Daremos por concluido este análisis de la Reforma al poder judicial planteada por AMLO y su partido MORENA, cuyas dos primeras partes se registran en el presente, https://rebelion.org/la-reforma-judicial-en-mexico-escenarios-y-retos-i/, https://rebelion.org/reforma-judicial-por-la-fuerza-o-por-consenso-ii/ no sin antes para dar paso a las conclusiones de pro y contra, debemos hacer las siguientes acotaciones: Nos parece como lo mencionamos en varios paneles nacionales sobre el tema, que la propuesta de reforma hubiera sido atinada al principio del sexenio y no al final, porque en la vox populi contraria a ella, se argumenta se trata de una venganza más que una propuesta, lo que de comprobarse sería grave por venir del Estado. Pero la duda es por qué hasta ahora al fin del sexenio. Por otra parte, por qué la SCJN envía sus propuestas de Reforma al “cuarto para la una ”, y por qué no se anticipó con años atrás a este dilema constitucional planteado –como lo ha reconocido- con una reforma integral a la justicia en México, que podría dejar ver, no les interesaba del todo.
Sin miramiento alguno los tres poderes de la unión en este 2024 y sin que termine el año, plantean una reforma judicial –que lejos parece es de gran calado y trascendencia- amén de que si es novedoso pero muy poco sostenible elegir a juzgadores en el país por voto popular con un sistema complicado y aún indescifrable. La reforma si otra cosa no sucede, será votada en el Senado de la República donde se necesita mayoría calificada que significa 86 senadores a favor de 128, pero resulta que el oficialismo solo en coalición con aliados tiene 85, contra 43 del bloque opositor, por lo que se espera dos cosas, con dos escenarios: no sea aprobada la reforma manteniendo esos votos y se regrese a comisiones para mejor tiempo de análisis como se ha planteado o, se pueda imponer la reforma bajo el argumento de unos de que 85 senadores son mayoría calificada y, otros argumenten que no es válida bajo la consigna de que se ha roto el orden constitucional establecido.
Los opositores argumentan que, si hace falta una reforma judicial pero no a modo y profunda, donde se toquen también a las fiscalías, seguridad pública y todo el andamiaje de administración y procuración de justicia. El oficialismo dice que, si es correcto ello, pero que debe avanzar la reforma tal cual y lo demás dejarlo para las leyes secundarias, por no tratarse de un poder de la unión.
El asunto es que han salido a la calle a manifestarse en contra de la reforma casi un cuarto de millón de personas en todo el país en diversos días, pero también se han manifestado quienes, si están a favor de ella, cuestionando muchos que dichos apoyos provienen orquestados del propio sistema y viceversa. Podríamos concluir con los siguientes puntos:
A favor, que, si es necesaria la reforma porque nadie en México debe tener una pensión vitalicia sobre el poder ejecutivo y el judicial, ni mucho menos jubilarse por estar menos de 15 años en el servicio sea cual sea, cuando el general para jubilarse en el país es de 30 años. Estamos a favor de que la Corte abra sus puertas a nuevas generaciones de juzgadores –ya sea por carrera judicial, ya por elección que sería algo novedoso, pero bajo un proceso imparcial y no sesgado como se argumenta existe hoy; la carrera judicial debe seguir, pero ampliarla a todas las áreas incluida Seguridad pública y fiscalías, a fin de que realmente ingresen quien tenga méritos para ello y no por rifa, sorteo o tómbola. Debe incluirse en esta reforma a las notarías y corredurías públicas, donde el servicio en México se cobra cuando la concesión es del estado. Una revisión de fondo a la justicia donde el servicio sea gratuito y no se cobre nada ni siquiera las copias fotostáticas como sucede en los fueros federales y estatales en el poder judicial.
En contra; No se ha escuchado en serio a los expertos de derecho ni a los afectados con la reforma, casi 53 mil, que tienen zozobra respecto a su estabilidad laboral de segundo y tercer nivel, sindicalizados, de base y de confianza. Los estudiantes no han sido escuchados. Y aún hay tiempo. No podemos seguir dividiendo al país con dos visiones, ni mucho menos exponer a quienes apoyan las dos posturas a “enfrentamientos” en la calle, que podría traer como consecuencia muertos, producto de la cerrazón de unos y otros, con o sin autoritarismo, pero caídos en la batalla. Que cada quien asuma su responsabilidad.
Rafael Marín Marín es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.