No fue del todo sorpresivo, pero sí espectacular. El 6 de septiembre las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Seguridad y la Fiscalía General de la República emitieron conjuntamente un boletín informativo en el que se refirió la aprehensión de un grupo de empresarios y funcionarios públicos relacionados con lo que llamaron el mercado ilícito de combustibles. La información, ampliada en conferencia de prensa de los titulares de la FGR y la SSPC dio cuenta de las detenciones; entre éstas las de cinco integrantes en activo y uno en retiro de la Marina Armada de México, además de ocho civiles, por están vinculados al decomiso realizado en marzo pasado en Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores y vehículos para transportar el combustible. Destaca que entre los indiciados figuran, nada menos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contraalmirante Fernando Farías Laguna —ahora prófugo—, sobrinos políticos del ex secretario del ramo Rafael Ojeda Durán.
Se trata, según las investigaciones difundidas hasta ahora, de una amplia red que desde por lo menos 2022 operaba dentro de la Secretaría de Marina y las aduanas portuarias de Tampico y Altamira, en Tamaulipas, con alcances en otros puntos en Sonora, Colima y Ciudad de México. La red delincuencial actuaba también en otros lugares del país, como Nuevo León y Veracruz, y al decir del fiscal Alejandro Gertz Manero, habrá próximamente muchas más detenciones y órdenes de aprehensión. Particularmente en los puertos de Tamaulipas, el dominio de los almirantes involucrados era absoluto. Cuando llegaba uno de los 31 buques que se ha detectado que arribaron ahí cargados de diésel, el puerto se cerraba para que cientos de pipas lo descargaran y transportaran a sus destinos de distribución, con la participación de marinos y empleados de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) https://n9.cl/h7bag.
Tan sólo en el operativo del pasado mes de marzo, se decomisaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales. El combustible, comprado en Texas, era introducido a México con documentación apócrifa como supuestos aditivos para lubricantes, exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y luego distribuido en el mercado en diversas regiones. Según la investigación titulada “Recaudación potencial del contrabando fiscal” realizada por la consultora Petro Intelligence, la evasión fiscal lograda mediante ese procedimiento podría alcanzar 170 mil millones de pesos. Y según la embajada de los Estados Unidos, con base en datos del Departamento del Tesoro de ese país, lo que ahora es conocido como huachicol fiscal constituye el segundo negocio ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada, sólo después del narcotráfico, generando pérdidas para el fisco de hasta 170 mil millones de pesos.
Esa cifra, que representa más de diez veces el desfalco conocido de Segalmex durante el gobierno pasado, resultan impresionantes por sí mismas; pero más lo es el que, si bien hubo una petición a la FGR del secretario de Marina de López Obrador, el mencionado almirante Ojeda Durán, para investigar las sospechas del contrabando de combustibles desde 2022, las diferentes autoridades a quienes correspondía actuar frente a los ilícitos no lo hayan hecho durante tres años. Hablamos de la propia fiscalía de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) —estos tres organismos, dependientes de la Secretaría de Hacienda—, de la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (liquidada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, de Pemex y de la propia Secretaría de Marina. Es decisivo que, en su gobierno, Andrés Manuel López Obrador puso en manos de la Marina Armada de México la Asipona. Mucho tiene que haber fallado, o mejor, haberse corrompido, en el sistema de control y fiscalización para que la organización delincuencial creciera en esa magnitud en un tiempo tan breve.
Así, se trata del mayor escándalo de corrupción del gobierno de López Obrador, superando al de Segalmex, que él mismo reconoció, aunque decía que era el “único”. Pero sólo hasta ahora se han efectuado las detenciones y diligencias anunciadas por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el fiscal Gertz Manero desde el 6 de septiembre, coincidiendo con la reciente visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Todo indica que gran parte de la información sobre el caso proviene del Departamento del Tesoro gringo, que ya había detectado el contrabando de los hidrocarburos desde Texas.
Una revelación hecha por el periodista Carlos Loret de Mola desde 2022, señalaba a los hermanos Farías Laguna como las cabezas del entramado delincuencial. Pero ha sido ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se ha realizado una serie continuada de acciones contra los cárteles huachicoleros. De acuerdo con el mismo periodista, la intercepción el 1 de marzo de un buque con 10 millones de litros de combustible robado en Altamira; el decomisoel 9 de abril de 18 millones de litros de diésel importados ilegalmente por una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación; el aseguramiento el 30 de mayo de 3 millones de litros, 3,900 contenedores, vehículos y maquinaria; el 18 de junio el descubrimiento en Coatzacoalcos de una minirrefinería de huachicol; el mismo día, en Nuevo León, la incautación de más de 1 millón de litros almacenados ilegalmente; el 29 de junio, doce cateos en Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro que desmantelaron una red criminal; el mismo día, en Saltillo, la confiscación de 2 millones de litros, 16 millones de pesos en efectivo, tractocamiones, bombas, pipas y animales exóticos; en Cunduacán, Tabasco, el 2 de julio, el decomiso de casi un millón de litros de huachicol; el 7 de julio, el mayor decomiso de huachicol en la historia: 15 millones de litros en 129 ferrotanques https://n9.cl/1wy7a. Hasta la Sedena compró y usó combustible ilegal en sus vehículos durante la construcción del Tren Maya.
Ahora que toda esa información se ha diseminado en los medios y redes sociales, los hechos extraños se encadenan al proceso. El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, murió el lunes 8 de septiembre, se dijo que por suicidio, en su oficina portuaria en Altamira. A pesar de que el fiscal Gertz negó que ese hecho estuviera vinculado con las indagaciones y procesos ministeriales, su nombre figuraba repetidamente en la carpeta de investigación de la presunta red de huachicol fiscal al interior de la Secretaría de Marina. Y un día después Adrián Omar del Ángel Zúñiga, que fuera responsable del puerto de Manzanillo hasta mayo de 2023, murió extrañamente durante lo que la Semar llamó una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias.
Las investigaciones periodísticas han relacionado estas muertes con otras ocurridas también dentro de la Secretaría de Marina, pero muy especialmente con el asesinato del empresario Sergio Carmona Angulo, llamado en su momento El Rey del Huachicol, que organizó en Tamaulipas el contrabando en gran escala de hidrocarburos desde Texas a nuestro país, y que fue muerto en Nuevo León en noviembre de 2021. Había tenido contacto poco antes con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, y probablemente había ofrecido informarle cómo financió campañas políticas del PAN y Morena en Tamaulipas, incluyendo las de los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca y Américo Villarreal. En este segundo caso, con pleno conocimiento del entonces presidente morenista y hoy secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
El caso del huachicol fiscal, con homicidios de por medio, ha venido a desmontar, una vez más, otra de las falacias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador: la de la incorruptibilidad de las fuerzas armadas. Y tenía que ser. Desde el gobierno de Felipe Calderón los cuerpos castrenses han venido aumentando su presencia en la vida del país, cuando el presidente michoacano decidió declarar la guerra al narcotráfico e intensificar su papel en tareas de seguridad pública. Pero fue con el tabasqueño que el Ejército y la Marina asumieron una amplia gama de tareas del orden civil, entre las cuales la administración de empresas públicas (Tren Maya, aeropuertos civiles, Mexicana de Aviación y varias más). No hay ninguna razón para que, en esas condiciones, las corporaciones de seguridad, dotadas de poder económico, con gran opacidad y casi nula rendición de cuentas, y sin órganos de control, fueran inmunes al enriquecimiento y a la actividad delictiva. El pleno respaldo presidencial y los excesivos poderes que les fueron depositados hicieron que también los comandantes de la fuerza naval pudieran desplazarse sin grandes obstáculos por el mar de la corrupción y la impunidad.
¿Podrán los sobrinos huachicoleros, así, haber actuado sin que su tío político, el secretario de Marina, se enterara? ¿Fue por ineptitud o por franco contubernio y encubrimiento que la Fiscalía General de la República no actuó contra los delincuentes navales y su red de contrabando de hidrocarburos?
Aunque el grupo actualmente en el gobierno quiera seguir insistiendo en el manido argumento de “no sabía”, tan improbable en el ámbito del poder, la responsabilidad de López Obrador en este caso de corrupción extrema es ineludible, por haber otorgado a las fuerzas armadas tan inconmensurable poder, haber puesto bajo su dominio ingentes recursos de corrupción y haber liquidado los organismos reguladores y de control constitucional. El patrón se repite y se seguirá repitiendo: desde Calderón con su secretario García Luna a López Obrador que, junto con su putativo hermano ex gobernador de Tabasco “ignoraban” que el segundo había colocado como secretario de Seguridad al jefe de la banda delictiva conocida como La Barredora; y ahora con el jefe de la Marina Armada, también totalmente “ajeno” a los meganegocios que los hijos de su cuñada hacían en las jefaturas de puerto del país. Pero no, la pregunta no es ya qué tanto sabían o ignoraban los más altos funcionarios del país, sino hasta qué nivel llegará la decisión política de perseguir y castigar sus latrocinios.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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