¿Cómo llamarle a esta etapa del proceso de elección de juzgadores dispuesto, reforma constitucional de por medio, por el grupo en el gobierno con el claro propósito de subsumir el Poder Judicial? ¿Debacle? ¿Fracaso? ¿Naufragio? ¿Derrumbe? ¿Desastre? ¿Hecatombe? ¿Calamidad? Creo que cualquiera de esos sinónimos, pero siempre acompañado del adjetivo moral.
Ahora resulta que sí: lo que nos dijeron que no iba a suceder porque «el pueblo es bueno y sabio» y porque era el mejor procedimiento que colocaría a México como la democracia más avanzada del mundo, se trocó en esta crisis de credibilidad que pone en cuestión todo el proceso para la elección por voto universal de juzgadores. Por boca del presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña y de la misma presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno ha tenido que reconocer que entre las miles de candidaturas a jueces, magistrados y ministros que aparecerán en las boletas del 1 de junio sí “se les pasaron”, “se colaron” personeros de grupos delincuenciales que han servido a éstos como defensores o como jueces que han puesto en libertad a peligrosos inculpados, y que buscarán instalarse definitivamente en juzgados y tribunales mediante la decisión de los electores populares.
Son candidatos que pasaron por los comités de selección del Poder Ejecutivo, del Legislativo y por la rifa que sin fundamento legal —pero siempre con el visto bueno del complaciente Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, virtual supremo poder legislador— realizó en el Senado Fernández Noroña. Cumplieron los escasos requisitos que en la Constitución fueron inscritos: el tener título de abogado(a) con 8 de promedio y algunas cartas de recomendación o aval de vecinos o conocidos. Pero, ahora, lo sabemos, no se indagó sobre sus antecedentes, experiencia ni vínculos políticos. Lo tuvieron que hacer los periodistas de investigación y las denuncias de organizaciones de la sociedad civil, que expusieron públicamente algunos señalamientos sobre esos personajes. Y es sólo a posteriori que desde la Cámara Alta y la tribuna presidencial se admiten los “errores” en la selección y admisión de candidaturas.
Para el bloque de poder morenista se trataba de colocar en los diferentes niveles e instancias del Poder Judicial a personas afines a su corriente política, incluso militantes partidarios, como han sido los casos de las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz, que aspiran hasta a presidir la Corte. Pero no es un asunto menor ni pasajero. Se trata de quienes durante un periodo prolongado administrarán la justicia a la sociedad mexicana en todo tipo de asuntos de aplicación de las leyes. Para otros grupos de interés, siguiendo la misma lógica, se trata igualmente de insertar en las salas de los juzgados a personeros dedicados a resolver favorablemente conforme a sus deseos.
No son sólo los “por lo menos 20” que ahora el presidente senatorial anuncia serán impugnados ante el TEPJF. Están también los cuatro candidatos de Jalisco relacionados directamente con la iglesia evangélica Luz del Mundo de Naasón Joaquín, condenado en los Estados Unidos por pederastia y explotación y tráfico de personas. Entre ellos, un ministro de culto, Daniel Wong Ibarra, y Medián Menchaca Sierra, hija de Nicolás Menchaca, obispo sucesor del encarcelado señor Joaquín. También Cinthia Teniente Mendoza, esposa del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, que aspira a magistrada en Guanajuato y es señalada por apoyar al líder de la secta. ¿Acaso una congregación con tanta fuerza social como esa iglesia no tendrá capacidad para movilizar a miles de sus fieles para que elijan a sus miembros predilectos?
Está también, de la mano de la gobernadora panista de Chihuahua, la jueza Martha Cecilia Zúñiga Rosas, que otorgó al ex gobernador priista César Duarte Jáquez un amparo que le permite seguir en libertad y evitar una segunda orden de aprehensión por peculado. También la gobernadora chihuahuense impulsa la candidatura de Héctor Villasana Ramírez, abogado de Duarte Jáquez, a magistrado penal del Poder Judicial del Estado. Los morenistas critican en voz alta la corrupción del poder judicial, pero crearon las condiciones para que esa juzgadora que, al igual que la hoy gobernadora Maru Campos Galván, estaba en la nómina confidencial del gobernante priista, pueda continuar despachando amparos a conveniencia; y que el defensor del procesado llegue a ocupar una magistratura.
Otro caso similar es el de Sara Irene Herrerías Guerra, actualmente titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la Fiscalía General de la República y aspirante a ser ministra de laSuprema Corte de Justicia de la Nación. La fiscalía especializada a su cargo tiene más del 90 % de impunidad en sus acusaciones (Cfr. https://www.animalpolitico.com, 21 de abril de 2025). Está también en la boleta Jesús Padilla Briones, quien fue detenido en 2023 con un arma, drogas y computadoras robadas y procesado por portación de arma y narcóticos. Entre los señalados como narcocandidatos está, en Nuevo León, nada menos que Fernando Escamilla Villarreal, abogado del “Z-40” y de “El Chelelo”, importantes líderes de los Zetas ya extraditados a los Estados Unidos.
Sus buenas relaciones han de recomendar a Edgar Rodríguez Beiza, candidato a magistrado en Jalisco, quien fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado en 2018, pero en junio estará incluido en la boleta. Y ni hablar de Francisco Martín Hernández Zaragoza, exjuez penal también en Jalisco, que fue destituido por corrupción, acusado de lavado de dinero y señalado por acoso sexual contra trabajadoras del Poder Judicial. Felizmente, hoy candidato a seguir en la nómina del PJ estatal.
¿Ley contra el nepotismo? Voten, pues por Paula María García Villegas, hija de la ex ministra y ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, hoy diputada por el Morena.
Finalmente está el caso del juez de lo familiar Juan Miguel Morales Monter, que resolvió entregar la custodia de la adolescenteMilo Poveda Gervassi a su padre, pese a que éste estaba acusado de violencia vicaria por la menor, por la madre de ésta y otras personas. La muchacha se suicidó, pero eso no obsta para que Morales Monter intente ser magistrado en el juzgado 24 de lo familiar en la Ciudad de México.
Ante ese cúmulo de candidaturas indeseables, se tiran la bolita. El senador morenista Fernández Noroña, uno de los principales responsables del proceso, pidió que el INE volviera a revisar los perfiles de los aspirantes incluidos en las boletas ya impresas, algo que en su momento correspondía a los comités de selección de los tres poderes federales. Es decir, que reparara los errores y omisiones de éstos y de la tómbola operada por el mismo Noroña. Claramente el organismo, ya casi no autónomo, no tiene atribuciones legales para ello. Su presidenta, la dilecta obradorista Guadalupe Taddei, lo rechazó y reviró hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que ha sido, siempre por mayoría de tres votos a dos, la tapadera de todas las irregularidades de las que ha estado señalado este proceso desde sus inicios. La presidenta Sheinbaum también pide sea este órgano jurisdiccional el que revise y depure las listas ya impresas en las boletas.
¿Qué hará en este caso el TEPJF? ¿Excluir a los ya incluidos, exhibiendo la ineptitud de los poderes Ejecutivo y Legislativo? ¿Habrá que reimprimir las boletas electorales? ¿Quiénes sustituirán, en su caso, a los que sean depurados, y por qué medios?
Ya de antemano Fernández Noroña ha anunciado que no habrá sanciones a los miembros de los comités de selección —el del Ejecutivo encabezado por el arrepentido e iluminado ex ministro Arturo Zaldívar— a los que “se les pasaron” como “prietitos en el arroz” esos garbanzos de libra de impunidad y antiidoneidad. Menos, por supuesto, las habrá para la tómbola de la suerte.
El que sí está haciendo su trabajo es el Consejo General del INE. Hace pocos días rechazó 24 mil 261 solicitudes a ser observadores en la inédita elección del 21 de junio. Pues resulta que, para esta histórica ocasión, en la que no pueden intervenir los partidos ni funcionarios de los poderes (aunque el inefable TEPJF autorizó, al margen de la ley recientemente expedida por el congreso en el que Morena domina, que éstos puedan promover el voto entre los ciudadanos), se presentaron 136 mil 459 de esas solicitudes, casi el cuádruple de las 34 mil 881 que hubo para las elecciones federales de 2024.
En su informe al Consejo General, Jorge Montaño, presidente de la comisión organizadora, señaló que la mayoría de las solicitudes para ser observador electoral es de mujeres y, particularmente de adultos jóvenes de entre 21 y 25 años de edad. Resulta, entonces, que en esa franja de la población hay un inusitado interés por ser observadores en una elección que no parece despertar el mismo entusiasmo en el resto de la sociedad. La consejera Carla Humphrey destacó que tan solo en los primeros diez días de abril se recibieron 30 mil solicitudes, casi tantas como todas las de 2024. De las que fueron rechazadas, se percibió que “no cumplen con los requisitos por encontrarse registradas como personas militantes de algún partido político, candidaturas o servidoras públicas vinculadas a la administración o entrega de programas sociales”. Poca cosa. Ante la prohibición a las agrupaciones políticas y miembros de los poderes públicos, los militantes de partidos, y particularmente el Morena, y los empleados gubernamentales conocidos como “servidores de la nación” se inscribieron como observadores para estar presentes en las casillas en la jornada electoral. Acaso como operadores para inducir o vigilar el sufragio de los votantes, a sabiendas de que la mayoría de los funcionarios de casilla serán también militantes o simpatizantes del partido oficial. Seis millones de ciudadanos con posibilidades de serlo declinaron participar en esta elección (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seis-millones-rechazan-ser-funcionarios-de-casilla/).
La votación por venir no será, así, una elección cualquiera de funcionarios. Además de un cambio radical en la estructura de los poderes estatales, pondrá a prueba la capacidad de convocatoria del gobierno y su partido para participar en comicios sin precedentes, con escasa motivación ciudadana (las estimaciones más optimistas avistan un 14% de participación de los incluidos en el listado nominal; las pesimistas un 5%, algo similar a lo ocurrido con la consulta sobre expresidentes y la revocación de mandato en el sexenio anterior). Y luego, si el procedimiento escogido por Andrés Manuel López Obrador para integrar el tercer poder del Estado mexicano logra un aparato de justicia confiable, eficaz y expedito.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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