El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática —el primero tras la liquidación del Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales, Coneval—arrojó a la luz pública un importante dato de reducción de la pobreza en México. Oficialmente, los 51.9 millones de pobres que había en 2018 disminuyeron a 38.5 millones en 2024, lo cual desde luego ha sido difundido ampliamente por las entidades de gobierno como un avance social sin precedentes. Según estos nuevos datos, la tasa de pobreza se ubica ahora en 29.6%, la más baja desde que se mide este indicador. De 2018 a 2024 un total de 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, y, de ellos, 1.7 millones salieron de pobreza extrema. La estadística atribuye a los aumentos al salario mínimo registrados durante el sexenio el que 6.64 millones del conjunto tengan ahora un ingreso suficiente para no considerarse pobres.
Un logro importantísimo, a pesar de la pandemia de 2020-2021 que produjo una brutal caída en el Producto Interno Bruto de -8.5% en el primero de esos años, y de que el crecimiento económico del país bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue, en promedio anual, de 0.7% según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), inferior al 1% que anunció AMLO en su último informe de gobierno, muy lejos del 6% que había prometido durante su campaña de 2018, y el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid (0.34%). En el periodo 2019 fue el segundo más bajo en América Latina, sólo superior a la República Argentina, que tuvo un decrecimiento de 0.13% https://n9.cl/bg39vz.
La presidenta Sheinbaum habló de estos nuevos datos como una “proeza”; y en efecto lo parece, como un verdadero logro a pesar de tantos otros indicadores que podrían operar en un sentido opuesto: el escaso crecimiento económico —inferior al crecimiento de la población, lo que nos indica un menor PIB por habitante—, la insuficiente creación de empleos formales y bien remunerados, y algunos otros.
Porque, en efecto, habría que revisar el contexto económico y social general en que se da esa sensible disminución en las carencias de ingreso de la población para explicarla de alguna manera. Anotemos, en primer término, los elementos disponibles sobre la estructural informalidad de la economía del país.
La economía informal tiene dos modalidades: por una parte, las pequeñas o medianas empresas —muchas de ellas de corte familiar— que no están registradas ante la Secretaría de Hacienda, la de Economía o las autoridades municipales, y no contribuyen fiscalmente o no lo hacen en la medida que correspondería. En ella se encuadran el comercio ambulante, los trabajadores callejeros y multitud de pequeños establecimientos de economía doméstica. Por otro lado, están las empresas establecidas que ocupan trabajo informal, eventual o irregular, al que no pagan el salario mínimo o no otorgan prestaciones. Desde luego, deben estar comprendidas industrias ilegales como la piratería y el tráfico de sustancias ilícitas. En México, según estimación del INEGI, el sector informal aportaba a finales de 2023 el 24.4 % del PIB, casi una cuarta parte. En 2024, la economía informal creció muy por encima del incremento registrado por el PIB: 4.2% frente al 0.4%, respectivamente.
Según el Censo Económico 2024 realizado por el INEGI, hay en el país más de 7 millones de establecimientos, en los que trabajan 36.5 millones de personas. El porcentaje de establecimientos informales aumentó respecto al registro de 2018, cuando eran el 62.6%; ahora representan el 64.3% del total. El personal ocupado en negocios formales bajó de 81.1% a 78.6% https://goo.su/swqnS.
Entre las entidades del país, el Estado que tuvo el mayor crecimiento anual de la informalidad fue Sinaloa, con una tasa de 10.8% real durante el cuarto trimestre del año pasado; lo siguieron Guerrero y Zacatecas (9.7%), Tamaulipas (8.7%) y Oaxaca (8.6%). En contraste, mostraron reducciones importantes en su informalidad Campeche (-15.7%), Quintana Roo (-12%) y Tabasco (-1.5%) https://goo.su/NtXHAT4. La aportación de la economía informal al valor agregado bruto (VAB) en algunas entidades es notable: Tamaulipas, Oaxaca, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Baja California Sur, Colima, Nuevo León y Ciudad de México por arriba de 6% del total. En contraste, el valor agregado bruto de la economía informal se redujo únicamente en los Estados de Campeche (15.7%), Quintana Roo (12.0%) y Tabasco (1.5%).
Hay que anotar que muy previsiblemente, en el año que corre, se registrará un importante descenso en el empleo informal, a partir de las nuevas disposiciones que obligan a las plataformas digitales a regularizar a sus trabajadores e inscribirlos en el IMSS; la primera en hacerlo ha sido DiDi, que declara tener 700 mil repartidores a domicilio en todo el país inscritos en el programa piloto https://n9.cl/42dja.
Hay que subrayar que una de las características de la economía informal, a pesar de su capacidad para generar ocupación, es la baja productividad, tanto de las empresas como de los trabajadores. Así, siempre según el INEGI, la economía informal genera apenas el 3.6% del valor agregado del país, mientras que es en las unidades formales, que son minoría, donde se concentra el 96.4% del valor total.
La otra característica de la informalidad, por consecuencia, es su escasa aportación fiscal. En 2023 nuestro país tuvo una recaudación del 17.7% del PIB, inferior al promedio de América Latina y el Caribe (ALC), que fue de 21.3%, y muy por debajo del de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de 33.9%. Por otra parte, es cierto que desde 2019 se han registrado incrementos en la recaudación, con excepción de 2020, cuando decreció en 0.8%. En el primer semestre de 2025 se alcanzó una cifra récord de 3 billones 278 mil millones de pesos https://n9.cl/b8i9he.
Esto se ha debido principalmente a un mejor sistema recaudatorio, no al crecimiento de la economía, que, como vemos, ha sido sumamente bajo en el periodo. Y no es muy probable que siga creciendo, si se mantiene el virtual estancamiento del PIB en el próximo periodo. Como es sabido, tanto el anterior gobierno como el actual de Claudia Sheinbaum se han negado a efectuar una reforma fiscal progresiva que incremente la tributación de los grupos de mayores ingresos en el país.
También los ingresos por remesas habían venido creciendo de manera consistente en la última década, incluso en 2020, a pesar de la pandemia de coronavirus, hasta alcanzar un máximo de 6 mil 206.88 millones de dólares en junio de 2024. Desde entonces, se han frenado y comenzado a disminuir paulatinamente hasta 5 mil 201 millones en junio de 2025 https://n9.cl/jebxc, lo que se puede atribuir a las políticas antiinmigratorias de Donald Trump en el presente año. En esas circunstancias, no es previsible tampoco que vuelvan a crecer en los años próximos, y menos cuando ahora han sido gravadas con un 1% por el gobierno estadounidense. Y a ello habrá que agregar también las tarifas arancelarias impuestas a nuestras exportaciones en los Estados Unidos, como al acero, cobre y aluminio y jitomates, y el freno a las exportaciones de ganado por el gusano barrenador, que incidirán negativamente en el ingreso de divisas legales al país.
Más difícil es estimar cómo afectará a la economía mexicana la política de endurecimiento y persecución a la economía ilegal; especialmente al tráfico de estupefacientes, como no se tuvo durante el gobierno anterior, de López Obrador; o las alertas emitidas también por el gobierno estadounidense al turismo en varios Estados de la República Mexicana.
Para un eficiente combate a la pobreza son necesarias diversas políticas, tanto generales como enfocadas hacia los sectores de menores recursos. El aumento de los salarios es importante, y desde 2019 ha incidido positivamente en México, con los incrementos al salario mínimo en favor de os trabajadores con menor calificación laboral. Pero no ha sido una política general, dejando atrás a los salarios contractuales y a los pagados en el sector público centralizado y descentralizado del país, donde se continúa aplicando la política de topes salariales inferiores a la inflación, conforme al catecismo neoliberal.
El incremento salarial ha contribuido, pese a ello, a una mayor participación de los ingresos laborales en el producto nacional, pasando del 26.7% del PIB en 2018 al 31.8% en 2024, según la medición de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, del INEGI, y a una reducción de la pobreza laboral que se sigue ubicando en un 33.9 por ciento de la población en el primer trimestre de 2025. Si bien es una cifra con tendencia a la baja, significa que todavía son alrededor de 44 millones de trabajadoras y trabajadores a los que no alcanzan sus ingresos salariales para comprar la canasta básica para su familia https://n9.cl/ib7wgl.
En cuanto al crecimiento del empleo formal, la afiliación de trabajadores al IMSS, que ha tenido una tendencia creciente en los años recientes, parece haberse estancado en el presente año. Hasta el 30 de junio de 2025, se tenía un registro de 22 millones 325 mil 666 puestos de trabajo, de los cuales el 87.5% son permanentes y el 12.5% eventuales. Pero en ese mes se registró una disminución mensual de 46,378 puestos, equivalente a -0.2%. Desde el primer semestre de 2024 al primer semestre de 2025 se crearon 6 mil 222 puestos de trabajo, esto es, un incremento anual de 0.03%, totalmente insuficiente para las necesidades económicas del país y del crecimiento de la población https://n9.cl/kdfci. La anunciada reducción de la pobreza descansa, así, casi totalmente en los aumentos al salario, y no en la generación de empleos.
Pero vayamos a lo más negativo. La misma ENIGH del INEGI, en la que se basa el indicador de reducción de la pobreza multifactorial ampliamente celebrado por el oficialismo, señala que el 61.1 por ciento de la población ocupada, equivalente a 38.4 millones de personas, no tiene acceso directo a la seguridad social. Y el 48.9 por ciento de la población no ocupada —desempleados, trabajadores eventuales o en actividades no remuneradas, que son 32.9 millones de personas, tampoco cuenta con seguridad social. Crudamente, se trata de una forma de marginalidad para quienes se encuentran en informalidad laboral o condiciones precarias en las que se desempeñan millones de trabajadores en el país. Y eso se traduce en que una parte no desdeñable del mayor ingreso monetario se tiene que dirigir a la atención médica y medicinas, como ocurre con los adultos mayores que reciben la pensión del programa correspondiente del gobierno federal.
En ese mismo sentido, un reportaje de Nayeli Roldán y Frasua Esquerra, con datos del INEGI, muestra que “entre 2019 y 2022, la proporción de personas en situación de pobreza que acudió a centros de salud públicos pasó de 36% a 25%, mientras que la atención en consultorios anexos a farmacias subió de 13% a 23%, lo que implica un aumento en el gasto de los mexicanos para su salud” https://n9.cl/mx6an. Según el mismo reportaje, el número de consultorios privados en el país se incrementó de 4 mil 786 en 2019 al doble, 9 mil 235 en 2023 (dato de la Cofepris). La recurrencia a seguros de gastos médicos mayores se ha disparado también, ante la crisis estructural del sector salud, profundizada durante el gobierno de López Obrador https://n9.cl/z0tqr. Puede esto traducirse como una creciente deficiencia del Estado en la atención médica, y una privatización de la salud.
Si pasamos al campo de la educación, brotan otros elementos preocupantes. En 2024, fueron 994 mil 219 estudiantes los que desertaron de los centros educativos en diversos niveles, a pesar de que se canalizó el 9.3% del presupuesto público —102 mil 948 millones de pesos— a becas escolares. El descenso en la cobertura de éstas, aunado a otros factores como embarazos y uniones tempranas, frustración, reprobación y desmotivación, pero sobre todo la persistencia de la pobreza y la necesidad de atender necesidades económicas, hacen de éste un problema prácticamente estructural en nuestro sistema educativo https://n9.cl/4p8j7.
Nuevamente, el INEGI nos proporciona datos desalentadores en materia de vivienda. Lo que este organismo cataloga como rezago habitacional ampliado, integrado por las viviendas con hacinamiento (más de 2.5 personas por habitación), construidas con materiales precarios y sin servicios sanitarios como el escusado, se mantenía en 2024 en un elevado nivel: el 21.9% del total (8 millones 381 mil 545 de las 38.36 millones censadas), conforme a datos de la Secretaría de Hacienda https://n9.cl/azpg9r. Hay mucho por hacer todavía; y aun el programa anunciado de construcción de un millón de viviendas nuevas anunciado para el presente sexenio, no logrará subsanar. Se requiere también un amplio programa de mejoramiento habitacional.
Finalmente, el gran problema de la distribución del ingreso tampoco ha logrado ser mejorado. Si bien es cierto que hubo un avance en el ingreso de los hogares más bajos en la escala, la desigualdad es persistente y abismal. Según el reciente informe ¿Derechos o privilegios? Una mirada a la ENIGH 2024 desde las desigualdades, elaborado por los organismos no gubernamentales Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig), el ingreso en el 10% de los hogares mexicanos con menores ingresos en 2024 (decil I) fue de 21 mil 825 pesos mensuales en promedio, lo que representa 2 mil 168 pesos por persona, equivalentes a poco más de 70 pesos diarios. El 10% más rico de los hogares (decil X) recibe 140 mil 998 pesos mensuales por persona. “Esto quiere decir que el ingreso de las personas del decil X es 65 veces más alto que el de las personas del decil I”. El decil I recibe sólo el 2% del total de los ingresos, mientras que el decil X acumula el 54%.
En el periodo 2018-2024, los ingresos del decil I crecieron 29% durante el mismo periodo y los ingresos del decil X 19%. Y eso implica una reducción en la desigualdad social. Pero si el examen se lleva a los percentiles, las desigualdades se hacen más visibles. El 1% más rico, que es el que concentra realmente la riqueza, incrementó también en 29% sus ingresos. Cada persona del decil I recibió casi 16 pesos más al día, un incremento que, si bien es importante, los analistas que elaboraron el estudio consideran insuficiente para superar las líneas de pobreza. En cambio, las personas del 1 % más rico recibieron 7 mil 123 pesos más al día. Esto representa que esta cúpula de la riqueza recibe 442 veces más ingresos por persona que el 10% más pobre de la población. Ese 1% más rico se apropia anualmente el 35% de la riqueza nacional.El nivel de desigualdad de México sólo sería superado, según el análisis de Oxfam y el Indesig, por Colombia, Namibia y Sudáfrica.
La metodología con la que se ha proclamado en las recientes semanas la reducción de la pobreza en México nos remite básicamente a la medición del ingreso, más que a la medición multidimensional. Esa reducción se refiere, principalmente, al ingreso laboral como consecuencia de los aumentos salariales, que han impactado en un 11%, en tanto que los ingresos por transferencias (programas sociales de Bienestar) lo han hecho en sólo 2%, pese a que tuvieron un incremento de 133% en el periodo 2018-2024. Y, paradójicamente “los hogares con mayores ingresos son también los que han percibido el mayor aumento en términos absolutos y porcentuales”. Los ingresos en los hogares mexicanos por negocios y por rentas de capital, en cambio, disminuyeron en 6 y 17%, respectivamente en el periodo, afectando principalmente a los micro y pequeñas empresas.
Las remesas, que tuvieron una reducción promedio de 8% en el periodo, impactaron desigualmente en esos ingresos: en los hogares del decil I, los más pobres, registraron un incremento de 81%, pero que en realidad representaron sólo 53 pesos mensuales adicionales. (El estudio referido puede obtenerse completo en https://n9.cl/p3ojx5).
¿Cómo se han financiado los programas sociales, sin tener una política redistributiva para gravar más a las grandes fortunas ni un crecimiento económico que aumente sustancialmente la tributación? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó al finalizar un déficit fiscal (diferencia entre gasto e ingresos de la Federación) de 5.7% del PIB, el más alto en la historia del país desde que se tiene registro: 1 billón 940,300 millones de pesos al cierre de 2024. En consecuencia, la deuda pública también se elevó a niveles históricos; de 52.20 que era en 2018 a 58.42% del PIB, el más alto desde 1987. En términos absolutos, hablamos de 15 billones 215 mil millones de pesos, y la deuda por habitante se ubicó, así, en 131 mil 738 pesos, 17.5% más que al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Particularmente, el déficit y el endeudamiento se elevaron en el año electoral 2024, cuando el gasto en programas sociales se incrementó en 7.3% con respecto de la anualidad anterior.
Así, sólo el 53% del nuevo endeudamiento se canalizó a inversión, desapegándose de la regla convencional admitida de dirigir a ese renglón la totalidad; y el 47% restante fue a gasto corriente: pago de deuda e intereses de los organismos públicos (Pemex en primer lugar), sueldos y salarios del sector público y programas sociales https://n9.cl/9c6y3. Sin disponer ahora del dato más preciso, se puede inferir que esos programas de Bienestar y su aportación en la reducción de la pobreza se están sosteniendo, al menos parcialmente, con endeudamiento que se revertirá en los próximos años, si no es que no lo hace ya en el presente, lo que los puede hacer insostenibles.
Los otros indicadores, como los de empleo formal y estable, salud, educación y vivienda nos dicen que aún estamos muy lejos en México de contar con un Estado de bienestar. La reducción de la pobreza laboral es real, pero no alcanza a los grupos incluidos en la pobreza extrema. En este último caso, tenemos más pobres dependientes de los subsidios a través de los programas sociales. Y la desigualdad entre los sectores menos favorecidos y los ultrarricos de la listade Forbes, que son mucho menos del 1%, está lejos de haberse zanjado, a pesar del lema sexenal de “primero los pobres”.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – IMSNH
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