El rechazo en Argentina de un proyecto de finalidad proscriptiva llama a la reflexión sobre el historial local en la materia, así como a la advertencia acerca del enorme operativo que se despliega en el continente en contra de la soberanía popular.
El llamativo giro de dos senadores del Frente Renovador de Misiones frustró la aprobación del proyecto llamado de “ficha limpia” en la llamada “cámara alta”. El proceso legislativo vuelve así a fojas cero.
Pertenecen a una fuerza política que supo tener una prolongada alianza con el kirchnerismo. Y desde el inicio de la actual gestión han sido activos sostenedores de los proyectos que le convienen al gobierno.
Una muestra más del “oficialismo permanente” que practican buena parte de las fuerzas de alcance sólo provincial. Una de las tantas fuentes de descrédito de nuestro empobrecido sistema representativo.
Caben ahora las conjeturas sobre qué y quiénes impulsaron a apartarse de su comportamiento habitual a los misioneros. Los que además habían llegado a manifestar su apoyo al proyecto. Si fue presión desde el gobierno para no perder la polarización electoral con Cristina Kirchner. O si hubo algún acuerdo subterráneo entre el peronismo y sus antiguos aliados.
Ambas hipótesis aparecen verosímiles, sin posibilidad por el momento para decidirse por una de ellas. El oficialismo salió igual en repudio del rechazo, con la habitual delicadeza de sus expresiones. La de mayor sobriedad fue el comunicado emanado de la Oficina del Presidente enseguida después de la votación:
“El Presidente aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes”.
En una tónica más creíble se expidieron en parecido sentido los exponentes de la ajada conjunción “republicana” que supo reunirse en la alianza “Todos por el cambio” en un tiempo que ya pasó.
El tono de festejo de los legisladores del interbloque peronista siguió carriles atendibles. Orbitó en torno de la indubitable dirección hacia Cristina Fernández de Kirchner. Una ley “con nombre y apellido”.
La argumentación fue acompañada por el encuadre de la maniobra en la técnica del lawfare, tan cara a las fuerzas conservadoras de varios países de América Latina. También menudearon los cuestionamientos a la honestidad y equidad de los jueces federales, encargados del juzgamiento de los delitos contra la administración pública que estaban incluidos en el proyecto.
Se trajo asimismo al análisis la multiplicidad de acciones en contra de Cristina a lo largo del tiempo, con lugar destacado para el no esclarecido intento de asesinato.
Vayamos ahora más allá de las circunstancias de coyuntura acerca del desenlace legislativo y sus repercusiones instantáneas.
El largo camino argentino contra la soberanía del pueblo
La Inhabilitación de candidatos, por las razones que sea, apunta al desvío o la negación de la voluntad popular. Se impide a una porción de la ciudadanía, el voto a los postulantes de su preferencia. Esto se agrava porque suele ocurrir que los inhabilitados están entre los que concitan mayor intención de voto.
Nuestro país tiene un triste historial en esta materia. El más recordado y flagrante la prohibición por casi dos décadas no sólo de la presentación a elecciones del líder del movimiento mayoritario en Argentina luego de su reemplazo por una dictadura sangrienta. Para peor no sólo era apartado Juan Domingo Perón sino prohibido el partido peronista que lo apoyaba.
La experiencia se tradujo en una larga serie de recambios entre gobiernos elegidos por el voto contaminados de ilegitimidad y golpes cívico-militares que anulaban toda votación y clausuraban las instituciones representativas.
No duró más tiempo aún o se hizo definitiva porque del seno de les trabajadores y masas populares identificados con el peronismo surgió una valerosa y tenaz resistencia. Ésta tuvo auges y retrocesos. Y adoptó diversas formas de lucha. Nunca cesó hasta dar por tierra con la proscripción al punto de que Perón volvió por un lapso breve a la presidencia, interrumpida por su muerte.
La historia viene de más atrás. Luego del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en las siguientes elecciones presidenciales, los candidatos de su partido, la Unión Cívica Radical fueron inhabilitados con argumentos amañados. Seis años después no hicieron falta prohibiciones. El fraude electoral bastó como garantía de que no hubiera un presidente radical.
El partido comunista sufrió décadas de clandestinidad forzada y de una persecución que iba más allá de la clausura electoral. Las instancias electorales en las que permaneció ilegalizado fueron más de las que permitieron su participación., La última ocasión para ello fueron los comicios presidenciales de 1973.
Que no lleguen al gobierno, que no puedan gobernar, que sean derrocados
Hoy una mirada adecuada de las proscripciones requiere, como mínimo, extenderse a la dimensión continental. Nuestra América vive una época en que la comisión de golpes de Estado se ha vuelto mucho más difícil, por razones que no desarrollaremos aquí. Lo que no ha implicado que los poderes fácticos locales y extranjeros se hayan resignado a la permanencia de gobiernos que no son de su gusto.
La potencia norteamericana ha instrumentado mecanismos de intervención, incluida la acción armada abierta y explícita en algunos casos. Asimismo, cuando ha podido forzar el estrechado margen para ello se ha aliado con las clases dominantes locales para la producción de golpes de Estado no del todo ajustados al modelo clásico. El desplazamiento armado de Evo Morales y Álvaro García Linera fue el ejemplo más resonante.
En Honduras también tuvieron éxito con el derrocamiento del presidente Mel Zelaya, en una acción más próxima a los emprendimientos golpistas predominantes hace algunas décadas.
Sí sufrieron un rotundo fracaso en el intento de derrocamiento de Hugo Chávez en 2002. Lo desbarataron la inmediata movilización popular y la lealtad hacia la revolución bolivariana de un amplio sector de las fuerzas armadas. Se pretendió entronizar como cabeza de una dictadura al capitoste de una central empresaria. Ese descarado sesgo procapitalista obró como estímulo a la reacción popular.
Se exploraron además otros caminos, con resultados gratos para el poder económico, político y comunicacional, junto con la “diplomacia” estadounidense. Quizás el más exitoso fue el juicio político.
Lo que incluyó su instrumentación en tiempo récord como en el caso de la destitución de Fernando Lugo en Paraguay. O la invocación de causas por las que podrían haber sido condenados todos los presidentes de la historia brasileña, como cuando fue desplazada Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil.
Un colmo, aunque siempre frustrado hasta ahora, son las contorsiones pseudoinstitucionales en Venezuela. Allí los intentos radicaron en que asuma la presidencia quien no ganó las elecciones.
La invención de la figura del “presidente encargado” rompió las cotas anteriores. Juan Guaidó simuló una investidura que nunca pudo ejercer ni en un kilómetro cuadrado. Sí contó con el decidido respaldo de la ultraderecha venezolana y de sus mentores en EE.UU. Lo que no impidió que la evidente impostura se diluyera.
Ya en ocasión muy reciente, se produjo el reconocimiento internacional del candidato perdedor frente al presidente Nicolás Maduro. Nadie probó el ejercicio de fraude electoral. No hace falta, la “comunidad internacional” al tono pretende determinar quién es el presidente de un país soberano y en contra del voto popular.
No puede completarse un examen en este campo sin la mención al bloqueo económico y al hostigamiento por múltiples vías a la revolución cubana. Es el caso más viejo e ininterrumpido de toda América Latina. Se entiende, la pretensión de poner en práctica un sistema socialista exalta como ninguna otra a los personeros del capitalismo.
El uso de la “justicia”
La otra herramienta fue el hostigamiento judicial. Con procesamientos y sentencias producidas por jueces que alegan “independencia” mientras despliegan la más flagrante parcialidad y arbitrariedad. Es lo que recibe el nombre de lawfare.
Allí no se trata por lo general del desplazamiento de presidentes sino, como en el ejemplo argentino, de apartamiento de posibles candidatos ganadores.
La aplicación de la “ficha limpia” (sí de allá viene el proyecto local) se tradujo en el impedimento a la candidatura de Ignacio Lula da Silva en los comicios presidenciales brasileños de 2018. El Partido de los Trabajadores debió reemplazarlo por un candidato menos atractivo y el efecto concreto fue el triunfo de la extrema derecha encarnada en Jair Bolsonaro.
Como se recordará, la condena a Lula fue vergonzosa. El juez, Sergio Moro, reconoció que no tenía probada la comisión de ningún delito. Y evocó entonces su “íntima convicción” de que el entonces expresidente había cometido actos condenables. La sospecha subjetiva en reemplazo de las pruebas sólidas.
Lo que fue seguido por el nombramiento de Moro como ministro de Justicia, ni bien asumió Bolsonaro. La desvergüenza como una de las bellas artes.
Otro ejemplo fue el de Rafael Correa en Ecuador. El expresidente no sólo no puede ser candidato sino que permanece fuera del país para no terminar en prisión. De nuevo, el pueblo no puede votar por quien prefiere.
En nuestro país ya hay una condena judicial ratificada en segunda instancia contra la expresidenta y exvice. Su confirmación por la Corte Suprema de Justicia dejaría a CFK afuera de cualquier cargo público, nacional o provincial, electivo o de nombramiento discrecional.
La versión local de la “ficha limpia”, de efectos más limitados (sólo a cargos electivos de jurisdicción nacional) apuntaba a suplantar a la decisión del tribunal supremo, si los magistrados que lo integran no la toman o lo hacen en un futuro lejano, a caballo de la indefinición de sus plazos. Hoy la expresidenta se halla a tiro del rechazo de un recurso de queja que pretende habilitar la instancia superior.
¿Quiénes y para qué?
Cabe una reflexión ¿Se derrocó, se proscribió, se persiguió por vía judicial o se intentó hacer alguna de las tres cosas con gobernantes que habían instalado dictaduras sangrientas? ¿Podían ser acusados con sensatez de “comunistas” en una vuelta a la narrativa de la guerra fría? ¿Hubo alguna vez un amparo jurídico medianamente razonable para que los reaccionarios de adentro y los imperialistas de afuera abrogaran poderes emanados del voto popular?
Debería ser evidente que nada de eso ocurrió. No lo es tanto porque los medios dominantes a escala nacional, regional y mundial se encargan de difundir la versión contraria. Siempre como colaboradores del gran capital que reclama “reformas indispensables” frente a gobiernos remisos.
Con el despliegue de los “poderes permanentes”, una y otra vez en nombre de la democracia y la libertad. Bajo la invocación de instituciones republicanas que son precisamente aquellas cuya destrucción pretenden.
Es conocida la no siempre inconfesada definición de “democracia” que utiliza el imperio: “Es democrático todo aquel gobierno que sea firme aliado de EE.UU”.
Todo el que intente siquiera un grado apreciable de autonomía será tildado de “dictadura”, aunque sus propósitos sean bastante más tímidos que la coherencia antiimperialista. Y si eso resulta en exceso inverosímil allá va la persecución por “corrupto””. Acompañada por el rótulo de “populista”, “izquierda radical” y hasta el recuperado de “comunista”.
Frente a esas acciones de los poderosos no se puede confiar sólo en apelaciones institucionales o defensas judiciales, aunque no deja de ser válido recurrir a ellas y a veces se alcanzar el éxito.
Son el sostenimiento de la voluntad popular, la ocupación firme del espacio público, la apelación a medidas de fuerza de alcance general y sostenidas en el tiempo los que pueden impedir la consumación de la amplia gama de maniobras de raigal contenido antidemocrático y propósitos antipopulares.
La lucha sigue, el gran capital y la potencia hasta ahora hegemónica continuarán en la brega por imponer su voluntad omnímoda. No se conforman con nada menos que la imposición de sus programas de máxima en los respectivos países. Siempre articulados por reformas regresivas y abolición de derechos que deberían ser incuestionables.
Hay ahora indicios de que se aprestan a prescindir de la advocación “democrática”. Ya lo hicieron en otra época, cuando pertenecían al “mundo libre” muchas de las peores dictaduras de la historia.
Pueden volver a hacerlo. Resulta imperativo el rechazo resuelto de cualquier acción proscriptiva o persecutoria de líderes populares, más allá de la parcial o total discrepancia con ellos. Y la acción desde abajo, en atención a que a menudo los propios perjudicados son renuentes o timoratos en el ejercicio de su defensa.
Lucha de calles; lucha de clases, movilización y organización. No hay otro sendero.
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