paraíso turístico de Mendoza donde el Ejército posee unas 10.000 hectáreas. En Córdoba, el asunto es más todavía más espinoso, porque incluye una sociedad del Estado. Se trata de la Fábrica Militar Río Tercero, una de las seis sedes de Fabricaciones Militares en manos del ministerio de Defensa. Según denunciaron trabajadores de la fábrica, el ministro Luis Petri realizó una visita para inspeccionar las instalaciones junto a representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que suscitó un pedido de informes presentado por la diputada de Unión por la Patria (UP), Agustina Propato, en el que le solicita a Petri que brinde «información precisa y detallada sobre todas las empresas privadas y/o extranjeras que han visitado la Empresa Estatal Fabricaciones Militares»en el último tiempo.
La sombra de Macri
El presidente que ostenta todos los récords en remates de tierras públicas es Mauricio Macri. Según un informe de la SIGEN, entre 2016 y 2019 se habilitaron 71 procesos de venta, de los cuales uno sólo se hizo vía licitación pública.
La mayoría de los terrenos vendidos fueron en CABA (casi 8 de cada 10), y el expresidente incluso fue investigado por la OA por los traspasos a Rodríguez Larreta sobre el final de su gestión. De acuerdo al mismo informe, Macri recaudó unos U$S 676 millones; Milei aspira a superarlo.
Pero otro de los elementos que introdujo Macri en materia de remate del patrimonio estatal fue que lo hizo por decreto. Cuando Cristina Kirchner creó la AABE vía el decreto-ley 1382 de 2012, le dio al organismo la facultad de centralizar y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas, pero la norma dejaba abierta la posibilidad de que la última palabra, la autorización final, la tomara tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Macri aprovechó ese vacío normativo y se basó en un viejo decreto de la dictadura que, obviamente sin Congreso, delegaba esa facultad en el titular del PEN. Milei apeló a ese mismo decreto dictatorial para ampliar las facultades de la AABE y atribuirse los mismos poderes. Es más, las ventas podrían ser aprobadas incluso por el Jefe de Gabinete en caso que el valor catastral no supere los 1.500 millones de pesos.
Por eso, ya hay quienes advierten que semejante «gran barata» como la que prepara el libertario sin pasar por el Congreso podría estar sujeta a planteamientos legales, desde amparos en el fuero Contencioso hasta denuncias de tipo penal. Hay algunos terrenos militares en los que se comprobó que funcionaron centros clandestinos de detención, como el caso del Regimiento de Patricios, por lo que también podría haber una lluvia de planteos de no innovar. Lo mismo sucedería con otras tierras, aunque por otros motivos, como es el caso de Tecnópolis.
«El Plan Sistemático de venta de tierras públicas que implementará Milei va en contra de la Constitución Nacional porque no tiene autorización del Congreso para hacerlo y podrá constituir la comisión del delito de asociación ilícita que alcanzará a todos los que participen en estas ventas», explicóel abogado y titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, que hace años investiga y denuncia las ventas de tierras en territorio porteño. «Buscaremos todas las vías institucionales y judiciales para evitar este despojo de lo público», advirtió.
Fuentes: Agencia Tierra Viva, Página/12, Resumen Latinoamericano …
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