El ajuste de Javier Milei llegó a los medicamentos para niños con cáncer. La Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un amparo judicial con el objetivo de que el Gobierno otorgue la medicación correspondiente a menores que padecen enfermedades de alta complejidad -incluidos tratamientos oncológicos-, debido a que la entrega está interrumpida desde hace meses.
Esta decisión se tomó en el marco de la medida cautelar del 30 de diciembre emitida por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, en la cual obligaba a la Dadse a la entrega urgente de los medicamentos que tenían retenidos, argumentando que se estaban realizando “auditorías”.
Según un comunicado de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa-CTA), las demoras ocasionadas generaron la muerte de 60 personas durante el año pasado, al verse interrumpidos sus tratamientos.
La apelación al fallo del juez Dos Santos, presentada por el abogado del ministerio de Salud el 3 de enero pasado, intenta voltear el fallo de primera instancia a través de dos ejes argumentales.
El primero es que las asociaciones de pacientes no tienen legitimación activa para sostener un amparo. “Este argumento es de una crueldad extrema, como buena parte de las acciones de este gobierno. Todos los pacientes que tramitan sus medicamentos en la Dirección tienen la doble vulnerabilidad de ser pobres (no cuentan con ninguna cobertura formal de la seguridad social) y, a la vez, de estar enfermos”, señala el comunicado de Fesprosa.
El segundo eje argumental que presentaron es que el ministerio de Salud de la Nación no es el garante constitucional del derecho a la salud, sino que se autoerige como coordinador operativo y pone en manos de las provincias el conjunto de las medidas para garantizar el derecho a la salud.
“Esto ya lo viene haciendo en los hechos con la disolución de programas de prevención en salud, con el recorte de las transferencias a las provincias y la intención públicamente manifestada de transferirles todos los establecimientos sanitarios”, sostiene la federación sindical. “Así, va a exigir como paso previo a la resolución de un trámite en la ahora Dinadic el rechazo conformado de la jurisdicción provincial, lo que alarga el trámite y provoca una nueva dificultad en el acceso”.
“La apelación y los argumentos de la misma, sumado al empeoramiento de los trámites burocráticos, expresan con claridad que este gobierno busca liquidar derechos, entre ellos el derecho a la salud y la vida de miles de argentinos y argentinas”, concluye el texto de Fesprosa, que exige el cumplimiento inmediato del fallo judicial del 30 de diciembre del año pasado.
Salida de la OMS: siguiendo los pasos de Trump
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) denunciaron que la decisión del presidente Javier Milei de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “una decisión criminal que atenta contra la vida y la salud de las y los argentinos”.
La decisión se toma poco después de que “su mandante a nivel internacional”, el presidente Trump, decidiera no solo abandonar la OMS, sino también cortar la financiación para centenares de organizaciones que ayudan en situaciones de emergencia a los países más pobres, apuntaron desde la organización gremial.
Se trata de “una decisión política que no tiene fundamento técnico alguno y que va en consonancia con la destrucción del ministerio de Salud de la Nación”, aseguraron. “La filosofía libertaria o anarcocapitalista, que está detrás de estas decisiones, es convertir al mundo en su conjunto, y a nuestro país en particular, en una selva donde el Estado sólo sirva para garantizar la seguridad y la ganancia de los poderosos”.
“Esta destrucción del Estado desde adentro que implican los centenares de despidos en el Ministerio de Salud, en el Hospital Bonaparte, en el Posadas, en el Sommer y en el Instituto de Oncología se refleja ahora en la política internacional”, remarcaron desde la Fesprosa, “abandonando una organización que, aún con las críticas que justamente se le puedan hacer, garantiza un piso mínimo de acuerdos a nivel internacional sobre los temas sanitarios imprescindibles en épocas de pandemias”.
Por eso, las y los profesionales de la salud alertaron que “El ‘sálvese quien pueda’ va a significar, a nivel internacional, que Argentina va a salir, por ejemplo, de los organismos que garantizan un piso mínimo de distribución de insumos en los casos de emergencia sanitaria internacional”.
“Va a abandonar el seguimiento de la aplicación del régimen sanitario internacional. Los expertos argentinos no van a poder participar de los intercambios imprescindibles con sanitaristas de otras latitudes a los efectos de analizar y mitigar enfermedades, y toda financiación que venga de manera directa o indirecta a través de la OMS para la compra de insumos sanitarios también se va a ver recortada”.
Todo apunta a un modelo de absoluta desigualdad, con una élite que va a poder garantizar su integridad y su salud, y grandes mayorías expulsadas.
“Si a eso le sumamos la disolución y las cesantías en las direcciones de seguimiento de vacunas y de enfermedades infecciosas y la destrucción del plan de prevención del embarazo adolescente, vemos a dónde lleva la filosofía del gobierno libertario: a que cada uno se arregle con su salud como pueda. Por ende, solo podrán acceder a los cuidados sanitarios aquellos que tengan los recursos económicos para ello”.
Para concluir, desde la Fesprosa reclamaron: “Exigimos de manera inmediata a todas las fuerzas sociales y políticas, en particular al Poder Legislativo, a que impulsen la derogación inmediata de las resoluciones presidenciales que llevan al abandono de la Organización Mundial de la Salud”.
El gobierno confirmó el primer caso de sarampión en lo que va del año
Tras la confirmación del primer caso de sarampión en Argentina en lo que va de 2025, los especialistas piden completar los esquemas de vacunación para prevenir posibles brotes. A pesar de que hasta ahora se trata de un hecho aislado (el país eliminó la circulación endémica hace 25 años), las autoridades sanitarias ya emitieron una alerta epidemiológica. En este sentido, la inoculación es clave: de los 11 casos registrados en 2024, ninguno tenía la cobertura correspondiente. De hecho, las últimas estadísticas confirman que la primera vacuna para prevenir la circulación del virus tiene una cobertura total del 81 %, lejos del 90 % sugerido. En este aspecto, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan los peores índices con 72 y 66 % respectivamente. Por su parte, menos del 55 % de los menores tienen la dosis de refuerzo que se aplica a los cinco años.
“El sarampión es un virus que produce una enfermedad que afecta al sistema nervioso y tiene una tasa de mortalidad muy alta, sobre todo en niños y niñas. No solo que la vacunación está estancada, sino que en muchas regiones disminuye la cobertura. Esto implica que, cuando una persona con sarampión llegue al territorio y encuentre otras que no están protegidas, podrá transmitirles el virus y generar un brote”, destaca Mario Lozano, virólogo del Conicet y docente de la UNQ, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
En octubre de 2024, Unicef criticó la hoja de ruta del presupuesto 2025 porque establecía recortes en el área de niñez y adolescencia al tiempo que reducía entre un 25 y 35 % los fondos del Programa Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, orientado a la compra y distribución de vacunas. En esta línea, a mediados de enero, la Sociedad Argentina de Infectología solicitó una reunión con el ministro de Salud por el mismo motivo, a lo que el gobierno nacional aseguró que el Calendario Nacional de Vacunación “está garantizado” y que los rumores “buscan sembrar miedo en la población”.
A nivel mundial, las estadísticas también son preocupantes. Un informe elaborado por la Unicef y la OMS advierte que los niveles de vacunación infantil a nivel mundial en 2023 se encontraron por debajo de las cifras previas a la pandemia. Así, hubo 2,7 millones más de niños y niñas sin inocular o sin recibir la totalidad de las dosis en comparación con las estadísticas anteriores a 2019.
El sarampión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona (aunque es más común en niños y niñas) y provocar la muerte. Este virus, que se transmite cuando alguien infectado respira, tose o estornuda, afecta las vías respiratorias y luego se propaga por todo el cuerpo. En este sentido, algunos de sus síntomas son fiebre alta, tos y erupción cutánea.
Antes de que se introdujera la vacuna contra el sarampión en 1963, cada dos o tres años se producían epidemias que causaban alrededor de 2,6 millones de muertes anuales. A pesar de que las cifras cayeron de forma considerable, la Organización Mundial de la Salud estima que murieron más de 107.000 personas a causa del sarampión en 2023.
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer: privatización, flexibilización y precarización laboral
En el Hospital Nacional Sommer se está llevando adelante un vaciamiento total. Así lo denuncian los trabajadores, muchos de ellos recibieron los telegramas de no renovación de contrato el 14 de enero de este año. Al principio, se trataba de unos 120 despidos a trabajadorxs del Hospital Sommer, ubicado en el partido de Gral. Rodríguez, pero ese número crece. Este vaciamiento se enmarca en la motosierra que el gobierno de Milei viene aplicando en general y a la salud pública en particular, que afecta no solo lxs trabajadorxs sino a toda la comunidad que allí se atiende. Muchos de los servicios y atenciones allí solicitadas ya no tienen trabajadores que los brinden.
Difundimos un comunicado firmado por los trabajadores de la salud en lucha
En un contexto de profundización de la pobreza y desocupación, la salud pública es atacada para desmantelarla y privatizarla con la misma impronta de los 90. Se está construyendo el discurso que lxs trabajadorxs (aquellos que no tuvieron vacaciones, «los héroes» durante la Pandemia) ahora resulta que son “ñoquis”.
Este discurso, conveniente para el gobierno y sus amigos, los empresarios, es sostenido desde el nunca extinguido argumento que lo privado es mejor, y lo público no funciona o funciona mal (ineficaz o ineficiente); el argumento que diagramaron en plena dictadura cívico-eclesiástica-militar y destruyó todo aquello que sea estatal y público para luego en los 90 justificar las privatizaciones y flexibilidad laboral. Instalan la idea de «productividad» y mal gasto de los recursos de todxs los argentinos.
¡Qué casualidad!, lo mismo intentaron hacer con las Universidades Nacionales.
El 14 de enero en el Hospital Dr. Baldomero Sommer le llegó a 120 trabajadorxs la comunicación de no renovación de los contratos, comunicación firmada por el director de este Hospital, Dr. Cerneaz; cabe aclarar que hace casi 30 años no hay pases a planta permanente (precarización laboral e inestabilidad laboral de lxs trabajadores).
Esto no se puede considerar despido porque está comprobado que muchos de lxs trabajadorxs tienen 20 años de antigüedad en el Hospital. Los burócratas que designaron para la tarea de gestionar el Sommer, son Cerneaz (Dirección principal), Pirozzo (Dirección de atención médica y tratamiento), Milan (dirección de estudios diagnóstico y servicios técnicos) y Morales (Dirección Administrativa contable), este último, ya «expulsado» del cargo por irregularidades en diferentes contrataciones e irregularidades en los diseños de las diferentes licitaciones públicas para los servicios tercerizados (¿Negociados turbios?).
Ante los despidos no reconocidos como tal, hay sobradas muestras que una comunicación por el sistema electrónico GDE no puede ser tomada como despido. Pero el 14 de enero fue solo uno de los desenlaces que dejaron más luego a 150 familias sin ingresos.
Este accionar viene a profundizar las medidas de privatización y flexibilización laboral porque con la tercerización de algunos servicios del hospital en manos privadas, el fantasma de la privatización siempre estuvo.
Finalmente no es casual que trágicamente y enfrentando a pobres contra pobres actualmente en el mismo Hospital están contratando como monotributo a nuevos empleados (contratos LOyDS); y esto hablamos de la tan conocida flexibilización laboral de los 90, primera vez en la historia que sucede en hospitales nacionales aunque tampoco era que los contratos daban garantías, pero el monotributo des responsabiliza al Ministerio de Salud de Nación y Organismos estatales Nacionales de derechos básicos adquiridos como aguinaldo y vacaciones, por ejemplo, las obligaciones del empleador. Hablamos entonces de la profundización de las medidas que iniciaron con el Neoliberalismo: privatización, flexibilización laboral, descentralización y políticas focalizadas.
Vaciar el sistema de salud pública para privatizarlo
Hablamos de privatización porque el objetivo principal no es solo vaciar los hospitales, es destruirlos voluntariamente para luego tercerizar varios sectores (servicios, que ya privatizaron/tercerizaron en los 90, con el menemismo) como diagnóstico de imagen, urgencias, UTIM entre otros para beneficiar a sus mismos amigos empresarios. Con licitaciones de empresas «amigas» de ellos (muchas veces fantasmas, o con los pliegos «arreglados» para el futuro «diezmo»). Y por esto anteriormente dicho, dejando la atención de la salud en manos privadas, obligando a la clase trabajadora a sacar de su bolsillo para pagar la atención, con grandes consecuencias en la salud de la clase trabajadora (acumulación por despojo, dice algún intelectual), básicamente muertes por causas evitables, o por la desposesión del acceso a la salud pública y gratuita, y universal.
La otra cara de la privatización es cuando el Estado subvenciona a los privados, no olvidemos que en Gral. Rodríguez se está construyendo una clínica privada de Swiss Medical y que el Estado ha incidido en la «privatización encubierta» de las Obras Sociales devenidas en los negocios de los gremios/sindicatos. Ya conocemos que en estos casos bajo el discurso de: «no hay plata», es para lo público; porque estamos seguros de que el privado con lógica capitalista va a cobrar sumas millonarias por servicios inferiores o ineficientes (porque solo persiguen la lógica del negocio y la mercantilización de la salud).
Los Sindicatos, la plancha y el dejar que todo pase. Paro General Urgente
Por otro lado, no es novedad el silencio de los sindicatos UPCN y ATE (Verde) que siendo que sus trabajadorxs aportaron durante años no han llamado al paro ni a la movilización y ni siquiera un pasacalle denunciando tremendas consecuencias; para lxs trabajadorxs y la salud pública. Ni hablar de convocatoria a Asamblea, ni siquiera direccionar el conflicto. Solo dicen: «vamos a generar un canal de diálogo, primero con la dirección del Sommer y luego con el ministerio de Salud»; «Ahora son 150, pero sabemos que pueden ser 400», «No podemos hacer nada. Ni tampoco prometerles nada. Solo vamos a intentar salvar a algunxs de nuestros afiliados…». Sindicatos que pasan los gobiernos y son los mismos de siempre en el mismo lugar. Incluso nunca se llamó a asamblea para escuchar a lxs 150 despedidos, y tampoco la van a convocar.
NO es Causalidad. Se fue gestando desde los 90 y profundizando hasta la actualidad. Algo del contexto histórico:
El fantasma del neoliberalismo sigue dando vueltas alrededor nuestro. El Capitalismo ha adquirido nuevas formas de acumulación. Algunos hablan de «Despojo» y «acumulación por desposesión». El Capital desde el último cuarto del siglo XX y hasta la actualidad; ha experimentado su voracidad por diferentes regiones del mundo, y en Argentina tuvo su apogeo con la dictadura del 76, en los 90 menemistas. Pérez Esquivel dice que: «en Argentina en los 90 se privatizó todo, menos tres cosas; el perro, el gato y loro. El resto se privatizó todo». Le hicieron creer a la sociedad que el verdadero demonio era el Estado y los ángeles salvadores venían de mano de las corporaciones y las privatizaciones» (Los amos del mundo).
El bloque histórico hegemónico sigue vigente. […] La mera descripción de los integrantes del nuevo bloque histórico es impresionante: el complejo agroexportador, la mayoría de la gran industria ya consolidada, el sector financiero, los organismos multilaterales de crédito, la embajada estadounidense, la porción más importante de los dueños de los sindicatos que hoy conducen la silenciosa CGT […] Y que hoy mantiene una “impasibilidad táctica” frente a la cotidiana pérdida de derechos de los trabajadores–, el grueso de la llamada “familia judicial” y, por supuesto, los oligopolios mediáticos.
«Dónde hay un programa de ajuste del FMI, estás condenado a la miseria y es despojo. Todos los servicios públicos (salud y educación, por ejemplo) son objetos de mercantilización y de negocios favorables a los grandes grupos inversores y las empresas multinacionales». Y luego en la primavera de la década ganada, quizás la ilusión de muchxs de haber «reconquistado derechos»; para pasar por el macrismo y luego llegar a nuestros días con el experimento de Milei.
Esta es una lucha de la clase trabajadora, por la salud pública y para recuperar los puestos de trabajo y el pase a planta permanente. El bloque histórico hegemónico dominante, está midiendo fuerzas. Mientras desmantela los Hospitales públicos Nacionales, envían a tratamiento de ley los proyectos de Reforma jubilatoria y la Reforma Laboral.
Y muchxs traidores elegidos para defender y representar los derechos del pueblo, van a entregar a lxs trabajadorxs. Como nos están entregando ahora siendo cómplices, los que deberían defendernos.
Es urgente un PARO GENERAL. Defendamos los Hospitales públicos Nacionales.
Luchemos y defendamos al Hospital Sommer y al Bonaparte. Y también al Posadas, el Dr. Carrillo (ex Montes de Oca), al Hospital Cuenca y demás.
Firma: Trabajadorxs de la Salud en Lucha. Enero 2025.
Después de la universitaria y la antifascista, desde el Garrahan proponen una Gran Marcha Federal de Salud
Por Guillermo Lavecchia
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Este miércoles el Gobierno declaró la salida de Argentina de la OMS, lo que implica menor acceso a vacunas y medicamentos caros; aislamiento para el Incucai y Malbrán; recorte de fondos en enfermedades transmisibles y no asistencia internacional ante emergencias por catástrofes naturales.
Además de consecuencias sanitarias, de seguimiento de brotes y de promoción de transferencia de tecnología, costaría dinero: no se podrían comprar vacunas y tratamientos para VIH a través de su fondo rotatorio, que abarata muchísimo los costos.
Este anuncio llega en medio de una grave crisis de la salud pública: cientos de despidos que ponen en situación crítica la atención de áreas claves como VIH/Tuberculosis, Enfermedades Inmunoprevenibles o Vacunas. El desmantelamiento del Hospital Bonaparte, el ajuste en el Posadas, la falta de envíos de fondos a las provincias, y la desregulación de prepagas y medicamentos que elevó enormemente los precios. Miles de personas apelan al sistema público, el cual a su vez se ve explotado y sin recursos.
La propuesta del Garrahan
El Garrahan es uno de los centros que viene sufriendo el ataque oficial, con falta de inversión y negación a los reclamos de las y los profesionales de la salud por aumentos salariales. En ese marco es que la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Norma Lezana, convocó a realizar la Tercera Gran Marcha contra las políticas del presidente Javier Milei, una marcha nacional en defensa de la salud, contra «este plan de muerte».
La licenciada Lezana convocó a esta medida masiva en defensa de la salud pública argentina durante un nuevo «abrazo» simbólico al Ministerio de Salud de la Nación, en protesta por los más de 360 despidos en el área de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis, entre otras áreas, donde quienes protestaban recibieron ataques por parte de los efectivos policiales.
«No podemos seguir con luchas sectoriales. Necesitamos una medida masiva, como la de las universidades o la marcha de las diversidades, porque solo así podremos resistir este plan de muerte», sostuvo.
Lezana, quien lidera la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), denunció que el gobierno del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, continúan con un plan que «destruye directamente» al hospital pediátrico de referencia en Argentina, mediante recortes salariales y despidos que afectaron a cientos de trabajadores altamente capacitados.
Lucha contra el desmantelamiento
«Estamos luchando desde 2024 contra este plan que busca desmantelar el Garrahan, precarizar a sus trabajadores y recortar programas esenciales como el de VIH, que son vitales para la salud de la población», afirmó Lezana.
Lezana también criticó la inacción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y llamó a construir una resistencia desde las bases, en conjunto con otras organizaciones de salud, sindicatos independientes y sociedades científicas. «Hemos tejido una red durante 2024 que incluye a pacientes, trabajadores y organizaciones sociales. Ahora debemos juntarnos para decidir colectivamente el siguiente paso», afirmó.
Los despidos, que afectaron a un 40% del personal de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis, generaron alarma entre las organizaciones de pacientes y profesionales, quienes advierten sobre el impacto directo en la atención de enfermedades de alta complejidad.
Durante el abrazo al Ministerio de Salud reprimen a trabajadores despedidos
Por Gabriela Figueroa
La Policía avanzó para impedir el abrazo al Ministerio de Salud, donde más de 360 trabajadoras y trabajadores quedaron sin empleo el pasado 31 de enero. Se redujo un 40% la dotación de personal de la Dirección de respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis. El área de vacunación, entre las más afectadas.
Según relataron integrantes de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Policía Federal desplegó un operativo con agentes de a pie, de la Policía Motorizada y camiones hidrantes para impedir la protesta de trabajadoras y trabajadores despedidos del Ministerio de Salud.
“Palazos y patadas por parte de la policía. Camiones hidrantes y motos”, denunció una trabajadora despedida desde el lugar, quien expresó que hubo corridas y tuvieron que subirse a la plazoleta lindante ya que las fuerzas federales exigieron el cumplimiento del protocolo “antipiquetes” de Seguridad Patricia Bullrich.
Más de 360 trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación fueron despedidos el 31 de enero pasado. La política de la motosierra libertaria desmanteló áreas sensibles de la salud pública, como la Dirección de respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis que vio reducida en un 40 % la dotación de personal. Este grave vaciamiento implementado por el ministro Mario Iván Lugones fue denunciado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Capital, que el martes 4 a las 11:00 realizó un abrazo al edificio ubicado en Avenida 9 de Julio y Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.
Desmantelamiento de políticas prioritarias
“Vamos a realizar un abrazo al Ministerio frente a la situación de los cientos de despedidos que tiene esta cartera, sobre todo en la dirección de VIH, en donde se asisten las Emergencias Sanitarias, en la Dirección de Vacunas, en Medicamentos”, había comentado a Tiempo Camila, delegada de ATE Salud. La trabajadora contó que los despidos alcanzaron también a otras áreas como Zoonosis y Vectores. “Son todas áreas fundamentales para la salud en general, no solamente del subsistema público de salud. También estamos hablando de cientos de puestos de trabajo y de familias que se quedarían sin empleo”, aseveró.
El comunicado de prensa de ATE Capital señaló la responsabilidad de Lugones y destacó que las políticas más afectadas son aquellas destinadas a garantizar la vacunación de toda la población y la provisión de tratamientos contra VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra. Asimismo, manifestó que se produjo una grave afectación a la distribución de medicamentos en hospitales de todo el país, la presencia territorial para atender catástrofes tales como incendios o inundaciones, y la prevención y control de enfermedades transmitidas de animales a humanos.
“Como una continuidad de la política de crueldad que viene implementando Javier Milei, cuya gestión el año pasado cortó tratamientos contra el cáncer, y provocó la muerte de decenas de personas, el Gobierno Nacional avanza sobre el acceso a la salud, poniendo en riesgo a todes, al recortar con despidos las políticas públicas que con compromiso y esfuerzo sostienen trabajadores precarizados, cuyos contratos se renovaron cada tres meses durante 2024”, aseveró el comunicado.
Idóneos pero despedidos
Ate manifestó que cada persona despedida cumple funciones esenciales para que los insumos lleguen a cada rincón del país. “Esta medida pone en peligro su implementación y vulnera directamente las vidas de sus habitantes”, apuntó el comunicado. Cabe mencionar que, según informó el gremio, la mayoría de quienes fueron despedidos ya habían rendido y aprobado el examen de idoneidad impuesto por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y aun así fueron desvinculados.
“Estos despidos no son solo cientos de trabajadores menos: son vidas amenazadas por un Estado que busca servir a una lógica de mercado, es el arrasamiento de un sistema de salud históricamente castigado, que sobrevive gracias al compromiso y la dedicación de personas como las que desde hoy ven amenazada la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa”, aseguró el comunicado.
Fuentes: Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, Indymedia Trabajadoras/es
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