En octubre de 2014, en San Diego, California, la DEA descabezó a una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa. Entre los detenidos estaban dos veracruzanos: Noé y Alberto Mina Joaquín, originarios de Playa Vicente, quienes purgaron condenas de más de siete años en una prisión estadounidense por traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo ultra letal.
Lo que en Estados Unidos quedó registrado con números de expediente, decomisos de droga y sentencias firmes por la magistrada federal Karen S. Crawford, en Veracruz se convirtió en una historia maquillada. Aquí, los hermanos Mina Joaquín jamás fueron señalados por su pasado criminal; al contrario, regresaron arropados por el poder político local.
Su protectora no es otra que su hermana, Roxana Mina Joaquín, exdiputada local y operadora del partido en el gobierno. Desde la llegada de Cuitláhuac García al poder, Roxana se incrustó en la estructura estatal: pasó por la Secretaría de Educación y extendió su influencia en la región mazateca, controlando programas sociales y posiciones estratégicas de la Secretaría de Bienestar.
Mientras en México se presentan como víctimas del sistema, como migrantes que “solo buscaban trabajar en la pizca” o como “maestros que luchan por mejores condiciones”, en los archivos de la DEA aparece otra versión: la de traficantes que introdujeron a EU varios kilos de cocaína, metanfetaminas y fentanilo, en complicidad con una organización familiar liderada por Hugo Adalberto Adrián Ramírez, condenado a 35 años de prisión.
El blindaje político
En Nuevo Ixcatlán, comunidad de Playa Vicente, los Mina Joaquín operan con total impunidad. Controlan plazas educativas, recursos de programas federales y el aparato electoral local de Morena. Todo esto en un municipio marcado por la violencia, donde más de 300 personas desaparecieron en una década sin que la familia, con poder político, moviera un dedo por las víctimas.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que individuos con antecedentes criminales en Estados Unidos sean protegidos y reciclados en la política veracruzana? ¿Qué clase de filtros –si es que existen– tiene el partido gobernante para permitir que personajes con expedientes de narcotráfico dirijan estructuras locales?
El regreso con lujo y soberbia
Lejos de mantener un perfil bajo tras su paso por prisión en EU, Noé Mina Joaquín ha vuelto a hacer ruido. Su nombre reapareció tras un accidente de tránsito en el que, presuntamente bajo los efectos del alcohol y las drogas, conducía un Jeep Rubicón valuado en más de un millón de pesos. Un vehículo de lujo que difícilmente se explica con la vida modesta que él y su familia aseguran llevar.
La herida abierta de Playa Vicente
El contraste es brutal. Mientras cientos de familias de Playa Vicente siguen buscando a sus desaparecidos, los Mina Joaquín expanden su influencia política, se desplazan en autos blindados de lujo y se amparan en el poder de Morena. En EU, fueron fichados como narcotraficantes; en Veracruz, se venden como líderes comunitarios.
La omisión del gobierno estatal es tan grave como el propio historial criminal de los hermanos. Callar frente a los antecedentes de esta familia equivale a validar la penetración del crimen en la política.
La justicia estadounidense dejó constancia de sus delitos. La justicia mexicana, en cambio, se ha rendido al silencio y a la conveniencia partidista.
En la región mazateca, los pobladores lo resumen con amargura: “allá fueron delincuentes, aquí son políticos”.
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