El presente momento de crisis política, económica y social es la expresión de una larga acumulación de contradicciones y errores en el Proceso de Cambio que podríamos identificar en haber subsumido al movimiento popular a la lógica y la dinámica del Estado en desmedro de su capacidad creadora y radicalidad, el haber preferido la concesión a la confrontación, por ejemplo con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2009 y dar espacio al clasemedierismo en la toma de decisiones en el gobierno y en el ámbito político.
La lucha del movimiento indígena-originario-campesino que aglutinó un bloque social bajo un horizonte revolucionario permitió la nacionalización de los hidrocarburos, los avances en la nueva CPE y un conjunto de reformas que abrían paso a aplacar el neoliberalismo salvaje reinante en Bolivia. Se trataba, sin lugar a dudas, del Sujeto Histórico Revolucionario en acción.
Sin embargo, el gobierno, al sumar a las dirigencia revolucionaria a tareas estatales y domesticar a los movimientos sociales, propició que toda capacidad creadora se fuera diluyendo desde 2009 para adelante. No en vano, el 2019, las calles en Bolivia fueron tomadas por grupos paramilitares y un movimiento urbano azuzado y alimentado con paciencia por hilos financiados por intereses foráneos, mientras que los otrora poderosos movimientos sociales indígenas, campesinos y obreros, se encontraban desorientados y finalmente desorganizados.
Es innegable que el movimiento popular, de forma caótica y desorganizada –sin direcciones nacionales ni regionales– retomó la ofensiva y la lucha, arrancando al régimen de Añez elecciones para 2020, mientras que, por su parte, la estructura del Movimiento Al Socialismo (MAS) brillaba por su ausencia. Empero, el proyecto y el horizonte revolucionario habían calado en el pueblo, a lo que se sumó la constatación de que la derecha en el poder –aunque ahora lo quieran negar, todos estaban: Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga y los otros– entra a robar y favorecer a su entorno familiar y de clase, de gestión nada, sino el desastre y la corrupción apañadas en la sangrienta represión, lo que permitió una nueva y aplastante victoria del MAS.
Con lo que nadie contaba –o por lo menos quería contar– era con que Luis Arce Catacora, acompañado de un entorno de seudorevolucionarios oportunistas, tuvo una gestión desastrosa llena de acusaciones de corrupción y la decisión tozuda de eliminar políticamente a Evo Morales. Esta última no fue una decisión arbitraria, sino el entendimiento de que Evo es un líder histórico capaz de rearticular al movimiento popular y poseedor de un capital político que por definición no es transferible. Asimismo, máximo representante del movimiento cocalero del Trópico de Cochabamba y su organización, la Coordinadora de las Seis Federaciones, es decir, un líder político con base social y control territorial.
Fue en ello que el embate del arcismo, que tras impulsar a David Choquehuanca a lanzar en 2021 la diatriba de una necesaria “renovación” de la dirección del MAS y del Proceso de Cambio, que no era otra cosa que desplazar a la dirigencia política de Evo para asumir ellos la dirección, comenzó una ofensiva por dividir a las organizaciones sociales para quedarse con una representación propia.
Choquehuanca quedó como tonto útil tras de su frustrado intento por generar su propia corriente desde el venido a menos Centro de Estudios Sociales (CIS) dependiente de la vicepresidencia que con un pachamamismo vulgar antimarxista y pro “complementariedad”, o sea, de alianza de clases, no generó adherentes sino una animadversión generalizada. Mientras tanto, el arcismo avanzaba en las sombras.
Ya decidido, Arce y el arcismo arremetieron con todo, con una campaña mediática millonaria y permanente, intervinieron con la policía a los congresos campesinos, indígenas y todo de tinte popular, imponían dirigencias sumisas y funcionales, al mismo tiempo que, ya contando con una bancada parlamentaria propia que se aliaba o compraba votos a la derecha, preparaban la guerra judicial al proteger la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que embistieron con todo para proscribir a Evo y al evismo, lo que se conjugó muy bien con la subordinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando determinaron de forma abusiva, incoherente e ilegal quitar la sigla del MAS a sus dueños y sustituirlos por marionetas parlantes.
Como cereza del pastel, el gobierno ejecutó de forma sistemática y violando los Derechos Humanos, una represión sin precedentes contra cualquier movilización social, especialmente cuando se trataba de protestas del sector evista, así, gases, balas, laques, detenciones arbitrarias, procesos armados contra dirigentes sociales e incluso muertos que no quieren reconocer oficialmente y ocultos por los medios de comunicación, terminaron conteniendo la lucha popular por recuperar la democracia.
En ese marco, ha sido el gobierno y sus alianzas quienes han decidido quién está en la papeleta electoral para las elecciones generales del 17 de agosto 2025. El fin de eliminar a Evo, que tuvo su capítulo con un intento fallido de asesinato el 27 de octubre de 2024, es la impunidad en los casos de corrupción y narcotráfico en los que ha sido involucrado Arce, su familia y su gobierno. Evidentemente, el aliado natural de la proscripción de Morales es la derecha en todos sus tonos, pues saben que actualmente el único articulador del complejo movimiento popular es Evo. En este contexto: ¿cómo se puede legitimar unas elecciones condicionadas y que han proscrito al movimiento popular?
Que no quepa duda, el promotor de que la derecha pueda volver al poder es Luis Arce Catacora, su gobierno y el séquito de seudoizquierdistas traidores que se perdieron en el poder y lo llevaron al delirio, como eso que atizó Álvaro García Linera de que Arce es un “líder estatal” a la altura del liderazgo de Evo (!).
Ahora bien, de la mano de la proscripción a Evo vino el silencio cómplice, primero, y la maquinación para desplazar a Evo, incluso en el Trópico, después, por parte de Andrónico Rodríguez, quien fue una especie de ahijado político del propio Morales quien lo acompañó en las arenas dirigenciales y lo apuntaló como senador por Cochabamba en las elecciones de 2020, aunque sorprendentemente Rodríguez aspiraba, sin mérito propio ni reconocimiento popular, a la propia presidencia del Estado.
Pronto, con un discurso “renovación”, por segunda vez, y la crítica a que no hubo previsión sino egoísmo para encontrar un “plan B” a la proscripción de Morales, Rodríguez se aisló de su base política y social para llevar adelante su proyecto personal. Con la disidencia del evismo, a quien conquistó por ofertar puestos en las franjas de seguridad de las candidaturas a diputados y senadores, hizo una rara mezcla con candidatos de derecha y ultra derecha como Leonardo Ayala, jefe de bancada de Creemos, el partido del golpista Luis Fernando Camacho, con Humberto Claros, ex dirigentes campesino. Pronto, las direcciones y espacios de estrategia de la ahora Alianza Popular fueron confiadas a los cuadros del linerismo –la corriente que generó Álvaro García Linera–, incluido su hermano, Raúl García Linera y por lo menos uno de sus hijos. Incluso, la candidatura a la vicepresidencia recayó en la resistida Mariana Prado, muy afín y cercana a Álvaro.
Pero la propuesta de Andrónico, como la de todos los otros candidatos, y no solo por lo escrito, sino también por lo declarado, apunta hacia el neoliberalismo con el achicamiento del Estado, el profundizar el respaldo y el libertinaje económico de la agroburguesía cruceña y la eliminación de conquistas revolucionarias como la actualmente vilipendiada Ley Contra la Violencia a las Mujeres Nº 348, entre otros aspectos.
Alimentado por el contrarrevolucionario discurso de García Linera sobre la clase media y el desplazamiento de indios, campesinos, intelectuales de izquierda y obreros por el clasemedierismo, Andrónico ha dispuesto de estos cuadros lineristas para tratar de convencer al electorado de que él es revolucionario –cuando el público lo exige–, que es representante del movimiento popular en una especie de racismo bobo, y que finalmente es el “mal menor”, todo a contra corriente del llamado al voto nulo.
La derecha ya está festejando y se excita pensando en lo que va a hacer. La historia boliviana es clara: desde las dictaduras militares al neoliberalismo, la explotación, el racismo y la opresión son la base para que un puñado de ricos se hagan más ricos y las grandes mayorías sean cada vez más pobres.
No hay vuelta atrás, sobre las naves quemadas es imposible retornar y las elecciones del 17 de agosto no tienen en sus papeletas las candidaturas de los sectores populares, las han borrado, las han proscrito y nos ordenan votar por quienes ellos han aprobado, tampoco en las propuestas de ninguna de las candidaturas existe un ápice de oportunidad de superación a la crisis si no es poner la crisis sobre los hombros de las y los trabajadores del país. Nadie nos representa a los que nos asumimos de la izquierda revolucionaria. No hay opción sino el voto nulo y asumir el compromiso de reconstruir el horizonte revolucionario que acicate al movimiento popular, la historia no ha terminado y soñar, luchar y vencer son hoy nuevamente el camino.
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