México ha tenido y tendrá una gran tradición en materia de respeto a los derechos humanos y lo demuestra incluso desde antes de la creación del ombudsman escandinavo en 1902, cuando en el país ya existía en 1847 la “Procuraduría de los Pobres” de Ponciano Arriaga, cuya finalidad en aquellos años de caciquismo, era entregarle a los desamparados, perseguidos e injustamente detenidos o encarcelados, una instancia gubernamental que les otorgara seguridad jurídica y en todo caso debido proceso, pero además un defensor del pueblo ante actos de violación de derechos, garantías y libertades.
El Ombusman escandinavo, de tradición comparada en diversos instrumentos jurídicos del mundo o mejor conocido como el Defensor del pueblo, podríamos decir es el antecedente de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconocida constitucionalmente en el artículo 102, Apartado B, gozando de autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, que “ conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos”, emitiendo sea el caso recomendaciones no vinculatorias, pero sí denuncias y quejas ante quien corresponda. Teniendo una Comisión Nacional y una estatal en cada entidad federativa incluida la CDMX.
Pero no podemos pasar por alto que, somos pioneros en muchos temas de defensa de los derechos humanos, de manera histórica y progresiva, al grado que hacemos nuestros, instrumentos internacionales pro DDHH, citados en los artículos 1 y 133 constitucionales.
Viene todo esto a colación, porque en breve se elegirá –vía senado de la república- una nueva dirección a la cabeza de la CNDH o en su caso será ratificada la actual, por lo que se alista la convocatoria para aperturala al país.
La reflexión que hoy nos toca, es saber si la CNDH ha cumplido a cabalidad con lo que le ordena la norma y si el estado mexicano y sus instituciones han hecho caso positivo a las recomendaciones, quejas o denuncias que ésta instancia ha emitido. Una reflexión más es, si el pueblo mexicano conjuntamente con los trabajos de la CNDH se ha empoderado suficiente sobre el reconocimiento y defensa de sus DDHH y, sobre todo, si las fuerzas del orden preventivo, como policías de todo tipo, en sus intervenciones o detenciones oficiales, respetan los protocolos de actuación policial y no cometen abuso de poder en detrimento de los DDHH de los ciudadanos o intervenidos. Me parece que no al cien por ciento.
Y esto es del todo conocido, porque ahora que las redes sociales son los medios de comunicación e información por excelencia, nos damos cuenta que muchas pero muchas veces, las policías en México, extorsionan, causan agravios a los ciudadanos y abusan de su poder institucional, que si bien es cierto no son todas, también lo es que no se han detenido dichas violaciones de DDHH por citar algunos, y que en los pasados recientes, el abuso policiaco, los llamados ultrajes a la autoridad como elemento de detención, la desaparición forzada se dio y esperamos ya no suceda más. Pero la percepción es otra y los datos también.
México ha tenido un marco legal casi intocado y cuando se ha modificado se argumenta es para mejor impartir justicia, respetar DDHH, vivir en una convivencia jurídicamente civilizada, todo se ha hecho en alternancias del poder público de los partidos mayoritarios, PRI, PAN y ahora MORENA.
Me parece que la nueva etapa de la CNDH, independientemente de quien la ocupe o presida al igual que sus visitadurías, deben llevar el sello de la casa nacional, una CNDH más democrática, cercana a la sociedad, más respetada. Es necesario que tenga una reforma que llegue a los órganos estatales de DDHH, para que la Comisión Nacional y la de los estados, no tenga más un presidente o presidenta que su concepto lo refiere a una acción ejecutiva de escritorio y de acuerdo administrativo, sino modificarla por crear la figura de Comisionado o Comisionada de la CNDH y equivalente en los estados, lo que le permitiráverdaderas visitas y acciones prácticas en territorio nacional, con acciones de a pie, una Comisión con Comisionado(a) que camine y conozca realmente la problemática nacional en pro del respeto a los DDHH entre otros.
Rafael Marín Marín es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.
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