A cinco años y nueve meses de la ruptura democrática de 2019, la impunidad se consolida mientras se ocultan las complicidades que hicieron posible el gobierno de facto de Jeanine Añez.
La historia oficial intenta fragmentar lo que fue un proceso único y calculado: la deposición del gobierno de Morales en 2019.
Nos hablan del caso Golpe I[1] y un Golpe II[2], por otro lado, del caso Senkata y caso Sacaba, como procesos judiciales separados. Esta compartimentalización no es casual; busca ocultar la arquitectura integral de un golpe de Estado que supo vestirse de legalidad para después ejercer la represión más sangrienta.
Los hechos del denominado Golpe I no fueron un mero trámite jurídico. Fue la puerta de entrada, cuidadosamente abierta por la derecha cívica y empresarial –con Luis Fernando Camacho y Marco Pumari a la cabeza– y avalada por una narrativa mediática que clamaba por “orden”, “democracia” y “libertad”. Su objetivo fue claro, forzar la renuncia del presidente mediante acciones insubordinadas y de terrorismo, con la finalidad de subvertir el orden constitucional, allanando el camino para una sucesión inconstitucional.
El Decreto Supremo No. 4078, emitido por Jeanine Añez, fue la licencia para matar[3]. Firmado un día antes de la masacre de Sacaba, fue el instrumento que eximió de responsabilidad penal a los militares y policías que, días después, asesinaron a 20 personas en Sacaba y Senkata.
La autoproclamación de Jeanine Añez no fue en el vacío. Lo hizo porque los hechos vinculados al Golpe I crearon las condiciones para que su farsa de sucesión constitucional pareciera legítima. Pero la farsa necesitaba un barniz final. Ahí entró en juego la Ley No. 1270 Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, promulgada en enero de 2020 con un ingrediente perverso, el aval tácito de un sector del MAS, liderado entonces por Eva Copa desde la presidencia del Senado. Esta ley fue el acta de nacimiento “legal” de un gobierno ilegítimo, el documento que intentó lavar la mancha de origen del golpe y que muchos, por cálculo político o miopía, prefieren olvidar.
Con la fachada legal armada y el sentido común creado por los medios de comunicación, el régimen de facto de Añez se disfrazó de constitucional hasta que, promovida entre otros por Samuel Doria Medina, decidió ser candidata a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en las elecciones generales de 2020.
Tras la victoria electoral de Luis Arce Catacora, la justicia, lenta y politizada, parecía avanzar. La condena a Añez por el Golpe II por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución fue un triunfo parcial; pero la estructura de poder que permitió el golpe sigue hoy intacta. Las recientes decisiones judiciales de agosto de 2025, la libertad de Añez en el caso Senkata, la suspensión del caso Sacaba, la concesión de arresto domiciliario a Camacho y la libertad pura y simple para Pumari[4], no son casuales. Son la muestra de que los poderes fácticos que impulsaron el golpe, tienen resortes de poder en el sistema de justicia y en la política actual.
La impunidad que hoy se consolida envía un mensaje inequívoco, pues, a los poderosos se los procesa con premura, mientras los crímenes contra el pueblo se archivan en la desidia judicial. Las familias de Senkata y Sacaba siguen clamando por justicia, al mismo tiempo que los tribunales liberan a los responsables –directos e indirectos– de la violencia y la ruptura democrática. La investigación debería alcanzar toda la red de complicidades, incluyendo a aquellos dentro del MAS que, al avalar la Ley No. 1270, terminaron por legitimar al gobierno de facto.
Hoy, después de conocerse las decisiones judiciales, el gobierno –que tuvo injerencia visible en los otros órganos del Estado– señaló, a través de su viceministra de comunicación (Gabriela Alcon), “respetar la decisión de otorgar juicio de responsabilidades para Jeanine Añez en el caso Senkata”.
En el presente, no solo debemos conmemorar la resistencia popular al golpe de Estado de 2019; sino, hacer una crítica frontal. La lucha no solo tiene que ser contra la derecha golpista que liberó a sus visibles cabecillas, sino también contra la complicidad soterrada y el pragmatismo del MAS que sacrifica principios en aras de una estabilidad ficticia e interés de grupo. La batalla por la memoria y la justicia integral –que incluya a todos los responsables, desde los que dieron el golpe hasta los que le dieron fachada legal y viabilidad– es la única manera de honrar a los mártires y de evitar que la historia se repita.
Notas:
[1] El caso Golpe I involucra a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración por su rol en la crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales. En noviembre de 2024, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz apartó a Jeanine Añez del proceso por considerar que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho, haciendo referencia al caso Golpe II, aunque los delitos en su contra en ambos procesos son distintos.
[2] El caso Golpe II se refiere a la condena –sentencia ejecutoriada– de Jeanine Áñez en 2022 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, tras su autoproclamación como presidenta sin el cumplimiento del orden constitucional de sucesión.
[3] Emitido el 14 de noviembre de 2019, autorizó la participación de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Boliviana, en el control del orden interno en medio de la crisis poselectoral, tras la renuncia de Evo Morales. Su punto más cuestionado por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue el artículo 3, que señalaba: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden quedará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o en estado de necesidad”.
[4] Luis Fernando Camacho fue aprehendido en diciembre de 2022 y trasladado al penal de Chonchocoro, en La Paz. Por su parte, Marco Pumari fue detenido en diciembre de 2021 y recluido en el penal de Cantumarca, en Potosí. Ambas detenciones estaban vinculadas al caso Golpe I, en el que se los acusaba de haber articulado, desde su liderazgo cívico –el primero en Santa Cruz y el segundo en Potosí– acciones para forzar la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
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