Recorte en salarios, insumos, medicamentos y cargos en Salud

Agrupados en SiPrUS, el miércoles 11 de diciembre reclamaron un aumento salarial de emergencia que cubra el 25% de pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en 2024, el pase a planta de 500 monotributistas, el pago de adicionales y por la falta de medicamentos que hay en todos los efectores. En este marco, hubo una movilización al Ministerio de Salud.

Con esta medida de fuerza, los trabajadores y las trabajadoras también buscaron alertar sobre el abandono de muchos profesionales a sus cargos lo que produce un vacío en todos los servicios.

«Los profesionales están renunciando todos los días y al gobierno provincial parece no importarle. Es más, creemos que quieren reducir la cantidad de médicos, odontólogos, psicólogos y del resto de los profesionales», advirtió al respecto Diego Ainsuain, titular de SiPrUS.

«Un profesional con 9 o 12 años de estudios universitarios que atiende en una guardia, en una terapia o en un consultorio de un centro de salud u hospital cobra hoy 950.000 pesos cuando debería estar ganando 1.900.000 pesos de acuerdo a su responsabilidad y a la canasta de gastos del INDEC», agregó.

Desde SiPrUS plantean que la destrucción del salario, la falta de cobertura de los cargos, el recorte de insumos es la única política de salud del gobierno provincial, y que el ajuste se ve también en la compra de medicamentos.

«Tenemos cada día más dificultad para que lleguen a los efectores la medicación psicotrópica, los anticonceptivos, las drogas oncológicas y cardiovasculares. La gente se va sin sus tratamientos o hay que cambiarles todos los meses la medicación por otra distinta», señaló Ainsuain.

Paro en el Garrahan

Por decisión, en asamblea general, de los trabajadores y las trabajadoras nucleadxs en la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicos, además de sectores autoconvocados, el martes 10 de diciembre, a partir de las 7:00, se inició un nuevo cese de actividades en el Hospital, a un año de la asunción de Javier Milei.

La fecha de la medida no es casualidad: “Su gobierno es una tragedia para la salud pública. Seguimos reclamando por el salario y las condiciones de trabajo de todo el personal. Sin eso, el Garrahan no podrá continuar”, afirman.

“El martes 10 volvemos al paro porque el conflicto en el principal hospital pediátrico del país está lejos de solucionarse. El gobierno de Milei y el Consejo de Administración no plantean mejora salarial alguna, y los trabajadores y trabajadoras de la salud, no importa la tarea que hagamos, vivimos cada vez peor. Dicen que no hay plata, pero sí la hay para los bolsos llenos de dólares con los que el gobierno compra votos en el Parlamento. Esta realidad, sumada al deterioro en las condiciones de trabajo, está provocando renuncias en los puestos más diversos, que no serán cubiertas. Si esto no cambia, vamos a un daño irreparable. Los procedimientos tan sofisticados de los cuales se jacta el Consejo de Administración no podrán sostenerse si siguen desmantelando equipos de trabajo”, expresó sobre la medida de fuerza Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital.

Los trabajadores y las trabajadoras aseguran que este paro unifica en los mismos reclamos a todo el personal, sin distinción de profesión o sector, y es la décima medida de huelga en tres meses, como consecuencia de la completa falta de respuesta por parte del gobierno y las autoridades.

“El martes 10 se verá un contraste que define la presente situación nacional. De un lado, el gobierno de Milei celebrará un año en el poder, que implicó beneficios enormes para una minoría de grandes empresarios y especuladores financieros, mientras la mayoría vive cada vez peor. Está en juego la salud pública y no podemos dejarla caer. Seguimos exigiendo que el piso salarial debe equivaler al costo de la canasta familiar ($1.550.000), una recomposición del 100% y la eliminación del impuesto al salario”, agregó Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta.

Se quitó la vida un jefe de residentes del Hospital Güemes

Axel Vázquez se quitó la vida el jueves 5. Era el jefe de residentes de Terapia Intensiva del Hospital Güemes en Haedo. Antes de suicidarse en las vías del tren frente a su lugar de trabajo les dejó un mensaje a sus compañeros en Instagram: “Lamentablemente la salud en general es vista como un negocio y no bajo la perspectiva de derecho. La Salud Mental está en quiebra. Le agradezco a todos los que se preocuparon por ayudarme y no lo supe aprovechar. Hasta Siempre”. Axel fue otra víctima de la precarización laboral que viven las y los trabajadores de la salud en el país, explicaron sus compañeros que el miércoles realizaron un homenaje frente a las puertas del hospital.

El hecho trágico ocurrió mientras los y las trabajadoras de la Salud denuncian un constante desfinanciamiento del sistema público de salud por parte del gobierno de Milei y una crisis salarial contra los trabajadores que viven jornadas extenuantes. También en el sistema de salud mental. Ejemplos de ello fueron el intento del cierre del Hospital Bonaparte y el cierre del Centro de Salud Mental N° 1 en CABA por parte del gobierno de la Ciudad.

Sus compañeros de trabajo emitieron un comunicado y anunciaron una actividad:

Residente del Hospital HIGA Güemes de Haedo decidió quitarse la vida en las puertas del Hospital. Sus compañeros invitan a participar de un acto Homenaje.

Compartimos el comunicado de los Residentes HIGA Güemes de Haedo:

Como residentes del hospital HIGA Güemes de Haedo, nos solidarizamos con la familia y allegados de nuestro compañero Axel Vázquez, Jefe de Residentes del Servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El jueves 5/12, Axel tomó la dolorosa decisión de quitarse la vida frente al hospital, dejando un claro mensaje sobre el deterioro de la Salud Pública y el quiebre de la Salud Mental.

Ante este acontecimiento tan triste, no queremos que lo ocurrido con nuestro compañero sea un número más. La situación de Axel no fue un caso aislado: como residentes, nos enfrentamos día a día con un sistema de salud en crisis y a condiciones laborales cada vez más hostiles.

¡No somos un número más!

¡No fue un caso aislado!

Invitamos a participar de un acto homenaje que realizaremos junto a residentes y a todos los trabajadores del hospital el miércoles 11/12 a las 10:00 en las escalinatas del hospital (puerta principal)

¡Por Axel, por todos los trabajadores/as del hospital y por nuestros pacientes, seguiremos!

Axel habría dejado un mensaje a sus compañeros antes de tomar la decisión de quitarse la vida:

“Lamentablemente la salud en general es vista como un negocio y no bajo la perspectiva de derechos. La salud mental está en quiebra. Le agradezco a todos los que se preocuparon e intentaron ayudarme y no lo supe aprovechar. Hasta siempre”.

Festival por el Posadas

El sábado 7 de diciembre, desde las 17:00, se hizo un festival solidario para exigir la reincorporación de todos los despedidos del Hospital Posadas. Hubo artistas, bandas en vivo y buffet, y todo lo recaudado será para el fondo de lucha de lxs trabajadorxs despedidxs. La actividad se desarrolló en Machado 934, Morón, Provincia de Buenos Aires.

“Aún somos trabajadores de salud, que esperamos respuestas y no ha habido más que indiferencia y más despidos. Y a las puertas de no mejorar la situación, seguiremos peleando y esta es una manera, con arte, y con muchas ganas de que a pesar de la situación sigamos construyendo un camino de unidad. No es solo por los puestos laborales, estamos convencidos de la defensa real de la salud pública, para todos. Están más que invitados”, afirmaban en su convocatoria desde la Comisión de Despedidos y Despedidas del Hospital.

En el Hospital Posadas reincorporaron a un miembro de la Comisión Directiva de Cicop

La jueza Martina Forns, de los tribunales de San Martín, ordenó la reincorporación de un miembro de la Comisión Directiva de las Cicop Posadas. Con esto, suman 20 los reincorporados, quedando aún 110 trabajadores despedidos.

Luego de este nuevo paso para la reincorporación de todos los cesanteados, la Comisión de Despedidos y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas) llamaron a participar de la ronda en la entrada principal del nosocomio. Exigen, además de la marcha atrás con todos los despidos, aumentos salariales para los residentes.

Enfermería como trabajo administrativo

El primero de noviembre del año 2018, se aprobó el proyecto de ley N°6035 en la Legislatura Porteña donde el ejercicio de la Licenciatura en Enfermería, en Bioimágenes, en Biotecnología y en Instrumentación Quirúrgica quedaron excluidos 

El proyecto fue propuesto por la en aquel entonces ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez, y luego presentado en la Legislatura por el diputado José Luis Acevedo (Cambiemos). La ley dispone modificaciones sustanciales al régimen que se encontraba en vigencia desde 1986 mediante la ordenanza 41.455.

Según lo indicado en la web de la Legislatura local, se enumera como profesionales de la Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Médicos, Odontólogos, Lic. En Obstetricia y Obstétricas, Bioquímicos, Licenciados en Bioquímica, Farmacéuticos, Licenciados en Física Médica, Licenciados en Psicología, Licenciados en Psicopedagogía, Licenciados en Musicoterapia y Musicoterapeutas, Licenciados en Terapia Ocupacional, Licenciados en Fonoaudiología, Licenciados en Kinesiología, Fisioterapeutas, Licenciados en Nutrición, Licenciados en Trabajo Social y Lic. En Servicio Social, Veterinarios, Licenciados en Ciencias Antropológicas y/o Antropólogos, Licenciados en Sociología, Licenciados en Biología, Licenciados en Ciencias de la Educación, Licenciados en Sistemas de Información para la Salud, Licenciados en Estadísticas para la Salud, Licenciados en Comunicación Social y/o en Ciencias de la Comunicación. Excluyendo así a todas las profesiones que no estén expresamente incluidas y dejándolos bajo la aplicación de la Ley 471 “Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Durante la pandemia sufrieron una sobrecarga laboral, no sólo por atender a una mayor cantidad de personas producto de la emergencia sanitaria, sino porque Enfermería se hizo cargo de tareas que no le correspondían, como traslados de tubos de oxígeno, traslado de camas, etc. “Nosotros también nos ocupamos de que el paciente que está internado tenga comunicación con su familiar, de comprarle las cosas. Salgo de mi trabajo a las once de la noche y me llevo la listita del paciente de lo que le tengo que traer al otro día”, explicaba Analía, una de las enfermeras que acampó durante 62 días frente al ministerio de Salud de la Nación en 2021.

El acampe permaneció en la plazoleta ubicada en 9 de Julio y Belgrano desde el 27 de enero hasta el 3 de abril de ese año. Allí confluyeron trabajadores de Enfermería y autoconvocadxs del Área Metropolitana (CABA y AMBA), su lucha había comenzado en el 2018 para reincorporar a la Enfermería a como carrera profesional, pero en ese momento, se sumaron también los reclamos por pase a planta permanente, aumento salarial y la exigencia a las autoridades para que tomen medidas por la cantidad de “muertes evitables de nuestros colegas por elementos de mala calidad o la falta de ellos, porque las infraestructuras no fueron acondicionadas para evitar los contagios”.

El 16 de febrero de ese año, dos enfermeros fueron detenidos y trasladados a la comisaría 1° seccional B en Tacuarí al 770 cuando salieron del acampe para ir a comprar en el supermercado que está frente a la plazoleta. Los acusaron de resistencia a la autoridad.

El 20 de septiembre del 2021 se dispusieron a hacer una vigilia en el Obelisco en conmemoración de todes les trabajadores de la salud fallecides por la pandemia. La Policía de la Ciudad realizó un gran despliegue para evitar que armaran una carpa donde resguardarse del frío y del viento. Mientras un grupo de enfermeros trataba de entablar diálogo con la policía (porque siempre los intentos de diálogo vienen del mismo lado), se acercó una enfermera jovencita y repartió unos papeles con nombres escritos a mano a varios trabajadores de prensa que nos encontrábamos allí: “Si pueden, por favor, compártanlos, no queremos que nadie los olvide”. Eran los nombres de sus compañeros fallecidos por contagios de COVID-19:

Alicia Marinelli, María Rodríguez, Hector Garro, Ana Riquerlme, Ivana Gutierrez, Alex Aquino, Beatriz Molina, Elena del Hoyo, Mercedes Villa, Daniel Orellana, Walter Chillon, Silvia Anavarrete, Alberto Castillo, Delfina Figueroa, Miguel Ángel Rivero, Ester Agüero, Graciela Dileone, Miguel García, Mónica Stopini, Omar Maldonado, Rubén Roldán, Jorge Cardozo, Julio Gutierrez, Marta Guerra, Daniel Aguirre, Noemí Gomez, René Mendez, Silvia Anabarrete, Mario Vignoli, Ariel Herrera, Mirian Juarez, Laura Venturini, Claudio Peñin, Leticia Rivero, Nora Caliva, Victor Galvan, Lucila Nuñez, María Mirangueli, Silvia Quipildor, Isidro Olivera, Egon Vargas, Sandra Diaz, María Rodríguez, María Loza, Carlos Jaime, Oscar Alderete, Susana Garua, Ana Martínez, Miguel Acosta, Mónica Albornoz, Pamela Amarú, Jorge Villalba, José Peloc, Marcelo Mendez, Cristina Lorenzo, Raúl Cardozo, Patricia Millán, Grover Díaz, Eduardo Macias, Julieta Bogado, Mabel Barguetti, Antonio Barrera, Irma Galian, Bernardo Muniz, Eduardo Rodriguez, Viviana Laura, Javier Ponce, Carlos Rey, Ramón Borges, Roxana Díaz, Martín Ramos, Martín Arjona, Vicente Melgarejo, Angela Vilche, Julio César Torres.

“Mi poder es el de curar”

Le gritaba una enfermera a la policía. El 28 de noviembre se disputaban dos proyectos: uno podría haber sido un comienzo para reparar el daño que se perpetró hace 6 años y el otro, apoyado por el oficialismo, que insistía con la exclusión de la Enfermería como carrera profesional.

La sesión pautada para las 11:00 comenzó una hora y media más tarde, ya se rumoreaba que habría legisladores que cambiarían su voto a último momento. Fueron Crucitta, Lapeña y Loupias de la UCR quienes, junto con Mola, Mollard y Parry (del mismo bloque) y la socialista Barreto se abstuvieron de votar contra el proyecto.

Fueron dos los enfermeros heridos durante la concentración que necesitaron ser trasladados a Centros de Salud por múltiples golpes y ataques de pánico. Uno de ellos fue un miembro del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, trasladado al Hospital Ramos Mejía. También una afiliada del Cesac 3, trasladada al Hospital Argenrich. Ambos fueron previamente amenazados con ser detenidos, pero gracias a la presión popular, los liberaron sin convalidar las detenciones para posteriormente ser atendidos por otros trabajadores de la salud.

La Policía de la Ciudad reprimió a enfermeras y enfermeros en la Legislatura

Enfermeras y enfermeros de hospitales porteños llevaron a cabo el jueves 28 de noviembre un paro en hospitales públicos pertenecientes a la Ciudad y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), con movilización. La medida fue en reclamo de la inclusión de la actividad en la Ley 6035, que nuclea a los profesionales de la salud, además de la igualdad de carga horaria con los demás trabajadores de ese ámbito y el 90 % del sueldo de la categoría de ingreso a la carrera profesional.

En la Legislatura se aprobó un proyecto que los desconoció y los mantiene en la precarización laboral y salarial.

Además, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, mandó a reprimir y sumarle violencia física a la violencia política, laboral y económica que ya están sufriendo.

Desde el gremio estatal ATE, convocante del paro, fundamentan la inclusión de la actividad como profesional de la salud para terminar “con la modalidad punitiva de la evaluación por desempeño” y ser enrolada “en las estructuras profesionales y no dentro del escalafón general”, es decir, en la carrera administrativa.

Bajo este proyecto de ley, se otorgaría “el 2X1 en beneficio por el trabajo realizado en pandemia”, se reconocería “la especialidad, actividad crítica y la insalubridad en los servicios de áreas cerradas”, además de impulsar que en la guardia de enfermería se reconozcan las horas de recargo en los días no laborales y feriados.

Todo eso les fue negado hoy por el gobierno porteño del PRO.

La Legislatura porteña aprobó, por un voto de diferencia, un Proyecto de ley presentado a último momento por el gobierno de Jorge Macri que crea una carrera especial para la Enfermería, pero la mantiene afuera de la Carrera de Profesionales de la Salud, enmarcada en la Ley N° 6035.

Radicales y socialistas se abstuvieron, a pesar de que habían comprometido su voto favorable a la inclusión en la Ley N° 6035, otra iniciativa presentada y acompañada por los enfermeros y las enfermeras.

De esta manera, el proyecto oficial logró 27 votos a favor, 7 abstenciones y 26 votos en contra de los bloques del FIT, UxP y Confianza Pública.

Mientras se daba este debate dentro de la Legislatura, afuera la Policía de la Ciudad reprimía a las y los enfermeros que se movilizaron para acompañar la inclusión de Enfermería en la Carrera Profesional de la Salud.

Luego de muchos reclamos de las enfermeras y enfermeros, el tema se trató en la Comisión de Salud, donde se había logrado un apoyo. Sin embargo, a último momento el oficialismo porteño presentó un proyecto que proponía la creación de una Carrera propia para Enfermería, una forma de no incluirla en la carrera ya existente.

Desde los gremios de enfermería advierten que la pelea continúa y que como primer paso irán a la justicia. Denuncian además que esta nueva ley impide la negociación del Convenio colectivo y las paritarias para Enfermería.

Reconocimiento internacional al Instituto Malbrán

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, visitó las instalaciones de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” para felicitar a la titular del organismo, Claudia Perandones y al personal, por el reconocimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. por su contribución en identificación de patógenos a nivel internacional. Según el último informe de la CDC, la integración de la base de datos de la Red Nacional de Identificación Microbiológica por Espectrometría de Masas (RENAEM) de Argentina a la plataforma global MicrobeNet, permitió aumentar las tasas de identificación microbiana para laboratorios fuera de EE.UU. del 59% en 2017 al 76% en 2024. De la RENAEM participan 45 hospitales y sanatorios del país. El trabajo realizado por la ANLIS hizo posible que Argentina sea el primer país en integrar su base de datos a MicrobeNet, un banco datos de microorganismos patógenos que facilita la identificación de bacterias y hongos que causan enfermedades en humanos. Esta herramienta, realizada en colaboración con la industria, facilita el acceso a datos a profesionales de la salud que pueden consultar las bibliotecas directamente.

Los significativos beneficios de esta base de datos fueron posibles a partir de la utilización de una tecnología en la que el Servicio de Bacteriología Especial de ANLIS Malbrán ha sido pionero y líder regional: un diagnóstico rápido facilita el manejo temprano de infecciones, optimiza la prescripción de antibióticos y reduce considerablemente los costos en salud.

En su paso por el instituto, el ministro Lugones visitó la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica (UOCCB), donde se encuentran los laboratorios de bioseguridad de nivel 3 y 3 animal, así como el laboratorio de máxima contención biológica de nivel 4 (BSL-4). Este último está en la fase de prueba conocida como comisionamiento, un proceso previo al inicio formal de sus funciones, siendo el primero de Latinoamérica con estas características.

La motosierra de Lugones en Salud: desde privatización de hospitales hasta menos maestros integradores

Por Alejandro Rebossio

El funcionario quiere deshacerse de todos los hospitales nacionales excepto el Garrahan: evalúa darles su gestión a empresas privadas que después cobren a las prepagas y obras sociales, pero queda el vacío del 35% de argentinos sin cobertura alguna. Las personas con discapacidad, sus familiares y prestadores marcharon otra vez a Olivos por los recortes. Se redujeron los medicamentos gratis del PAMI y el plan Incluir Salud.

Mario Lugones llegó a ministro de Salud hace apenas dos meses, pero desde un comienzo del gobierno de Javier Milei dejó la presidencia de la Fundación Sanatorio Güemes para ser el asesor estrella en la materia y desde allí diseñar la desregulación de las prepagas o el proyecto nunca concretado para hacer lo propio con los servicios para personas con discapacidad.

Ahora que está a cargo de la cartera ha vuelto a la carga con sus ideas, reforzó la motosierra sobre los gastos, como transporte de personas con discapacidad a las escuelas y actividades terapéuticas como la cobertura de maestros integradores, tanto que provocó esta semana la segunda marcha de personas afectadas, sus familias y sus prestadores a la Quinta de Olivos, al tiempo que avanza con su idea de concesionar al sector privado todos los hospitales nacionales, excepto el prestigioso Garrahan, con el argumento oficial de que atiende a niños de todo el país con afecciones complejas.

La mayoría de los hospitales del país son provinciales y municipales, pero la Nación aún cuenta con 11. Cuatro son 100% de su responsabilidad y los otros siete son Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), en los que se hace cargo del 70 u 80% del presupuesto y el resto le corresponde a la jurisdicción donde están, cinco a la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad autónoma y otro en Santa Cruz. Los 100% nacionales son el de salud mental Laura Bonaparte -que estuvo en la mira de cierre hace unas semanas- en Parque Patricios, el Baldomero Sommer en General Rodríguez; el de discapacidad intelectual Ramón Carrillo (ex Comunidad Montes de Oca) en Luján y el Posadas en Morón. Los siete SAMIC son el Garrahan, en Parque Patricios; el galardonado de alta complejidad El Cruce, en Florencio Varela; el Cuenca Alta, en Cañuelas; el de El Calafate, el de Esteban Echeverría, el de agudos Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo y el presidente Néstor Kirchner, en La Matanza.

“El Ministerio de Salud tiene el objetivo central de realizar un reordenamiento del sistema, lo que además significa un nuevo direccionamiento para la política de salud, cumpliendo con la Constitución Nacional que indica que la Argentina es un país federal con competencias determinadas tanto para la Nación como para las provincias. Y son las provincias las responsables de realizar las políticas sanitarias en sus jurisdicciones”, alegan en la cartera de Lugones. Es decir, transferirles los centros de salud a los gobiernos de Axel Kicillof, Jorge Macri y el santacruceño Claudio Vidal, pero sin los fondos para administrarlos.

“Que eliminen la publicidad pública si quieren mantener los hospitales”, dicen libertarios por lo bajo, después que así lo hiciera Milei en la Nación (aunque en la práctica la pauta continuó a través de varios vericuetos). “El objetivo de la cartera es que las jurisdicciones se hagan cargo de estos hospitales, a excepción del Garrahan, que tiene la particularidad de ser de alta complejidad y atiende casos graves de habitantes de todo el país, por ejemplo el 60% de los trasplantes pediátricos se realizan ahí”, aclaran en las filas de Lugones.

Pero como ni Kicillof ni Macri ni Vidal aceptan hacerse cargo de los centros de salud sin su financiamiento, en el Ministerio de Salud de la Nación analizan ahora concesionarios al sector privado, a imagen y semejanza de Reino Unido en los 90 bajo el gobierno de John Major, sucesor de su correligionaria conservadora Margaret Thatcher.

“Ante la negativa de las jurisdicciones, desde el Ministerio de Salud se están evaluando otras alternativas, entre ellas, que haya un gerenciamiento privado de la administración de los hospitales. De todas maneras, y ante este proceso de evaluación de posibilidades, cabe destacar que el presupuesto para el funcionamiento de los hospitales en 2025 está garantizado”, aclaran en el despacho de Lugones. El modelo británico se expandió a otros países como algunos hospitales de España. La idea es que empresas privadas administren el hospital y cobren por el servicio a la prepaga o la obra social. El problema es que un tercio de los argentinos carece de esas coberturas, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido o España. Además, el mal servicio de los hospitales concesionados británico quedó en evidencia en la pandemia.

Una reciente investigación de dos expertos de la Universidad de Oxford, Benjamin Goodair y Aaron Reeves, publicada en la revista científica The Lancet analizó la experiencia de este modelo en países de altos ingresos, donde la población en general cuenta con seguro médico privado o público, y concluyó: “En los últimos 40 años, muchos sistemas de atención de salud que alguna vez fueron de propiedad o financiación pública han avanzado hacia la privatización de sus servicios, principalmente mediante la subcontratación al sector privado. Pero ¿cuál ha sido el impacto de la privatización en la calidad de la atención? Un objetivo clave de esta transición es mejorar la calidad de la atención mediante una mayor competencia en el mercado junto con los beneficios de un sector privado más flexible y centrado en el paciente. Sin embargo, se ha expresado preocupación de que estas reformas puedan resultar en una peor atención, en parte porque es más fácil reducir costos que aumentar la calidad de la atención médica. Descubrimos que los hospitales que pasaban de ser propiedad pública a privada tendían a obtener mayores ganancias que los hospitales públicos que no se convertían, principalmente a través de la admisión selectiva de pacientes y reducciones en el número de personal. También encontramos que los aumentos agregados en la privatización frecuentemente se correspondían con peores resultados de salud para los pacientes”.

El médico Carlos Regazzoni, que dirigió el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) en el gobierno de Mauricio Macri, tercia en la discusión: “Es muy positivo que el gobierno de Milei haya decidido ir a fondo con los temas de salud, proponiendo la revisión de estructuras ineficientes por más de 50 años. Sin embargo, las decisiones y cambios en salud deben estar motivadas por principios médicos y de salud pública, antes que por posiciones económicas”.

“Los sistemas de salud necesitan arquetipos que promuevan el desarrollo profesional para retener y atraer nuevos talentos -agrega Regazzoni-, lo que requiere hospitales nacionales de excelencia. La atención de excelencia de alta complejidad necesita grandes hospitales nacionales que sigan el exitoso modelo del Garrahan. No es positivo desarticular los sistemas solidarios de financiamiento de la salud. No habrá sistema de financiamiento de la salud si los seguros no incluyen a salarios de altos ingresos juntos con los de bajos ingresos para que todos tengan lo mismo y por igual”.

Otro experto en política sanitaria, que prefiere el anonimato, advierte: “Hay curros en los hospitales, los gremios son jodidos, pero es verdad que pagan malos salarios, hay gente que no labura y otra que sí, pero no solucionás el problema así. En la Policía hay curros mucho mayores pero este gobierno ni se mete en eso. Pero ellos dicen que el Estado no debe meterse en la salud y que además nadie pudo con los curros de los hospitales, y entonces quieren privatizar. Y hacen como con Aerolíneas: presionan a los gremios con esa idea para que acepten ajustar”.

La presión de Lugones no es sólo sobre los sindicatos sino también sobre las autoridades de los centros de salud. Hace dos semanas, el ministro les mandó una carta para reclamarles que paguen un 35% menos por los medicamentos que compran. El funcionario sostiene que hasta ahora abonaban el precio de venta al público. Han pasado pocos días, pero está abierta la duda de si los hospitales podrán conseguir mejorar su eficiencia u obtener rebajas de los laboratorios o deberán cerrar las cuentas adquiriendo menos cantidad de remedios.

Protestas y paros

Las protestas de los gremios en el Garrahan y otros hospitales nacionales continúan. Los trabajadores del centro pediátrico cumplieron este jueves su novena jornada de paro del año dentro de su plan de funcionó reclamar por mejoras salariales y laborales. “Los trabajadores exigen un aumento salarial del 100% y un salario inicial igual a la canasta básica de $1,5 millones. También reclaman fin del impuesto al salario (por Ganancias) y aumento de las guardias. El hospital se encuentra en una situación crítica, con una fuga de personal hacia el sector privado y una falta de interés en los posibles ingresantes”, comunicó el gremio. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UP) en Tucumán, se solidarizó con ellos por la red X: “El Garrahan marchando porque el Gobierno decidió desfinanciarlo hasta cerrarlo y además privatizar el Posadas y el resto de efectores nacionales. Al parecer la reforma de los vouchers no funcionó. Desastre”.

Otra diputada de la misma comisión, Mónica Fein, del socialismo de Santa Fe, pidió un pedido de informes a Lugones sobre el estado de los hospitales y expuso en sus argumentos: “Como parte de la llamada refundación del sistema de salud, que no es otra cosa más que la absoluta desregulación y liberalización de precios, cuyo principal impacto es mayor inequidad en el acceso y desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud, el Ministerio de Salud ha decidido, desde el inicio de la gestión del actual presidente, no seguir asumiendo responsabilidades centrales que debe ejercer en su rol rector y desmantelar políticas nacionales de salud. Las consecuencias de estas decisiones abruptas que no tienen otra razón de ser que el ajuste fiscal, son los retrasos y enorme incertidumbre en la entrega de prestaciones vitales para la salud de los ciudadanos/as, con mayor impacto en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se ha volcado esta responsabilidad en las provincias, sin el correlato económico necesario para poder llevar adelante la tarea y sin ningún tipo de planificación o articulación. El impacto de estos recortes es evidente en áreas críticas como el tratamiento de enfermedades crónicas y el manejo de epidemias. Un párrafo aparte merece los recortes en las prestaciones de discapacidad, que se producen en el marco de una situación de crisis en el sector que no es nueva y que cada vez golpea más”.

Precisamente, las personas con discapacidad, olvidadas de los grandes medios, volvieron a marchar a Olivos. Sus prestadores, desde el transporte hasta los terapeutas o los maestros integradores en escuelas, ya venían mal, pero arrancaron el gobierno de Milei en diciembre pasado con un aumento que les dio del 5% frente al 25% de inflación. Para todo 2024, la administración ya les pautó un alza del 99%, pero el índice de precios al consumidor (IPC) ya subió 107% en los primeros diez meses del año. Es decir, un fuerte ajuste real.

El experto sanitarista antes citado bajo el anonimato explica que el 80% del Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales, que en principio iba a tratamientos de cáncer y otras enfermedades graves, se va en discapacidad y a su vez en este rubro pesan sobre todo los colectivos que llevan a las personas a sus escuelas y terapias y los maestros integradores que las acompañan en las aulas. Prepagas, obras sociales y Lugones están de acuerdo con que estos gastos deberían financiarse por otro lado, quizás por educación, pero el problema es que en el medio queden niños y adultos sin cobertura.

“Están ajustando mucho en personas con discapacidad”, advierte el diputado a cargo de la comisión del asunto, Daniel Arroyo, de UP en la provincia de Buenos Aires. “En la entrega de medicamentos en prepagas, obras sociales y hospitales públicas, en los servicios de acompañamiento en salud, en el transporte para recibir el tratamiento… se les corta porque les está pagando muy poco a los transportistas. Lo mismo con las prestaciones de educación: los chicos que van a una escuela común tienen que ir acompañados por un asistente, pero cuesta mucho acceder a eso, les pagan tarde, a 90 días, y mal y por eso no lo hacen o está viendo de irse y hay mucha rotación. Además, hay mucho recorte de pensiones por discapacidad. Se hizo una auditoría y está bien que se saquen los casos que no correspondían, pero en el medio mandan cartas documentos a gente que no sabe de qué manera moverse. Y con un decreto volvieron a la idea de invalidez laboral, que es hace 100 años”.

El secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPEsA), Eduardo Maidana, alerta que el proyecto de presupuesto 2025 prevé el pago de 177.000 pensiones menos por discapacidad. Además, “desregulan el transporte, los pases por discapacidad quedan a criterio de las empresas, fijan aranceles para las prestaciones básicas de septiembre a diciembre de 2024 con un 2,31% de aumento, una locura, hay problemas con las altas de Incluir Salud (cobertura para quienes no tienen prepaga ni obra social)”, enumera Maidana las razones por las que marcharon otra vez a la residencia presidencial. Pero Milei ha usado como ataques a sus rivales políticos la palabra “minusválido” o la imagen de los niños con síndrome de down.

Cae la compra de medicamentos

Pero los recortes no terminan en hospitales y discapacidad. En su pedido de informes, la diputada Fein se refiere a más: “Hay que mencionar los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud”. También elaboró otro pedido específico sobre el recorte de la cobertura de medicamentos del PAMI. Unos 44 remedios dejaron de estar 100% financiados por el plan en septiembre pasado. Este cronista consultó al PAMI, pero no obtuvo respuesta.

Mientras, la venta de medicinas en la Argentina cayó 8% en los primeros nueve meses del año, es decir, 47 millones de unidades menos. Los sin receta, 17%, pero los recetados también, 4,6%, según la Cámara Industrial de Laboratorios (CILFA). El bolsillo de los pacientes no aguanta, pese a que los precios de los remedios aumentaron 80%, menos que el 107% de inflación.

Como parte de la desregulación de la medicina privada, las cuotas aumentaron casi el doble que la inflación en 2024. “No podemos permitir que casi un millón de personas en su mayoría de edad avanzada y con enfermedades en tratamiento se vean obligados abandonar las prepagas”, opina Regazzoni. “Las prepagas son empresas a quienes hay que darles libertad para trabajar y agregar valor, pero es indispensable un seguro nacional solidario para los tratamientos de alto costo, las prestaciones para la discapacidad y la atención de la salud de los mayores”, agrega.

El Gobierno además está interviniendo obras sociales que en realidad eran sello de goma para cobrar del Estado. También están dando de baja 112 prepagas y otros prestados privados de salud que estaba en un registro: ya intimaron a 58 y sólo dos respondieron que realmente operaban. En este caso, no recibían fondos estatales. La medida obedece a un ordenamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud para detectar a quiénes debe auditar y a quiénes no porque no existen.

Fuentes: Red Eco Alternativo, Anred, Prensa Fesprosa, Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Diario AR, Página/12

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