El 8 de Marzo las mujeres desaparecidas y las buscadoras no existían para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el discurso pronunciado en su conmemoración privada con funcionarias e invitadas, y rodeada de murallas de acero, esas mujeres no tuvieron cabida. No sabía, seguramente, que estaba a las puertas de una crisis política de su gobierno, que puede profundizarse en las próximas semanas.
Ese mismo día se dio a conocer públicamente, por madres, hermanas y esposas que no tuvieron festejo, el dantesco hallazgo del Rancho Izaguirre. Tuvo que hacerse visible al país y al mundo la magnitud de la tragedia que vive México para que, ahora sí, el tema de las desapariciones forzadas y los asesinatos clandestinos fuera «prioridad» para este gobierno. Algo que debió ocurrir desde el primer día del «llegamos todas» y siempre.
Y no es para menos. Si bien el número de desapariciones forzosas no ha parado de crecer en los últimos años, en el sexenio de López Obrador y en el actual es cuando ha alcanzado su mayor nivel más elevado. El gobierno de Claudia Sheinbaum exhibe datos que buscan demostrar que los homicidios tienen tendencia a la baja; pero 125 mil 301 casos de desapariciones al pasado 22 de marzo; 7 mil 708 víctimas desde el 6 de noviembre de 2024, con 65.6 reportes diarios, en promedio (https://www.infobae.com/mexico/2025/03/22/crisis-de-desaparecidos-en-mexico-casi-8-mil-victimas-mas-en-5-meses/) dan los otros datos de la desatada violencia social que aflige a familias y regiones enteras del país donde los grupos delictivos han establecido su ley.
Lo indiscutible es que una sola desaparición forzada es un delito grave considerado de lesa humanidad e imprescriptible. Y el escandaloso número de los registros en México (seguramente, inferior al de casos reales) es un indicio directo de esa rápida expansión del crimen organizado y el control territorial que ha alcanzado. Desaparecen, y a veces se los encuentra asesinados, personas que buscan trabajo y acuden a donde se lo ofrecen falsamente, protectores del ambiente opuestos a la extracción de recursos naturales por empresas o bandas delincuenciales, y, para agravar el drama social, también buscadoras y buscadores que han perdido a alguno de sus familiares. Bien sabido es, así mismo, que la trata de personas con fines de esclavización o explotación sexual se ha extendido con rapidez, todo ello ante la impotencia y corrupción de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Para bien y para mal, la intensificación de las presiones desde Washington con la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense ha obligado a los organismos de seguridad mexicanos a realizar detenciones de personajes importantes y a destruir más laboratorios de fabricación de estupefacientes, además de reforzar la frontera norte con 10 mil elementos, supuestamente para frenar el paso de fentanilo, pero en realidad para frenar la migración hacia los Estados Unidos. Se entregó también a ese país, sin juicio de extradición, a 29 prisioneros mexicanos relacionados con el tráfico de drogas y con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985.
Aun así, falta mucho para resolver los demasiados casos de desapariciones, tanto de los heredados de otros periodos de gobierno como de los que se siguen acumulando en el presente. Sólo ahora, tras la exhibición del Rancho Izaguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado, entre otras medidas para prevenir y localizar a personas desaparecidas, reformas a la Ley General de Población y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda. De las medidas difundidas, resulta preocupante la de agregar fotografías y datos biométricos a la CURP (Cedula Única de Registro de Población). Se trata de una iniciativa que se ha propuesto varias veces en el país desde el gobierno de José López Portillo como cédula única de identidad, y que en ese entonces se aplicaba en otros países de América bajo el yugo de dictaduras militares. La izquierda siempre se opuso a la imposición de lo que fue visto como un instrumento de control sobre la población. Ahora, la crisis de desapariciones, asesinatos y fosas clandestinas quiere ser tomada como ocasión —o pretexto— para que la Secretaría de Gobernación asuma de una vez por todas y, ya sin la barrera que representaba el INAI, las bases de datos personales de todos los mexicanos. Así se va construyendo, poco a poco, un Estado de seguridad nacional, o, más sencillamente, policiaco.
Y, al igual que el gobierno de su antecesor, se trata en el gobierno claudista de salir a operar ante la sociedad y el extranjero el control de daños tratando de desestimar las cifras y cambiar la narrativa de los hechos en los medios y redes sociales. Desde el aparato propagandístico gubernamental se ha desmentido la existencia de hornos crematorios en Izaguirre, aunque el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero reconoció que sí se encontraron ahí restos humanos. Se busca también evitar que en las notas periodísticas y la opinión pública se mencionen términos como “centro o campo de exterminio”, pese a las propias declaraciones del fiscal, por la correlación que se establece con los campos de concentración del nazismo.
Del mismo modo, se niega que las prendas de ropa y calzado encontrados inicialmente por los equipos civiles de búsqueda, luego retirados de la escena por la fiscalía de Jalisco, correspondan a personas ejecutadas, a pesar de que algunas madres y familiares los reconocieron como parte de la vestimenta de sus desaparecidos. En los más crueles y grotescos intentos de descalificación de la versión del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, que hizo el anuncio de los hallazgos en el rancho, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña habló de «montaje». Y acto seguido un grupo de hombres portando armas de uso exclusivo del ejército y encapuchados, que se presentó como parte del CJNG, salió a declararse defensor de la propiedad privada (¿con qué derecho entraron los buscadores al rancho?) y a encomiar a los gobiernos de Jalisco y federal, y a señalar, haciendo sonoro eco al legislador, que son las madres buscadoras las autoras de la supuesta puesta en escena.
Mientras tanto, el fiscal Gertz Manero seguía “estudiando” si el caso Izaguirre, de notoria presencia del crimen organizado y donde se encontraron armas de uso exclusivo del ejército, era de su competencia, pese a que desde sus primeras declaraciones había desacreditado por ineptitud o posible encubrimiento a la fiscalía jalisciense. Y la presidenta Sheinbaum denunciaba en su programa matutino, con enorme énfasis, que sus opositores han gastado 20 millones de pesos en cuentas de “bots” para desacreditar a su gobierno.
Finalmente, la Fiscalía General de la República ha asumido la investigación de lo ocurrido en el mencionado rancho Izaguirre. No hay ninguna garantía de que, esa misma instancia, que en los últimos siete años no nos ha podido explicar qué pasó y dónde quedaron los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, llegue a conclusiones certeras acerca de los ejecutados en ese lugar. Sería inconcebible que el propio fiscal, que en ese mismo lapso no se enteró de lo que ocurría en el predio de Techiutlán, se autoinculpara. Tampoco que responsabilice a la ex secretaria de Seguridad Publica Rosa Icela Rodríguez que hoy ocupa la titularidad de la Secretaría de Gobernación sin haber se dado cuenta. ¿Se investigará al ex jefe de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, que no actuó para desarticular el campo de exterminio, aunque hubo un operativo ahí de sus fuerzas el año pasado? ¿A los comandantes del batallón del ejército apostado muy cerca de ese lugar?
Las responsabilidades de las autoridades del municipio, el Estado y la federación son, empero ineludibles. Homicidios y desapariciones son delitos estrechamente correlacionados, como se pone de manifiesto en cada uno de los miles de hallazgos de fosas clandestinas prácticamente en toda la geografía del país. Y se han seguido y se siguen acumulando.
Sheinbaum, como su antecesor en el cargo, se jacta de que “antes” las desapariciones las realizaban los propios órganos del Estado —de las cuales, por cierto, no hay sino un puñado de inculpados, mientras se encomia a las fuerzas armadas y a sus mandos—, y hoy no. El tema, pese a todo, no es menor. Homicidios y desapariciones forzadas configuran un cuadro conjunto y una crisis de gobernabilidad sin precedentes en la historia del país. Baste recordar cómo, desde Platón con su clase de los guardianes y Thomas Hobbes con su poder monárquico, al igual que en el liberalismo político desde John Locke, se ha puesto en el centro de la acción estatal el dar garantías a la vida y las propiedades de cada uno de los ciudadanos. Cuando eso no se cumple, el pacto gubernamental que da legitimidad al Estado queda roto y retornamos al estado de naturaleza (Hobbes) y a la guerra de todos contra todos cuyo fin no puede ser sino la muerte de un gran número de miembros de la sociedad.
Por eso, con hornos crematorios o sin ellos, cada hallazgo de sitios de secuestro, tortura y ejecución, y de fosas mortuorias clandestinas, se traduce indefectiblemente en una hoguera a lo Savonarola donde arden las famas y vanidades de los gobernantes, mandos de los cuerpos de seguridad y órganos de prevención y contención del crimen. Por eso también son los grupos lastimados de la sociedad los que siguen y seguirán insistiendo con voces sin callar: ¡Hasta encontrarlos!
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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