Principales conflictos hídricos en Argentina

En 2025, el enfoque está puesto en el papel fundamental de los glaciares en el ciclo del agua y en los desafíos que enfrenta el mundo debido al cambio climático. Este año, el lema central es «Salvemos nuestros glaciares», destacando la urgencia de su conservación para garantizar el abastecimiento de agua dulce. La preservación y cuidado de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, sea de ríos, lagos, mares y océanos, glaciares, humedales y manantiales, o de acuíferos de diferente tipo, es fundamental para el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas, además de la provisión hídrica potable a las personas y sociedades de seres humanos en el planeta. El agua que se obtiene y utiliza precisa que se tenga cuidado en no contaminarla o extraerla en exceso, a riesgo de agotar la fuente de provisión de la misma y secar la tierra. Incide sobre el cambio climático; de ahí la importancia de reducir vertidos, las inundaciones, las sequías, la contaminación del agua y su escasez. Además de los gobiernos, instituciones, industrias y empresas nacionales y transnacionales, la conservación del agua es una responsabilidad de cada comunidad y de cada ciudadano. La minería irresponsable y los vertidos contaminantes son otra amenaza para los recursos hídricos.

A continuación, los principales conflictos hídricos en Argentina

Famatina: Cuarto Festival Puentes de Agua

Se desarrolló este fin de semana en el pueblo de La Rioja que echó a cinco mineras. Se trata de un encuentro organizado en forma autogestiva por defensores del agua y los territorios que tiene como objetivo intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar las diferentes problemáticas y pensar estrategias comunes de lucha.

Puentes de Agua es un espacio para que las diferentes asambleas y colectivos del país puedan poner en común estrategias de resistencia y existencias frente a un modelo de muerte.

Las ediciones anteriores de este Encuentro/Festival se desarrollaron en la localidad catamarqueña de Andalgalá junto a la Asamblea el Algarrobo; la segunda en la ciudad bonaerense de Cardales (Exaltación de la Cruz) junto al colectivo Exaltación Salud, y la tercera en el departamento sanjuanino de Jáchal con la Asamblea Jáchal No se Toca.

Esta cuarta edición se lleva adelante en Famatina, un pueblo que, junto a otros como Chilecito, logró impedir la instalación de cinco proyectos mineros de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold, Midais y Seargen.

Entre el sábado 22 y el lunes 24 de marzo se acercaron integrantes de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova VACHUG de Berisso Pcia. Bs As, Asamblea Por el monte Córdoba, Brigada Forestal Aromito de Salsipuedes Córdoba, Asamblea Mar libre de Petroleras de Mar del Plata, Radio Comunitaria La Revuelta de Mar del Plata, el Área de Salud y Ambiente del Frente Darío Santillán- Corriente Plurinacional. (Regional: abarca La Plata, Berisso, Ensenada y Florencio Varela), el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, la Asamblea No a la mina Esquel, el Centro Comunitario Yakacuaha de Moreno, la Asamblea Interbarrial de Parque Saavedra, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, Rebelión Científica Argentina, Exaltación Salud (Cardales), XR Argentina, Círculo Autónomo Feminista Cuarto Menguante Bs As, Asamblea Ancasti por la Vida, la Campaña fuera Mekorot, Asamblea Jáchal No se Toca, Colectivo Después de la Deriva, entre otras.

El Festival Puentes de Agua nació en 2022 como respuesta a las detenciones de Aldo Flores y Enzo Brizuela el 30 de mayo de 2022, con el objetivo de acompañar la lucha de la Asamblea El Algarrobo, de Catamarca. Como respuesta colectiva, más de 200 personas de distintos territorios nos convocamos entre el 22 y el 23 de octubre de 2022 en Andalgalá y Choya.

En enero de 2023, tres integrantes del colectivo de vecinas y vecinos Exaltación Salud fueron detenidxs por la policía al intentar desplegar una bandera que decía Basta de Cáncer / Paren de Fumigarnos durante el acto de inauguración de un Hospital Modular en Los Cardales en el que se encontraba el entonces presidente Alberto Fernández. Dos meses después, el 11 de marzo de 2023 hicieron el 2° Festival Puentes de Agua junto a las y los compañerxs de la Asamblea Exaltación Salud.

En 2024, la Asamblea Jáchal No Se Toca (San Juan) se encontraba en una campaña para reclamar por el avance de la causa por el derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada en la mina Veladero ocurrido en septiembre de 2015. Unos meses antes, integrantes de ese colectivo habían viajado con su reclamo a la Ciudad de Buenos Aires y ahí decidimos acompañarlos en su territorio con un Puentes de Agua que hicimos en marzo.

¿Por qué en Famatina este año?

En 2006, vecinos y vecinas del Departamento de Famatina se enteraron de que la empresa minera Barrick Gold pensaba instalarse en su territorio. Poco a poco comenzaron a informarse sobre lo que implicaba la megaminería y comprendieron que la Barrick se llevaría toda su agua.
A partir de allí comenzaron con acampes, muraleadas, panfleteadas y con toda esa fuerza colectiva lograron no sólo echar a la Barrick, sino también impedir otros cuatro intentos de instalación de mineras: la china Shandong Gold, la canadiente Osisko Mining, la salteña Midais y la riojana Seargen.

Festival en defensa del agua en Trelew

El 22 de marzo es el Día mundial del agua, mientras su disponibilidad está en peligro tanto por el cambio climático, como por el saqueo de los bienes comunes naturales. Es esencial, pero, cuando no la contamina, el extractivismo consume millones de litros diarios. Por esto, la Unión de Asambleas de Comunidades y la Comisión por la Memoria del Pueblo de Trelew organizaron, el sábado 22 de marzo desde las 15:00 en la Laguna Chiquichano, un festival en defensa del agua.

Hoy los gobiernos, el de Javier Milei y los gobernadores, como Ignacio Torres del PRo, o Raúl Jalil del PJ de Catamarca, elogian e impulsan políticas extractivistas, mostrando que no hay grieta en este punto en los partidos patronales.

“El agua vale más que el oro”, es una consigna que se repite desde hace años en Chubut y que se repite en distintos puntos del país. En la provincia, esa consiga tiene como bandera la defensa de la Ley 5001, amenazada por los intentos tanto del Pro de Ignacio Torres, como del PJ y la UCR de habilitar la megaminería contaminante en la provincia.

La defensa del agua contra la megaminería sigue vigente en la provincia, por eso ante las políticas extractivistas que impulsa Milei y Torres con el RIGI, que quiere habilitar la explotación de uranio, oro y plata, y otras formas de extractivismo como el fracking en el Golfo de San Jorge, y el hidrógeno verde es necesario movilizarse y ganar las calles como en diciembre de 2021 cuando derrotaron la megaminería de Arcioni y los Fernández.

Este 24 de marzo, activistas ambientales que vienen defendiendo en las calles los bienes comunes se volverán a movilizar porque la dictadura sigue vigente en la deuda externa que el gobierno de Javier Milei y los gobernadores quieren hacernos pagar con más saqueo y contaminación.

Denuncian la construcción de un barrio privado en la reserva de biósfera en San Fernando

Es un área sobre el Río Paraná, dentro del Delta, para la cual se comenzó con la canalización y desmonte de terrenos por parte de desarrolladores. La construcción incluye la creación de un complejo llamado “Ciudad Náutica” con más de 400 lotes que incluye un balneario, un parque náutico, un patio de comidas, instalaciones deportivas y otras iniciativas inmobiliarias.

La Reserva de biósfera Delta del Paraná, significa que la zona afectada es un humedal protegido, crucial para el ecosistema local. Esta condición fue designada por UNESCO en el año 2000 y se amplió en el año 2007. Hablamos de una zona ubicada en la segunda y tercera sección de las Islas del Delta Bonaerense, en la jurisdicción del Municipio de San Fernando.

La empresa responsable del proyecto se llama Desarrollos y tiene sus oficinas en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno. Son también propietarios del barrio privado náutico Albardón, en el Río Paraná de las Palmas y Arroyo Cuevas Grandes, en las islas de San Fernando, frente al puerto de Escobar.

Quienes habitan en esta zona están alarmados por la magnitud e impacto del proyecto, del cual hay incertidumbre sobre los permisos municipales y la respuesta y poca intervención de las autoridades.

Al día de hoy se están realizando trabajos con retroexcavadoras y maquinaria pesada. Lo que significa un alto impacto ambiental y la desaparición del humedal.

Vecinas y vecinos isleños autoconvocados se están movilizando por este tema y por eso convocan a firmar una petición (https://chng.it/Q5jXZnRx4J). Buscan generar conciencia y acción además de buscar apoyo y asesoramiento para detener o modificar el proyecto.

Tigre: El Guazú Nambi está en peligro

Por Ernestina Arias

En Tigre vecinas y vecinos denuncian que se sigue destruyendo el humedal con el aval del municipio, que permite el avance inmobiliario sobre el barrio y el arroyo Guazú Nambi. En octubre de 2024 sufrieron los primeros embates sobre el territorio de forma ilegal sin haber sido consultados y sin que se haya realizado el impacto ambiental pertinente. La Asamblea Isleña llevará a cabo el Festival El Río Es Memoria el próximo domingo 16 de marzo a partir de las 11:00 en la Estación Fluvial para visibilizar esta problemática, además de otras en el marco del mes de la Memoria, Verdad y Justicia. A través de la voz de una vecina describimos la lucha que realizan cada día.

Vivir en el Guazú Nambí

Maru vive en la isla desde hace 20 años y desde el primer día que se mudaron con su compañero Daniel usan el arroyo Guazú Nambí para poder cruzar todos los días, es el punto más cercano con el continente. “Está muy cerquita de mi casa –relata– nosotros estamos sobre el río Luján y del lado de enfrente tenemos el continente. Vamos remando ahí hasta el Guazú Nambí que son 5 o 10 minutos. El arroyo entra justo a un barrio que lleva el mismo nombre se llama Parque Guazú Nambí, es un barrio popular, donde viven 200 familias, capaz que un poquito más.”

Hasta hace muy poco el barrio no tenía agua potable, Maru describe que el barrio se manejaba con el aguatero: “venía el camión y traía el agua, quien tenía tanque en su casa se los cargaba y el que no, teníamos tanques en la calle y de ahí se abastecían. Muchos de la isla nos abastecemos de esa manera, aparte de cruzarnos para ir a trabajar, para llevar a los niños y niñas al colegio, que algunos no van a la isla, esa era la manera, comprar nuestros víveres y demás cosas. Hará un par de años llegó el agua corriente y para nosotros sigue siendo nuestro lugar de abastecimiento, en la isla no tenemos agua potable. En pandemia AySA empezó a repartir agua por los muelles, estaba muy bueno, pero con este gobierno nefasto que tenemos de Milei nos cortaron absolutamente todo, no hay plata para nada así que nos quedamos otra vez sin el suministro de agua potable, el reparto que nos daban. Así que seguimos abasteciéndonos ahí en Guazú Nambí.”

“Somos varios los vecinos que usamos ese arroyo, muchos que vivimos sobre el Luján, el arroyo Caraguatá desemboca justo de la mano de enfrente del Guazú Nambí, también vienen muchos vecinos del arroyo Carapachay que está mucho más arriba, es la manera que tienen de cortar camino. Acá no vivimos todos tan cerca, pero al vivir en la isla uno dice vecino, es mi vecino, por más que esté más lejos. En el Espera, un vecino sí tiene que venir por la estación fluvial tarda más o menos una hora en llegar a la casa, y usando este arroyo Guazú Nambí, viniendo desde el continente tarda 20 minutos. Así que es un punto estratégico que tenemos ahí”, refiere Maru.

Historia de un despojo   

Para ponernos en contexto de lo que ocurre ahora con el arroyo y el barrio Maru nos relata los orígenes. “De un lado del arroyo está el barrio Parque Guazú Nambí, y del otro lado el predio ex SOEVA, un predio que en sus comienzos se llamó Laura por el apellido de la familia que había comprado, era un recreo muy conocido. Después se lo venden a SOEVA, que es el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas. El recreo pasó a manos de SOEVA, durante la dictadura se la quedan los milicos y cuando vuelve la democracia, según lo que han contado los vecinos, lo empiezan a administrar en el gobierno de Menem. Nunca nadie paga nada, así que se lo va quedando el Estado hasta llegar a las manos de la municipalidad de Tigre. En el 2010, por decreto, Sergio Massa cede la calle principal que atraviesa el predio del ex SOEVA por la que entramos, que es la calle Sucre y sale a otra que se llama Dellepiane. En esa calle Dellepiane tenemos conexión directa a Ruta 27, que ahora la llaman Agustín García y estamos ahí nomás de Nordelta. Dellepiane es una de las pocas calles que está sin privatizar, que tiene salida al río Luján. Massa le cede esta calle Sucre a un privado, dos hermanos de nombre Súcari y otro socio llamado Sielecki, obligándolos a hacerse cargo de la realización de la nueva calle, cosa que no hicieron, tenían un tiempo para hacerlo y no lo hicieron. Y estos tipos los ponen como cuidadores honorarios de este predio y se lo terminan vendiendo en un valor muy mínimo. Pasaron los años y la única entrada que tiene el barrio es esa calle, que decimos está cedida ilegalmente porque quien tiene ese poder es el Concejo Deliberante y también tiene que estar aprobado por Provincia y pueden ser cedidas en caso de que sea una calle en desuso. Jamás fue una calle en desuso esa calle, se usa hace más de 60 años y es la única entrada que tiene el barrio.”

Ya más cerca en el tiempo Maru indica que “en octubre del 2024 un vecino del barrio comenta que iba a venir gente de la municipalidad, que los predios estaban vendidos. Nos enteramos de una reunión de un día para el otro, en un horario que quien labura es medio imposible. Algunos vecinos del barrio pudieron asistir y otros de la isla. Cuando llegaron a la reunión estaba Mario Zamora, el hermano de Julio, el intendente. Se presentó como asesor del intendente, para contarnos que en muy poquito tiempo arrancaban con la obra de la nueva calle, porque la calle Sucre ya estaba cedida, vendida, que no la íbamos a poder utilizar más e iban a cerrar la calle y a sacar el puente que es el que usamos, un puentecito que atraviesa el Guazú Nambí y pasas de un lado del barrio para el predio de SOEVA.” Ante la primera pregunta de vecinos por el arroyo Mario Zamora titubea y admite que van a hacer un barrio privado, confirma Maru. “A la gente más que nada le interesaba qué era lo que iban a construir ahí. Primero dijo que torres, de dos, tres pisos, después terminó diciendo de seis, que el barrio tenía un espejo de agua, y nosotros sabemos que al tener al monstruo este Nordelta muy cerquita, está casi toda la costa de Luján privatizada. Este es uno de los pocos lugares que queda sin privatizar. Nosotros donde estamos tendríamos que hacer una hora más de viaje para Villa La Ñata para poder cruzar o 45 minutos más o menos hasta la estación fluvial de Tigre, así que el resto está todo privatizado. Obviamente hay salidas al río Luján, pero son todas de barrios privados, ellos te dicen que hay amarras de cortesía que se pueden usar y todo, pero es mentira. Vos llegas ahí con tu bote y obviamente no hay gente que quiera convivir con otros vecinos de islas, así que es mentira y no nos dejan utilizar esas entradas.”

Organización

Frente a tal situación no quedaba otra alternativa que organizarse, sostiene Maru y relata las formas que encontraron para hacerlo. “Nos unimos con los vecinos del barrio Parque Guazú Nambí y empezamos a hacer asambleas, empezamos a averiguar, hicimos presentaciones en la municipalidad para que nos digan realmente qué era lo que iban a hacer ahí en el predio. La municipalidad no nos daba demasiada información, así que sentimos todo el tiempo que estaba del lado del privado. Pasaron 3 o 4 días y llegó una retroexcavadora que desmontó una parte del predio, gente con misma ropa de la municipalidad y empezaron con motosierra en mano a talar árboles. Todo esto sin un cartel de obra sin absolutamente, un permiso de nada y sabiendo que los vecinos ya estábamos en pie de guerra contra esto porque no hubo una audiencia pública, no nos dijeron qué van a hacer, no sabemos si van a elevar un montón los terrenos como sabemos que hacen por arriba de los 4 metros, si se iba a inundar el barrio, si se iban a quedar con el arroyo, que es el que utilizamos la gente de la isla. Tenemos todo documentado en videos, en fotos, subimos a redes haciendo todo el tiempo denuncias a la municipalidad. Mucho perjudicado y poco beneficiado, obviamente los de mayor poder adquisitivo al nuestro eran los que iban a estar beneficiados y este grupo de privados. La   municipalidad nunca nos dio bola.

Logramos una medida cautelar, la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado nos dio 90 días y en esos 90 días hicimos varios cortes en Ruta 27 en Nordelta informando a la gente, a algún que otro barrio de alrededor que tenemos, informándole a mucha más gente de la isla y haciendo presentaciones en la municipalidad, hasta que nos enteramos de que lo que quieren hacer es la continuación de un barrio que está dentro de Nordelta que se llama Puerto Escondido. Lo que ellos quieren hacer es la ampliación de ese barrio. Y no tienen solamente el predio del ex SOEVA, sino que ya tienen comprado un montón de terrenos. No sabemos en qué circunstancias, obviamente, pero dentro de ese predio está una parte de la calle Dellepiane, que creemos que también se la van a quedar, por ende, termina quedando la calle pública sin acceso para la gente que viene a pescar, es la única parte que quedó pública con acceso al río Luján. Antes de que se venza la cautelar se presentó otra vez en la justicia el pedido de renovación, por suerte nos la concedieron y ahora tenemos 180 días hasta el 17 de agosto del 2025 esta medida de la cautelar. Luego la jueza se tuvo que declarar incompetente, entonces todo bajó acá a Fiscalía de Rincón y nos tocó por sorteo el Fiscal Jorge Sebastián Fitipaldi y el juez Orlando Díaz.

Yo pertenezco a Asamblea Isleña y la verdad que la asamblea fue el puntapié para poder activar con todo esto. Hicimos un montón de denuncias, fuimos a la a la Dirección Provincial de Islas (DPI), la verdad que se lavaron las manos, no nos dieron bola, nos dijeron que del lado del río Luján para el margen derecho ellos no tienen nada que ver. A partir de la investigación de la denuncia y el pedido de cautelar se desprendió el posible delito que es esta venta ilegal, por lo que seguimos, en pie de lucha. El arroyo lo seguimos usando, seguimos transitando, organizándonos con la asamblea isleña estamos ahí al pie del cañón. A pesar de que en un momento la gente del barrio pensó en que no hay manera, de que sí o sí esto se iba a hacer, de que es un hecho, esperando que el privado presente estudios de impacto ambiental, porque este barrio se puede inundar. Nosotros no creemos en firmar ningún contrato con el privado y creemos que podemos recuperar ese predio para algo para toda la comunidad,  ya bastante daño nos están haciendo Nordelta y un montón de otros barrios privados construyendo sobre el humedal y la verdad que este lugar es falla de inundación, también cuando hay mareas este lugar se inunda, el barrio, las casas están hechas en altura como en la isla, el predio es inundable, entonces creemos que si van a edificar ahí no hay manera de que no nos afecte. Ni hablar de quedarse otra vez con la costa pública, que es de todos y de todas, y de esta manera se queda solo para muy poca gente, la privatizan y no podés acceder, se van a terminar quedando con nuestro arroyo que, en caso de emergencia, de urgencia, estamos a un cruce del continente, es mucho más rápido poder llamar a la ambulancia que llega al continente y nos asista, que hacerlo por el río.

El futuro llegó hace rato

Entre las tantas formas de defender el lugar que habitan, las y los vecinos realizan festivales culturales con artistas locales en la Estación Fluvial de Tigre, como el próximo domingo 16 de marzo a partir de las 11:00, tal como cuenta Maru. “Este domingo hacemos un festival con la Asamblea, se va a llamar El Río es Memoria, obviamente en vísperas del 24 de marzo, y vamos a estar difundiendo todo este tema del Guazú Nambí. Tomamos como referencia al Guazú Nambí porque es casi el último lugar que queda, que no se comió Nordelta, esta gigantesca empresa que viene destruyendo todo, incluso a los carpinchos. Algunos vecinos de Nordelta se acercaron a las reuniones que teníamos en el barrio y contaron esta problemática: Nordelta te vende naturaleza y en realidad lo que hace es destruirla, hay gente que se ha ido a vivir ahí creyendo que iba a vivir en la naturaleza y en realidad ahora les están matando los carpinchos en la cara, los electrocutan, aparecen los carpinchos muertos, no les importa nada. De hecho, terminaron edificando sobre el humedal y por eso tenemos todos los problemas que tenemos ahora por eso.  Tigre cada vez se inunda más y queremos defender lo poco que queda de estas zonas, presentar un proyecto y hacer algo para la comunidad.

El Guazú Nambí tenía la forma como una especie de herradura que empezaba acá en Río Luján y desembocaba en el canal aliviador que es ahora la pista nacional de remo. Ahí está el canal aliviador y el puente de cemento que lo atraviesa se llama Guazú Nambí justamente porque el arroyo terminaba ahí. Cuando hacen el primer barrio privado de Tigre que se llama Santa María, pegado al barrio parque Guazú Nambí, rellenan una parte del arroyo y nos quedamos sin poder dar la vuelta como se podía hacer antes, todo esto contado por una de las vecinas más antiguas del barrio, pero era un arroyo navegable totalmente y ahora quedan unos 400 metros de arroyo nada más.

Si los dejamos avanzan y se terminan quedando con lo que queda del arroyo, vienen por eso vienen por nuestro territorio”, finaliza Maru.

“El Pantanillo no se toca”

El humedal El Pantanillo está en peligro por la presión inmobiliaria, que busca desmontar y construir en una zona protegida por la Ley de Bosques de Córdoba. Este ecosistema permite proteger a Carlos Paz de inundaciones ante las crecientes de los arroyos y lluvias abundantes.

Por los barrios Altos del Valle y Colinas, en el oeste de Villa Carlos Paz, Córdoba, pasa un arroyo llamado El Sauce. Su cauce termina desembocando en el Lago San Roque. En el camino de este arroyo existe un humedal conocido como El Pantanillo. La municipalidad, gobernada por la fuerza política “Carlos Paz Unido”, encargó y pagó en 2015 un informe hidrológico de El Sauce, complementado luego con un estudio geomorfológico de todo el oeste de la ciudad, realizado en 2020. La conclusión de dichos trabajos científicos es que la ciudad necesita preservar El Pantanillo y realizar obras de canalización para proteger la zona de inundaciones y escorrentías. Sin embargo, lejos de ocurrir esto, se promueve la urbanización de ese espacio en detrimento del humedal.

Toda historia de ataque al medio ambiente es una historia de corrupción que, generalmente, involucra a funcionarios públicos y a alguna empresa. En este caso, los funcionarios públicos son de Ejecutivo municipal –encabezado por Esteban Avilés–, los concejales del oficialismo y tres ediles de la “oposición”. La empresa que promueve la urbanización se llama Quattro Pilares.

Los humedales son esponjas y filtros de agua. Son una infraestructura natural donde el agua entra por un extremo y sale por el otro, más limpia y con un caudal más moderado. Otra manera de decir esto es: uno de los servicios ambientales de los humedales es la regulación hídrica. Ante crecidas y lluvias torrenciales, los humedales actúan como protección contra inundaciones. Por eso, El Pantanillo es una infraestructura natural que defiende la vida de los vecinos.

El último episodio de traición de los gobernantes de Carlos Paz a su comunidad ocurrió el 16 de enero pasado. En plena temporada turística, y con violaciones a su propio reglamento, el Concejo de Representantes aprobó en tiempo récord una ordenanza que permite el cambio de uso del suelo en la zona del humedal, donde Quattro Pilares tiene sus intereses.

Recientemente, la Secretaría de Ambiente de la provincia respondió a una solicitud de información pública tramitada por la abogada Marcela Fernández, vecina de la ciudad. La información obtenida revela que el predio se encuentra dentro de la Categoría II de conservación de la Ley de Bosques de la provincia (N° 9814). ¿Qué significa esto? Que allí no se puede urbanizar.

La Categoría II (amarillo) incluye a “sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación”.

La municipalidad tiene la potestad de cambiar el uso del suelo, excepto cuando está en contradicción con una ley de orden público, como la Ley de Bosques. Si la municipalidad continúa permitiendo el avance de este proyecto, los funcionarios que lo autoricen podrán ser investigados por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Como le pasó a Raúl Costa, ex Secretario de Ambiente de la provincia, condenado en 2023 por incumplir normativa ambiental.

Ahora los vecinos vamos por la derogación de la ordenanza Nº 7178/2025, que dictó el cambió de uso del suelo y pone en riesgo a El Pantanillo.

Negocios inmobiliarios y complicidad gubernamental en Carlos Paz

Quattro Pilares es una empresa con contactos en el poder político local y provincial, con un proyecto de urbanización sobre el arroyo y el humedal. Sus dueños compraron un terreno de 22 hectáreas a precio irrisorio frente al barrio Altos del Valle. En 2018, comenzaron el desmonte sin ninguna autorización. Dichos desmontes fueron parados porque los vecinos llamaron a la Policía Ambiental de la Provincia, que ordenó el cese. Pero, en 2020, en plena cuarentena, Quattro Pilares volvió a la carga con el desmonte. En esa oportunidad, la Policía Ambiental ni siquiera se hizo presente.

Tras el desmonte, construyeron una hormigonera e impactaron El Pantanillo con rellenos de cemento. Las autoridades municipales estaban anoticiadas de todo esto, pero decidieron ignorar las recomendaciones científicas hechas para proteger los intereses de la comunidad y priorizar los intereses particulares de una empresa. En ese marco, sancionó la ordenanza que habilita las edificaciones.

Al mismo tiempo, la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) emitió una extraña cédula de notificación donde se borra el cauce del arroyo El Sauce de su cartografía. Esto también beneficia la aprobación de la nueva zonificación para posibles proyectos privados. Lo cual revela una cooperación entre el gobierno municipal y el gobierno provincial para aprobar este proyecto con una apariencia de legalidad.

La defensa de esta ordenanza, que hacen tanto los representantes de la empresa como los concejales, es la misma: este proyecto es “progreso” para la ciudad, se hace para responder a necesidades de los vecinos, y los únicos que se oponen son “ambientalistas dogmáticos” y contrarios al progreso.

Sin embargo, los hechos desmienten este discurso. Si este fuera un proyecto que responde a intereses comunitarios, entonces no estaría en contradicción con las recomendaciones científicas ni con la Ley de Bosques de Córdoba. Tampoco se hubiera necesitado de maniobras dudosas para aprobar la ordenanza, como apurar la votación dentro del Consejo de Planificación, ignorar el llamado al Foro Urbano Ambiental para escuchar la opinión de la población, hacer cambios entre la primera lectura y la audiencia pública, y establecer dicha audiencia a las 4 de la tarde en un día de más de 35 grados.

Por último: Carlos Paz tiene un Defensor del Pueblo electo por voto popular, Víctor Curvino, que no estuvo presente en la audiencia pública realizar el 14 de enero pasado. Recién el día 6 de marzo recibió a los vecinos. Prometió una respuesta formal dentro de dos semanas, plazo que no cumplió.

Si destruyen el humedal El Pantanillo, nuestras vidas están en peligro

El arroyo El Sauce ha tenido crecidas y el oeste de la ciudad ha pasado por lluvias torrenciales. El resultado de esto han sido inundaciones de calles e incluso de casas. Crecientes que hubieran sido muchísimo peores sin la presencia del humedal, incluso dañado como está. Por ejemplo, la crecida del 2014 que destrozó dos casas y donde hubo que evacuar a más de 30 personas.

Si permitimos que Quattro Pilares, en connivencia con quienes nos gobiernan, asesinen al humedal, entonces las inundaciones posteriores a la obra pueden llegar a costar millones en daños a la propiedad de los vecinos y a la propiedad pública. Incluso correrán riesgo vidas humanas.

“En el punto de desagüe con el arroyo Los Chorrillos (Sitio 8) ante eventos de magnitud el ingreso de agua a las viviendas supera los 2 metros, por lo cual sus habitantes corren peligro de muerte por la magnitud de la afectación.” (Del estudio geomorfológico del INA-CIRSA, página 86).

Los vecinos movilizados en defensa de El Pantanillo respaldamos nuestros argumentos con estudios científicos que rigen el bien común. El poder que quiere asesinar a El Pantanillo tiene de su lado mentiras y demagogia. Los vecinos movilizados en defensa de El Pantanillo tenemos de nuestro lado argumentos basados en la legislación vigente como la Ley de Bosques, la Ley de la Reserva Hídrica Los Gigantes, entre otras.

El poder que quiere asesinar a El Pantanillo tiene de su lado una ordenanza que viola leyes provinciales y nacionales. Los vecinos movilizados en defensa de El Pantanillo tenemos de nuestro lado compromiso ciudadano y solidaridad entre vecinos. El poder que quiere asesinar a El Pantanillo tiene de su lado únicamente la prepotencia.

Sabemos el escenario al que queremos llegar: no sólo la caída de este proyecto inmobiliario, sino la restauración del ecosistema impactado por Quattro Pilares y que la municipalidad lleve a cabo las obras necesarias para proteger a los barrios de Carlos Paz, tal como lo recomendaron los estudios científicos que el mismo gobierno municipal encargó. Quienes quieren instalar una narrativa de “ambiente” versus “progreso” quieren ocultar la verdadera narrativa: los intereses legítimos de la comunidad versus los intereses espurios de una minoría.

Las Comunidades Mapuche como guardianas de las cabeceras de cuencas fluviales

Esta investigación basada en trabajos etnográficos muestra cómo las comunidades mantienen una profunda conexión con los paisajes acuáticos de la región. Destaca los desafíos y conflictos que enfrentan las Comunidades Mapuche, incluyendo la continua desposesión territorial y la lucha contra las formas de uso del ambiente que atentan contra el Itrofillmongen (todas las formas de vida).

En un contexto actual de extractivismo y despojo voraz de los pueblos y territorios, seguimos plantando resistencia desde distintos espacios de vida. Nunca dejaremos de aprender del conocimiento de nuestros ancestros, de nuestros mayores, del Kimun Mapuche, un conocimiento con lengua propia el “Mapudungun” que se revitaliza y fortalece de la mano de nuestros jóvenes.

Demandamos el RECONOCIMIENTO de los territorios indígenas como territorios únicos y cruciales en tiempos de urgencia ambiental y profundos cambios socioecológicos y culturales por avanzadas extractivistas. Marichiweu! Marichiweu!

Fuera Mekorot

Por Gustavo Montenegro

Tras un viaje a Israel encabezado en abril 2022 por el entonces ministro del interior, Wado de Pedro, el Consejo Federal de Inversiones y cinco provincias argentinas (San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro) suscribieron convenios para la gestión de recursos hídricos con Mekorot, la compañía estatal de aguas de Tel Aviv.

Mekorot es uno de los puntales de las políticas de apartheid del Estado sionista contra el pueblo palestino. Ya en 1967, Israel dispuso una orden militar que impide a la población palestina el desarrollo de cualquier obra hídrica sin autorización previa de las autoridades. “La población palestina que vive bajo la ocupación militar israelí ha seguido sufriendo hasta nuestros días las devastadoras consecuencias de esta orden. No puede perforar nuevos pozos, instalar bombas ni ahondar pozos ya existentes, y además se le niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua dulce”, denuncia un informe de Amnistía Internacional de noviembre de 2017.

En contraste, Mekorot realiza todo tipo de perforaciones y explotación de manantiales en los territorios ocupados para favorecer los asentamientos ilegales de los colonos israelíes.

Mekorot vende parte del agua a firmas palestinas, pero en volúmenes limitados.

Todo esto configura un cuadro de escasez de un recurso básico para los agricultores y la población palestina en general.

En el caso de la Franja de Gaza, donde el 90 o 95% del suministro de agua está contaminado o no es apto para el consumo humano -según el informe ya citado de Amnistía Internacional-, Israel no permite el traslado de agua potable desde Cisjordania.

El acaparamiento del agua y su limitación al acceso de los palestinos es un capítulo más de una política de anexión territorial, redadas constantes en Cisjordania, bloqueo y bombardeos sobre la Franja de Gaza, y discriminación de la población árabe-israelí.

Es por todo esto que los acuerdos firmados con Mekorot deben ser cancelados. En 2011, el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, intentó avanzar con Mekorot en la construcción de una planta potabilizadora en La Plata, también tras una visita a Israel. Esa obra se terminó suspendiendo debido al rechazo público que genera la compañía.

En los acuerdos hídricos con el Estado israelí participan tanto gobiernos del Frente de Todos (La Rioja, San Juan, Catamarca) como de Juntos por el Cambio (Mendoza). Los lazos políticos con el Estado criminal de Israel están más allá de toda grieta.

No olvidemos que el primer viaje al extranjero de Alberto Fernández fue a Israel -una señal política. Sergio Massa es un admirador de las políticas de seguridad israelíes y Wado de Pedro, que lidera el desembarco de Mekorot, un hombre de la vice Cristina Kirchner.

A su vez, la dirigente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, promovió durante su gestión como titular de Seguridad el lobby de seguridad israelí (compra de lanchas militares, drones y sistemas de vigilancia), que es el mismo que reprime a la población palestina. Del otro lado de la interna de JxC, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hizo su propia gira por Israel a mediados de año, como parte de sus reuniones con círculos de poder para afianzar su precandidatura presidencial.

Como en Palestina, Mekorot viene por nuestra agua

En febrero 2023, cinco provincias argentinas firmaron convenios para recibir asistencia técnica de Mekorot, la compañía estatal del agua de Israel, para “hacer más eficiente el manejo del agua”: Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz se sumaron a San Juan y Mendoza, que ya lo habían hecho en septiembre de 2022.

El acto estuvo encabezado por el ministro del Interior, Wado de Pedro, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con la presencia de varios gobernadores y gobernadoras, el embajador de Israel, Eyal Sela, el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, y el titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, el ex montonero Mario Montoto. Se trata de un nuevo mojón, de una larga serie de hitos, en el intento de la empresa israelí de incidir en el manejo de nuestros recursos hídricos.

Mekorot –fuente en hebreo– está denunciada a nivel mundial por restringir el suministro de agua a las comunidades palestinas, en lo que se ha denominado un auténtico “apartheid del agua”. La empresa mantiene el control sobre todos los aspectos del acceso al suministro. El 85% de esta población no tiene acceso al agua, pudiendo disponer de solo 40 litros diarios por persona cuando la recomendación son 100 litros, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

“El agua es un elemento vital y, sin embargo, millones de personas en el mundo no tienen acceso a él”, sostuvo Yitzhak Aharonovich, presidente de Mekorot, en el acto mencionado previamente. Y resaltó: “Israel tiene una vasta experiencia en la utilización de este valioso recurso estratégico”. Podría ser una declaración más, pero como veremos más adelante, el Estado israelí utiliza “estratégicamente” el recurso como otro instrumento colonial sobre los territorios palestinos. Ese es el modelo que planean exportar y que nuestros gobernantes están comprando.

Rechazo de organismos de Derechos Humanos

Desde organismos de Derechos Humanos, asambleas ambientales, muchas relacionados con la problemática del agua, y organizaciones relacionadas a la causa palestina –el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino Palestinas– se ha organizado un frente de oposición al avance de esta empresa colonial en nuestro territorio que tiene una página web: fueramekorot.org.

“No queremos que Argentina negocie con el apartheid ni lo normalice. La ‘Misión de cooperación científico-tecnológica entre Argentina e Israel en manejo del agua’ nos obliga a señalar además que el Estado de Israel restringe el acceso al agua de la población palestina desde 1967. Las extremas diferencias que hay en el acceso al agua por parte de los palestinos y de los israelíes da cuenta del apartheid del agua”, manifestó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en ocasión de conocerse la realización de la mencionada misión.

Antecedentes de Mekorot en Argentina

“Mekorot, como muchas empresas de Israel, tiene una fuerte incidencia en todo el territorio argentino porque la embajada israelí tiene un rol bastante activo desde hace tiempo en nuestro país. Mekorot tuvo convenios con la provincia de Santa Cruz y en Córdoba hizo un trabajo de consultoría en una planta de tratamiento de aguas residuales. En el 2011, en la provincia de Buenos Aires, hubo un intento un poco más ambicioso de construir en la ciudad de La Plata una planta potabilizadora de aguas con una licitación bastante amañada, un contrato por 170 millones de dólares”, cuenta a Canal Abierto Silvia Ferreyra, militante ambiental y participante de la multisectorial ¡Fuera Mekorot!.

En el caso mencionado, a través de pedidos de informes y de investigaciones posteriores quedó demostrado que la empresa había tenido una incidencia muy fuerte en la elaboración de los pliegos de la licitación. Ese contrato pudo detenerse por la movilización y la denuncia de distintos sectores: las organizaciones de la diáspora palestina, ATE y la CTA y algunos legisladores provinciales. “Se armó un proceso de debate, de movilización, de difusión y se pudo frenar ese contrato. No sólo por las irregularidades sino por lo que implicaba que el Estado provincial convenio con una empresa condenada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y, además, por el modelo de gestión que propone para la gestión de los recursos hídricos que implica la mercantilización del agua”.

Tras el viaje de egresados de los gobernadores a Israel, se empezaron a firmar convenios entre las provincias participantes y la empresa. “Con la intermediación del Consejo Federal de Inversiones, las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron de manera directa con Mekorot para poder recibir los servicios de la empresa. Posteriormente, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Santiago del Estero y Santa Fe firmaron también convenios para las mismas tareas. Casi todos los convenios son para diseñar los planes maestros de aguas de las provincias, para poder adecuar la normativa legal a los cambios que sea necesario a hacer y otros proyectos menores.

Desde la campaña Fuera Mekorot y distintas organizaciones que luchan por el agua en estas provincias, se hicieron pedidos de informes para conseguir información sobre los convenios. “Nos interesa saber cuál es el alcance, cuál es la contraparte, qué compromisos hacen los gobiernos en relación a esta asesoría, quién paga. Sobre todo, sabiendo que en Argentina nosotros tenemos un montón de organismos que tienen especialistas y profesionales de larga trayectoria en la materia de recursos hídricos que podrían brindar los mismos servicios –el INA (Instituto Nacional del Agua), el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), y otros–. Nunca nos otorgaron la letra de los convenios. Lo único que logramos del CFI es una respuesta que dice que ellos no están obligados a responder porque no están alcanzados por la Ley de Acceso a la Información Pública, porque son un ente autárquico y no tienen obligación de rendir cuentas”, explica Ferreyra.

El agua como mercancía

El modelo de gestión que propone la empresa israelí postula que toda la inversión sea abonada por los usuarios a través de la tarifa. Son los usuarios los que amortizan la inversión de la empresa. También propone un esquema de dos aguas: un agua potable de mayor calidad, a un costo mayor, y un agua corriente de menor calidad, proveniente del reciclaje de los residuos cloacales y de las aguas residuales, que se utiliza para el riego, usos industriales y otros. “Entonces, es el mercado el que regula el uso entre una y otra calidad del agua, sabiendo que eso perjudica a los sectores de menores recursos, que tienen más a mano un agua de menor calidad por un menor precio. Es la tarifa la que regula el consumo de agua”, concluye la referente de ¡Fuera Mekorot!.

De la multisectorial Fuera Mekorot participan: Asamblea Agüita Pura Para San Juan; Asamblea El Algarrobo y Asamblea Pucara (Catamarca); Asamblea Riojana Capital; Asamblea Las Heras Por El Agua; Asamblea Socioambiental de Guaymallén; El Foro Río De La Plata; APDH; Liga Argentina por los DDHH; BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) Argentina; Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino; Comisión Sur por Palestina – Federación de Entidades Argentino Palestinas; Tribuna Ambiental; Ambiente En Lucha; Red Ecosocialista; Instituto Futaleufú; Tierra Para Vivir; Marabunta; Corriente Nuestra Patria; Coordinadora Basta De Falsas Soluciones (Bfs); Asamblea de Choyacatamarca; Asamblea Permanente del Comahue Por El Agua; Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U).[/mks_toggle]

Salinas grandes presente en el Tribunal Internacional de la Naturaleza

El conflicto con la cuenca de las comunidades indígenas de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se ha vuelto cada vez más fuerte, a raíz del interés de las empresas trasnacionales y la complicidad del gobierno provincial, todo esto hace que las comunidades endurezcan su posición en defensa de sus territorios.

Por eso lxs referentes de las comunidades no sólo hacen sus asambleas y reuniones varias, sino también cuando salen a diferentes actividades en el exterior, llevan su mensaje de lucha y defensa de sus derechos.

En este caso nos referimos a la presencia de Verónica Chávez de la comunidad de Tres Pozos y gran luchadora en defensa de la cuenca de Salinas.  Estuvo participando en el 6to. Tribunal Internacional de la Naturaleza, realizado en Toronto, Canadá, el 28 de febrero pasado.

En esa oportunidad Verónica llevó la preocupación de las comunidades respecto a la intrusión de empresas extractivas en su territorio sin consultarles a ellos.

Recordemos que en las Salinas existe, entre otros, el litio, un elemento muy necesario para asegurar los cambios en la matriz energética mundial, pero que para su extracción hace falta mucha agua, en una zona, donde justamente no abunda el líquido elemento.  De manera que las comunidades son conscientes de los perjuicios que van a soportar si no se controla esa explotación.

Saben que va a faltar agua para sus animales, para la flora y fauna del lugar y fundamentalmente, para las personas que allí viven.  O sea que vislumbran un futuro muy difícil para continuar viviendo y desarrollándose en el lugar como lo venían haciendo.  Eso y dejar sus territorios ante esa realidad, serán una sola cosa.

Por eso, necesitan tanto que se respete su derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, para que ellas puedan expresar sus necesidades y sus dudas respecto a las diferentes exploraciones de empresas que se quieren llevar a cabo con el permiso del gobierno provincial.

Mendoza: una marcha por el agua, los derechos de las mujeres y la resistencia

Mientras el Carrusel de la Fiesta de la Vendimia avanzó por las calles de Mendoza con su despliegue de carrozas y reinas, una contramarcha recorrió el centro con un mensaje diferente.

El contracarrusel, una manifestación de movimientos sociales, ambientales y sindicales denunció la megaminería, el extractivismo y el avance de políticas que vulneran derechos fundamentales. Este año, la movilización estuvo marcada por la confluencia con la lucha feminista del 8M y el rechazo a las políticas nacionales y provinciales.

Romina Caballero, de la Asamblea Ambiental de Uspallata, subrayó la importancia de la movilización en un contexto de represión creciente. También aseguró que la comunidad va a avanzar en la lucha por el cuidado del agua pura: “El agua de Mendoza no se negocia ni ayer, ni hoy, ni nunca y el pueblo lo va a decir cada vez más fuerte”.

“Es un momento clave y súper importante para visibilizar las problemáticas que sufrimos anualmente en la provincia y también las embestidas mineras que año a año quieren volver a esta provincia y buscan formas y diversas formas para retornar”, expresó Belén Brizuela, de la Asamblea por el agua pura de Guanacache,

Graciela, vecina autoconvocada de Tunuyán, consideró que los proyectos megamineros “son falsas promesas de trabajo. Son trabajos y contratos basura. No hay progreso con la minería. Lo único que hay es contaminación y de eso no se vuelve”.

La jornada coincidió con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y numerosas organizaciones feministas hicieron oír sus reclamos. La crisis económica, la violencia de género y la criminalización de la protesta fueron ejes de la movilización.

Una entrevista para entender qué pasa en Mendoza con la megaminería

—¿Por qué le dicen no a la megaminería en Uspallata?

—Mendoza es tres oasis en el desierto, y desde ya que no estamos dispuestos a perder ni uno. En Uspallata están las nacientes del Río Mendoza, que es el único río que abastece a todo el Oasis Norte, del que beben más de un millón de habitantes, riega 250.000 hectáreas de cultivos (la mundialmente famosa «Tierra del Malbec»), y sustenta el cuarto polo industrial del país. Justo ahí pretende instalarse el Proyecto San Jorge para hacer megaminería de cobre, oro, plata y molibdeno, según consta en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de 2008. Y también recordamos que todavía quedan tramos de la maravillosa ingeniería hidráulica del tiempo de los huarpes. Tenemos una de las leyes de Aguas más antiguas del planeta (de 1884). O sea, acá ya había una gobernanza del agua, antes de que hubiera una Constitución Nacional. Todo esto demuestra que cada gota de agua es sagrada para nosotros, lo llevamos en el ADN, marcado a fuego en el imaginario colectivo. La sola idea de que nos contaminen y nos disminuyan el caudal aguas arriba nos resulta sencillamente aberrante, y creo que eso explica todas las puebladas para defender el agua pura a lo largo del tiempo y el territorio.

—¿Qué particularidades tiene este proyecto?

—Este proyecto es incluso peor que el que nos presentaron en 2008, que tenía 141 errores inadmisibles. Dos de las escombreras y el dique de colas llevaban una geomembrana que ahora ya no está, «desapareció». El caudal del arroyo El Tigre no les alcanza para más de cuatro días de producción a pleno, y varía mucho estacionalmente. ¿De dónde van a sacar el agua entonces si no es de perforaciones o del glaciar Tambillos?

Después de todos los intentos de derogar y/o modificar la Ley 7722 (que prohíbe el uso de las soluciones contaminantes y limita desde 2007 la avanzada minera), incluso del delirante intento de hacer un tren para lixiviar con cianuro y ácido sulfúrico. ¿Quién puede creerles que van a renunciar al oro, la plata y el molibdeno que no pueden extraer por el método de flotación con xantato (sales del ácido xántico)?

El dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) ya demostró que el xantato, que se degrada en disulfuro de carbono, está al mismo nivel del cianuro en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, y estarían emitiendo 270 veces más que el máximo establecido en dicha ley. Sería muy sencillo respetar el espíritu de la 7722 si tan sólo se remitiera a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, tal como hace la ley cordobesa hermana de la 7722 (9526), en lo que hace a la interpretación del texto “y otras sustancias tóxicas similares”. Todo esto si hubiera voluntad política de proteger el agua y a la población, en vez de los intereses de las corporaciones extranjeras.

Una historia de organización y luchas

—La comunidad ya expresó, hace años, el rechazo a este proyecto. ¿Podría describir cómo fue ese proceso?

—Desde que la megaminería se presentó en nuestro territorio, en 2008, se terminó la paz y comenzó la contaminación social, ya que vivimos en la angustia permanente ante el riesgo de que nos envenenen el agua. La estrategia de Mendoza ha sido la de proteger con leyes, que hemos parido y sostenido con el pueblo en las calles. Primero con la creación por ley de Áreas Naturales Protegidas, con la que se blindó la cuenca completa del Valle de Uco (Oasis Centro), y parcialmente los otros dos. En 2007, gracias a las heroicas puebladas de Alvear en el sur, se logró la sanción de la Ley 7722, cuyo eje es, además de la prohibición del uso de sustancias tóxicas, la obligación de someter a debate legislativo cada fase (prospección, exploración y explotación, entre otros), con dictámenes de todos los municipios que comparten la cuenca.

—Otro punto fue el rechazo legislativo.

—En 2011, durante la gobernación de Francisco «Paco» Pérez, antes abogado de la Barrick Gold, logramos el rechazo legislativo de San Jorge, luego de la toma pacífica de la Legislatura un 22 de febrero. Y la histórica audiencia pública de Uspallata, donde se hicieron presente 2000 personas y más del 70 por ciento de los 300 oradores se manifestaron en contra. En el medio, podemos marcar como hitos en Uspallata la conversión del casino en centro cultural y la creación de la radio Comunitaria la Paquita, que actualmente estamos tratando de reactivar, ya que fue crucial para el resultado de aquella audiencia pública.

—Y diciembre de 2019…

—Así llegamos al Mendozazo por el agua del 2019, diez días de lucha permanente, en toda la provincia, que han quedado plasmados en la bellísima película HAM (Historia del Agua de Mendoza). La película está siendo ferozmente censurada por estos días, por lo cual para el 1° de marzo estamos planeando proyectarla simultáneamente en todo el territorio.

—Con el antecedente de defensa de la 7722. ¿Por qué cree que el gobierno provincial insiste?

—Creo que, después de esa pueblada, dejaron de subestimarnos y comenzaron a infiltrarnos, aislarnos y perseguirnos individualmente. Todo esto acompañado de una agresiva estrategia publicitaria en los medios masivos, donde los funcionarios de gobierno actúan como promotores de la megaminería y el fracking. Con el claro objetivo de tildarnos de violentos, terroristas, y culparnos del desastre económico que ellos mismos provocaron. Según la consabida estrategia del divide y reinarás, del miente y miente que algo quedará, de la doctrina del shock. También creo que se confiaron en el estrés postraumático colectivo de la pandemia, pero evidentemente han despertado al gigante dormido. Y tengo grandes esperanzas, a la luz de todas las manifestaciones que se están dando, de que otra vez vamos a dar vuelta la historia, porque en Mendoza en realidad la que manda es el agua.

La corporación: Minera San Jorge (MSJ) y Solway Holding

La Asamblea de Uspallata investigó a la empresa Minera San Jorge (MSJ), que impulsa el proyecto minero del mismo nombre. Dan cuenta que pertenece a la multinacional Solway Holding, asentada en Malta, una empresa off-shore radicada en paraísos fiscales. «De esta depende Solway Investment Group, con sede en Zug (Suiza). Y otras 43 subsidiarias, radicadas en países como Luxemburgo, Chipre, Malta, Islas Vírgenes y San Vicente y Granadinas. Esta estructura corporativa le permite evadir impuestos, eludir reclamos y realizar grandes transacciones financieras fraudulentas de manera impune», denuncia Eugenia Segura.

Y explica que Solway nació en 2000 de la fusión de empresas metalúrgicas, mineras y sociedades financieras, adquiridas a partir del desmembramiento de la Unión Soviética y la apropiación de sus empresas públicas. Su fundador es Alexandr Bronstein, nacido en Rusia en 1954, actualmente con ciudadanía de Estonia e Israel. Solway adquirió MSJ a la canadiense Coro Mining por cinco millones de dólares, en sociedad con otra corporación (Aterra). En 2011, adquirieron el 30 por ciento y en 2015 el resto. E impusieron como nuevo CEO ruso a Taras Nechiporenko.

Solway Investment group abre su sede en Suiza en 2015. En 2020, Alexandr Bronstein transfirió todo el holding a sus hijos, Cristian y Daniel, ambos ciudadanos alemanes. Desde la Asamblea señalan que, en 2022, tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, Solway se desprendió de todos sus inversores, empresas y empleados en Rusia. En Argentina, Solway se quedó con el total de MSJ.

«Los motivos de la ‘desrusificación’ de Solway tienen que ver con la enorme campaña de exposición de los magnates rusos por parte de la prensa internacional, en la que cayeron sus propietarios. Solway posee (además de MSJ), inversiones megamineras en Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Macedonia y Ucrania», detalla Segura.

Y afirma que, en todos estos países, la imposición de las explotaciones de Solway ha sido impuesta con mano dura, generando conflictos ambientales, sociales y económicos, que derivaron en acusaciones hacia Solway y sus subsidiarias, por hechos de sobornos, contaminación, persecución, intimidación, criminalización de la protesta social y asesinatos de opositores e indígenas.

El 3 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza el registro en el país de la empresa “Zonda Metals GbmH”, conformada un año y medio antes en la misma sede de Solway Investment Group, en Suiza.

«Con información tomada de fuentes verificables, como el portal Bussiness Monitorse, se constata que MSJ pertenece a capitales transnacionales especulativos y fraudulentos, que su metodología para imponer sus planes devastadores es coercitiva y criminal, y que Zonda Metals GbmH es una empresa fantasma de los mismos dueños», destaca la asambleísta.

Aliados extractivos

—¿Qué rol juegan los gobiernos?

—El gobierno provincial creó una empresa mixta, Impulsa Mendoza, al mando de Emiliano Guiñazú, ex secretario de Energía y Minería del primer gobierno de Alfredo Cornejo, y ex ceo de las empresas de Enrique Pescarmona, imputado en el caso Odebrecht. Y puso frente de la Secretaría de Energía y Minería a Jerónimo Shantal, quien no cubre los requisitos para ese cargo. Hay conflictos de intereses, personas que están de ambos lados del mostrador y dejaron afuera del negocio, y muy resentidos, a las Cámaras de Empresarios y de Servicios Mineros, y otros especuladores y profesionales del sector. Entonces comenzaron a meter de prepo una zonificación en el Oasis Sur, con un paquete de 63 proyectos en un área que ocupa medio Malargüe.

—¿Y cómo juega el proyecto San Jorge en ese contexto?

—El proyecto San Jorge es la verdadera punta de lanza y porque es único que está listo para pasar a fase de explotación, y que además es el único que cuenta con el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial para utilizar “otras sustancias tóxicas similares”, con lo que pretenden sentar precedente jurídico para el resto. Mientras el intendente (Francisco Lo Presti) se dedica a perseguir, calumniar y hostigar vecinos, y a inaugurar oficinas mineras.

—¿Y el gobierno nacional?

—Es de público conocimiento que en el extractivismo siempre han estado alineados, así como las declaraciones públicas del presidente Javier Milei sobre que quien tenga el dinero para pagar, puede contaminar todos los ríos que quiera. Además, está la ingeniería legal aportada por el RIGI. Esto también explica el apuro por acelerar los procedimientos, ya que lo quieren tener aprobado antes de octubre para que San Jorge pueda entrar en el marco del RIGI.

—Respecto al Poder Judicial. ¿Qué leyes vulnera este proyecto?

—Ya están violando la Ley 7722, en su espíritu, que es que no le echen sustancias tóxicas al agua, el artículo 1. Pero también, y sobre todo en su cuerpo, que es el artículo 4, al impedir que dictaminen los trece municipios que comparten la cuenca, reduciéndolo a sólo uno donde está emplazado el proyecto. También la Ley 6599 de Monumentos Naturales, y la Ley Ambiental Provincial 5961. También estarían violando las leyes nacionales de Ambiente 25.675, de Residuos Peligrosos 24.051, el Acuerdo de Escazú, y nuestro derecho constitucional a un ambiente sano.

Violencia y criminalización

—¿Cuándo reactivaron la propuesta de San Jorge?

—En enero de este año, con la presentación del Informe de impacto ambiental, y la inauguración de las oficinas con la patota de la Uocra (sindicato de la construcción), que motivaron dos puebladas en 48 horas en Uspallata, más todas las movilizaciones que están sucediendo en la ciudad y otros puntos de la provincia.

A fines de de enero sucedió lo previsible. El gobierno provincial y municipal avanzaron en la inauguración sorpresiva de la oficina de la minera en Uspallata. Fue tomado como una provocación, en un lugar que ya dijo que no a la megaminería. Se produjo una movilización espontánea para repudiar a la empresa y sus aliados. Y sobrevino lo que ya sucedió numerosas veces para imponer el extractivismo. Una patota, en este caso del sindicato de la construcción (Uocra), atacó a los vecinos y vecinas. Lo que motivó la movilización en la localidad. Todo fue plasmado en tres crónicas de Eugenia Segura, donde detalla lo sucedido el 24 y 25 de enero. El lunes 24 de febrero detuvieron al asambleísta Mauricio Cornejo y allanamientos arbitrarios en casas de vecinos y vecinas. La Asamblea denunció la criminalización de quienes defienden el agua.

—¿Cómo continuará la situación respecto al proyecto minero y la reacción de la población?

—Estamos en la etapa de inicio de los dictámenes técnicos y sectoriales. Después de eso viene la Consulta Libre e Informada de los expedientes a la comunidad en general y a los pueblos originarios según el Convenio 169 de la OIT. Y luego de eso la audiencia pública. Entretanto, estamos en estado de alerta permanente y movilización hasta que logremos echarlos definitivamente con la sanción del proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, presentado por los vecinos en 2009, y con el respeto a nuestro derecho a un ambiente sano, y a todas las leyes que nos amparan.

Fuentes: Red Eco Alternativo, Argentina Indymedia, aporrea.org, Vecinas y vecinos autoconvados del Delta, Agencia Tierra Viva, Resumen Latinoamericano, Prensa Obrera, Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ, Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo (Comecuco) / Agencia FARCO

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