A menos de 24 horas de la dura derrota legislativa, en la que Diputados rechazó los vetos de Javier Milei para financiar la salud y la universidad pública, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lanzó hoy una amenaza pública contra el conjunto de la sociedad. En conferencia de prensa, insinuó que financiar al Hospital Garrahan y la Universidad pública equivale a suspender los subsidios al transporte por un año y seis meses, el presupuesto del Congreso por cuatro meses, todos los planes sociales por tres meses, los subsidios energéticos por cuatro meses, el presupuesto completo del Poder Judicial por cinco años, o despedir a más de 66.000 empleados públicos, entre otras ideas de ajuste.
En este marco, con un dólar que supera los $1500 y un riesgo país de más de 1400 puntos, se agudiza la debilidad política de La Libertad Avanza y se acelera el debate sobre quién debe pagar los costos de la crisis: el pueblo o los sectores más ricos de la sociedad.
Rápidamente lo salió a cruzar en sus redes sociales Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional: “me parece Adorni que no estarían entendiendo nada. ¿En serio vuelven a amenazar con despidos masivos en el Estado? Ya lo intentaron y no les fue muy bien. El rechazo a los vetos tienen un ínfimo impacto fiscal. ¿No se les ocurre otra cosa para compensar y mostrar como equivalencia que no sean medidas que le sigan deteriorando la vida a la gente? Proponen destruir más puestos de empleo o eliminar subsidios que benefician a los más necesitados. ¿Por qué no compensan aumentando los tributos a los bienes personales, restituyendo a los niveles anteriores las retenciones a los ricos del campo o estableciendo finalmente un impuesto a las grandes fortunas? Ustedes no solo son autoritarios y antidemocráticos que se niegan a aceptar la voluntad popular, son unas verdaderas lacras y miserables. Ustedes están en caída libre y no la remontan más. Ah, y no vaya a ser cosa que digan que queremos voltear al Gobierno. ¡Porque ustedes se voltean solos!”, sentenció Aguiar.
En este marco de rápida caída popular de la credibilidad de Milei y su gobierno (tras perder 2 millones de votos en las elecciones legislativas bonaerenses y con malas perspectivas para octubre), con un Congreso y un mercado que le son esquivos, la fragilidad política de la gestión de La Libertad Avanza es contundente.
Con ese combo, en lo que fue un jueves negro para el mercado argentino, bajan los bonos soberanos denominados en dólares un 12%, caen las acciones, mientras que el dólar oficial es intervenido por el Banco Central, que el viernes tuvo que deshacerse de otros US$ 678 millones totalizando U$S 1.100 en tres días para intentar contenerlo dentro de la banda pactada con el FMI, sin éxito. El blue rompió la barrera de los $1500, y el riesgo país alcanzaba los 1435 puntos.
El Garrahan va a un paro de 48 horas
Mientras la semana del Banco Central cerraba con casi 13 veces la emergencia pediátrica esfumándose en venta de dólares, una asamblea del Garrahan decidió profundizar las medidas. El Gobierno dice que no hay plata, pero los dólares vuelan y se supo que el hospital terminó el 2024 con 40.000 millones destinados a inversiones.
Una asamblea de trabajadoras y trabajadores del hospital Garrahan debatió el viernes cómo continuar su enorme lucha que se volvió una causa nacional. El triunfo en la Cámara de Diputados, logrando sortear el veto de Milei, mostró la importancia de una lucha que vienen llevando desde el año pasado con múltiples paros y movilizaciones.
No se trató solo de una conquista para las trabajadoras y los trabajadores del gigante pediátrico, sino también de un golpe para el Gobierno que atraviesa su peor crisis política y económica desde que asumió. Mientras cada vez más sectores salen a la calle para enfrentar las políticas de un ajuste a la medida del FMI, sube el dólar, crece el ataque al salario y de las reservas del Banco Central ya se esfumaron casi 13 veces el presupuesto anual para la Ley de emergencia pediátrica en tan solo tres rondas cambiarias. El gobierno está atrincherado en su política de ajuste, a tal nivel que la emergencia pediátrica para este año equivale a un 2,35% de las exenciones a las retenciones del agro que se realizaron este año.
En ese contexto en el debate surgió como una conclusión principal que el triunfo se logró por la pelea organizada desde abajo y en la calle como determinantes jubiladas y jubilados, el colectivo que pelea por la emergencia en discapacidad, docentes, tra, o los familiares y madres de pacientes que se atienden en el hospital que están en cada acción, demostraron que esa unidad es el camino para enfrentar el ajuste de un gobierno que ni en su mayor crisis está dispuesto a dar el brazo a torcer.
El día anterior a la votación en Diputados, se dio a conocer el balance al cierre de 2024 donde se muestra que el hospital destinaba a inversiones la módica suma de 40.000 millones de pesos, 7,2 millones de pesos por cada trabajador/a de planta, residentes y becarios/as que quedaron atesorados en un fondo común de inversión mientras los malabares para llegar a fin de mes son infinitos. Por eso mismo, desde la asamblea reclamaron un aumento de emergencia con los recursos que están destinados a la timba financiera porque el ahogo no da para más. El Consejo Profesional que dirige el hospital podría otorgar un aumento con los recursos propios que genera el hospital pero se niega a hacerlo siguiendo los mandatos del Ministerio de Salud de Mario Lugones.
Por eso decidieron redoblar la pelea para la semana que viene, convocando a un paro de 48 horas el martes y el miércoles para exigir una respuesta urgente, adelantando también que pararán y marcharán cuando se trate el veto en el Senado.
Mientras la salud pública sigue contando renuncias con bolsill cada día más vacíos, el Senado recién convocó a una sesión para tratar la emergencia pediátrica dentro de dos semanas, el 2 de octubre. Los tiempos del Congreso siguen sin ser los tiempos de las y los de abajo. Esteban Argañaraz, delegado de la Junta Interna de ATE, planteó que «tenemos que exigir el paro general y un plan de lucha contra el ajuste, no creemos en el Congreso que se dieron vuelta contra los jubilados», a lo que agregó: «desde abajo y en asamblea, con los delegados por sector, tenemos que seguir peleando contra este gobierno ajustador».
Contra cualquier tipo de especulación, de cálculo político-electoral, de cualquier promesa para un lejanísimo 2027 mientras el saqueo del país se monitorea día a día, es urgente una salida ya mismo que beneficie al conjunto de trabajadores, por eso también en la asamblea una madre que viene apoyando el conflicto tomó el micrófono para reclamar paro general urgente.
Las centrales sindicales que hoy en día se dedican a llevar una bandera de vez en cuando a marchas o a sacarse fotos con Axel Kicillof, no pueden seguir mirando para el costado siendo cómplices del ajuste tal como sucede con UPCN, que en el Garrahan buscó boicotear la pelea constantemente. La clase trabajadora necesita un plan de lucha discutido democráticamente desde abajo para derrotar el ajuste del gobierno.
Trabajadores toman fábrica Petroquímica de Río Tercero
Luego de semanas de negociación entre el Sindicato de Químicos de Río Tercero y la patronal, quedó claro que la empresa quiere vaciar la fábrica y no tiene intención de discutir reincorporaciones a la vez que manifestó el objetivo de rebajar el salario de los trabajadores.
Un duro conflicto contra más de cien despidos, pero que de fondo es la pelea contra un vaciamiento planificado por parte de la patronal.
Luego de vencida la conciliación obligatoria se desarrolló una mesa de negociación entre la empresa y el sindicato para discutir reincorporaciones y pago de indemnizaciones. Sin embargo, como comunicaron desde el gremio, «la patronal dio claras señales de quieren llevar todo a la quiebra, cayéndose por completo no sólo las reincorporaciones y las indemnizaciones sino que también plantearon rebajas salariales en los sueldos de todos los trabajadores que hoy siguen en PR3».
Por este nuevo ataque de la patronal es que los trabajadores han decidido tomar por completo el complejo fabril hasta que la situación se revierta.
La patronal de Georgalos debió reincorporar a uno de los despedidos
Tras meses de lucha en la planta de Victoria, protestas en Panamericana, acampes y la solidaridad de decenas de organizaciones, el Poder Judicial le dio la razón a Alejandro Martínez, quien fue despedido por ejercer el derecho de huelga. Fue su lucha, la de los y las trabajadoras de Georgalos, de las organizaciones solidarias y otros sectores como los compañeros de Secco. Sigue la lucha por otros cuatro compañeros.
El jueves fueron acompañados por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la Comisión Interna de Georgalos, la Agrupación Bordó del gremio de la Alimentación, junto a Victoria Moyano (hija de desaparecidos y luchadora por los Derechos Humanos), jóvenes del No Pasarán, junto a otros militantes del PTS y el PO. Allí estaban también los compañeros de la Comisión Interna de Mondelez y trabajadores que fueron a la entrada a hacer el aguante y acompañar a Alejandro.
Así fué durante esta lucha donde decenas de organizaciones sindicales, agrupaciones, movimientos sociales y políticos los acompañaron activamente como los diputados del PTS en el FITU.
La empresa desconoció la conciliación obligatoria para impedir que estén en sus puestos de trabajo ese tiempo y solo recibieron multas del ministerio de Trabajo de PBA que no usó todas sus herramientas para obligar a la empresa a retroceder. Ahora los cuatro fallos judiciales reafirmaron que los despidos fueron ilegales.
La fuerza de la organización obrera y la presión en las calles lograron torcerle el brazo a la patronal y este jueves Martínez fue reinstalado en la planta Victoria. Ahora hará los trámites de ART para volver a su puesto nuevamente.
Elizabeth González, Miguel Maciel y Maximiliano Montero deberán ingresar cuando la empresa sea notificada. En tanto que Diego Cianni sigue la pelea en la Cámara y también en las calles juntos a sus compañeros hasta que se reafirmen todos los fallos y estén en sus puestos de trabajo.
Un paso muy grande, que muestra que luchar sirve. Y es un golpe a quienes como Javier Milei y las patronales quieren imponer el despido por ejercer el derecho a huelga.
Ahora la Junta Electoral del Sindicato de la Alimentación debe incorporar a los compañeros con fallos favorables a la lista de oposición.
Esta lucha fue dada a pesar y contra la conducción Verde que se negó a parar frente a los despidos. Por eso, por un sindicato democrático y de lucha, este 26/9, votá Lista 2.
KTM e ILVA: 350 familias en lucha
El jueves se realizó una nueva jornada de protesta en el Parque Industrial de Pilar. Trabajadores despedidos de KTM, que vienen reclamando por la reincorporación de 50 familias, se sumaron a la lucha de los ceramistas de ILVA, quienes cortaron los accesos al predio denunciando los 300 despidos realizados por la empresa.
“En este momento nos juntamos con los compañeros de ILVA en el parque industrial de Pilar, donde Grupo Simpa tiene una fábrica, y nos estamos manifestando acá”, señalaron despedidos de KTM, reforzando la unidad de ambos conflictos.
La jornada incluye cortes en las tres entradas principales al Parque, que concentra a más de 200 empresas y es uno de los polos industriales más grandes del país. La protesta busca visibilizar la dramática situación de las más de 350 familias que quedaron sin ingresos de un día para el otro.
En el caso de ILVA, la planta de cerámicos fue vaciada por sus dueños y cerrada en agosto, dejando en la calle a cientos de trabajadores con décadas de antigüedad. El conflicto de KTM, en tanto, comenzó cuando Grupo Simpa despidió a 50 operarios tras el cierre de la planta metalúrgica ubicada en Campana.
La coordinación de ambos sectores en lucha marca un paso importante frente a la política de las patronales y el gobierno tanto nacional como provincial, que permiten que empresas que acumulan ganancias millonarias descarguen la crisis sobre los trabajadores. Las fuerzas para enfretar los despidos están, las conducciones sindicales tiene que romper la tregua y llamar a un plan de lucha.
Una fábrica de pastas despidió a 25 empleados
Así contó la dramática situación el delegado gremial de la fábrica de pastas Vía Vespucci, Carlos Mesa: “El lunes a las 15:00 se hicieron presentes el dueño de la fábrica y su representante legal intimándonos a que firmemos una renuncia con una esperanza de incorporarnos en otra fábrica. Nosotros no firmamos”, señaló.
Según el trabajador, desde octubre del año pasado pagaban el sueldo “en dos veces, después en tres veces y el aguinaldo de diciembre lo pagaron en junio de este año”.
Los trabajadores se presentaron el lunes en su lugar de trabajo y sobre el final de la jornada los dueños se presentaron con sus abogados para comunicarles que a partir del martes 16 no debían presentarse ya que bajaban las persianas para siempre, aunque con el detalle de que nunca enviaron el telegrama de despido.
“Nos dijeron que iban a cerrar la fábrica, que la situación no da para más. Nos dijeron que nos iban a reincorporar en otra fábrica de pastas pero nos pedían a cambio que firmáramos la renuncia”, denunció Mesa.
“A muchos compañeros les llegó el telegrama y a otros no. Tenemos la conciliación obligatoria mediante el gremio, esperemos que (los dueños) se hagan presentes”, cerró el delegado.
En poco más de un año y medio de gobierno libertario cerraron 15.000 empresas, según la información de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac).
Este número coincide con otro: el cierre de 40 firmas por día: una verdadera masacre económica y social. “Las pymes son empresas propensas a crecer, no a achicarse, y ese potencial se está perdiendo ahora”, advirtió Cesar Guereta, dirigente de ENAC.
Aprietes y despidos en Pirelli
En los últimos días, la empresa de neumáticos anunció a sus trabajadores de la planta de Merlo que ante la caída de las ventas, como consecuencia de la apertura de importaciones, reducirá al 50% uno de los tres grupos de trabajo que quedan en la compañía.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) advierten que frente a esta situación Pirelli niega de manera ilegal el ingreso a la planta de su Comisión Directiva.
Además de presentar las denuncias en la cartera administrativa, ampliando expedientes existentes por despidos y violencia laboral, el sindicato presentó ante la justicia laboral un pedido para que se dicte una medida cautelar que garantice el ingreso de la Comisión Directiva a la planta de Pirelli, para dar cumplimiento a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Afirman que de lo contrario la empresa “estaría permitiendo un accionar de desprotección sobre los trabajadores violando los más elementales derechos a su organización, dejándolos expuestos ante la violencia laboral ejercida por esta patronal y no cumpliendo con el deber de velar para que se cumpla con el derecho de los representantes sindicales a reunirse con sus representados y a los trabajadores a poder ser representados”.
“Todo esto agravado por estar en víspera de elecciones, con una paritaria donde sólo se ha ofertado por parte de las patronales rebajas salariales y en búsqueda de flexibilizar las condiciones laborales, hecho que no se permite desde la recuperación del sindicato hace 9 años. Si bien la justicia indicó la realización de un juicio en carácter de sumarísimo, aún no se expidió a favor de la cautelar para que se cumpla, nada menos, que con el derecho de ingreso a planta de la representación sindical, por ello el SUTNA ha apelado para que se responda en forma inmediata. Se realizarán las acciones gremiales correspondientes y llamamos a todas las entidades obreras a pronunciarse en favor de los derechos de los trabajadores a organizarse”, agregan desde el Sindicato.
Desde el SUTNA especifican que los despidos ejecutados por Pirelli han incluido a presidentes de mesa, así como se ha llamado a otros con ese mismo cargo para indicarles que renuncien: “Todo esto dentro de un marco donde la patronal ha cruzado todos los límites, entrometiéndose en forma desvergonzada en un proceso de decisión de los trabajadores”.
En este marco, reclaman a la justicia laboral, Sala VII de la Cámara Nacional de Trabajo, que se expida en favor de la cautelar que garantice el ingreso a planta de la representación gremial, el cese de esta actitud antiobrera de la patronal y la reincorporación de los despedidos.
Trabajadores de La Suipachense resisten el vaciamiento de la empresa
Desde hace más de tres semanas, trabajadoras y trabajadores de la empresa lechera Lagos del Cono Sur, conocida como La Suipachense, mantienen un acampe en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha. Acompañados por sus familias, resisten en defensa de 143 puestos de trabajo y denuncian un vaciamiento planificado por parte de los dueños, Carlos y Manuel Fernández.
El conflicto comenzó con el atraso en el pago de salarios, situación que derivó en el despido de nueve empleados –cuatro de ellos mujeres. Lejos de retroceder, la empresa ahora plantea reducir a la mitad el personal de la fábrica, sin reconocer las deudas salariales ni la reincorporación de los despedidos.
En audiencias convocadas por el ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa responsabilizó a los trabajadores por la crisis. El gremio ATILRA, desmintió a la empresa y denunció que el vaciamiento fue deliberado a partir de la emisión de cheques sin fondos, deudas con proveedores y reiterados incumplimientos a acuerdos firmados.
Los directivos Manuel y Carlos Fernández, junto con el apoderado Jorge Borges, son señalados como responsables directos de la situación. “La falta de confianza no es hacia los trabajadores, sino hacia quienes manejaron la empresa y no cumplieron nada de lo firmado”, expresa Cristian Fenoglio, secretario general de la seccional Chivilcoy de ATILRA, sindicato que representa a los trabajadores lácteos.
El acampe no solo sostiene el reclamo laboral, también resguarda la planta. “Estamos cuidando las máquinas porque son las que nos van a permitir seguir trabajando, son nuestras herramientas de vida”, señalaron los trabajadores.
El impacto de esta situación generada por los dueños de la empresa láctea en la comunidad es enorme. Suipacha tiene poco más de 11.000 habitantes y la empresa emplea a 143 trabajadores locales. “Si se pierden estos empleos, toda la economía de la ciudad se va a ver afectada”, alertaron.
En este contexto, ya se han realizado varias marchas en Chivilcoy para visibilizar el conflicto y exigir respuestas. Los trabajadores denuncian que este tipo de maniobras empresariales no son un hecho aislado, sino parte de un patrón de vaciamiento que se repite en otras industrias: primero se dejan de pagar salarios y proveedores, luego se habla de crisis y finalmente se amenaza con quiebras o cambios de nombre.
La comunidad de Suipacha se ha acercado al acampe con donaciones y apoyo solidario. Una de las mujeres que acompaña el acampe resumió el sentimiento colectivo: “Nos juntamos acá porque compartimos y nos sostenemos entre todos. Si estuviéramos en casa sería pensar todo el día en esta situación. Acá luchamos juntos”.
La empresa Vassalli nuevamente impide el ingreso a los trabajadores
El lunes los trabajadores de la empresa Vassalli nuevamente quedaron fuera de la fábrica. A través de un mail, un mensajito de WhatsApp y un cartel pegado en el ingreso, los empresarios anunciaron que esta semana tampoco habría producción. «La medida responde a la necesidad de continuar con el proceso de reorganización que estamos llevando adelante en el marco de la crisis actual».
Son mentiras. Los trabajadores denuncian que había producción, que ellos venían con trabajo y que estaban desarrollando nuevas máquinas. Pero ahora la empresa no da respuestas y quieren descargar la crisis sobre los trabajadores.
Mientras tanto, el ministerio de Trabajo sigue de brazos cruzados. El lunes la empresa no se presentó a la audiencia convocada.
Los empresarios no son víctimas: también despiden en plantas metalúrgicas de Rosario, en Siderar San Nicolás y en Siderca Campana. Cuando hubo ganancias extraordinarias, las riquezas se las quedaron y ahora quieren socializar las pérdidas.
Hay que defender los puestos de trabajo y conquistar un salario inicial digno, a la altura de la canasta familiar. La UOM y la CGT tienen que convocar a un verdadero plan de lucha, con el paro metalúrgico y un paro nacional para frenar los ataques de los empresarios y enfrentar el ajuste del gobierno.
Todo un pueblo movilizado en defensa de los puestos de trabajo en Vassalli
Una marea obrera y popular recorrió las calles de Firmat para exigir el pago inmediato de los salarios adeudados y la defensa de los puestos de trabajo en la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli.
Columnas de obreros de la fábrica, familias, comerciantes, docentes y estudiantes de la ciudad se concentraron en el Boulevard Colón. Con bombos, banderas y carteles improvisados levantados por los niños y familiares de los trabajadores, se denunciaba a los accionistas de la empresa: “Marso, sinvergüenza, caradura que no le paga los sueldos a los trabajadores”.
La marcha avanzó por el centro de Firmat mientras se sumaban más familias, estudiantes y docentes que salían de las escuelas, y comerciantes que cerraban los locales para unirse. Finalmente, la movilización llegó a la planta ubicada sobre la colectora de la Ruta 33, donde se realizó el acto central.
El reclamo es claro: tres meses sin cobrar salarios, aguinaldo, aumentos paritarios y aportes previsionales. A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la fábrica. “No podemos seguir sosteniendo la producción con los bolsillos vacíos. Si no nos pagan, vamos a parar todo”, afirmó un trabajador entre la multitud.
La marcha reunió entre 2.000 y 3.000 personas, según distintos cálculos. Una verdadera demostración de fuerza. El acompañamiento de los vecinos fue clave: desde las veredas, muchos aplaudían y levantaban la mano en señal de apoyo, en una muestra de solidaridad que atravesó a toda la comunidad.
La movilización fue acompañada por la Unión Obrera Metalúrgica, con delegaciones de más de veinte seccionales de todo el país que viajaron para respaldar la protesta, así como también por sindicatos de aceiteros, camioneros, municipales, docentes, entre otros.
La bronca también estuvo dirigida a la política del gobierno nacional que, con su política económica de ajuste y bajos salarios, pone en riesgo miles de puestos de trabajo. La situación en Vassalli no es un caso aislado: Siderar en San Nicolás y Siderca en Campana atraviesan conflictos similares, con despidos y suspensiones, mientras miles de trabajadores metalúrgicos en la región sufren precarización y pérdida de empleo. Esta movilización demuestra que la crisis afecta a toda la clase trabajadora y exige respuestas urgentes.
Al final del acto, se anunció que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a una audiencia de conciliación. Los trabajadores, sin embargo, fueron claros: “La única garantía es la lucha en la calle. Si no hay respuesta concreta, vamos a profundizar las medidas”.
Para enfrentar los ataques de la patronal y del gobierno, es necesario un plan de lucha contundente y un paro nacional de la UOM, que exija salarios que cubran la canasta básica familiar y la defensa de todos los puestos de trabajo en Vassalli y en cada fábrica metalúrgica del país.
Los trabajadores pelean para no pagar la crisis industrial
La UOM llevó a cabo el jueves 11 una masiva marcha en San Nicolás. Aunque las negociaciones salariales entre el sindicato y las 50 contratistas de Ternium siguen en marcha, aún existen diferencias que impiden el acuerdo. Desde el gremio apuntan contra la intransigencia del CEO de Techint para estirar la resolución del conflicto y advierten que forzó a una de las firmas a rescindir el contrato y echar a 220 trabajadores. Las cesantías se produjeron en Loberaz, una empresa de montajes industriales que rompió el contrato con Ternium.
Los trabajadores se concentraron en la portería de Ternium, ubicada en Ramallo y se movilizaron hasta la plaza principal de San Nicolás.
La caravana fue encabezada por el líder de la UOM, Aberl Furlán y el titular de la Delegación San Nicolás, Naldo Brunelli. A ellos se sumó el intendente de Ramallo, Mauro Poletti.
“Es la lucha por la dignidad, por un salario justo. Porque merecemos no solamente garantizar el plato de comida a nuestros hijos, merecemos mandarlos a estudiar, esparcimiento, vestir a nuestra familia. No podemos aceptar que Paolo Rocca pretenda pagar el salario que quiera”, sostuvo Abel Furlán
Y lanzó acusaciones contra el secretario de Trabajo de la Nación: “Exigimos un salario justo, en paritarias. Que no se aproveche – Paolo Rocca- de una coyuntura política teniendo a un empleado de él, como Julio Cordero, que somete la paritaria a la no-homologación” advirtió. “No vamos a aceptar que Paolo Rocca pague el salario que quiera. Más temprano que tarde va a tener que pagar el salario justo que reclamamos”.
Ternium, del grupo Techint, cerró el primer semestre del año con una pérdida operativa y márgenes históricamente bajos, según lo informado por la empresa.
La producción en su planta de Villa Constitución estuvo paralizada desde el 26 de julio hasta el 4 de agosto. En abril de este año Ternium inauguró su parque eólico en Olavarría. El parque tiene una potencia instalada de 99 MW y una producción anual de energías renovables de 480 Gwh. Reemplaza el 90% de la energía que Ternium adquiere en el SADI. Según la información brindada por Ternium a Energy Report, la construcción del parque requirió una inversión final de más de 220 millones de dólares, luego de que la compañía resultara adjudicataria de prioridad de despacho por 28,5 MW en la última licitación de CAMMESA en el 2023.
Pablo González, secretario general de la UOM local, aseguró que “se venía trabajando al 50% de capacidad, con un solo horno en funcionamiento. La situación es grave y crítica”. La planta cuenta con 940 trabajadores directos y casi 1.000 más de contratistas.
En Acindar, del grupo ArcelorMittal, hay indicios de reconversión productiva porque las etiquetas del acero que comercializa ya informan ‘origen China’ y la firma figura como importadora.
En estos días frenó por una semana un sector de su acería en la localidad santafesina de Villa Constitución. Esa unidad representa cerca del 5% de las instalaciones del establecimiento. “Solo el tren laminador número 1 estará pausando sus actividades por seis días, hasta el 7 de septiembre”, aclaró la compañía, y agregó que sus plantas en la Argentina “se encuentran operando al 95% de sus capacidades en línea con la programación de su producción”.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sostiene que son 600 los operarios alcanzados por la medida, mientras que fuentes cercanas a la empresa reducen la cifra a alrededor de 200. Durante ese período, percibirán el 75% de su salario.
La decisión responde a la caída de la demanda local, que se profundizó en los últimos meses y que empeoró desde 2023, cuando la producción pasó de 1,2 millones de toneladas a 700.000 toneladas anuales.
A la baja del consumo interno se suma el ingreso de acero proveniente de China a precios más competitivos. El fenómeno presiona sobre los niveles de producción de las siderúrgicas locales, que encuentran cada vez más dificultades para colocar su producción en el mercado.
La UOM denunció este lunes en un comunicado una “política de ajuste y explotación” en las plantas de Ternium San Nicolás y Tenaris Campana, ambas pertenecientes al Grupo Techint. Según el sindicato, ya se concretaron 54 despidos y en los próximos días la cifra podría sumar 100 cesanteados más, en medio de un conflicto salarial que lleva un año sin resolución. La organización remarcó que el grupo empresario mantiene una negativa a actualizar salarios según la inflación, lo que derivó en un deterioro del 30% del poder adquisitivo de los trabajadores en la última década. “El Grupo Techint se apropió del equivalente al valor de una vivienda por cada trabajador, a costa del hambre obrero”. Acusó a Paolo Rocca, presidente de Techint, al que acusó de haberse convertido en “el gran ingeniero del caos” y de actuar como sostén del plan económico del Gobierno. Según el gremio, Rocca “financia a Javier Milei, defiende el ajuste y ejecuta un modelo anti industrial. Habla de productividad y competitividad, pero depende del Estado para garantizar rentas extraordinarias”.
El sindicato también denunció la influencia del grupo en áreas estratégicas del Gobierno: en la Secretaría de Trabajo, con iniciativas de reforma laboral “regresiva y antisindical”. En Energía e YPF, con el objetivo de “apropiarse de bienes naturales comunes y del conocimiento científico-tecnológico desarrollado por el Estado”. Cuestionó además el rol de Techint en el mercado local, acusando al grupo de vender en Argentina la chapa más cara del mundo, lo que impacta en los precios de autos, motos, electrodomésticos y materiales para la construcción. “El Gobierno abre importaciones que golpean a la industria nacional, pero protege el monopolio de Techint”, en referencia a la política oficial de liberalización del comercio exterior.
Entre las solidaridades expresadas a los trabajadores de la UOM llegó la de la CGT Regional Oeste. En un documento expresaron que la conducta de los Paolo Rocca que “se dedican a la rapiña, venden la chapa más cara del mundo, encareciendo autos, viviendas, electrodomésticos en el mercado interno con la complicidad de un gobierno que destruye la industria, pero “blindan” al monopolio de TECHINT. Colocan sus CEOS en el Gobierno intentando succionar riquezas de donde sea para estirar su agonía, y en eso empujan el vademécum de la reforma laboral regresiva, la entrega de todos los recursos estratégicos, el saqueo de YPF y otras tantas entregas”.
La empresa Celulosa Argentina detuvo la producción en sus plantas de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, y Zárate, Buenos Aires. En mayo cayó en default, en junio presentó una propuesta de reestructuración financiera que quedó trabada, y al 31 de julio sigue sin resolución. Ya enfrenta un pedido de quiebra. Emplea a cerca de 1.500 trabajadores, cuyos puestos están en riesgo mientras se define el proceso concursal.
El colapso de las finanzas de Celulosa Argentina se explica principalmente por una caída del 44% en la facturación, que se redujo a 258.637 millones de pesos. Según el informe de la empresa, influyeron los menores volúmenes de venta, la caída de los precios en términos reales y la pérdida de competitividad exportadora. La crisis también alcanzó otras empresas del grupo. Fanapel, dedicada a papeles de impresión y escritura, facturó $19.525 millones, un 18% menos que el año anterior. Por su parte, Forestadora Tapebicuá, de Corriente, proveedora de materia prima, sufrió un derrumbe del 48% en sus ingresos, producto de la desaceleración de la construcción y de la falta de financiamiento. Allí 520 trabajadores resisten con acampes y movilizaciones el cierre de la misma. Ayer “la empresa ofreció un 30% para pagar el sueldo de agosto, los días trabajados, tuvimos trabajados hasta el día 9 de agosto, trabajamos antes que cierre el mes, porque arranca el mes del 21(de julio) hasta el 20. Nosotros acá los trabajadores de Tapebicuá no llegamos a 1.000.000 el tope de nuestro sueldo. Nos querían dar 150-160.000 pesos, eso el 30% del sueldo”, resaltó César Alberto Gómez, delegado. Tras los 30 días de cese de actividades, el 11 de septiembre se cumple el mes, y los trabajadores deberían volver a sus puestos de trabajo, a menos que la empresa no pueda afrontar mantenerse y presente la quiebra. La incertidumbre aumenta, “no sabemos qué va a pasar después del 10 de septiembre”, alertó Gómez.
Ricardo Kupec, secretario general del gremio de los trabajadores madereros, criticó que “la empresa no demuestra ni un poquito de sensibilidad ante la situación”, afirmó, exponiendo que “no atinan ni a acercarse a quienes están haciendo el aguante frente a la fábrica”.
Pagan sólo el 70% del salario
Algodonera Avellaneda, de Reconquista, provincia de Santa Fe, anunció que sólo pagará el 70% de la quincena, mientras que el 30% restante sería abonado en los próximos días. Días atrás la firma del Grupo Vicentín despidió a 21 operarios.
El secretario general del Sindicato de Textiles delegación Reconquista, Juan Carlos Bandeo, advirtió que la situación es “complicada”.
“La empresa no tiene fibra, hay incertidumbre de cómo se va a seguir”, indicó Bandeo. Además, precisó que se están realizando asambleas con los operarios –que trabajan distribuidos en tres turnos de ocho horas–, al tiempo que cuestionó el impacto que un paro tendría en este contexto: “Si esto estaría funcionando normalmente, podríamos realizar una huelga, pero como la mayoría de las máquinas están paradas, es difícil hacer una medida de fuerza. Aparte, si paramos la empresa va a decir que cerró por nuestra culpa”.
La Algodonera Avellaneda es la textil más grande de Reconquista: actualmente tiene entre 350 y 400 trabajadores, sin contar los más de veinte que fueron despedidos semanas atrás. “La quincena ronda los 350.000 pesos, pero como van a pagar el 70%, le quedan a deber 90.000 u 80.000 pesos, es una miseria”, cuestionó Bandeo.
“A nivel nacional está cortada la venta de hilo y tela”, y responsabilizó de esta situación al gobierno de Javier Milei por abrir las importaciones.
Más problemas en las industria metalúrgica
La fábrica ceramista Ilva, ubicada en el parque industrial de Pilar, cerró sus puertas el viernes 29 de agosto. Los trabajadores se presentaron a trabajar y se encontraron con candados en la puerta. El lunes 1 de septiembre los trabajadores decidieron concentrarse en la puerta de la fábrica para exigir una respuesta. Mantienen un acampe en las puertas de la planta. Este martes, la totalidad de los trabajadores, recibieron los telegramas de despido que la empresa había anunciado a finales de la semana pasada. En total, fueron desvinculados unos 300 obreros.
La Justicia ordena al Gobierno restituir las pensiones por discapacidad suspendidas
Mientras continúa el escándalo por la filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre hechos de corrupción y coimas en el área de discapacidad que alcanzan a la hermana del presidente, Karina Milei, el viernes pasado el juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N°2 de la provincia de Catamarca, hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó a la ANDIS restablecer “de manera inmediata”, en un plazo no mayor de 24 horas, las pensiones no contributivas por invalidez que el organismo suspendió, además de pagar los haberes retenidos a sus titulares. En la misma línea, el magistrado le prohibió a la ANDIS seguir adelante con las auditorías hasta que no aclare el mecanismo que utiliza para realizarlas. Si bien la cautelar solo alcanza a quienes son titulares de pensiones por discapacidad y viven en la provincia de Catamarca, sienta un precedente importante.
El amparo había sido presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim), el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, y varios ciudadanos particulares. En el mismo, denunciaron que el decreto que disponía el recorte y bajas de las pensiones, al derogar normativas anteriores y establecer criterios más restrictivos para el acceso a las pensiones (como la exigencia de una incapacidad total y permanente del 66% y la falta de un vínculo laboral registrado), era inconstitucional. Asimismo, argumentaron que las barreras de acceso impuestas por el decreto contradicen directamente los principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad.
Finalmente, consideraron que la metodología de las auditorías fue “irregular y lesiva”, y detallaron otras irregularidades, como notificaciones defectuosas; excesiva distancia entre los domicilios de los pensionados y los centros de atención, lo que implicó “una carga irrazonable” para muchos beneficiarios; la escasa antelación de los avisos para presentarse y los plazos exiguos para asistir a la revisión; e, incluso, que cuando las y los pensionados se presentaron a las auditorías, no había personal disponible para realizarlas.
El magistrado enumeró las múltiples irregularidades en las que incurrió la ANDIS para avanzar en la suspensión indiscriminada de las pensiones y cuestionó la manera en que se hicieron. Asimismo, remarcó que se hicieron en “un contexto nacional en el que se ha sido cuestionado a lo largo y ancho del país la forma en que se han suspendido las pensiones no contributivas por invalidez en el marco del Decreto 843/2024 y con ese procedimiento se dieron suspensiones masivas”.
Por lo cual decidió hacer lugar al amparo ante “el peligro de la demora, de que esto se dilate, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, entendiendo que no podía demorarse porque estamos ante un colectivo vulnerable que no puede esperar a que tenga una resolución administrativa, judicial, sin que se dé una respuesta clara”.
En junio 12.150 trabajadores del sector privado fueron despedidos
Por Laura Muñiz
Es en relación a mayo del mismo año, mientras en el mismo período creció el monotributo (+12.523), más empleo precario. Bajo la era de La Libertad Avanza solo en el sector público y privado registrado se destruyeron casi 172.000 empleos. El deterioro del empleo es uno de los motivos que explica el voto castigo a Milei.
“Nos estamos cag*ndo de hambre y no hay trabajo”, me dijo enojado Martín en un colegio en Laferrere el día de las elecciones bonaerenses. Martín vive el día a día de las changas que surgen, y así explicaba por qué esta vez no iba a votar a La Libertad Avanza. “Lo voté en 2023 para ver si hacían algo distinto, pero no. Estamos peor”, afirmó con fuerza.
Las palabras de Martín seguramente son compartidas por más trabajadoras y trabajadores que esta vez decidieron castigar con su voto al gobierno de Javier Milei. Las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoraron y entre varios indicadores se puede poner la lupa en el empleo.
Según datos de la Secretaría de Trabajo sobre la base de los registros del SIPA, solo en junio se destruyeron 12.150 empleos registrados privados, mientras el monotributo escaló 12.523 en relación a mayo. El monotributo en muchos casos son relaciones de dependencia encubiertas. Así se permitió flexibilizar o precarizar relaciones laborales, tanto en el sector público como en el privado, donde los trabajadores tienen que pagar el monotributo para poder facturar a un empleador encubierto, perdiendo de esa forma casi todos los derechos laborales.
Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, se preguntó en la red social X “¿La recesión empezó a llegar a los datos de empleo? En junio el sector privado registrado tuvo la peor caída mensual desde el primer trimestre de 2024 (SIPA)”.
El especialista detalló que “el empleo formal cayó muy fuerte en el primer semestre de 2024. El sector privado tuvo un pequeño rebote en el tercer trimestre, pero desde octubre del año pasado está estancado. Lisa y llanamente, la economía no demanda puestos de trabajo formales”.
“En el sector privado la caída de junio borró todo el crecimiento de abril y mayo. En términos absolutos estamos en niveles similares a los de 10 años atrás. Llamarlo década perdida es poco”, agrega Campos.
El diálogo con Martín siguió. “¿Y ustedes qué proponen?” La respuesta fue que proponemos trabajar menos. “¿Pero me van a pagar menos?” No, la propuesta es que sea un salario que cubra la canasta familiar y se pueda llegar a fin de mes. Si se aplica sólo en las principales 12.000 empresas del país se podría crear un millón de nuevos puestos con derechos laborales. “Sería bueno…”.
Menos empleo registrado privado y más monotributistas
La caída del empleo registrado es peor si se analiza desde noviembre de 2023. Vale aclarar que el deterioro del mercado laboral no es exclusivo de este Gobierno. En los gobiernos anteriores se mantuvieron sin cuestionar los pilares de la flexibilización y precarización laboral durante la dictadura, impuestas de forma extendida durante el menemismo, y consagradas bajo los gobiernos posteriores peronistas y macrista.
Si se observan los registros SIPA, desde noviembre de 2023 a junio de este año se destruyeron casi 457.000 empleos registrados (-456.486). De ese total, las bajas fueron: monotributo social (-406.433); privado registrado (-113.991); público registrado (-57.200); y trabajadoras de casas particulares (-18.417). En sentido contrario, hay más empleo en monotributo (subió 129.325) y autónomos (+10.230) en el mismo período.
Luis Campos indicó que “la dinámica del empleo registrado durante la gestión de La Libertad Avanza tuvo tres momentos muy marcados: fuerte caída en el primer semestre de 2024, (muy) leve recuperación en el segundo semestre y estancamiento en la primera mitad de 2025”.
Mientras se destruye y deteriora el empleo hay sectores que están peleando por sus puestos de trabajo, por sus salarios o están enfrentando los ataques de las patronales como los trabajadores de ILVA, Siderar, Siderca, La Suipachense, Vassalli, Petroquímica Río Tercero, Granja Tres Arroyos, BGH, Acindar, Georgalos, Secco, Molinos. Fuerza hay. ¿Y la CGT? Sigue la tregua con el gobierno.
La Legislatura porteña repudia los vetos de Milei y se solidariza con la lucha por la educación y la salud
El jueves 11 la Legislatura porteña les dio un revés a los oficialismos de Ciudad y Nación. Jorge Macri ya no tiene la mayoría automática, ni siquiera aliado a Milei como para impedir siquiera una declaración de repudio. Por eso, y ante la insistencia desde los bloques opositores se aprobó por 32 votos contra 15 una declaración de “repudio contra los vetos presidenciales a las Leyes de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica”. Los 32 votos se consiguieron con los bloques de Unión x la Patria, Frente de Izquierda, UCR Evolución y Confianza Pública.
Sumado al repudio los legisladores aprobaron que la Legislatura “manifiesta su solidaridad con todo el sistema público educativo y sanitario, acompaña la lucha de la comunidad universitaria y de los trabajadores de la salud y hace responsable al Poder Ejecutivo Nacional por el grave retroceso que implica esta decisión en materia de acceso al derecho a la educación y la salud”.
Este es un importante apoyo a la lucha que se revitaliza por la universidad pública y por la salud pediátrica pública. “Pasamos a la etapa de la Vetocracia, que es nada más que la etapa de que demuestra la debilidad extrema en la que está el gobierno de Milei” describió la diputada del Frente de Izquierda, Andrea D’Atri.
Esta debilidad también es del gobierno porteño de Jorge Macri como lo demuestra esta votación en la Legislatura porteña. Por eso los mismos bloques le exigieron al Jefe porteño que reglamente y aplique la Ley de Boleto educativo universitario aprobada en esta propia Legislatura el año pasado. La no aplicación es una forma de veto, en eso coinciden Macri y Milei.
Mientras apoyaba esta declaración Andrea D’Atri advirtió sobre la crisis de gobierno y la oportunidad de pasar a la ofensiva por todos los reclamos “Esta debilidad se puede aprovechar para derrotar sus planes o también, como ya se están posicionando distintos actores para negociar con Milei gobernabilidad” y fue contundente: “La lucha es hoy. La movilización es hoy por derrotar los vetos, por conquistar todos nuestros derechos”.
Al mismo momento en varias facultades alrededor del país el movimiento estudiantil empezaba a organizar la lucha contra el veto, como así también van al paro los trabajadores del Garrahan contra su propio veto. La unidad de todos los “vetados” es el comienzo para imponer una lucha seria con paro nacional y movilización y derrotar el plan del gobierno en defensa de la educación, la salud y el salario. Así lo expresaba Andrea sobre la necesidad que tienen los trabajadores y la juventud: “Es una verdadera oportunidad para pensar en una alternativa radicalmente distinta y dejar de seguir siendo furgón de cola, como este gobierno pretende, de los empresarios y del Fondo Monetario Internacional”.
Radio abierta y marcha a Siderca
El jueves 11 de septiembre se desarrolló en Campana una importante jornada que reunió a trabajadores de la Zona Norte, organizaciones de Derechos Humanos, vecinos autoconvocados con demandas medioambientales, estudiantes de las principales instituciones educativas de la ciudad y contó con el acompañamiento del diputado Nicolás del Caño.
Desde las 17:00 comenzaron a concentrarse vecinos, estudiantes y activistas por los Derechos Humanos y ambientales en la Plaza Eduardo Costa, uno de los puntos neurálgicos de Campana.
La radio abierta fue inaugurada por Guillermo Betancourt, trabajador de Tenaris-Siderca y referente del Movimiento de Agrupaciones Clasistas en la ciudad: “Estamos muy agradecidos a los compañeros que se acercaron para poner en pie esta comisión. Hay que agrandarla y seguir exigiendo a los sindicatos de la zona que se pronuncien. Rocca no puede hacer lo que quiere en Campana ni con los trabajadores”.
Por su parte, Raúl Quirino, referente de Vecinos Autoconvocados y activista medioambiental histórico de Campana, expresó: “Es difícil dimensionar los daños humanos, sociales, laborales y medioambientales que sufre la comunidad sin comprender cómo el Grupo Techint, subordinado al poder político y a las instituciones, extendió la cultura de la impunidad del terrorismo de Estado en plena democracia”. Además, denunció que “el Grupo Techint logró transformar en un lote de tierra el Arroyo de la Cruz en su desembocadura al Paraná y clausurar dos bocas de desagüe en los arroyos La Pesquería y Arroyo de la Cruz”.
Representantes de la APDH de Zárate se refirieron a la crítica situación de los trabajadores en esa localidad: “Lamentablemente no solo en Siderca hay despidos; en Zárate tenemos dos químicas cerradas, otra en ‘proceso de crisis’ y 140 familias de Celulosa que actualmente no están cobrando su sueldo”. También apuntaron contra el gobierno de Javier Milei: “Estamos presenciando el proyecto que este gobierno dijo que iba a aplicar: un plan de desindustrialización, y precisamente vivimos en una zona netamente industrial”.
Estudiantes de la agrupación En Clave Roja, del Instituto 15, destacaron: “Es muy valioso mantener estos espacios de organización para pensar cómo frenar no solo a Rocca, sino también al gobierno que ajusta y saquea a jubilados y personas con discapacidad. Milei vetó la Ley de financiamiento universitario, entonces, ¿cómo los estudiantes no vamos a unirnos a esta pelea que es un ataque en conjunto contra la clase trabajadora, los estudiantes y la juventud?”.
La jornada contó además con la presencia y apoyo de trabajadores de Madygraf, FATE, la industria alimenticia como Mondelez, trabajadores ferroviarios, choferes de DEO, trabajadores de la CNEA, docentes de Tigre, Escobar, San Fernando y San Martín, estudiantes secundarios de la Zona Norte, así como despedidos de Pilkington, Shell, Georgalos y Volkswagen. También participaron delegaciones de la Asamblea Permanente de Mujeres y Disidencias, de la Biblioteca Popular Antifascista, Izquierda Socialista y Política Obrera.
Luego de la radio abierta, los manifestantes marcharon por avenida Mitre hasta la portería de Siderca. Durante el recorrido se destacó la solidaridad de vecinos y comerciantes, que acompañaron con aplausos y bocinazos.
La jornada dejó planteado un punto de partida para construir un gran movimiento en la región que cuestione el rol de los grandes empresarios como Rocca, que subordinan la ciudad a sus ganancias, exprimiendo a los trabajadores y a los territorios. La perspectiva, coincidieron los participantes, es clara: continuar la organización en cada lugar de trabajo para defender los puestos laborales y en cada casa de estudio, para unir y fortalecer la histórica alianza entre estudiantes y trabajadores.
Encuentro Sindical de Aceiteros, UOM, ATE y SiPreBA para “impulsar la unidad de la clase trabajadora”
El jueves 11 se realizó en la Ciudad de Buenos Aires un Encuentro Sindical que reunió a 280 delegados de los cuatro gremios. Allí, los secretarios generales Daniel Yofra (Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón), Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y Agustín Lecchi (SiPreBA) coincidieron en la necesidad de unir a la clase trabajadora detrás de la lucha por el Salario Mínimo Vital y Móvil, según su definición constitucional y legal, y reivindicaron el derecho a huelga como herramienta para garantizar el derecho a un salario digno. También destacaron la necesidad de tener un programa de la clase trabajadora.
“Cuando los trabajadores nos unimos, nada puede salir mal. Este gobierno que no tiene empatía por los más débiles hizo todo lo posible para que nos juntáramos”, dijo Yofra al abrir la mesa “La acción sindical frente a la situación de la clase trabajadora” y afirmó: “La fuerza la tenemos los trabajadores de este país. Si nos unimos no hay ningún gobierno que pueda quitarnos derechos, ni que pueda detener ninguna huelga”.
Yofra destacó: “Para nosotros, para nuestra organización, la lucha por el salario es el eje fundamental. Cuando se puede garantizar alimentación, salud, esparcimiento, previsión, transporte y vacaciones, le estamos dando a la clase trabajadora una herramienta fundamental para que nuestros hijos puedan ir a la facultad, para podamos tener un auto, comprar una casa o irnos de vacaciones”.
Furlán consideró que “es un escenario muy parecido al de la dictadura porque el proyecto político no ha cambiado. Ya no lo hacen con un ejército, porque hoy con un celular son más contundentes que con una ametralladora”.
“Tenemos que empezar por acá, por esclarecernos, pero también ver cómo nos organizamos para la resistencia. Y como esto va a tener un fin, ese fin no nos tiene que encontrar sin saber qué hacer. Tenemos que tener una propuesta. Tenemos que tener un programa porque cuando tuvimos un programa pudimos decir qué país queríamos”, consideró Furlán.
Al analizar los posibles ejes de ese programa obrero, Furlán señaló: “Este modelo económico no va a cerrar si no siguen tomando deuda externa ¿vamos de dejar de señalar el daño que va a hacer eso? Me parece que no, porque no solamente están destruyendo el entramado productivo, sino que el endeudamiento va a ser tan atroz que vamos a terminar discutiendo si se llevan los recursos naturales para pagar la deuda. Tenemos que discutir la industrialización de los recursos naturales para tener salarios dignos, pero también para defender la soberanía de nuestro país”.
Por su parte, Aguiar sostuvo que “el mensaje de las urnas de las elecciones del domingo pasado lo construyeron los trabajadores que enfrentaron el protocolo de Bullrich en las calles” y señaló que “ni Milei ni su gobierno son invencibles porque vinieron por el Día del Empleado Público y no pudieron. La Justicia nos dio la razón y más adelante impedimos el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, del INTA y del INTI. No son invencibles”.
“Si fuimos capaces de frenar la reforma del Estado ahora tenemos que ir por los salarios. El gobierno está golpeado en su línea de flotación. El gobierno se debilita y tenemos que seguir golpeando, pero en unidad. Tenemos que seguir trabajando para la conformación del Frente Sindical”, agregó Aguiar.
De la mesa participó también el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, quien sostuvo que “en Córdoba hay un estado de excepción. El gobernador Llaryora y el ex gobernador Schiaretti tienen una mirada romántica de los derechos humanos, pero hoy en Córdoba los derechos humanos no se respetan. Hoy en Córdoba no se están garantizando los derechos personales. No ha sido casual lo que nos sucedió”.
“Hace dos meses venimos siendo hostigados y perseguidos por la justicia cordobesa, que es el brazo judicial del cordobesismo. Detrás de eso están también las corporaciones con Pagani, Urquía y Bulgheroni, que tienen como único faro a la Fundación Mediterránea, parida por la dictadura. Todos ellos buscan el disciplinamiento de la clase trabajadora”, dijo Giulani que fue detenido junto a otros catorce trabajadores y sindicalistas durante una protesta el 28 de agosto pasado.
En tanto, Lecchi destacó el triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires porque “fue un triunfo de toda la clase trabajadora”, pero señaló: “Comparto lo que decía Daniel (Yofra): no nos tenemos que dormir en los laureles. La clase trabajadora tiene que salir a luchar. Una de las agendas principales para la clase trabajadora es la lucha por los ingresos, porque este gobierno lo primero que hizo fue una devaluación que provocó una destrucción de los salarios”.
“Uno de los primeros puntos es la necesidad de la recuperación de los ingresos porque sin salario digno es imposible que podamos discutir un programa obrero para tener una patria soberana con inclusión. Junto a la huelga como herramienta de lucha, tenemos que tener un programa obrero para presentar a los gobiernos populares, porque no podemos tener un gobierno popular que no pueda discutir la deuda externa o ponerle un límite al Fondo Monetario”, agregó Lecchi.
En la apertura de la mesa, la coordinadora Sol Calle, Secretaria General Adjunta de la CSIRA y Presidenta de IndustriALL América Latina, agradeció “la acción de solidaridad de Yofra y de las y los compañeros de la Federación Aceitera con otras organizaciones hermanas”.
“Este panel se da en un contexto muy complejo, donde el sindicalismo y los trabajadores están bajo una ofensiva brutal del poder real de nuestra patria. Las políticas de ajuste y de desindustrialización vienen acompañadas de una vocación expresa de los sectores de poder para debilitar las organizaciones sindicales y sus trabajadores, que somos el último bastión con el que se encuentra el capital concentrado”, dijo Calle.
Antes de la mesa sindical, se desarrolló un panel sobre “Criminalización del derecho a la protesta y restricción del derecho a huelga”, del que participaron la abogada laboralista María Paula Lozano, el abogado laboralista Eugenio Biafore y el abogado penalista Juan Carlos Capurro.
Al presentar la mesa, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), señaló que “la resistencia de los trabajadores a las políticas de este tipo de gobierno genera una respuesta represiva de parte del Estado”.
Por su parte, Biafore consideró que “ante la represión, la protesta tiene que ser organizada e inteligente para no entregar el cuerpo ni la libertad de ningún compañero”.
A su turno, Capurro afirmó: “La lucha sindical, en la calle o detenidos, es la misma. Tenemos que tomar esto como parte de la lucha, porque los patrones son los patrones” y agregó: “En la lucha ya tiramos abajo el protocolo de Bullrich. Lo habíamos rechazado en los papeles, pero lo tiramos abajo en la calle”.
Además, Lozano puntualizó que “el objetivo de las reformas que hizo este gobierno es atemorizar y limitar la protesta. Para eso intentaron ampliar lo que se consideran actividades esenciales para afectar las huelgas”. Y destacó: “El derecho a huelga y la protección contra el despido arbitrario son las llaves para acceder a los otros derechos”.
Así quedan los sueldos en septiembre tras la actualización salarial y la suma fija de las empleadas domésticas
Desde septiembre de 2025 rige el último tramo de incremento salarial para el personal de casas particulares, establecido por la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
De acuerdo con la norma, los sueldos mínimos son los siguientes:
Categoría 5 (tareas generales, con retiro): $3.052,99 por hora y $374.541,36 por mes.
Categoría 4 (cuidado de personas, con retiro): $3.293,99 por hora y $416.485,16 por mes.
Los valores se aplican a jornadas de 48 horas semanales y sirven como base de cálculo para adicionales. Además, se mantiene el plus por antigüedad (1% por año trabajado) y el diferencial del 30% en la región Patagónica.
El aumento total en 2025 fue del 6,64% acumulado, más una suma fija trimestral.
El acuerdo también incluye una suma fija no remunerativa, abonada en julio, agosto y septiembre de 2025. Se trata de un pago extraordinario, independiente del salario y que no impacta en aguinaldo, vacaciones ni aportes.
Menos de 12 horas semanales: $4.000 por mes.
Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000 por mes.
Más de 16 horas semanales: $9.500 por mes.
El incremento que culmina en septiembre se definió tras varios meses sin paritarias. En julio, la CNTCP —presidida por Sara Alicia Gatti— aprobó un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías: supervisoras, caseros, cocineras, asistentes de personas y personal de tareas generales.
Enero: ajuste del 1,2% sobre diciembre 2024.
Julio: reconocimiento retroactivo del 3,5% más un 1%.
Agosto: incremento adicional del 1%.
Septiembre: último tramo del 1%.
El resultado: un 6,64% acumulado respecto a los salarios de inicio de año.
El régimen contempla adicionales por antigüedad y zona desfavorable, además de aportes obligatorios.
Las trabajadoras mensualizadas percibirán los nuevos valores y la última cuota de la suma fija en la liquidación de septiembre, mientras que quienes cobran por hora o por día reciben los ajustes desde el primer día del mes. Además de estos aumentos, siguen vigentes los aportes previsionales, de obra social y ART que deben realizar los empleadores.
¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto 2025, según el INDEC?
La Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de la pobreza en Argentina, subió un 1% en agosto de 2025, de acuerdo con el informe publicado por el INDEC. Con este incremento, una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) necesitó $1.160.780 para no caer bajo la línea de pobreza.
En los últimos 12 meses, la CBT acumuló una suba del 23,5%, mientras que en lo que va del año ya trepó un 13%. El aumento mensual se ubicó por debajo de la inflación general de agosto, que fue de 1,9%.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso necesario para no ser indigente, también aumentó 1% en agosto. Según el INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $520.529 para cubrir los alimentos esenciales y no caer en la indigencia.
En términos interanuales, la CBA registró un alza del 23,5%, mientras que en lo que va del 2025 acumuló una suba de 15,8%.
De acuerdo al relevamiento oficial, los ingresos mínimos necesarios para superar la línea de pobreza en agosto fueron:
Una persona: $375.656 Un hogar de tres personas: $924.116 Una familia de cuatro integrantes: $1.160.780 Un hogar de cinco personas: $1.220.885 Cuánto se necesitó para no ser indigente en agosto 2025
En cuanto a los ingresos necesarios para superar la línea de indigencia, el INDEC informó:
Una persona: $168.456 Un hogar de tres integrantes: $414.401 Una familia de cuatro integrantes: $520.529 Un hogar de cinco personas: $547.482
La inflación de agosto repitió un 1,9% y acumula un 19,5% en el año
El Índice de Precios al Consumidor de agosto midió 1,9% mientras que acumuló en los primeros ocho meses del año un 19,5%, según indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la variación interanual, la cifra llegó a 33,6%.
Consultoras y entidades financieras de Argentina que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) habrían estimado una inflación mensual de 2,1% para el octavo mes del año, por lo que el 1,9% representa 0,2% puntos porcentuales menos que lo estimado y repite la cifra del mes de julio.
De esta manera, el índice se estabilizó en los últimos cuatro meses por debajo de la línea del 2% pese a los vaivenes que sufrió el dólar en su cotización, en los últimos dos meses. El traslado a precios del valor de la divisa norteamericana parece no haber ocurrido. En mayo, el IPC marcó su nivel más bajo de la gestión del presidente Javier Milei, con un 1,5%; en junio, la cifra fue de 1,6%; mientras que en julio y agosto se ubicó en 1,9%.
Fuentes: ANRed, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Indymedia Trabajadoras/es, Perfil, El Megáfono.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.