La reciente oleada de protestas convocadas por seguidores de Evo Morales ha reabierto en Bolivia el debate sobre la legitimidad del poder popular y sus consecuencias políticas. Desde el punto de vista de algunos analistas, si consideramos la movilización social que impulsa el ex presidente como un “voto popular” que reclama su retorno al escenario político, cabe preguntarse si ello anuncia un momento de retroceso semejante a los vividos en episodios anteriores de la historia boliviana (el sexenio 1946–1952, o en el periodo de 1979–1982 y el breve gobierno interino de 2019–2020). En este ensayo, se examina esta noción desde una perspectiva de izquierda. Se analizarán primero los antecedentes históricos y las características de esos periodos de “retroceso”, para luego discutir el rol de Evo Morales como figura nacional‑popular en el proyecto del Movimiento al Socialismo (MAS). Se compararán experiencias latinoamericanas de proyectos similares y se ponderarán las críticas al modelo masista, reafirmando finalmente el valor político de la lucha nacional-popular en Bolivia.
Ciclos cortos de apertura y regresión
La política boliviana del siglo XX ha experimentado ciclos de apertura democrática interrumpidos por regresiones autoritarias. El sexenio 1946–1952, marcado por la masacre de Catavi (1942) y el derrocamiento del presidente Gualberto Villarroel (1946), fue un periodo de intensa movilización social. El sector minero e indígena protagonizó luchas feroces contra la oligarquía, a menudo brutalmente reprimidas (Hernández, 2023). Esas luchas desembocaron en la Revolución Nacional de 1952, liderada por el MNR de Víctor Paz Estenssoro, pero no sin grandes tropiezos: durante el sexenio hubo masacres (Ayopaya, Catavi, Siglo XX) y tensiones intestinas dentro del movimiento popular (Hernández, 2023). Este episodio significa que, aun en un contexto pre-revolucionario, la “promesa nacional-popular” se vio distorsionada por la respuesta brutal de los sectores dominantes, lo que puede interpretarse como un primer ejemplo de retroceso ante las demandas populares.
En forma parecida, tras casi dos décadas de dictaduras militares, Bolivia retornó a una frágil democracia entre 1979 y 1982. Sin embargo, aquella llamada transición fue caótica. Entre el 21 de octubre de 1978 y el 10 de octubre de 1982 Bolivia experimentó nueve períodos presidenciales y diez presidentes (contando incluso el triunvirato militar de 1981) (Flores, 2014, pág. 222). Sólo dos fueron civiles –Walter Guevara Arce y Lidia Gueiler– y ambos actuaron como mandatos interinos para convocar elecciones. En la práctica, casi ninguno de estos gobiernos alcanzó a gobernar con normalidad; la crisis económica y los juegos militares llevaron en 1980 al golpe de Luis García Meza, reinstaurándose la represión. Este periodo demuestra cómo la apertura electoral fue seguida por el retorno al autoritarismo: un claro “retroceso” que frustró las aspiraciones de profundizar reformas sociales y consolidar un proyecto nacional-popular durante esos años.
Más recientemente, el gobierno interino de Jeanine Áñez (noviembre 2019 – noviembre 2020) puede verse como un episodio análogo. Tras las protestas de octubre de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales, Áñez asumió la presidencia bajo el argumento de restaurar “el orden público”. En la práctica, dictó el Decreto Supremo 4078 (15 nov. 2019) que autorizaba la intervención militar y eximía de responsabilidad penal a los uniformados que reprimieran manifestaciones (Deutsche Welle, 2019). La justificación oficial hablaba de “caos y convulsión social” producto de la supuesta “manipulación del voto popular” en las elecciones anuladas de 2019 (Argirakis Jordán, 2022). Diversos organismos internacionales denunciaron entonces una ola de persecución política. Por ejemplo, Human Rights Watch documentó que el gobierno interino promovió “cargos infundados o desproporcionados” contra centenares de exfuncionarios y militantes del MAS, violando derechos fundamentales (Deutsche Welle, 2019). La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de “grave” el Decreto 4078 por desconocer estándares internacionales y estimular la represión violenta. En esos meses hubo al menos 33 muertos en los enfrentamientos y varios ex dirigentes masistas pasaron por procesos judiciales irregulares. Así, el interinato de 2019-2020 encarnó un breve paréntesis donde el proyecto nacional-popular masista fue temporalmente “postergado” por la lógica de un gobierno de facto, con consecuencias regresivas en materia de derechos civiles y sociales.
Estos antecedentes ilustran que Bolivia ha visto repetirse un esquema de breve apertura o reivindicación popular seguida por algún retroceso. El sexenio 1946-52 y el periodo de 1979-82 culminaron en represión militar, y el año interino de 2019-2020 cedió el paso a una nueva elección del MAS en 2020 pero no antes de daños políticos y sociales importantes. Si consideramos la movilización actual de Evo Morales como expresión de un amplio sentimiento popular, cabe interrogarse cómo evitar repetir esos viejos ciclos.
La movilización de Evo y la coyuntura actual
Desde principios de junio de 2025, Bolivia vive una intensificación de la crisis política: bloqueos de carreteras, enfrentamientos y al menos varias decenas de heridos en protestas convocadas por cocaleros y organizaciones afines a Evo Morales. La causa inmediata es la exclusión de Evo de las candidaturas electorales de 2025, decidida por vías judiciales y legislativas. Los manifestantes exigen que Evo sea habilitado para postularse, bajo el lema “Sin Evo no hay elección”. Este reclamo ha provocado un enfrentamiento frontal con el gobierno del presidente Luis Arce y otros partidos políticos. El diario El País reporta que, tras el episodio en Llallagua donde murieron cinco personas (cuatro policías y un campesino), muchos actores políticos insistieron en que las elecciones de agosto se realizarán sin Evo (Molina, 2025). Al mismo tiempo, Morales declaró públicamente que “la lucha va a continuar” y que él permanecerá en Bolivia apoyando las demandas hasta el final (Molina, 2025).
El balance político es ambiguo. Según la prensa, Morales es el político con mayor rechazo en las zonas urbanas, pero conserva un fuerte apoyo en el área rural y entre campesinos, como evidencian los bloqueos masivos en el Chapare (su bastión) y otros valles del país (Molina, 2025). Mientras la policía y los militares recuperaron el control de rutas clave, los simpatizantes de Evo mantienen protestas focalizadas, clamando por justicia electoral. Paralelamente, el oficialismo de Arce acusa a Evo de intentar usurpar la democracia y de incitar violencia. El TSE organizó una “cumbre” con todos los partidos –desde la derecha hasta sectores de izquierda– para respaldar la realización de las elecciones sin el líder cocalero (Molina, 2025). En ese contexto, son constantes las señales de ruptura: Arce logró despojar a Evo de la candidatura del MAS y anular la personería de otros aliados, en efecto, deja a Evo fuera de carrera.
Desde la izquierda se puede hacer una lectura crítica de esta coyuntura. Por un lado, los acontecimientos confirman la vitalidad del apoyo popular a Evo que, según [Rodríguez, Villazón], el MAS “ha sabido generar y establecer tejidos para forjar un movimiento nacional y popular en todos los sectores sociales” (Paz Rada, 2020). Los bloqueos y la presión social surgen de las bases históricamente excluidas (cocaleros, campesinos, obreros rurales) que se movilizan con la convicción de reivindicar su voz política. Esa movilización popular, desde la óptica del MAS, es la verdadera expresión democrática de las mayorías subalternas, y su candidato líder una figura símbolo de las luchas indígenas y obreras (Paz Rada, 2020).
Por otro lado, es evidente que las demandas actuales se desarrollan fuera del marco institucional formal (no hay plebiscito ni elección directa sobre Evo, sino protestas externas al proceso electoral). Los críticos podrían argumentar que ese “voto social” no equivale a una victoria legítima por vía democrática. Sin embargo, hay que recordar que en Bolivia (y en muchos países) la propia institucionalidad ha sido históricamente cooptada o restringida por las élites. En este sentido, los seguidores de Morales sostienen que las urnas no siempre han traducido con precisión la voluntad popular, e incluso que los procesos judiciales contra Evo responden a motivos políticos. Por ejemplo, los cargos de “terrorismo” presentados contra varios cocaleros por haber hablado con Evo han sido denunciados como arbitrarios por organizaciones de derechos humanos (Deutsche Welle, 2019). Asimismo, la intervención estatal –incluida la disolución de partidos y la persecución judicial contra candidatos de la izquierda– se ve como una maniobra para silenciar a la principal figura nacional-popular del país.
Estas tensiones reflejan un antagonismo histórico: de una parte, un proyecto nacional-popular que busca profundizar la democracia social y dar voz a las mayorías; de otra, una resistencia de sectores conservadores (y de parte de la burocracia estatal) que perciben ese proyecto como una amenaza a su orden establecido. Al comparar con otros países latinoamericanos, se observan patrones semejantes: cuando gobiernos identificados con lo “nacional y popular” fueron llevados al extremo, a menudo sufrieron golpes o presiones (como en Chile con Allende o en otros lugares con dictaduras tras insubordinaciones populares). No obstante, cada caso tiene sus particularidades. En Bolivia la clave es entender que la movilización actual no surge de una situación aislada, sino de décadas de proyecto político «plenipolar» basado en la movilización campesina e indígena.
Nacional-popular y liberación nacional: definiciones e implicancias
Conviene precisar qué se entiende por “nacional-popular” en este contexto. El concepto, ampliamente debatido en la teoría política latinoamericana (por figuras como Ernesto Laclau, Norberto Bobbio o estudiosos de Gramsci), suele referirse a una hegemonía construida a través de la alianza de las clases populares (obreros, campesinos, indígenas) con un Estado que encarna un proyecto de modernización nacional. En palabras del sociólogo argentino Pablo Stefanoni sobre Bolivia, el MAS encarnó en sus inicios un “nacionalismo popular” como núcleo unificador de su movimiento, combinando aspiraciones indígenas con estrategias modernizadoras e industrialistas (el “Estado productivo social protector” propuesto por Álvaro García Linera) (Stefanoni, 2010). De modo similar, el intelectual boliviano René Zavaleta comparaba este momento con aquel en que “los subalternos se convirtieron en protagonistas del Estado” (Chávez Álvarez, 2025). Dicho en términos simples, lo “nacional-popular” significa elevar a los marginados (campesinos e indígenas) a actores políticos centrales, integrando demandas sociales históricas en la agenda estatal.
La “liberación nacional”, por su parte, es un concepto más político-militar o revolucionario, vinculado a la idea de emancipar completamente a la nación de formas de dependencia imperial o neocolonial. En Bolivia, muchos ven en Evo Morales una expresión de ese nacionalismo de liberación: bajo su gobierno se nacionalizaron recursos (gas, minería), se promulgó una Constitución plurinacional que reconoce la diversidad cultural y se buscó mayor autonomía económica. Edgardo Paz Rada afirma que Evo construyó “un proyecto histórico social, cultural, nacional, popular y antiimperialista” exitoso, articulado con líderes de otras naciones sudamericanas anti-EE.UU. como Chávez, Lula y Kirchner (Paz Rada, 2020).
Así, desde la óptica nacional-popular, la movilización actual podría interpretarse como una continuación de la lucha contra un orden que, según ese enfoque, golpea a las mayorías. Los lemas de los manifestantes (“Sin Evo no hay elección”) reflejan la convicción de que, sin su líder, el Estado se aleja de su legitimidad «nacional» y vuelve a la tutela de élites. Este discurso es similar al de otras corrientes de izquierda latinoamericanas que denuncian conspiraciones de las derechas y del imperialismo contra los procesos populares. En ese sentido, algunos de los análisis más duros comparan la situación boliviana con la destitución de Allende en Chile: actos en los que las fuerzas armadas y los poderes fácticos intervinieron para frustrar cambios sociales profundos (Paz Rada, 2020).
Sin embargo, en una lectura rigurosa hay que diferenciar la aspiración popular de los procedimientos democráticos. Alguien podría objetar que exigir por la fuerza que Evo sea candidato desafía las reglas electorales vigentes, pero esas reglas mismas han sido violadas o manipuladas con fines políticos. Por ejemplo, la Corte Constitucional boliviana recientemente descalificó a Evo de las presidenciales apoyándose en tecnicismos jurídicos (cambio de residencia, apelaciones tardías, inhabilitaciones administrativas). Muchos en el movimiento social interpretan esto como resultado de presiones políticas de Luis Arce y su entorno, más que de fallos judiciales estrictos. En contraste, cuando el MAS obtuvo victorias masivas (más del 64 % de los votos en 2010), no se objetó su legitimidad; de hecho, como observó Stefanoni, esa reelección «aplastante» “reconfiguró por completo el campo político boliviano” y marcó una hegemonía sin precedentes desde 1952 (Stefanoni, 2010). Esto muestra que el soporte popular a Evo ha sido tangible y electoral en el pasado, y solo radicalmente descalificado en los recientes procesos políticos.
Desde la perspectiva nacional-popular el desafío actual no es “anular” la movilización de las bases sociales, sino reconocerla como dato político real. La izquierda debe interpretar estas movilizaciones como una expresión colectiva que demanda espacio político y legitima –en su opinión– la figura de Evo como líder. Pero también debe subrayar que la lucha por la liberación nacional exige más que presencia carismática: reclama construcción institucional de abajo arriba. En palabras de Paz Rada, el golpe de 2019 contra Morales fue contra un «gobierno democrático, nacional y antiimperialista del MAS» (Paz Rada, 2020). Por lo tanto, para muchos sectores de izquierda el verdadero retroceso sería ignorar esa movilización y dejar que otros arrebatadores restauren «la república racista y patriarcal» (como la llaman algunos).
Evo Morales y el proyecto nacional-popular
Para comprender la encrucijada actual es vital repasar el rol histórico de Evo Morales como figura nacional-popular. Desde su elección en 2005, Evo se presentó como el primer presidente indígena y delegado de las demandas de las clases populares. Bajo su gobierno el MAS impulsó reformas de gran alcance: la nacionalización de los hidrocarburos, nacionalizó ENTEL, nacionalizo la Fundidora de Vinto que se encontraba en manos suizas, nacionalizó la petrolera del Chaco, nacionalizó Air BP, filial de la británica British Petroleum y dedicada a la distribución de combustible en aeropuertos bolivianos, nacionalizó cuatro empresas eléctricas: Corani, participada en un 50 por ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez; Guaracachi, cuyo principal accionista (con el 50 por ciento ) era la británica Rurelec PLC; Valle Hermoso, cuyo 50 por ciento del capital estaba en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia; y la cooperativa distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba, nacionalizó la pequeña fundidora de antimonio Empresa Metalúrgica Vinto-Antimonio, filial de la suiza Glencore, expropió 36.000 hectáreas de tierras a hacendados (15.000 a la familia estadounidense Larsen Metenbrink), acusándolos de someter a servidumbre a indios guaraníes, expropió las acciones de Red Eléctrica Española (REEE) en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), decretó la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Por otro lado, la redistribución de ingresos estatales hacia salud, educación y subsidios sociales, reconocimiento de los territorios indígenas y un nuevo Estado Plurinacional.
Estas políticas transformaron la realidad de millones de bolivianos y fueron la base de su amplia legitimidad electoral. Como anota Paz Rada, Evo «impulsó el desarrollo nacional con la recuperación del Estado, la industrialización de los recursos naturales, el crecimiento sostenido de la economía y la reducción de la pobreza». En ese período Bolivia experimentó índices de crecimiento económico notable, reducción de la pobreza extrema y una inserción regional autónoma: Evo fue protagonista de la integración latinoamericana a través de UNASUR y CELAC, junto a líderes como Chávez, Lula y Kirchner, haciendo «un frente común para enfrentar el poder hegemónico de Washington» (Paz Rada, 2020).
Estas realizaciones confieren a Evo Morales un perfil nacional-popular. Como señala el sociólogo Pablo Stefanoni, el MAS originalmente configuró en Bolivia un bloque social inédito: un “nacionalismo popular” que articulaba la identidad indígena con los antiguos imaginarios modernizadores y desarrollistas de la Revolución de 1952 (Stefanoni, 2010). El MAS ganó todas las elecciones nacionales desde 2005 hasta 2014, alcanzando mayorías parlamentarias y expandiendo su influencia incluso en las regiones tradicionalmente opositoras. Esa hegemonía inédita en Bolivia –la primera desde 1952, según Stefanoni– permitió al partido movilizar recursos públicos con amplitud y voluntad reformista.
El hecho de que el MAS constituyera “un movimiento nacional y popular en todos los sectores sociales” con un programa antiimperialista (Paz Rada, 2020) refuerza esa idea: para sus simpatizantes, no es un líder personalista sino la expresión colectiva de un “pueblo boliviano” plurinacional. Por supuesto, esta imagen heroica convive con un discurso radical. Evo y dirigentes del MAS han enfatizado a menudo la necesidad de una democracia participativa y de continuar la llamada “revolución democrática y cultural”. Pero también han incurrido en pragmatismos: al cargar las tintas del nacionalismo, no renunciaron a fórmulas económicas ortodoxas (un “Estado productivo” que coexiste con el mercado) ni a alianzas políticas amplias. Este hibridismo fue parte de su éxito electoral al captar una variedad de sectores (desde obreros mineros hasta pequeños empresarios y comunidades indígenas).
Críticas al proyecto masista
No obstante, el proyecto nacional-popular liderado por Evo Morales también ha recibido críticas, incluso desde sectores de izquierdas. En Bolivia existe una corriente de intelectuales y activistas que advierten sobre los riesgos de burocratización y clientelismo inherentes al MAS. Por ejemplo, que el concepto de “nacional-popular” se convirtió en la práctica masista en una “lógica rentista”: un sistema de “te doy si me apoyas”, donde muchas organizaciones sociales terminaban negociando prebendas estatales en lugar de impulsar cambios estructurales (Chávez Álvarez, 2025). Según Gonzalo Chávez (2019), la articulación de las organizaciones populares bajo el MAS derivó en redes de “lealtades compradas”, donde el Estado distribuía empleos, subsidios y nombramientos burocráticos a cambio de respaldo político. Este crítico identifica casos concretos: la Central Obrera Boliviana (COB) o los sindicatos cocaleros quedaron fuertemente cooptados por el gobierno, pasando a funcionar más como apéndices del Estado que como movimientos de base independientes (Chávez Álvarez, 2025). Incluso políticas meramente económicas (como el congelamiento del tipo de cambio) habrían servido de manera encubierta a intereses particulares (importadores legales e ilegales).
Estas críticas no desconocen los logros sociales del MAS, pero llaman la atención sobre un fenómeno real: con los años, la relación entre gobierno y movimientos sociales tuvo un alto componente clientelar. En la coyuntura actual, de ahí que se comprende que los problemas del MAS se deben a esta dinámica «prebendaria». La frase “del nacional-popular al nacional-prebendario” resume esta frustración crítica (Chávez Álvarez, 2025). La demanda de elecciones sin Evo no proviene solo de la derecha: algunos corrientes progresistas sostienen que el relevo generacional del liderazgo es necesario y que la continuidad indefinida de un mismo caudillo puede entorpecer la renovación política.
Desde esta óptica, los recientes enfrentamientos evidencian que el proyecto nacional-popular debe corregir errores. Evo Morales quedó excluido en parte porque su círculo privilegia cargos y privilegios antes que un relevo institucional. La combinación de prestigio y debilidad interna tiene consecuencias: la movilización de Evo, aunque poderosa, también encierra el riesgo de aislarlo políticamente. Parte de la izquierda enfatiza que hay que preservar las bases del proyecto (redistribución, autonomía indígena, antiimperialismo) más allá de la personalidad de Morales. Que el conflicto actual entre Morales y Arce sea percibido como un “confrontamiento interno” muestra esa tensión: unos lo ven como un necesario recambio generacional en el MAS, mientras otros lo ven como traición al ideal popular.
Otro punto de crítica es la falta de institucionalización. Durante años se ha sostenido que el MAS dependía excesivamente de las movilizaciones callejeras para conseguir sus fines y no consolidó plenamente mecanismos de democracia interna o participación directa más allá de las cúpulas del partido. Esto facilitó que sus detractores tildaran a Evo de autoritario o de “dictador”. Estas contradicciones internas del proceso masista –enriquecimiento de élites sindicales, nepotismo, golpes personalistas– no invalidan su carácter popular, sino que muestran sus límites. El modelo no puede sustentarse sólo en un caudillo o en una economía de altos precios de materias primas.
Conclusión
A la luz de todo lo anterior, la movilización actual de Evo Morales puede verse tanto como expresión genuina de la voluntad de amplios sectores populares, como riesgo de caer en los mismos ciclos que Bolivia ha vivido antes. La historia muestra que los periodos de expansión democrática de las masas han sido seguidos por intentos reaccionarios de reversión (1946–52, 1979–82, 2019–20) (Hernández, 2023). Sin embargo, la izquierda nacional-popular no debería concluir con resignación que “nos espera un retroceso”. Al contrario, debe interpretar estas movilizaciones como una alerta sobre la fragilidad de las conquistas sociales y sobre la necesidad de fortalecerlas. Evo Morales, como principal líder histórico del movimiento, encarna gran parte de esas conquistas y sigue siendo, en términos culturales y políticos, una figura emblemática del nacional-popular (Paz Rada, 2020).
Lo importante es que esa conmemoración no sea estéril ni dependiente de una sola persona. La amenaza de un “momento de retroceso” radica más en el inmovilismo y la incapacidad de renovar el proyecto que en la movilización misma. Por ello, mientras la izquierda defienda el derecho de los pueblos a decidir su destino, debe también aprender de los tropiezos anteriores: consolidar mecanismos de participación populares (asambleas, referendos locales, control social), asegurar transparencia en el manejo del Estado, y promover nuevas dirigencias que renueven la esperanza. El retorno de la estabilidad democrática real –es decir, un “orden constitucional” con justicia social– pasará por situar el bloque histórico nacional-popular sobre bases más sólidas y democráticas que las ensayadas hasta ahora.
En definitiva, la movilización de Evo Morales representa un síntoma del vigor de las demandas populares en Bolivia, pero también un desafío: ¿será este el empujón para consolidar definitivamente la vía democrática y nacional-popular? La respuesta dependerá de que las fuerzas de izquierda capitalicen el momento, corrigiendo errores pasados y evitando caer en las dinámicas prebendarias que han empañado el proceso.
REFERENCIAS
Argirakis Jordán, H. I. (2022). El golpe de Estado combinado en Bolivia. En L. Claros & V. Díaz Cuéllar (Coords.), Crisis política en Bolivia 2019–2020 (pp. 18–38). Rosa Luxemburg Stiftung/Plural. https://www.rosalux.org.ec/pdfs/crisis-politica-en-bolivia-2019-2020.pdf
Chávez Álvarez, G. (2025, 2 de junio). Del nacional‑popular al nacional‑prebendario. Correo del Sur. https://correodelsur.com/opinion/20250601/del-nacional-popular-al-nacional-prebendario.html
Deutsche Welle. (2019, 28 de noviembre). Bolivia deroga decreto que daba inmunidad penal a fuerzas del orden. https://www.dw.com/es/bolivia-deroga-decreto-que-daba-inmunidad-penal-a-fuerzas-del-orden/a-51459664
Hernández,
J. L. (2023). La Revolución de 1952: Su lugar en la historia de
Bolivia. Revista
de Estudios Culturales de América Latina,
Universidad de Buenos Aires.
Flores Ramírez, L. A. (2014).
Empoderamiento
pacifista del movimiento indígena contemporáneo boliviano
(2000–2009)
[Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Instituto de la Paz y los
Conflictos.
Molina, F. (2025, 14 de junio). Evo Morales dobla su apuesta contra el presidente Arce en Bolivia: “La lucha va a continuar”. El País. https://elpais.com/america/2025-06-14/evo-morales-dobla-su-apuesta-contra-el-presidente-arce-en-bolivia-la-lucha-va-a-continuar.html
Paz Rada, E. (2020, 3 de noviembre). La trascendencia histórica de Evo Morales. Claridad. Recuperado de https://claridadpuertorico.com/la-trascendencia-historica-de-evo-morales/
Stefanoni, P. (2010, enero-febrero). Bolivia después de las elecciones: ¿A dónde va el evismo? Nueva Sociedad, (225), 4–17. https://nuso.org/articulo/bolivia-despues-de-las-elecciones-a-donde-va-el-evismo/
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